Joel Adrian Jesús Sánchez Febles

Expediente 671/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
671/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Joel Adrian Jesús Sánchez Febles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibido de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de veintidós de noviembre del año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por *******. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable, las constancias que acompañó al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia constitucional...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 671/2020-I...R E S U L T A N D O:...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, como lo afirma la autoridad responsable, el presente juicio de amparo debe sobreseerse porque SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, al SER EXTEMPORANEO EL RECLAMO DEL QUEJOSO, como se verá a continuación. Dicha disposición establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los artículos artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo en cita establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedzimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso es parte en el juicio, deberá situársele en el primer supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En la especie, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma se computa a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado. Ello es así, puesto que el quejoso no es tercero extraño a juicio, pues es la parte actora y no alega irregularidad alguna respecto de las notificaciones relativas a los autos reclamados, por lo que éstas deberán quedar incólumes y surtir sus efectos jurídicos en el proceso. Dicho lo anterior, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. Ahora bien, de la reseña de constancias realizada en el considerando cuarto, se advierte que los autos reclamados se notificaron mediante Boletín Judicial números 84, de catorce de mayo de dos mil diecinueve, surtiendo efectos el quince siguiente y 127 de doce de julio de dos mil diecinueve, surtiendo efectos el cinco siguiente. Apoya lo anterior la tesis I.9o.C.132 C, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de enero de 2006, página 2420, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JUDICIAL, NO LA SUSTITUYE LA RAZÓN DE RECEPCIÓN DE COPIAS DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADA. La notificación de una resolución determinada dictada en un juicio del orden civil por medio de boletín judicial, implica necesariamente el medio de conocimiento de existencia de la misma, pues se trata de la publicación oficial en un diario de los datos de los asuntos en los que exista una resolución judicial sin que se dé a conocer su contenido a las partes, circunstancia que les obliga a comparecer al tribunal relativo a imponerse de ese contenido bien sea mediante la consulta directa del expediente o por la obtención de copias de la resolución; de ahí que la comparecencia de los interesados por sí mismos, o por medio de sus representantes legales o autorizados, una vez realizada la publicación de referencia, a consultar el expediente o recibir copias de la resolución correspondiente, no constituye el medio legal para notificar legalmente a las partes la existencia de una resolución en el proceso correspondiente, dado que esa conducta únicamente constituye el modo o forma de imponerse del contenido de la resolución notificada en el diario aludido; así, la razón asentada en los autos sobre la recepción de copias de la resolución el mismo día de su publicación en el Boletín Judicial, aun cuando implique el conocimiento del contenido de aquélla, no constituye una notificación personal de la multirreferida resolución, porque sólo obedeció al fin perseguido con la divulgación en el diario mencionado, o sea, enterar a las partes de su existencia." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que el peticionario de amparo promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado1, esto es, a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, feneciendo dicho término el cinco de junio de ese año, y del seis al veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; descontándose los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, del sello fechador estampado en la demanda de amparo, se advierte que ésta se presentó hasta el trece de 1. 1 Tomando como referencia la fecha de publicación en el boletín judicial del acto reclamado. noviembre de dos mil veinte, esto es, después de que feneció el término que la ley confiere a la parte quejosa para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que la demanda de amparo se presentó fuera del referido plazo de quince días. En consecuencia, por ser extemporáneo el reclamo que hace la parte quejosa respecto de los autos de trece de mayo de dos mil diecinueve y once de julio de dos mil diecinueve, dictados en el juicio ordinario civil de origen promovido por el peticionario de amparo, debe SOBRESEERSE en el presente juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis III.2o. P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." No pasa desapercibido, para actualizar la causa de improcedencia invocada, que el quejoso mencione en la demanda de amparo, la falta de observancia del derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de una justicia pronta, porque, si bien es cierto, el suscrito como la autoridad responsable tienen la obligación de aplicar en su beneficio los derechos humanos, también es verdad que, en los procedimientos jurisdiccionales deben respetarse las reglas y cargas procesales necesarias para la prosecución del juicio que los gobernados deben satisfacer. Esto es, las partes en los procedimientos no deben dejar de observar los diversos principios y restricciones previstos y aplicables a los procedimientos en los que intervienen, por lo que si desde los autos que se precisaron como reclamados no estaba conforme con la negativa del juez responsable de nombrar perito tercero en discordia, debió impugnar esa determinación a través del recurso correspondiente, o bien, si éste no era el recurso idóneo a través del juicio de amparo indirecto, lo que no aconteció, pues debe precisarse que no se trata de una omisión del juez responsable de nombrar perito motu proprio o por una situación jurídica ajena a las reglas del procedimiento, sino de la negativa de éste porque le impuso al quejoso, la carga procesal de exhibir el acta de defunción del perito tercero en discordia, lo que hasta el momento, no ha realizado, pero se insiste si no estaba de acuerdo con esa carga que le impuso el juez debió de impugnarlo en su momento. Se invoca la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, Novena Época, que dice: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, lo procedente será sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". De igual forma, no se hará mayor pronunciamiento de las diversas causas de improcedencia expuestas por las partes, porque en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *************, contra actos del Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por vía electrónica a *************, en cumplimiento al auto de veintiséis de febrero del año en curso y por lista a la parte quejosa y al diverso tercero interesado.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda la constancia del Actuario Judicial de la que se advierte que se llevó acabo de emplazamiento del tercero interesado xxxxxxxx, a la presente instancia constitucional. En esas condiciones, dese vista al tercero interesado, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la razón actuarial. Por otra parte, téngase por recibido el escrito del tercero interesado XXXXXXX; a través del cual se apersona al presente juicio de amparo y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tales efectos, en tanto que a las diversas personas que menciona, en términos de la última parte del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, asimismo con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que refiere en su escrito, el uso de dispositivos electrónicos para la reproducción de las actuaciones que se generen en el presente expediente. Notifíquese por lista a las partes con excepción de las autoridades responsables.

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