Jocelyn Gudalupe Campos Fernandez

Expediente 653/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
653/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Jocelyn Gudalupe Campos Fernandez
  • La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Hágase saber a la parte quejosa, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que presentó, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 20/2021, respecto de su vigencia, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Hágase saber a la parte quejosa, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que presentó, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 20/2021, respecto de su vigencia, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo de fecha dicisiete de enero de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J-III-535/2022 signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en ausencia del Presidente, con sede en esta ciudad; por medio del cual, cumple con el requerimiento dado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas de cinco de octubre de dos mil veintiuno y la audiencia de reinstalación de la trabajadora -aquí quejosa- a su fuente laboral de seis de diciembre de dos mil veintiuno, documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, mismas que se admiten y desahogas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por ***, señalando como acto reclamado: "La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que Ley Federal del Trabajo, puesto que da tramite al juicio ordinario laboral número 3D-479/2021, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando con dilación y excesiva demora en perjuicio de la quejosa, constituyendo los actos reclamados Primer Acto Reclamado las demandadas comparecientes precisamente "GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.," le ofrece la reinstalación a la trabajadora actora por lo que esta parte con facultades conferidas en el poder que obra en autos además de robustecida mediante una llamada telefónica que se le realizó a la actora en ese momento para informarle que le ofrecían la reinstalación en el empleo y preguntarle que si era su deseo reincorporarse a trabajar la cual manifiesta que si acepta el ofrecimiento de trabajo por la necesidad trabaja pues se encuentra desempleada por lo que no genera ingresos para sobrevivir por lo que esta parte en su nombre y representación acepta la reinstalación, a lo que la responsable al momento de acordar sobre la aceptación del trabajo señala fecha hasta el día 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A LAS 10:00 HORAS, es decir la trabajadora tiene que esperar 159 DÍAS para poder ser reinstalada en su empleo, cuando la responsable debió señalar fecha dentro de los 3 tres días siguientes de acuerdo el Artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que a todas luces la responsable viola en perjuicio de la quejosa el derecho de sobrevivencia, mientras la quejosa, no tiene otros ingresos del cual pueda subsistir; el Segundo Acto Reclamado, la responsable sigue violando de manera reiterada en perjuicio de la quejosa sus derechos, pues al acordar la fecha para el Ofrecimiento y Admisión de Pruebas la señala hasta el día 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A LAS 09:00 HORAS; es decir la quejosa tiene que esperar 97 DÍAS, para poder continuar con el desahogo del procedimiento, cuando la responsable debió señalarla a los 10 DÍAS SIGUIENTES- puesto que la autoridad señalada como responsable no se ha apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecido en su artículo 878 fracción VIII Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. Además de violarle a la quejosa el derecho de que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartida en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Ahora bien, de autos se obtiene que la parte quejosa reclama por esta vía Constitucional de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: - Señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de la aquí quejosa, esto es, para las nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 3D-479/2021, sin respetar los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. - Señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de reinstalación de la aquí quejosa, esto es, para el diez horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen, sin respetar los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro 173858, cuyo epígrafe y contenido son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en el caso concreto, de las constancias que remitió la autoridad responsable en su informe justificado y las que remite en el oficio de cuenta, consistentes en copia certificada del auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas de cinco de octubre de dos mil veintiuno y la audiencia de reinstalación de la trabajadora -aquí quejosa- a su fuente laboral de seis de diciembre de dos mil veintiuno, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Así, de dichas actuaciones, se desprende que por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 3D-479/2021, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; se señaló fecha y hora hasta el cinco de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; y, además se fijó fecha y hora hasta el seis de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de reinstalación de la aquí quejosa, a su fuente de trabajo. De igual forma se advierte de las mismas, que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se desahogó en su totalidad la audiencia de celebración de ofrecimiento y admisión de pruebas y el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó acabo la diligencia de reinstalación, quedando reinstalada la aquí quejosa a su fuente laboral; de ahí que, este Juzgado Federal considera que aun y cuando subsista el auto de treinta de junio dos mil veintiuno, a través del cual se fijó de forma lejana las nueve horas del cinco de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; y, las diez horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de reinstalación de la aquí quejosa, a su fuente de trabajo, ésta no llegará a afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que al día de hoy -como se advierte de las constancias que remite la responsable en el oficio de cuenta-; se han desahogado las citadas audiencias en el juicio laboral 3D-479/2021. