Joel Arias Guía

Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1042/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Joel Arias Guía
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan
  • Miriam Yudith Arenas Reyes
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III y 29, de la Ley de Amparo

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1042/2019, promovido por ********************, defensor particular de ********************; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, defensor particular de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien la registró con el número 1042/2019 y en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve se admitió en los términos planteados; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; así como al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable; por último, este juzgado señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Asimismo, en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, en cuanto esposa de la víctima directa ********************, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción IIII, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado necesariamente se ejecutará en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución dictada en la audiencia oral de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, celebrada dentro de la causa penal ********************, que se instruye en contra del quejoso -entre otros- por el delito de secuestro agravado, en la que se autorizó como acto de investigación solicitado por el Ministerio Público, la toma de muestras biológicas a través de raspado bucal sobre su persona. Acto que atribuyó a las autoridades: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Región Uruapan; y, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 17 y 45). Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Región Uruapan, como complemento de su informe justificado, consistentes en un disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se autorizó el acto de investigación aludido, así como la carpeta judicial digitalizada. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por lo tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos (foja 36, reverso). Sin embargo, no procede atender el alegato relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional no lo constituye una norma, sino que toralmente lo es la resolución en la que se autorizó como acto de investigación solicitado por el Ministerio Público, la toma de muestras biológicas a través de raspado bucal a realizarse en los quejosos, lo que evidentemente le otorga interés jurídico para solicitar la tutela constitucional. Finalmente, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgador tampoco las advierte de manera, procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Conceptos de violación. En primer término debe precisarse que el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones que fueron abordadas en la resolución dictada en la audiencia oral de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, celebrada dentro de la causa penal ********************, en la que se autorizó como acto de investigación solicitado por el Ministerio Público, la toma de muestras biológicas de raspado bucal sobre la persona del quejoso. Ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que se formularon en la demanda, se alega lo siguiente: Que el Ministerio Público tiene que justificar la necesidad del acto de investigación, para que el juez de control realice un test de racionalidad y proporcionalidad, pero contrario a lo sostenido por el juez responsable, en el caso concreto no se encuentra justificada la necesidad del acto de investigación. Que el agente del Ministerio Público pretende justificar dicha necesidad porque encontró material filamentoso en el interior de la camioneta marca Mazda, color blanca, serie ********************, y refiere que dicha camioneta está relacionada con el evento delictivo investigado, lo que es incorrecto porque según la entrevista recabada en el proceso, fue en esa camioneta donde se llevaron a la víctima directa el uno de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo, lo cierto es que dicho vehículo fue ubicado hasta el trece de abril del mismo año, porque coincidía con las características físicas que proporcionó la víctima directa. Que la camioneta donde fueron encontrados los materiales filamentosos no tiene ninguna relación con el hecho investigado, pues de la denuncia presentada por ********************el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, se advierte que la camioneta marca Mazda ********************, color blanco, modelo 2015, serie ********************, fue robada al querellante el quince de marzo de dos mil diecinueve, en la autopista siglo XX. Por lo anterior, refiere que no es posible que dicho automotor haya sido utilizado el día de evento investigado por la fiscalía -atribuido al aquí quejoso-, pues esta no fue sustraída de sus dueños sino hasta más de un mes después de que aconteció el evento investigado, lo que excluye cualquier posibilidad de que la aludida camioneta tenga relación con el hecho con apariencia de delito y por ello el acto de autoridad reclamado carece de motivación, al no estar justificada la técnica de investigación que fue indebidamente autorizada. Que al asumir esa postura, el juez responsable violó en perjuicio del quejoso el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque fue probado con la entrevista que recabó el propio Ministerio Público, que la camioneta que en un inicio estaba involucrada en el evento que investiga dicha fiscalía, ya no estaba relacionada con el mismo. Precisado lo anterior, a juicio de quien aquí resuelve los conceptos de violación antes reseñados deben calificarse como inoperantes, en la medida que en ellos el promovente del amparo no ataca las consideraciones en las que el juez responsable apoyó su decisión de estimar que se justifica la necesidad del