Joel Acal Sosa
Expediente 88/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joel Acal Sosa
Actuaciones
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el telegrama que remite la encargada del despacho de la dirección general del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual en acato a lo solicitado el diez de marzo pasado, informa en relación a la partida jurídica de Joel Acal Sosa; en virtud de lo anterior, remítase a la delegada en el Estado del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, copia de la partida jurídica correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio firmado por el titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 132/2016 y de origen 59/2016, que se le envió a fin de que notificara a Joel Acal Sosa, el proveído de diecinueve de enero del año en curso, pues se advierte que el tres de febrero del año en curso el actuario de dicho órgano jurisdiccional notificó el referido auto al quejoso de mérito; por tanto, regístrese la baja del despacho en el libro respectivo. Por otra parte, vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Joel Acal Sosa, se hizo correctamente al promovente el tres de febrero del año en curso, notificación que surtió efectos el cuatro; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia en vigor, para interponer el recurso de queja, transcurrió del ocho al doce de febrero de este año, respectivamente, sin que interpusieran dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009, ya que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Así mismo, se advierte que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de febrero de dos mil quince. Visto el estado de autos, de los que se advierte no obra el despacho con número de orden 132/2016 y de origen 59/2016 del índice de este juzgado, el cual se envió, a efecto de que el juez de Ejecución de Sanciones en el Estado, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, notificara al aquí quejoso el proveído de diecinueve de enero de esta anualidad. Por tanto; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según mandato expreso de su artículo 2, requiérase vía postal al juez de Ejecución de Sanciones en el Estado, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación de este proveído, devuelva el despacho con número de orden 132/2016 y de origen 59/2016. Apercíbasele que de no cumplir con lo ordenado o de no manifestar el impedimento legal que tenga, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta suscrito por Joel Acal Sosa, remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad. Fórmese expediente con el número 88/2016, que le corresponde; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 107, de la Ley en cita, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida". De lo anteriormente transcrito se aprecia que lo solicitado por el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del amparo indirecto, ya que lo que pretende es su traslado del Centro de Federal de Readaptación Social número trece CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, al complejo penitenciario ubicado en Huimanguillo Tabasco o al diverso centro federal de Chiapas, Oaxaca; por ende, ese acto no se ubica en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas por el artículo 107, de la ley rectora del juicio de amparo, máxime que el escrito de cuenta tampoco cumple con los requisitos de un escrito de demanda de amparo en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Remítase copia del escrito de cuenta al director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece en Miahuatlán, Oaxaca, y a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, para que actúen conforme a sus atribuciones y brinden al quejoso Joel Acal Sosa, la asesoría necesaria en el trámite de traslado de centro de reclusión que solicita. Toda vez que el promovente Joel Acal Sosa, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con fundamento en los artículos 298, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado de Ejecución de Sanciones en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de internamiento, y notifique personalmente este proveído al citado quejoso; hecho que sea, de inmediato devuelva la comunicación oficial que se le envía con las constancias respectivas. En el entendido que por tratarse de un asunto de naturaleza penal, el juez requerido deberá proveer el despacho que se le envía dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que lo reciba; asimismo, hágase saber a dicha autoridad, que la notificación encomendada deberá hacerla en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo, y no de conformidad con la legislación que rige sus actuaciones. Notifíquese...
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