Jocelyn Tonanzin Brambila Vázquez

Expediente 319/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
319/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Jocelyn Tonanzin Brambila Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con residencia en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa que la parte quejosa recibió el cheque que fue puesto a su disposición con motivo del cumplimiento al fallo protector; sin embargo, agréguese sin mayor acuerdo, toda vez que en auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho se tuvo por cumplimentada la sentencia y se envió al archivo el presente expediente 319/2018.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 73 a 75), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de junio de la presente anualidad (foja 76), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 53 a 66), se determinó conceder a Jocelyn Tonanzin Brambila Vázquez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21 fracción XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $8,022.88 (ocho mil veintidós pesos 88/100 moneda nacional), en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO', Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, respecto del instrumento público 17,677 emitido por el Notario Público 28, con sede en Xalisco, Nayarit, que se pagó el quince de febrero de dos mil dieciocho. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 70 a 71). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 75), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órganismo, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que puso a disposición de la parte quejosa un cheque, lo cual fue notificado a la promovente el cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 75), por la cantidad de $7,771.08 (siete mil setecientos setenta y un pesos con ocho centavos moneda nacional), de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $7,771.08 (siete mil setecientos setenta y un pesos con ocho centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 7 y 46), y que se puso a disposición de la quejosa un cheque el treinta de mayo, lo cual le fue notificado el cinco de junio, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes abril de dos mil dieciocho fue de 131.987 y para el mes de enero de dos mil dieciocho fue de 131.508, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.003642363. Al respecto, es oportuno mencionar que el excedente de la aplicación que excede de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) sobre la cantidad de $8,022.08 (ocho mil veintidós pesos con ocho centavos moneda nacional), se obtiene la cantidad de $7,742.88 (siete mil setecientos cuarenta y dos pesos con ochenta y ocho centavos). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $7,742.88 (siete mil setecientos cuarenta y dos pesos con ochenta y ocho centavos) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $7,771.88 (siete mil setecientos setenta y un pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $28.20 (veintiocho pesos con veinte centavos). Del mismo modo, del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante las autoridades responsables a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 1002), se requirió a las dependencias del Gobierno del Estado de Nayarit, a saber, la Dirección de Recursos Humanos; de Nóminas, Dirección y Administración y Desarrollo de Personal; Dirección de pago electrónico, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su debida notificación, informaran el día y hora en que podría acudir el perito Julián Muro Chávez, para que le fuera permitido revisar y analizar todos los elementos relativos a la información con que cuentan las citadas dependencias de Gobierno del Estado de Nayarit, relativas al expediente personal de Carlos Ramón Salazar Bernal como trabajador a fin de encontrarse en condiciones de dar contestación a las manifestaciones realizadas por el quejoso, respecto del dictamen emitido en autos; sin que hasta la fecha, hubieren dado contestación, no obstante de encontrarse debidamente apercibidas y notificadas como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja mil catorce; máxime que se le remitió copia simple del escrito presentado por el perito oficial Julián Muro Chávez, al Director General Jurídico, en su carácter de Representante legal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y de su unidad administrativa, Dirección de Desarrollo Personal, con sede en esta ciudad, tal y como fue solicitado en su oportunidad (fojas 1011 y 1013), el que recibió el seis de junio del año en curso, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento a lo requerido en su oportunidad. En consecuencia, se hace efectivo el aludido apercibimiento indicado en veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 1002 y 1003), al Dirección de Recursos Humanos; de Nóminas, Dirección y Administración y Desarrollo de Personal; Dirección de pago electrónico, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas; no obstante lo anterior, previo a girar el oficio respectivo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el ordinal 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la recepción del oficio de notificación correspondiente, informe el nombre de las personas que al veintiocho de mayo dos mil dieciocho (fecha en que fueron notificadas del citado proveído), desempeñaban el cargo de titulares de las citadas dependencias, así como su domicilio particular (precisando calle, número exterior e interior, colonia, localidad, Entidad Federativa, código postal y municipio) o aquella dirección en la que puedan ser localizados los sancionados y su número de Registro Federal de Contribuyente. Se le apercibe que de ser omiso a lo anterior o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, gírese de nueva cuenta atento oficio a las dependencias antes mencionadas, a efecto de que se le autorice al perito oficial Julián Muro Chávez, el ingreso a sus oficinas y se le otorguen facilidades y permitan todos los elementos necesarios requeridos y que tienen relación con el expediente personal de la parte quejosa Carlos Ramón Salazar Bernal, así como los convenios que fueron firmados por él mismo y toda la información relacionada con su persona quien tiene el número de empleado 15450, debiendo informar a este Juzgado, dentro del plazo de tres días contados a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, el día y hora en que puede acudir el citado perito, para que le sea permitido revisar y analizar dicha información, apercibidos, que de ser omisos a lo solicitado, se les impondrá una multa a cada uno de ellos equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dichas unidades será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis I.13º. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, abril dos mil uno, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías."

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Del mismo modo, del análisis de los documentos aludidos, no se aprecia que la promovente del amparo haya acudido ante las autoridades responsables a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado."

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