JOEL ANDRÉS BRICEÑO GUTIÉRREZ y Otros.

Expediente 944/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
944/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • SANTIAGO RAMÓN MAYORGA SOLÍS y Otros.
  • JOEL ANDRÉS BRICEÑO GUTIÉRREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, mediante el cual en vía de notificación transcribe el proveído de diecisiete de agosto del presente año, dictado en el juicio de amparo ""......""" de su índice, de cuya lectura se advierte que tuvo por recibido el oficio "...."", así como los autos originales del juicio de amparo 944/2022 del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, que se le remitió al habérsele declinado competencia para conocer la demanda de amparo promovida por Florencio Matías Particio a favor de ""......"""" , en virtud de que los actos reclamados se están ejecutando en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Tijuana. Bajo ese contexto, informa que lo registró bajo el número ""......""", y previo a emitir el pronunciamiento que conforme a derecho proceda, solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esa ciudad, que le remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el exhorto ""....."", del índice de este órgano jurisdiccional, a fin de que conozca si los directos agraviados fueron localizados en las oficinas de la estación migratoria responsable, por lo que reservó proveer lo conducente a la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Ahora, con base en lo expuesto por la precitada autoridad judicial, mediante oficio, infórmesele que en auto de nueve de agosto del presente año, ya se tuvo por devuelta debidamente diligenciada la comunicación oficial ""....."", n número de orden ""......"", librada en este asunto, sin embargo, se reservó proveer hasta en tanto el titular del órgano que por razón de turno le hubiere correspondido tramitar dicho asunto, se pronunciara respecto de la incompetencia planteada; por lo cual, para que ese Juzgador provea lo que conforme a derecho proceda, remítansele vía mensajería acelerada las constancias relativas a dicho medio de comunicación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, por medio del cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial ""......""" de su índice, formada con motivo del exhorto electrónico 164/2022, número de orden 301/2022, librado en el presente asunto, que se le envió para certificar el estado físico, notificar y requerir a los directos quejosos """......."""", el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós. Sin que sea necesario acusar recibo de su recepción, toda vez que este se genera al momento de su envió; por tanto, dese de baja el referido medio de comunicación en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que en proveído de ocho de agosto que transcurre, este juzgado declaró carecer de competencia legal, para seguir conociendo del juicio de amparo 944/2022 del que deriva este cuaderno de antecedentes, y se declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, sede Tijuana; por tanto, resérvese proveer lo conducente, respecto del exhorto de cuenta, hasta en tanto el titular del órgano que por razón de turno le haya correspondido tramitar dicho asunto, se pronuncie respecto de la incompetencia planteada. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 944/2022. Se decreta la suspensión de oficio y de plano Con fundamento en los artículos 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, 125 y 126, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE A LOS DIRECTOS ***, LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DE LOS ACTOS QUE RECLAMAN, para los efectos que a continuación se precisan: 1.- Respecto del ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN POR MAS DE DIEZ DÍAS, para el efecto de que los directos quejosos, sean puestos en libertad, conforme a lo que a continuación se menciona. De los datos de la demanda no se desprenden datos objetivos que conduzcan a considerar necesario el alojamiento de los justiciables en la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Tijuana, y sí por el contrario, es viable un medio alternativo proporcional para asegurar su presencia en el procedimiento migratorio de origen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, la medida cautelar tiene como efecto, que los directos quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal y a la de la autoridad responsable, únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo seguido en su contra. Medida suspensional que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si no se cumplen los siguientes requisitos de eficacia, para lo cual se atiende a lo que dispone el artículo 102 de la Ley de Migración: Que cada uno de los quejosos exhiban a favor de este juzgado, dentro del plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, garantía por la cantidad de $""".....""", en billete de depósito de Banco del Bienestar, sucursal en Oaxaca de Juárez, o en cualquiera de las formas establecidas por la ley. El monto fijado se estima así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la orden restrictiva de la libertad personal y que no se cuenta con elementos que permitan conocer la situación económica de los quejosos. En el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, que establece el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hagan del conocimiento de este juzgado, el domicilio en el que se establecerán, el cual debe ser dentro de la demarcación geográfica de la responsable, esto es, un domicilio cercano que les permita acudir ante la autoridad migratoria, del cual no podrán ausentarse sin previa autorización de este Juzgado. Comparezcan ante la autoridad migratoria dentro del plazo de cinco días, así como las veces que sean requeridos a comparecer por dicha autoridad; obligación que la parte quejosa deberá justificar ante este Juzgado. Con apercibimiento que de no cumplir con alguna de las obligaciones fijadas en los incisos que anteceden, se hará efectiva la garantía pecuniaria que exhiban, en favor del erario federal, y dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Se invoca en apoyo la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), sustentada por el Pleno del Décimo Circuito visible en la página 879, Materia Común, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Registro 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." 2.-Respecto del ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA INCOMUNICACION, para el efecto de que las autoridades responsables, de inmediato, se abstengan de llevar a cabo tal acto, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. 