Jocelyn Arleth Rodarte Orozco

Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Jocelyn Arleth Rodarte Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de noviembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************por tanto, se declara que el mismo causa estado.********************Ahora bien, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido.********************En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el capítulo 8, apartado 8.1.2, numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y no tiene relevancia documental.********************Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida, por Jocelyn Arleth Rodarte Orozco, por propio derecho, contra actos de la Magistrada y del Secretario de Acuerdos, ambos de la Sala Familiar Regional y Juez Séptimo Familiar por Audiencias, todos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro electrónico de registro de juicios de amparo con el consecutivo 1126/2022-V. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, de la Ley de Amparo, lo anterior es así, porque al final del escrito de la demanda de cuenta, se presume que la firma que obra, corresponde a la del licenciado Miguel Ángel García Chico y no de la promovente Jocelyn Arleth Rodarte Orozco, de ahí que sea válido presumir que no se exhibió debidamente firmada, como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Común, Décima Época, página 3632, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". En consecuencia, la demanda de amparo debe desecharse por notoria e indudable improcedencia, como se expondrá a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, de la Ley de Amparo antes invocados establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley." "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". En ese orden de ideas, el último precepto legal invocado revela que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la norma general o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley, por lo que, todo escrito presentado dentro de un procedimiento judicial debe ser debidamente firmado por su autor o autores, especialmente si se trata del escrito de demanda, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe parte agraviada y la demanda resultaría improcedente. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Bajo ese contexto, debe decirse que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de garantías, no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse correctamente firmada, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza, para poder darle el trámite respectivo. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda, se tiene en el preámbulo como en el apartado primero, la persona que se presenta como quejosa es Jocelyn Arleth Rodarte Orozco y al final del escrito obra la leyenda: (.) "PROTESTO LO NECESARIO Cd. Juárez, Chih., 24 de Noviembre del 2022 Rúbrica ilegible LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA CHICO.". Lo que conlleva a presumir que la firma que obra ahí pertenece al licenciado Miguel Ángel García Chico y no a la de la promovente Jocelyn Arleth Rodarte Orozco, de ahí que sea válido señalar que no se exhibió debidamente firmada; por tanto, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en el juicio de derechos fundamentales; además, es de indicarse que esta circunstancia es una formalidad indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Esto es, la firma autógrafa original es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa con lo expresado en el escrito; es decir, la falta de firma autógrafa al final de la demanda equivale a la ausencia de la manifestación de la voluntad pues no existe certeza respecto de quien intenta la acción solicitada, por lo cual, se trata de un acto que carece de voluntad expresa y que sea cierta. Aunado, que no se hace manifestación alguna sobre apoderado legal, ni se exhibe documento idóneo que así lo demuestre. Por tanto, si en dicho escrito no obra la firma de la promovente, por ende, no se encuentra exteriorizada la voluntad de la parte en la totalidad de la demanda, por lo que, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en razón de haberse actualizado de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto es pertinente citar la tesis VI.2o. 692 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 435, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes.". Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Alforfón 9917, colonia Infonavit Juárez Nuevo, de esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel García Chico, toda vez que se encontró su cédula en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; así como únicamente para recibir notificaciones María del Refugio Hernández Santana y Dominga Hernández Cisneros, por así haberlo solicitado. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

  3. Principal

    CCiudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida, por Jocelyn Arleth Rodarte Orozco, por propio derecho, contra actos de la Magistrada y del Secretario de Acuerdos, ambos de la Sala Familiar Regional y Juez Séptimo Familiar por Audiencias, todos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro electrónico de registro de juicios de amparo con el consecutivo 1126/2022-V. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, de la Ley de Amparo, lo anterior es así, porque al final del escrito de la demanda de cuenta, se presume que la firma que obra, corresponde a la del licenciado Miguel Ángel García Chico y no de la promovente Jocelyn Arleth Rodarte Orozco, de ahí que sea válido presumir que no se exhibió debidamente firmada, como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Común, Décima Época, página 3632, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". En consecuencia, la demanda de amparo debe desecharse por notoria e indudable improcedencia, como se expondrá a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, de la Ley de Amparo antes invocados establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley." "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". En ese orden de ideas, el último precepto legal invocado revela que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la norma general o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley, por lo que, todo escrito presentado dentro de un procedimiento judicial debe ser debidamente firmado por su autor o autores, especialmente si se trata del escrito de demanda, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe parte agraviada y la demanda resultaría improcedente. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Bajo ese contexto, debe decirse que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de garantías, no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse correctamente firmada, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza, para poder darle el trámite respectivo. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda, se tiene en el preámbulo como en el apartado primero, la persona que se presenta como quejosa es Jocelyn Arleth Rodarte Orozco y al final del escrito obra la leyenda: (.) "PROTESTO LO NECESARIO Cd. Juárez, Chih., 24 de Noviembre del 2022 Rúbrica ilegible LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA CHICO.". Lo que conlleva a presumir que la firma que obra ahí pertenece al licenciado Miguel Ángel García Chico y no a la de la promovente Jocelyn Arleth Rodarte Orozco, de ahí que sea válido señalar que no se exhibió debidamente firmada; por tanto, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en el juicio de derechos fundamentales; además, es de indicarse que esta circunstancia es una formalidad indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Esto es, la firma autógrafa original es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa con lo expresado en el escrito; es decir, la falta de firma autógrafa al final de la demanda equivale a la ausencia de la manifestación de la voluntad pues no existe certeza respecto de quien intenta la acción solicitada, por lo cual, se trata de un acto que carece de voluntad expresa y que sea cierta. Aunado, que no se hace manifestación alguna sobre apoderado legal, ni se exhibe documento idóneo que así lo demuestre. Por tanto, si en dicho escrito no obra la firma de la promovente, por ende, no se encuentra exteriorizada la voluntad de la parte en la totalidad de la demanda, por lo que, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en razón de haberse actualizado de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto es pertinente citar la tesis VI.2o. 692 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 435, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes.". De igual forma se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 210, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías". Asimismo, ilustra la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 213, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Finalmente apoya lo expuesto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Sexta Parte, página 96, de rubro y texto siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Alforfón 9917, colonia Infonavit Juárez Nuevo, de esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel García Chico, toda vez que se encontró su cédula en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; así como únicamente para recibir notificaciones María del Refugio Hernández Santana y Dominga Hernández Cisneros, por así haberlo solicitado. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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