Joel Angeles Rodríguez

Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
391/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Joel Angeles Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Joel Ángeles Rodríguez, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, regístrese bajo el número ----. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de "imposible reparación", es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tal base, debe decirse que el acto reclamado lo constituye "No admitir las pruebas supervinientes que ofrecí y que refiere mi escrito con número 751 de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en relación con la promoción 2165 de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno, según refiere este H. Juzgado no cumple con lo que establece el artículo 2.104 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México". En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo dictado por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, constituye un acto intraprocesal, relativo a pruebas; y, por regla general, dicha violación puede hacerse valer cuando transciende en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia correspondiente. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con una petición de la quejosa respecto del desahogo de pruebas en el procedimiento de origen, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Por tanto, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, dado que es de aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable. Con esa decisión, para la parte quejosa el acto reclamado sólo incide en derechos adjetivos y no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal. Es cierto que por regla general las infracciones al procedimiento sólo producen una afectación a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los cuales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia correspondiente, en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó al quejoso. Además, la reclamada infracción al procedimiento no se encuentra en un caso de excepción a esa regla general, es decir, aun cuando se impugna una violación adjetiva como lo es la inadmisión de pruebas supervinientes, lo cierto es que ésta no afecta materialmente derechos sustantivos de la promovente, es decir, no le impide en forma actual y real el ejercicio de un derecho sustantivo como el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, lo que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 227656, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, ADMISION DE. CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ha estimado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá y, por ende, será procedente contra actos en el juicio que sean de imposible reparación; de manera que si esa ejecución no tiene carácter de irreparable, la acción constitucional es improcedente, pues es evidente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun y cuando dicha prueba fue admitida, la resolución que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses del agraviado; y en el caso que le fuera adversa, y tal violación trascienda en el fallo, podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que llegue a dictarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159 fracción XI y 161 de la ley en consulta, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses del quejoso puede hablarse de una violación a los preceptos legales que reglamentan la integración y desahogo de la prueba de mérito y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del recurrente.". En ese orden, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Joel Ángeles Rodríguez, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Ángel Flores Victoria; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan José Díaz Lizalde, Pedro Fortino Valencia Ángeles y Leonardo Daniel Flores Victoria. Ahora bien, dado que el promovente no señala un usuario electrónico en términos del Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica, se le conmina para que regularice el uso de la misma, para efectos de lo previsto en el artículo 30 fracción segunda, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que de manera previa, con fundamento en el artículo 22 del diverso acuerdo 21/2020, se tiene como correo electrónico abogados.f.victoria@hotmail.com, mediante el cual, en casos excepcionales, se le hará del conocimiento el dictado de algún trámite en el presente juicio y se cumplan las formalidades que corresponden. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente

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