Jocelyn Gonzalez Escobar
Expediente 1422/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jocelyn Gonzalez Escobar
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda de cuenta promovida por ..., por propio derecho, se ordena registrarla bajo el número 1422/2019-III. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El oficio... de diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, por medio del cual se niega la petición de la parte quejosa de renovar y/o ratificar el contrato de comodato celebrado entre ésta y el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en Alcatraces Número Uno, Ecatepec de Morelos, Estado de México, y por tanto, se le requiere su desocupación. DESECHAMIENTO Ahora bien, quien resuelve considera que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, particularmente la contemplada en la fracción XX del arábigo 61 de la normatividad de la materia, toda vez que existe un medio de defensa a través del cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado. El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, indican: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." Los citados numerales establecen la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad contra actos dictados por autoridades administrativas o fiscales, ya sean del Poder Ejecutivo del Estado de México, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal. Ahora, previo a la promoción del juicio de amparo contra el oficio DJC/C/03800/2019 de diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, por medio del cual se niega la petición de la parte quejosa de renovar y/o ratificar el contrato de comodato celebrado entre ésta y el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en Alcatraces Número Uno, Ecatepec de Morelos, Estado de México, y por tanto, se le requiere su desocupación, la quejosa debió combatirlo mediante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, fracción II, 230 y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Es.." En efecto, el juicio contencioso previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, máxime que dicho ordenamiento no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas legislaciones se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Sobre esa línea se ha pronunciado el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), de contenido: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL..." En adición a lo expuesto, cabe resaltar que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues en la especie no se acreditan los siguientes supuestos: a. Que la parte quejosa ostente el carácter de tercera extraña, porque la quejosa fue quien realizó las solicitudes de renovación y/o ratificación del contrato de comodato con el Ayuntamiento del Municipio de Ecatepec. b. Que el acto reclamado carezca de fundamentación, toda vez que de la simple lectura a la referida misiva se advierte que se se citaron los preceptos constitucionales, legales, reglamentarios y estatutarios que otorgan competencia material y territorial a la autoridad responsable. c. Que exista violación directa a la Constitución, ello es así, ya que aun cuando la parte quejosa aduzca que se violentaron en su perjuicio los artículos 3, 14 y 16 de la Constitución, no basta esa sola circunstancia para exonerarla de agotar el principio de definitividad, ya que de otra manera quedaría al arbitrio de la gobernada y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo, máxime que las violaciones que alega pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. d. Que la ley por la cual se pueda nulificar el acto reclamado exija mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo que los previstos en la Ley de Amparo. e. El acto reclamado no es del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. f. Tampoco se reclama inconstitucionalidad de alguna ley. Lo anterior permite concluir que antes de acudir a la presente vía la accionante del amparo debió agotar el juicio ordinario ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta entidad federativa, por lo que de no hacerlo así inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL...." Además, de considerarse que el acto impugnado provoca consecuencias de imposible reparación, esa sola circunstancia no exime al impetrante de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente. Respalda lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN...." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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