Joel Antinio Carrasco Vega
Expediente 982/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joel Antinio Carrasco Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, ambos de apellidos - por propio derecho, contra actos de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-908/2018-2, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atento a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente acorde al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo y al de celeridad en el procedimiento, en términos del artículo 17 constitucional; y además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112 y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: La representación que afirma tener reconocida ante la autoridad responsable con las constancias respectivas. Toda vez que de la lectura íntegra del libelo constitucional se advierte que la autoridad señalada como responsable Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán de Ocampo emitió resolución el uno de marzo de dos mil diecisiete mediante el oficio MICH/GA/04/2488/2017, en el cual negó la autorización del estudio técnico del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, derivado del proyecto denominado "-", resolución que fue combatida en recurso de revisión; y, Atento a que los aquí quejosos se duelen de la omisión de emitir el acuerdo de admisión o, en su caso, la resolución en el recurso de revisión interpuesto el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, contra la referida resolución MICH/GA/04/2488/2017; En consecuencia, sea hace necesario que precisen qué actos reclaman a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto es, si le atribuye la omisión de dictar auto de admisión del recurso de revisión, y en su caso, dictar resolución en ese medio de impugnación; y en su defecto, qué actos le reclaman a la diversa autoridad Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán de Ocampo. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En el entendido de que la prevención precisada en párrafos precedentes, únicamente podrá desahogarse por los quejosos, no así por sus autorizados, por tratarse de un acto personalísimo, y en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberán exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." A lo anterior, tiene aplicación por las razones que la informan, la Tesis Jurisprudencial 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 210, que al rubro texto es como sigue: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que el apoderado en los términos indicados está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, distinguió entre ambas figuras, y estableció que el primero es un mandatario o representante legal que interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado es sólo un representante procesal encargado de llevar a cabo todos los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, mas no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, la Primera Sala del propio Tribunal, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.", estableció, entre otras cuestiones, que los derechos y obligaciones del autorizado no pueden equipararse a un mandato judicial. En este sentido, si el artículo 16 de la propia ley dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el "representante legal" del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión; entonces, cuando no exista esa designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 referido, carece de facultades para intervenir en el juicio. Esta conclusión se corrobora en tanto el artículo citado únicamente hace referencia a que tal encomienda corresponde al representante legal y, en ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha determinado que ambas figuras son de naturaleza diversa porque, precisamente, de acuerdo con esa distinción, debe concluirse que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, su prosecución, es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, no así al autorizado designado por uno u otros, por lo que es dable afirmar que a la muerte del quejoso, se extingue dicha designación. " Por otra parte, se tiene a la parte quejosa por señalados autorizados para oír y recibir notificaciones personales y para imponerse de los autos a las personas que refiere y sólo con las demás facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como lo solicitado en el oficio de cuenta, signado por -, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los que se advierte que en este Juzgado se encuentra en trámite el diverso juicio de amparo VII-975/2019-1, promovido por -, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclama la resolución incidental de liquidación, dictada el ocho de agosto del año en curso, dentro del juicio laboral 1415/2009; mismo acto y autoridad del que deriva el presente juicio de amparo; en tal virtud, como ambos coinciden substancialmente en lo que toca a la autoridad responsable y acto reclamado, existe identidad entre el juicio de amparo en que se actúa y el diverso VII-975/2016-1; atento a lo anterior, a fin de evitar sentencias contradictorias, se declara la ACUMULACIÓN del juicio en que se actúa VII-982/2019-2, promovido por -, en cuanto apoderado legal del quejoso -, al número VII-975/2019-1, promovido por -, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, al encontrarse los dos en trámite ordinario y ser éste último el más antiguo. En tal sentido, cabe destacar que la Ley de Amparo aplicable al caso no prevé la acumulación de juicios; sin embargo, existe jurisprudencia aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que autoriza la procedencia de dicha figura; criterio que si bien fue sustentado en términos de la abrogada ley en la materia, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la ley en vigor, la jurisprudencia integrada conforme a la legislación anterior continuará vigente en lo que no se contraponga a la nueva ley; mientras que a consideración de este juzgador, la figura de acumulación de juicios no se opone a la misma. "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal.". En consecuencia, se declara la acumulación del del juicio en que se actúa VII-982/2019-2, promovido por -, en cuanto apoderado legal del quejoso - al número VII-975/2019-1, promovido por -, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, se deja sin efectos el señalamiento relativo a la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional del expediente acumulado VII-982/2019-2, la cual se fijó para las diez horas con treinta minutos del veintidós de octubre en curso, ajustándose a la señalada dentro del precitado juicio de amparo VII-975/2019-1, que se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DEL PRESENTE MES. Se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, a fin de que en lo subsecuente dirijan sus oficios o promociones al juicio de amparo VII-975/2019-1, del índice de este Juzgado de Distrito; háganse además las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Órgano Jurisdiccional.