Joel Alegria Pérez
Expediente 423/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 50 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 06/03/2019
Partes del expediente
- Joel Alegria Pérez
- Joel Alegria Pérez y Otros.
- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Visto, el oficio suscrito por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, por propio derecho y en representación del Secretario, por sí y en su carácter de Presidente de la Junta Superior Disciplinaria de la referida dependencia, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en atención a los diversos 2029/2019, 2030/2019 y 2031/2019, de veintiocho de febrero de la presente anualidad, acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas, mismas que adjuntó como apoyo a su informe justificado. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, glósese a los autos el oficio de cuenta, teniéndose a la referida autoridad acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas.
- Incidental
Visto el estado procesal de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, debiéndose acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda. ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se negó la medida cautelar, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica en la fracción III, primer párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se negó la medida cautelar respecto de todos los actos y además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. APERCIBIMIENTO En consideración de que en el presente caso, no acontece el supuesto que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, se omite proveer del apartado E), del presente auto. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Visto; el estado actual que guardan los presentes autos, en donde se advierte que por oficios SSPC/UAJ/AMP/TGZ/0086/2019, SSPC/UAJ/AMP/TGZ/00407/2019 y SSPC/UAJ/AMP/TGZ/000458/2019, de nueve de enero, siete y once de febrero de la presente anualidad, signados por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por propio derecho y en representación del Secretario de la referida dependencia, por sí y en su carácter de Presidente de la Junta Superior Disciplinaria de la Secretaría citada con antelación, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, parte quejosa y que fue modificada por la Superioridad. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior y tomando en consideración que mediante acuerdo de doce de febrero del presente año, se dio vista a las partes con los oficios y constancias remitidas por las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, éste órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa, el dieciocho del mes y año que transcurre; en desahogo de la misma, el autorizado del quejoso, realizó diversas manifestaciones mediante escrito de catorce del referido mes y año. A) ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene lo siguiente: Antes de efectuar el cuadro comparativo para verificar el cumplimiento de la sentencia, es pertinente señalar que la concesión otorgada por este juzgado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fue modificada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, mediante sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, consistiendo dicha modificación que sobre el tema que abarca los conceptos "y las demás prestaciones", serían procedentes siempre y cuando el quejoso lograra acreditar en la etapa de cumplimiento de sentencia haberlas percibido. Por ello, dicho impetrante por conducto de su autorizado, mediante escrito de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, promovió el Incidente Innominado para cuantificar y determinar en cantidad líquida el monto de la indemnización y demás prestaciones económicas a que tenía derecho; el veinte de julio siguiente, se admitió a trámite el incidente solicitado; desahogado el procedimiento, el dieciséis de noviembre del año que antecede, se dictó la resolución respectiva, en donde se determinó el pago total a cubrir a la parte quejosa. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, MODIFICADA POR LA SUPERIORIDAD. MONTO TOTAL A PAGAR POR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y CUANTIFICADAS EN EL EN EL INCIDENTE INNOMINADO. CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA. A LA EJECUTORIA DE AMPARO. a) De conformidad con la fracción XIII, apartado B, segundo párrafo, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indemnicen al quejoso basándose en el puesto que venía desempeñando, con el mínimo que es tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio; sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel estatal o municipal, existan normas que provean expresamente un monto por indemnización, mayor al señalado, en cuyo caso, la autoridad responsable deberá aplicar lo dispuesto en ese ordenamiento. b) Asimismo, tomando en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria, debe establecerse que para la procedencia de los conceptos que abarca el tema "y las demás prestaciones", serán procedentes siempre y cuando el quejoso logre acreditar en la etapa de cumplimiento de sentencia haberlas percibido. c) Por ende la concesión del amparo no implica la reincorporación del recurrente al servicio del que fue removido. Atendiendo a lo descrito en los incisos a) y b), en el Incidente Innominado emitido el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la cuantificación de las prestaciones reclamadas, y se determinó que la autoridad responsable debía pagar por dichos conceptos a la parte quejosa, la cantidad de $368,912.85 (trescientos sesenta y ocho mil novecientos doce pesos 85/100 moneda nacional). Por oficios SSPC/UAJ/AMP/TGZ/0086/2019, SSPC/UAJ/AMP/TGZ/00407/2019 y SSPC/UAJ/AMP/TGZ/000458/2019, de nueve de enero, siete y once de febrero de la presente anualidad, signados por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por propio derecho y en representación del Secretario de la referida dependencia, por sí y en su carácter de Presidente de la Junta Superior Disciplinaria de la Secretaría citada con antelación, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio. En diligencia de nueve de enero de la presente anualidad, realizó el primer pago parcial al quejoso por la cantidad de $106,894.53 (ciento seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 53/100 moneda nacional). En acta celebrada el once del mes y año que transcurre, la autoridad responsable, hizo entrega al impetrante del amparo, el cheque 118, de seis del mes y año que transcurre, que ampara la cantidad de $241,447.60 (doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), con lo que adujo dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, dio cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos -específicamente lo determinado en el Incidente Innominado para cuantificar y determinar la cantidad líquida y demás prestaciones económicas reclamadas, solicitadas por el impetrante del amparo-; es así, ya que realizó el pago correspondiente. En efecto, como quedó establecido en el cuadro comparativo, si bien a la autoridad responsable se le condenó al pago por la cantidad de $368,912.85 (trescientos sesenta y ocho mil novecientos doce pesos 85/100 moneda nacional) y de la suma que se realiza de las entregas efectuadas, éstas hacen un total de $348,342.13 (trescientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 13/100 moneda nacional), se aprecia que resulta un faltante de $20,570.72 (veinte mil quinientos setenta pesos 72/100 moneda nacional). Sin embargo, ello corresponde a las deducciones de ley -por dicha suma-, que efectuó la autoridad responsable, correspondiente al Impuesto sobre Sueldos y Salarios, previstas en el capítulo I, de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal subordinado, que la Ley de Impuesto sobre la Renta, establece en su artículo 96, como se advierte del contenido del acta de cumplimiento de pago de once de febrero del año que transcurre. Entonces, si del pago efectuado por la autoridad responsable -en dos partes-, hacen un total de $348,342.13 (trescientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 13/100 moneda nacional); más las deducciones legales señaladas que realizó por el importe de $20,570.72 (veinte mil quinientos setenta pesos 72/100 moneda nacional), esto hace la suma de $368,912.85 (trescientos sesenta y ocho mil novecientos doce pesos 85/100 moneda nacional), que corresponde a la cantidad a la que fue condenada, de ahí que se tenga por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto. Sin que asista razón lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa al desahogar la vista otorgada, en el sentido de que no es procedente descuento alguno, ya que se trata de una sentencia condenatoria por despido injustificado y además debió incluirse el pago abarcando la segunda quincena de noviembre de dos mil dieciocho hasta el día en que se realice el pago correspondiente. En efecto, dichos argumentos carecen de razón, toda vez que tales deducciones no quedan al arbitrio del juzgador, sino derivan de la ley que en cada caso las establezcan, por lo que la parte condenada, se encuentra en posibilidad de aplicar las que procedan al hacer el pago correspondiente de la cantidad a la que fuera condenada, sin necesidad que se precise en la sentencia. Robustece lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia I.7°.T.J/16, de la literalidad siguiente: DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO ESTÁ OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAUDO. No constituye ilegalidad alguna la omisión en la que incurre la autoridad que conoce de un juicio laboral, al no establecer en el laudo las deducciones que por ley pudieran corresponder a las prestaciones respecto de las que decrete condena, en virtud de que no existe disposición legal que así se lo imponga, y como tales deducciones no quedan al arbitrio del juzgador, sino derivan de la ley que en cada caso las establezca, la parte condenada está en posibilidad de aplicar las que procedan al hacer el pago de las cantidades respecto de las que se decretó condena en su contra conforme a la ley o leyes aplicables, sin necesidad de que la autoridad responsable las señale o precise expresamente en su resolución. Además, la parte quejosa quedó conforme con el pago que le fue otorgado. En efecto, al comparecer el quejoso ante la autoridad responsable -acompañado del aquí autorizado-, el once del actual, en el acta de cumplimiento de pago manifestó lo siguiente: ". RECIBO A MI MAS ENTERA SATISFACCIÓN EL CHEQUE NÚMERO 118, POR LA CANTIDAD DE $241,447.60 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) DE FECHA SEIS DEL FEBRERO DEL ACTUAL, DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; CANTIDAD QUE SUMADA AL MONTO DE $106,894.53 (CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.), QUE ME FUE PAGADA EN DILIGENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, HACEN UN TOTAL DE $348,342.13 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.), QUE ME CORRESPONDE PREVIAS DEDUCCIONES DE LEY APLICADA A LA CANTIDAD DE $368,912.85 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 85/100 M.N.), QUE ME FUE INFORMADA Y QUE ESTOY CONFORME, CON LO CUAL LA JUNTA SUPERIOR DISCIPLINARIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DA CABAL CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS ANTES DETALLADOS AL PAGO ORDENADO EN LA PRECITADA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y CONSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE." (sic) Como se ve de la transcripción anterior, en la diligencia efectuada en el acta de cumplimiento de pago, efectuada por la autoridad responsable, el quejoso estuvo conforme con las deducciones de ley y el monto del pago efectuados, como expresamente quedó precisado en la referida acta; aunado a ello, estuvo asistido del licenciado *** -autorizado en este juicio de amparo-, quien fungió como testigo en dicha diligencia, como se corrobora con las firmas que calzan el documento de referencia. Por otra parte, respecto al argumento relativo a que debió incluirse el pago abarcando hasta el día en que se realizara el pago correspondiente, tampoco se toma en consideración, ya que su cuantificación quedó establecida en la resolución dictada en el Incidente Innominado, de la cual fue conforme con su contenido, toda vez que no la combatió. En esa virtud, este órgano de control constitucional como lo dejó precisado en líneas que anteceden, se advierte que la responsable atendió a los lineamientos de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, procede declarar que el fallo protector ha quedado cumplido sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentran subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo. B) ARCHIVO. Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. C) VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. D) INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. E) REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. F) DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez, que se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio, se les previene para que a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, acudan a este Juzgado a recoger los documentos que se indican; apercibidos que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró ejecutoriado este juicio, dichos documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto, de conformidad con el numeral Décimo Primero, párrafo segundo, del citado Acuerdo General. Asimismo, advirtiéndose que la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico y en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en su carácter de Presidente de la Junta Superior Disciplinaria, residente en esta ciudad, remitió como apoyo a su informe justificado el original del expediente administrativo SSPC/CHJ/PDA/147/R2015 -constante de dos tomos-, tomando en cuenta que los mismos ya no son necesarios, en virtud de que este juicio se encuentra concluido, devuélvase los referidos documentos a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes, debiendo acusar recibo correspondiente. Bajo el apercibimiento que de no ser así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
Visto el escrito de cuenta de ***, en su carácter de autorizado del quejoso ***, mediante el cual en cumplimiento a la vista que se le dio en proveído de doce de febrero de la presente anualidad, hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento realizado por la autoridad responsable. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. Ahora bien, respecto a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones en el sentido que las realiza y una vez fenecido el término otorgado a las partes, éstos se tomaran en consideración cuando éste Juzgado Federal, se pronuncie respecto del cumplimiento de la ejecutoria correspondiente.
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