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto del mismo, esto es, al haberse desahogado las audiencias de referencia de las que se reclamó la fijación lejana para su desahogo. En ese contexto, resulta incuestionable que el objeto sobre el cual los actos reclamados deben surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que los actos que por esta vía se reclaman lesionen a la quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Por lo que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Como apoyo se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J-III-535/2022 signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en ausencia del Presidente, con sede en esta ciudad; por medio del cual, cumple con el requerimiento dado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas de cinco de octubre de dos mil veintiuno y la audiencia de reinstalación de la trabajadora -aquí quejosa- a su fuente laboral de seis de diciembre de dos mil veintiuno, documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, mismas que se admiten y desahogas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por ***, señalando como acto reclamado: "La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que Ley Federal del Trabajo, puesto que da tramite al juicio ordinario laboral número 3D-479/2021, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando con dilación y excesiva demora en perjuicio de la quejosa, constituyendo los actos reclamados Primer Acto Reclamado las demandadas comparecientes precisamente "GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.," le ofrece la reinstalación a la trabajadora actora por lo que esta parte con facultades conferidas en el poder que obra en autos además de robustecida mediante una llamada telefónica que se le realizó a la actora en ese momento para informarle que le ofrecían la reinstalación en el empleo y preguntarle que si era su deseo reincorporarse a trabajar la cual manifiesta que si acepta el ofrecimiento de trabajo por la necesidad trabaja pues se encuentra desempleada por lo que no genera ingresos para sobrevivir por lo que esta parte en su nombre y representación acepta la reinstalación, a lo que la responsable al momento de acordar sobre la aceptación del trabajo señala fecha hasta el día 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A LAS 10:00 HORAS, es decir la trabajadora tiene que esperar 159 DÍAS para poder ser reinstalada en su empleo, cuando la responsable debió señalar fecha dentro de los 3 tres días siguientes de acuerdo el Artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que a todas luces la responsable viola en perjuicio de la quejosa el derecho de sobrevivencia, mientras la quejosa, no tiene otros ingresos del cual pueda subsistir; el Segundo Acto Reclamado, la responsable sigue violando de manera reiterada en perjuicio de la quejosa sus derechos, pues al acordar la fecha para el Ofrecimiento y Admisión de Pruebas la señala hasta el día 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A LAS 09:00 HORAS; es decir la quejosa tiene que esperar 97 DÍAS, para poder continuar con el desahogo del procedimiento, cuando la responsable debió señalarla a los 10 DÍAS SIGUIENTES- puesto que la autoridad señalada como responsable no se ha apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecido en su artículo 878 fracción VIII Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. Además de violarle a la quejosa el derecho de que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartida en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Ahora bien, de autos se obtiene que la parte quejosa reclama por esta vía Constitucional de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: - Señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de la aquí quejosa, esto es, para las nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 3D-479/2021, sin respetar los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. - Señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de reinstalación de la aquí quejosa, esto es, para el diez horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen, sin respetar los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro 173858, cuyo epígrafe y contenido son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en el caso concreto, de las constancias que remitió la autoridad responsable en su informe justificado y las que remite en el oficio de cuenta, consistentes en copia certificada del auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas de cinco de octubre de dos mil veintiuno y la audiencia de reinstalación de la trabajadora -aquí quejosa- a su fuente laboral de seis de diciembre de dos mil veintiuno, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Así, de dichas actuaciones, se desprende que por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 3D-479/2021, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; se señaló fecha y hora hasta el cinco de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; y, además se fijó fecha y hora hasta el seis de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de reinstalación de la aquí quejosa, a su fuente de trabajo. De igual forma se advierte de las mismas, que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se desahogó en su totalidad la audiencia de celebración de ofrecimiento y admisión de pruebas y el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó acabo la diligencia de reinstalación, quedando reinstalada la aquí quejosa a su fuente laboral; de ahí que, este Juzgado Federal considera que aun y cuando subsista el auto de treinta de junio dos mil veintiuno, a través del cual se fijó de forma lejana las nueve horas del cinco de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; y, las diez horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de reinstalación de la aquí quejosa, a su fuente de trabajo, ésta no llegará a afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que al día de hoy -como se advierte de las constancias que remite la responsable en el oficio de cuenta-; se han desahogado las citadas audiencias en el juicio laboral 3D-479/2021. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto del mismo, esto es, al haberse desahogado las audiencias de referencia de las que se reclamó la fijación lejana para su desahogo. En ese contexto, resulta incuestionable que el objeto sobre el cual los actos reclamados deben surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que los actos que por esta vía se reclaman lesionen a la quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Por lo que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Como apoyo se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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