Jocelyn Karina Lanuza Zamora y Otros.
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jocelyn Karina Lanuza Zamora y Otros.
- Jocelyn Karina Lanuza Zamora
- Ana Maryuris Zamora Lanuza
- Ana Maryuris Zamora Lanuza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, solicita lo siguiente: 1. Se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], la consulta del presente juicio de amparo. 2. Se le informe el estado procesal del juicio en que se actúa. se tiene recibido el oficio de cuenta; dígase al homólogo oficiante que se ha habilitado el expediente electrónico del presente asunto para su consulta. Asimismo, se informa que el presente asunto se encuentra en archivo, con motivo de haber causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo.
- Principal
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, remite el oficio . Acuerdo. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio y anexos de cuenta, toda vez que por auto de 24 de agosto del año que transcurre se sobreseyó en el juicio de amparo.
- Principal
Escritos. Jocelyn Karina Lanuza Zamora, Ana Maryuri Zamora Lanuza y Lesther Isaac Zamora Ramírez, se desisten del presente juicio de amparo por los motivos que exponen en el escrito de cuenta, el cual fue ratificado ante este Juzgado el 23 de agosto de los corrientes. Acuerdo. Tómese conocimiento de lo manifestado por Jocelyn Karina Lanuza Zamora, Ana Maryuri Zamora Lanuza y Lesther Isaac Zamora Ramírez y téngase por así convenir a sus intereses desistiendo de la demanda de amparo. En tales condiciones, ante el desistimiento manifestado y ratificado por la parte quejosa ante la presencia judicial, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las 10 horas con 40 minutos del 30 de septiembre de 2021.
- Principal
La parte quejosa, por conducto de su representante, realiza lo siguiente: 1. Solicita se ordene la libertad de los quejosos, con base en las razones que expone en el escrito con el que se da cuenta. 2. Solicita se dé vista a la Fiscalía General de la República, en relación con los hechos narrados en el escrito de cuenta. Estado de autos. Con la finalidad de dar respuesta concreta a la pretensión de la parte quejosa y a su vez explicar los motivos que le dan sustento a la decisión que se emite en este acuerdo, es indispensable realizar el análisis de las actuaciones vinculadas con la situación jurídica migratoria aducida por cada una de las partes, de frente al orden legal previsto en la Ley de Migración sobre las personas a disposición de las autoridades migratorias. Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, mediante oficio registrado con el folio 15307, informaron lo siguiente: 1. Al rendir su informe en torno a la suspensión de plano, expusieron que los quejosos se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio que aún no se ha resuelto. 2. Expusieron que no podía llevarse a cabo la liberación de los quejosos porque al haber promovido este juicio de amparo, se actualiza una de las excepciones del plazo de quince días que la autoridad migratoria tiene para resolver la situación del quejoso, específicamente la fracción V del artículo 111 la Ley de Migración, por lo que no podría ordenarse su liberación hasta que este amparo sea resuelto en definitiva. Pues bien, los artículos 111 de la Ley de Migración y 234 de su Reglamento, en que las autoridades responsables se han apoyado para no decretar la orden de salida del quejoso de la estación migratoria en la que se encuentra a su disposición, establecen lo siguiente: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: (.) V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." "Artículo 234. En casos de que el alojamiento exceda los quince días hábiles a que hace referencia en el artículo 111 de la Ley, la autoridad migratoria deberá notificar al alojado, mediante escrito debidamente fundado y motivado, acerca de las causas por las que su estancia en la estación migratoria o estancia provisional podrá exceder este tiempo. Dicha notificación deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente a que venza dicho término. Por lo que hace a la fracción V del artículo 111 de la Ley, la autoridad resolverá la situación migratoria de la persona extranjera, cuando se tenga constancia de que se haya resuelto en definitiva el recurso administrativo o judicial de que se trate y éstos hayan causado estado. Transcurrido el plazo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 111 de la Ley, la autoridad migratoria emitirá el acuerdo que funde y motive las causas por las cuales se debe otorgar a la persona extranjera la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Durante dicho lapso, la persona extranjera deberá comparecer ante la autoridad migratoria cuando se le requiera, a fin de resolver en definitiva su situación migratoria. El plazo del alojamiento en las estancias provisionales no podrá ser superior a lo dispuesto por la Ley y se determinará en las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.". Como se advierte de los preceptos transcritos, el plazo genérico para que la autoridad resuelva la situación migratoria de los extranjeros presentados es de quince días contado a partir de que sea puesto a su disposición, regla general que se encuentra seguida de las siguientes excepciones: 1. Si se está en los supuestos de las fracciones I a IV del numeral 111 de la Ley de Migración, el alojamiento del extranjero no debe exceder de sesenta días hábiles. 