acto de investigación solicitado, y que el mismo resulta idóneo y proporcional. En efecto, respecto de los anteriores argumentos que expuso la parte quejosa en su demanda, el juez responsable señaló lo siguiente: Minuto 10:31:10. Respecto de la idoneidad y necesidad de realizar el acto de investigación, que la defensa considera impacta en el test de proporcionalidad e idoneidad que debe hacer el juez para autorizar dicho acto, dijo que en efecto, para autorizar el acto de investigación del Ministerio Público, se debía hacer una ponderación de derechos de las personas intervinientes en el proceso en relación con los derechos de las víctimas a que se les resarza el daño y de la sociedad en general, que reclaman saber qué fue lo que pasó, así como el derecho de los imputados a conocer la verdad; por lo que en ese sentido, a decir de la fiscalía, hay una camioneta relacionada con los hechos que se están investigando, en cuyo interior, en tres segmentos o ubicaciones de la misma, un perito químico localizó material filamentoso (cabello) y estableció que ese material puede ser comparable, que es uno de los elementos a considerar, que exista material comparable. Minuto 10:34:22 Que es razonable la solicitud de una muestra bucal, porque de acuerdo a las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados, es la prueba menos grave o invasiva para la persona de los investigados, porque no se pretende obtener cabellos del imputado para realizar la comparación visual, sino muestra biológica que pudiera tener material genético, como pudiera ser sangre, un cabello o saliva, y de esas tres formas de obtener la muestra biológica, la menos invasiva y menos lesiva es la muestra biológica bucal donde únicamente se obtiene saliva para llevar a un comparativo con la muestra biológica de ADN del cabello encontrado, y en ese tenor, no asiste razón a la defensa. Minuto 10:36:00 Que como lo indicó la defensa, en el auto de vinculación a proceso se estableció que el vehículo tiene relación con el hecho; que el proceso penal es un proceso de hecho no de autor, y desde que se presenta la denuncia inicia la investigación por un hecho, de modo que sobre el punto de la relación que existe entre el vehículo con el hecho, no se está en el momento procesal para realizar una valoración ni siquiera una ponderación al respecto, dado que el proceso se encuentra en un estadío procesal de investigación complementaria respecto del cuadro fáctico materia de la vinculación a proceso, y por tanto no es de su competencia establecer si la camioneta tiene o no relación con el hecho delictivo, pues eso no se puede asegurar, y por el contrario si se puede descartar es benéfico para el imputado, pero lo cierto es que existe vinculación a proceso por un hecho en el que se estableció que se hizo uso de una camioneta como una herramienta para cometer el delito, y el Ministerio Público lo tendrá que justificar en la etapa de juicio, pero de momento no se puede descartar ni asegurar que esa sea la camioneta, por lo que todos los argumentos relativos a ese tópico, pudiesen impactar para una cuestión de valoración acerca de dónde salieron los elementos filamentosos, el hallazgo de la gorra en un segundo acto de investigación y su licitud, así como el robo de la camioneta posterior al secuestro, pero dicha valoración es para la etapa de juicio, y no para negar un acto de investigación. Minuto 10:42:55 Por lo que ve a la ponderación de la proporcionalidad e idoneidad de la prueba, dijo que entre los fines del proceso está el esclarecimiento del hecho, por lo que en relación con la proporcionalidad, el ingresar un hisopo en la boca del imputado para obtener saliva, es menos lesivo que ingresarles una jeringa o arrancarles cabellos, por lo que la prueba es la idónea y proporcional para los fines del proceso, que lo es el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, procurar que no se castigue al inocente, y que los daños causados por el delito se les reparen a las víctimas. Minuto 10:45:27 En esa tesitura, determinó que es procedente la petición ministerial en relación a la realización del acto de investigación solicitado, consistente en la obtención de muestra de saliva con un hisopo, que se conoce como raspado bucal. Bajo las anteriores consideraciones, si el promovente del amparo en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, en el sentido que no se está en el momento procesal para hacer una valoración y ni siquiera una ponderación para determinar si la camioneta tiene o no relación con el hecho, dado que ello es materia de la etapa de juicio; así como las relativas a que se justifica la necesidad del acto de investigación solicitado, y el mismo resulta idóneo, razonable y proporcional, entonces es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto por el juez de control responsable. De suerte que, este juzgador no está en condiciones de emprender el estudio de ese tópico, sencillamente porque en su único concepto de violación denominado "Primero", el quejoso solamente reitera el argumento relativo a que no se encuentra justificada la necesidad del acto de investigación porque la camioneta en la que se encontró el material filamentoso no tiene relación con el hecho por el que se investiga al imputado y respecto del cual el juez responsable ya estableció que no se está en la etapa procesal para realizar la valoración de ese tópico, sino que su competencia únicamente se limitó a establecer la idoneidad y necesidad de un acto de investigación relacionado con el hecho investigado. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de ********************, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto atribuido al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pues éste no fue reclamado por vicios propios. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el que se dio vista en auto de dieciocho de octubre del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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