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por -, mediante el cual cumple con el requerimiento ordenado en auto de seis de septiembre en curso, para lo cual exhibe carta poder que lo acredita como apoderado legal del quejoso -; en tal virtud, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter para los efectos procedentes, y en consecuencia, con apoyo en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de dicho ordenamiento legal, se ADMITE la demanda de garantías que promueven contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en: "ACTO RECLAMADO: la resolución incidental de liquidación de fecha 8 de agosto de 2019." Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-982/2019-2. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le confiere la ley. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo, el que podrá hacerlo por escrito, y en el que deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la ley de la materia. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada al: - Por tanto, con fundamento en el artículo 26 fracción II, inciso b), de la Ley de la Materia, se ordena su emplazamiento con tal carácter por medio de oficio. En términos de los artículos 64 y 251 del mismo cuerpo de leyes, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta unidades, en los términos precisados en los párrafos que anteceden. Por otra parte, conforme a lo establecido en los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la Jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este Juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, de la Ley de la Materia, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que la autoridad responsable lo considere conveniente, proporcione su correo electrónico oficial a fin de que le sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este Juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se tiene a la parte quejosa por señalado como domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su libelo constitucional.
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.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, ambos de apellidos - por propio derecho, contra actos de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-908/2018-2, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atento a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente acorde al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo y al de celeridad en el procedimiento, en términos del artículo 17 constitucional; y además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112 y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: La representación que afirma tener reconocida ante la autoridad responsable con las constancias respectivas. Toda vez que de la lectura íntegra del libelo constitucional se advierte que la autoridad señalada como responsable Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán de Ocampo emitió resolución el uno de marzo de dos mil diecisiete mediante el oficio MICH/GA/04/2488/2017, en el cual negó la autorización del estudio técnico del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, derivado del proyecto denominado "-", resolución que fue combatida en recurso de revisión; y, Atento a que los aquí quejosos se duelen de la omisión de emitir el acuerdo de admisión o, en su caso, la resolución en el recurso de revisión interpuesto el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, contra la referida resolución MICH/GA/04/2488/2017; En consecuencia, sea hace necesario que precisen qué actos reclaman a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto es, si le atribuye la omisión de dictar auto de admisión del recurso de revisión, y en su caso, dictar resolución en ese medio de impugnación; y en su defecto, qué actos le reclaman a la diversa autoridad Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán de Ocampo. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En el entendido de que la prevención precisada en párrafos precedentes, únicamente podrá desahogarse por los quejosos, no así por sus autorizados, por tratarse de un acto personalísimo, y en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberán exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." A lo anterior, tiene aplicación por las razones que la informan, la Tesis Jurisprudencial 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 210, que al rubro texto es como sigue: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que el apoderado en los términos indicados está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, distinguió entre ambas figuras, y estableció que el primero es un mandatario o representante legal que interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado es sólo un representante procesal encargado de llevar a cabo todos los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, mas no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, la Primera Sala del propio Tribunal, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.", estableció, entre otras cuestiones, que los derechos y obligaciones del autorizado no pueden equipararse a un mandato judicial. En este sentido, si el artículo 16 de la propia ley dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el "representante legal" del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión; entonces, cuando no exista esa designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 referido, carece de facultades para intervenir en el juicio. Esta conclusión se corrobora en tanto el artículo citado únicamente hace referencia a que tal encomienda corresponde al representante legal y, en ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha determinado que ambas figuras son de naturaleza diversa porque, precisamente, de acuerdo con esa distinción, debe concluirse que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, su prosecución, es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, no así al autorizado designado por uno u otros, por lo que es dable afirmar que a la muerte del quejoso, se extingue dicha designación. " Por otra parte, se tiene a la parte quejosa por señalados autorizados para oír y recibir notificaciones personales y para imponerse de los autos a las personas que refiere y sólo con las demás facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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