3.- Respecto del ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE DEPORTACIÓN para el efecto de que no se ejecute y los directos quejosos queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, tal y como lo señala el artículo 160, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Materia Administrativa, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170578, de rubro y texto: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo. 4.- Respecto del ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO, no se emite mayor pronunciamiento ya que éste es motivo del fondo del asunto. Aclaración sobre los efectos de la suspensión de plano En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de los quejosos y se contraponga con lo aquí ordenado. Solicitud de informe de suspensión plano. Por tanto, requiérase a la responsable para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS haga del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión decretada; apercibidas que de no hacerlo su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Notificación a los directos quejosos Ahora, toda vez que el promovente del amparo manifiesta que los directos quejosos, se encuentran detenidos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, ubicado en calle Diamante sin número, fraccionamiento la Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, código postal 22640, Tijuana Baja California, lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito al ser una oficina de servicio público, lugar que se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. Por tanto, con apoyo en el artículo 15, párrafo segundo, 21, 24 y 26, inciso c), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 26, fracción I, 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese exhorto, vía electrónica, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, sede Tijuana, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se presente en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, en busca de los directos quejosos ""...."""****. Una vez localizados certifique su estado físico y les notifique este proveído; además, los requiera para que en ese acto o dentro del plazo de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor por ""......""", de ser así cumplan con los requisitos que les fueron fijados en párrafos que anteceden; apercibiéndolos que de no ratificarla, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto las providencias decretadas; y sus notificaciones aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos. Además, se faculta al juez exhortado, para que instruya al citado fedatario judicial que para el caso de que sea informado en el lugar a donde se le ha comisionado acudir que la parte directa agraviada se encuentra en diverso lugar, se traslade al mismo. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez exhortando para que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo a diligencia que se encomienda. Determinación de incompetencia Ahora bien, previo a admitir o desechar la demanda, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye un tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]. De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Entonces, para establecer la competencia de un Juez de Distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. De ahí que, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. En el caso, los actos reclamados consistentes en la detención arbitraria, incomunicación y deportación, se encuentran ejecutando en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Tijuana, ubicada en Diamante sin número, fraccionamiento la Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, código postal 22640, Tijuana Baja California. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, sede Tijuana, toda vez que es el lugar donde se encuentran ejecutando los actos reclamados. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tienen ejecución los actos reclamados, esto es, en Tijuana, Baja California, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, sede Tijuana, por conducto de su Oficina de Correspondencia, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Cuaderno de antecedentes Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias respectivas y estese en espera de lo que el Titular del Juzgado al que se declina el conocimiento del asunto tenga a bien resolver. Autorizaciones Se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en el escrito de demanda por así solicitarlo expresamente el promovente. Usuario En otro orden, toda vez la parte quejosa solicita se autorice para que pueda consultar el expediente electrónico; asimismo, le sean realizadas sus notificaciones por dicha vía, proporcionando para tal objeto el registro de usuario "GSANTOSS"; en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario para que: Consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo, y Para que reciba las notificaciones de este asunto de forma Electrónica. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente del citado usuario para la consulta del expediente electrónico y la práctica de las notificaciones electrónicas. Por ello, toda vez que se estableció que sus notificaciones se le realizarán de manera electrónica, se instruye a los Actuarios adscritos para que de existir algún problema para realizar las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica, se asiente la razón correspondiente. Pruebas de la parte quejosa Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la materia se tienen como pruebas de los quejosos, las documentales que refiere en su escrito inicial de demanda, consistentes en: Copia simple del formato Migratorio Múltiple, expedido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y de la cédula de identidad expedida por la república de Nicaragua, ambas a nombre de* Copia simple del formato Migratorio Múltiple, expedido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y de la cédula de identidad expedida por la república de Nicaragua, ambas a nombre de *opia simple del formato Migratorio Múltiple, expedido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y de la cédula de identidad expedida por la república de Nicaragua, ambas a nombre de *. Copia simple del formato Migratorio Múltiple, expedido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y de la cedula de identidad expedida por la república de Nicaragua, ambas a nombre de """......""". Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese, personalmente vía electrónica a la parte quejosa.

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