2. La fracción V contempla a su vez tres supuestos particulares, a saber: Se haya interpuesto un recurso administrativo en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional. Se haya interpuesto un recurso judicial con el mismo objeto que el inciso anterior. Se haya presentado un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. Es trascendente destacar que ese apartado de la Ley de Migración carece de regulación acerca de cuál es el plazo que debe tener la autoridad para resolver la situación migratoria de las personas que se hayan decidido por ejercer su derecho a impugnar los actos administrativos que les afectan, ya sea a través de un recurso judicial o administrativo, como puede ser por medio de la presentación del juicio de amparo. Si bien el artículo 234 del Reglamento de la Ley de Migración constituye una garantía de las personas en situación de migrante, pues establece que las autoridades deben informarles mediante escrito debidamente fundado y motivado acerca de las causas por las que su estancia en la estación migratoria o estancia provisional podrá exceder del plazo genérico de quince días (previsto en el artículo 111 de la Ley de Migración), lo cierto es que esa porción normativa aún es imperfecta, en la medida en que su segundo párrafo establece que la autoridad resolverá su situación migratoria cuando se tenga constancia de que se haya resuelto en definitiva el recurso administrativo o judicial de que se trate y éstos hayan causado estado. Es decir, se prevé un límite temporal inciertamente definido en los casos en que la persona extranjera haya optado por recurrir a la vía administrativa o judicial y será sólo hasta que haya causado estado la resolución definitiva, cuando la autoridad tendrá que resolver su situación migratoria. Sin embargo, las señaladas disposiciones en materia migratoria no parecen haberse hecho cargo del plazo que necesariamente debe considerarse para resolver la situación legal de quien haya ejercido su derecho a presentar el juicio de amparo. En la medida en que no se prevé cuál es el límite temporal al que debe sujetarse la autoridad para resolver la situación migratoria de una persona extranjera, que haya presentado una demanda de amparo en contra de las autoridades migratorias, este Juzgador Federal considera de momento que existen razones suficientemente necesarias para que no se aplique en perjuicio del quejoso la norma de excepción prevista en el artículo 111 de la Ley de Migración y 234 de su Reglamento, de modo que habrá de sujetar a las autoridades responsables al plazo genérico de quince días para resolver el expediente administrativo, contado a partir de que aquellos fueron puestos a su disposición. Lo anterior dado que existen ya razones suficientes para sospechar sobre la regularidad constitucional de las normas en que se han venido apoyando las autoridades responsables para no decretar la orden de salida en favor de los quejosos, por carecer de consistencia en torno al plazo que debería estar expresamente considerado en la Ley de Migración o en su norma reglamentaria, para satisfacer el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrado en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal. De modo que las consecuencias generadas por los actos reclamados podrían causarle daños de imposible reparación que, al consumarse de momento a momento, ya no sería físicamente posible restituirlo en el goce de los derechos que le han sido afectados, ni aún en el caso de que en la sentencia se le otorgara la protección constitucional, por consiguiente, con fundamento en los artículos 126, 158 y 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para el efecto de que cese el alojamiento de Jocelyn Karina Lanuza Zamora, Ana Maryuris Zamora Lanuza Y Lesther Zamora Ramírez, en la estación migratoria o lugar en el que se encuentren y sean puestas inmediatamente en libertad. Apercíbase a las autoridades responsables que el incumplimiento a la presente determinación, la cual se dicta en el marco de la suspensión de plano otorgada inicialmente en favor de la parte quejosa, se les impondrá la sanción prevista en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;" En el entendido de que previo a ser puestos en libertad, la parte quejosa deberá satisfacer los supuestos para que tal medida cautelar siga surtiendo sus efectos, esto es: a. Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausente sin autorización. b. Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c. Presentarse ante la autoridad migratoria a firmar cada ocho días, obligación a la que deberá ajustarse a partir del día siguiente en que obtenga su libertad, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar su primera firma. Comisión al actuario judicial. Se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que, sin demora alguna, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en la calle Cuba 101, Josefa Zozoya (Zozayita), en Guadalupe, Nuevo León; Le notifique el presente acuerdo, haciendo constar la hora en que se realizó; y Permanezca en las instalaciones de esa estación migratoria hasta en tanto las quejosas Jocelyn Karina Lanuza Zamora, Ana Maryuris Zamora Lanuza Y Lesther Zamora Ramírez cumplan con los requisitos de efectividad de la medida cautelar y sean puestos en libertad. Además, deberá hacer constar la hora en que se materialice la libertad, a efecto de este juzgador pueda establecer si se cumplió de manera inmediata o no, y en su caso, emitir la determinación que corresponda. Finalmente, en virtud de los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos; requiérase a las autoridades migratorias para que informen a este juzgado federal con las constancias idóneas, si la parte quejosa ha cumplido con estampar su rúbrica ante ella en el periodo señalado [cada ocho días]. Requisitos, los señalados en los incisos a) y b), que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Se estima pertinente señalar que, la suspensión concedida no implica que la parte agraviada pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. La suspensión de plano decretada en el expediente, tiene los efectos siguientes: 1. Únicamente impide que el quejoso no sea deportado, hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. 2. Cese de inmediato el aducido estado de incomunicación, así como cualquier acto que genere tortura psicológica en perjuicio de la parte quejosa. 3. La inmediata libertad de la parte quejosa, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Migración.
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