Joel Abelardo Sánchez Campos

Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Joel Abelardo Sánchez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y Extinción de Dominio de la Ciudad de México, acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas en dos legajos certificados. Por otra parte, visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 864/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, el diecinueve siguiente, **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades. II. Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró bajo el número 864/2022-V; se admitió a trámite y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, , toda vez que el acto reclamado es materia civil y se reclama a una autoridad residente en el territorio sobre el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: 1) La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 597/2011, promovido por **********, en contra de ***********, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Proceso Escrito y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y como consecuencia la orden de desocupación del inmueble identificado como vivienda "D", del conjunto en condominio marcado con el número oficial diecinueve, calle sauce, lote diez, manzana nueve, conjunto urbano tipo habitacional denominado Ex-hacienda San Miguel, sección "Jardines de San Miguel II" ubicado en Avenida Huehuetoca, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Las autoridades responsables, Juez Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, el Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Tercero Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados el acto reclamado. Certeza que se corrobora al imponerse de las actuaciones certificadas del juicio ejecutivo mercantil 597/2011; documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, segundo párrafo, cuentan con pleno valor probatorio. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese tenor, es innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda, toda vez que el suscrito resolutor advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados por la quejosa se actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la diversa fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado; es decir, no promovió el juicio de amparo dentro del término legal que prevé el artículo 17 de la citada ley reglamentaria, atento a las siguientes consideraciones. En ese contexto, respecto a la actualización de la primer causal prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, cabe destacar que los citados preceptos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con base en los anteriores preceptos, se colige que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la justificación del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. Así, el interés jurídico del gobernado sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que le asisten, razón por la cual si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 568, Tomo CXX, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías. Atento a lo anterior, es válido extraer los siguientes elementos del interés jurídico, a saber: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. De ahí que el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio, como se desprende de lo establecido por el artículo 5, inciso I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Bajo ese panorama, se toma en cuenta que el quejoso se ostenta como tercero extraño en estricto sentido al juicio especial hipotecario 597/2011, promovido por Rosa Salazar Zoila, en contra de Ambrosio Lozada Blanco, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Proceso Escrito y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y como consecuencia la orden de desocupación del inmueble identificado como vivienda "D", del conjunto en condominio marcado con el número oficial diecinueve, calle sauce, lote diez, manzana nueve, conjunto urbano tipo habitacional denominado Ex-hacienda San Miguel, sección "Jardines de San Miguel II" ubicado en Avenida Huehuetoca, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En tal sentido, previo análisis de las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa, se concluye que son insuficientes para acreditar el derecho personal de propiedad que alega, toda vez que los recibos de tres de mayo, tres de junio, ocho de agosto, dieciséis de noviembre y ocho de marzo, todos de dos mil cinco, no tienen alcance de acreditar que el bien inmueble ahí descrito sea propiedad del quejoso. De ahí que, como se adelantó, cobra vigencia la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento. En esas circunstancias y por los motivos expuestos, debe concluirse que quien solicita el amparo no demostró con algún medio de prueba apto e idóneo su interés jurídico, razón por la cual los actos que señala como reclamados no le ocasionan perjuicio alguno en su esfera jurídica, al omitir acreditar que le asiste el derecho de propiedad respecto de los bienes muebles embargados en el juicio de origen, sin que de las constancias que obran en autos se adviertan elementos para estimar lo contrario. Máxime que también se actualiza en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, es decir, no promovió el juicio de amparo dentro del término legal que prevé el artículo 17 de la citada ley reglamentaria, atento a las siguientes consideraciones. En los términos de lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la legislación aplicable, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo. El término de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: 1) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedora de tales actos. En este sentido, lo que distingue a la primera regla de las restantes, es que precisamente para iniciar el cómputo de los quince días con que cuenta el promovente para solicitar la protección constitucional, se requiere previamente de una notificación que se realice del acuerdo o resolución que se pretende impugnar en el juicio constitucional, y que ésta notificación surtirá sus efectos de conformidad con lo que dispone la ley que rige el acto de molestia; mientras, que las restantes hipótesis establecen que el cómputo del término para la promoción de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de los actos o bien, al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor del mismo; en éstos dos últimos casos, no se requiere de previa notificación al inconforme, para computar el término con que cuenta para instar la protección constitucional. En esos términos, se destaca que el quejoso reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 597/2011, promovido por Rosa Salazar Zoila, en contra de Ambrosio Lozada Blanco, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Proceso Escrito y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y como consecuencia la orden de desocupación del inmueble identificado como vivienda "D", del conjunto en condominio marcado con el número oficial diecinueve, calle sauce, lote diez, manzana nueve, conjunto urbano tipo habitacional denominado Ex-hacienda San Miguel, sección "Jardines de San Miguel II" ubicado en Avenida Huehuetoca, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de la cual de constancias se advierte que tuvo conocimiento desde el tres de julio de dos mil once, fecha en que atendió la diligencia realizada por la Primer Notificadora adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; asimismo, se desprende que el referido quejoso se identificó con credencial para votar con folio 0000025898985, con clave de elector SNCMJL72092409H600, lo que lleva concluir que el plazo para presentar la demanda de amparo, comenzó a computarse el seis de julio de dos mil once. Entonces, si la quejosa tuvo conocimiento del procedimiento natural, el tres de julio de dos mil once, el inicio de los plazos empezó a correr el seis de julio del mismo año, por lo que, su presentación es extemporánea al haberse presentado fuera del plazo que impone la ley. Así, el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio transcurrió en exceso si se toma en consideración que la demanda de amparo se presentó hasta el quince de julio de dos mil veintidós; por ende, es evidente que la acción de amparo se promovió en forma extemporánea, consintiendo la quejosa en forma tácita su contenido. En consecuencia, al resultar extemporánea la presentación de la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito del acto reclamado. En ese orden de ideas, al constatarse que se actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la diversa fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado; es decir, no promovió el juicio de amparo dentro del término legal que prevé el artículo 17 de la citada ley reglamentaria, atento a las siguientes consideraciones, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos aquí reclamados, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 647, visible en la página 4343 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto y fundado, con apoyo demás en los artículos 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se: Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *********, por derecho propio, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído del diecisiete de los cursantes, se ordenó dar vista al tercero interesado ********** con los informes justificados rendidos en autos; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la parte quejosa, al tercero interesado ********** y vía electrónica a la tercero interesada **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, se le tiene devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 369/2022-V, derivado del juicio de amparo en que se actúa, con el cual se tiene por emplazado al tercero interesado *********. Sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que el homólogo Federal no lo solicita. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la constancia de notificación adjunta al oficio de cuenta, se desprende que feneció el plazo de tres días concedido al tercero interesado **********, para que señalara domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y háganse las notificaciones por lista electrónica de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista al citado tercero interesado con los informes justificados que obran en autos y sus anexos, para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la arte quejosa y tercero interesado **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano