Jocobo Friessen Hieberth

Expediente 1656/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1656/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Jocobo Friessen Hieberth

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el juicio de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alicia Alejandra Torres Enríquez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el informe justificado de la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; lo anterior, toda vez que a la fecha ya se encuentra rendido el mismo y ya se dictó la sentencia definitiva en el presente juicio; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez, quien actúa asistido de Alicia Alejandra Torres Enríquez, Secretaria que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, residente en esta ciudad y Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en Ciudad de México, por conducto del Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica. Enseguida, el Secretario del Juzgado en funciones de Juez acuerda: De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los citados informes justificados. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta con la documental que acompañó la parte quejosa a su demanda de amparo, consistente en la solicitud de trámite realizada ante la autoridad responsable el catorce de julio de dos mil dieciséis, así como con las diversas exhibidas por la autoridad responsable. A lo anterior, el suscrito Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas antes indicadas, para todos los efectos legales. Con lo que se cierra esta etapa. Continuamente, se pasa a la etapa de alegatos en la que se hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O para resolver el juicio de amparo 1656/2020, promovido por Jacobo Friessen Hieberth, contra actos atribuidos al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, residente en Ciudad de México, los cuales estimó violatorios en su perjuicio del derecho fundamental tutelado en el ordinal 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua y turnada el tres de diciembre siguiente a este órgano jurisdiccional, Jacobo Friessen Hieberth, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad antes indicada y por la omisión precisada en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo con el número estadístico 1656/2020-IV; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde a la representación social federal; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió en varias ocasiones, para luego verificarse al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º segundo párrafo, 37 tercer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, ya que el acto reclamado constituye una conducta omisiva atribuida a una autoridad administrativa residente en esta ciudad, donde este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que, el peticionario de la protección constitucional, reclama de la responsable, específicamente: "La omisión de dar contestación al artículo 8º. y 17º., Constitucional, a efecto de dar contestación, completa, satisfactoria y congruente a mi petición, en sentido afirmativo mediante acuerdo escrito, acorde a mi solicitud de la Hoja de Ruta CNA-01-021, a la que se asignó el número de expediente CHI-L-1693-14-07-16, PRÓRROGA DE TÍTULOS DE CONCESIÓN ASIGNACIÓN Y/O PERMISOS DE DESCARGA HASTA SU CULMINACIÓN; en el entendido que es con SU REGISTRO Y/O INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DEL AGUA(REPDA), del Título de Concesión 06CHI112568/34AMDL11 HASTA SU CULMINACIÓN.". Es aplicable a tal precisión, el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 255, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en Ciudad de México, por conducto del Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, con sede en la Ciudad de México, no obstante que los hayan negado, pues de las manifestaciones que realizan y de las constancias que obran en autos se advierte su existencia. CUARTO. Improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución a razón de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; dicho de otra manera, la actualización de la improcedencia va a determinar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por así establecerlo alguna de las causas que conforman esa institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas en la legislación de la materia, Constitución General de la República y jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expuesto lo anterior, la suscrita estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispositivo legal que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable; es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el particular, como se asentó con antelación, el acto reclamado lo constituye la omisión de dar contestación al artículo 8º. y 17º., Constitucional, a la petición de catorce de julio de dos mil dieciséis, en relación a la solicitud de la Hoja de Ruta CNA-01-021, a la que se asignó el número de expediente CHI-L-1693-14-07-16, PRÓRROGA DE TÍTULOS DE CONCESIÓN ASIGNACIÓN Y/O PERMISOS DE DESCARGA HASTA SU CULMINACIÓN. Ahora, la autoridad responsable mediante oficio BOO.906.00.1.-6397, rindió informe justificado e informó que atendió la petición realizada por la parte quejosa; señaló que dicha autoridad determinó procedente otorgar la prórroga solicitada por el quejoso. A efecto de corroborar lo anterior anexó copia de la resolución de veintitrés de abril de dos mi veinte, firmada por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua; posteriormente el Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en Ciudad de México, por conducto del Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, con sede en la Ciudad de México informó que dicho trámite había quedado debidamente registrado y de nueva cuenta el Director Local, remite la notificación que de lo anterior hizo al ahora peticionario de amparo, esto es el uno de diciembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico debidamente autorizado. Documentales públicas a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2o de la invocada ley. En estas condiciones, si la parte quejosa reclamó la omisión de que la autoridad responsable le diera respuesta a su solicitud, hasta su conclusión; empero, si el veintitrés de abril de dos mil veinte, la autoridad registral determinó procedente dicha petición, luego se llevó a cabo su debida inscripción y su legal notificación; es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jacobo Friessen Hieberth, por su propio derecho, contra actos atribuidos al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, residente en Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Alicia Alejandra Torres Enríquez, Secretaria de su adscripción, con quien actúa, mediante autorización con firmas electrónicas (FIREL). Doy fe. Denice

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el informe justificado de la autoridad responsable Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en Ciudad de México, por conducto del Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica; lo anterior, toda vez que el dieciocho de enero del año en curso, se tuvo por recibido y acordado de conformidad el mismo. Notifíquese.

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