Jocelin Estefanía Santiago Cerón

Expediente 157/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
157/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Jocelin Estefanía Santiago Cerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 7/4/2021, QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer resolutivo se sobreseyó el presente juicio de amparo y en el segundo la justicia de la Unión no amparó ni protegió a ----------, por propio derecho y como propietaria del consultorio "Orto Clinic", HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas, glósese únicamente el original del incidente de suspensión y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, artículos 18, fracción II, inciso b); 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y. EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" Por tanto, se ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó, y por otra, la justicia de la unión no amparó ni protegió a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto que, por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, AMBOS CUADERNOS INCIDENTALES SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el referido artículo 21 del señalado Acuerdo General, se dejan a disposición de la quejosa los documentos que en original o en copia certificada exhibió durante la tramitación de este juicio; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Finalmente, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer resolutivo se sobreseyó el presente juicio de amparo y en el segundo la justicia de la Unión no amparó ni protegió a ----------, por propio derecho y como propietaria del consultorio "Orto Clinic", HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas, glósese únicamente el original del incidente de suspensión y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, artículos 18, fracción II, inciso b); 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y. EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" Por tanto, se ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó, y por otra, la justicia de la unión no amparó ni protegió a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto que, por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, AMBOS CUADERNOS INCIDENTALES SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el referido artículo 21 del señalado Acuerdo General, se dejan a disposición de la quejosa los documentos que en original o en copia certificada exhibió durante la tramitación de este juicio; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Finalmente, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 157/2020-VII, promovido por -------------, por propio derecho y como propietaria del consultorio "Orto Clinic" contra actos del Gobernador del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado Federal, el mismo día, -------------, por propio derecho y como propietaria del consultorio "Orto Clinic", solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por la autoridad y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Autoridades Ordenadoras: 1. Gobernador del Estado de México, domicilio conocido. 2. Legislatura o Congreso Legislativo del Estado de México, domicilio conocido. 3. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y Dirección Ejecutiva de supervisión y vigilancia sanitaria. Autoridades Ejecutoras: 4. MTRO. RICARDO CARDENAS OROZCO, Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, domicilio conocido, 5. DAMARIS MARLEN FLORES BUSTAMANTE, y/o Inspector, notificador y ejecutor adscrito a la Comisión de Operación Sanitaria. 6. DR. ALEJANDRO NIETO RODRÍGUEZ, Comisionado de Operación Sanitaria. ACTOS RECLAMADOS. De la(s) autoridad(es) ordenadora: 1. Del Gobernador y de la Legislatura, se reclama; la iniciativa, discusión, aprobación, autorización y expedición en el ámbito de sus atribuciones y competencias de artículo 82 del Código de Procedimientos Administrativos vigente para el Estado de México, cuyo texto literal expone: Artículo 82.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran. A criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal o a petición de parte, se levantarán planos o se sacarán imágenes del lugar o bienes inspeccionados, que se agregarán al acta, para tos efectos legales que procedan. De la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se reclama, la autorización en el ámbito de sus facultades y atribuciones del MANDATO VERBAL Y/O ESCRITO DE LA ORDEN DE VERIFICACION SANITARIA de fecha 22 de enero del 2020 y ACTA DE VERIFICACION, esta última identificada con número; 20-AF-3315-00180-CD de fecha 23 de enero de 2020. De la MTRO. RICARDO CARDENAS OROZCO, se reclama, la autorización en el ámbito de sus facultades, atribuciones, la autorización, elaboración, firma y emisión de la Orden de Visita, ORDEN DE VERIFICACION SANITARIA de fecha 22 de enero del 2020 y ACTA DE VERIFICACION, esta última identificada con número; 20-AF-3315-00180-CD de fecha 23 de enero de 2020. De la(s) autoridad(es) ejecutora(s): 1. Del Comisionado de Operación Sanitaria, se reclama; la elaboración, firma, autorización y expedición en el ámbito de sus competencias y facultades de la ORDEN DE VERIFICACION SANITARIA de fecha 22 de enero del 2020 y ACTA DE VERIFICACION, esta última identificada con Número de Orden 20-AF 3315-00180-CD de fecha 23 de enero de 2020. 2. De los inspectores, notificadores y/o ejecutores, se reclama; la elaboración, firma, autorización, de la visita de verificación sanitaria de fecha 23 de Enero de 2020, identificada como Número de Orden 20-AF-3315-00180-CD, así como el procedimiento de ejecución "suspensión temporal, total De trabajos o servicios" así como los sellos Numero (s) 762, con folio de autorización 20MSF00008 los sellos Numero(s) 5060, con folio de autorización 20MSF00009A. 3. De igual forma, se reclama del Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, la falta y/o insuficiencia de fundamentación y motivación de la orden de visita domiciliaria, también conocidas como visita de inspección o verificación sanitaria, en los términos de los últimos párrafos de los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, al resultar la orden de visita en actos materialmente administrativos, y una vez, que la autoridad los complemente solicito se me conceda mi derecho para AMPLIAR LA DEMANDA DE AMPARO, corriéndome traslado del informe justificado y de sus anexos. 4. De resultar ilegal o inconstitucional los actos combatidos, y por ser producto de actos viciados desde su origen, es que solicito se DEJE SIN EFECTOS, la orden y visita de verificación sanitaria de Visita de Verificación y el procedimiento de ejecución ''suspensión temporal, tota! de trabajos o servicios" identificada con el número de ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA No. 20- AF-3315-00180-CD; y así como de los sellos Numero (s) 762, con folio de autorización 20MSF00008 y los sellos Numero(s) 5060, con folio de autorización 20MSF00009A." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los artículos 1, 4, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Previo desahogo de prevención en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, misma que se había registrado con el número 157/2020-VII, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la quejosa ampliando la demanda de amparo y señaló como nueva autoridad responsable al Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitario, de quien reclamó el oficio número COS/DEDS/20-AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, por virtud del cual ratificó la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal de trabajos y servicios del establecimiento de la quejosa, y a su vez se ordenó la remisión del expediente al área de resoluciones y sanciones. Finalmente, una vez que fue substanciado el juicio de amparo y previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción XII, Constitucionales; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, el cual se reformó mediante el Acuerdo General 53/2018 del propio Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada. Ello, tomando en consideración que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es: Del Presidente de la Diputación Permanente de la "LX" Legislatura del Estado de México y del Gobernador Constitucional del Estado de México: La iniciativa, discusión, aprobación, autorización y expedición en el ámbito de sus atribuciones y competencias del artículo 82, del Código de Procedimientos Administrativos vigente para el Estado de México. Del Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, Verificadora Sanitaria Damaris Marlen Flores Bustamante, Comisionado de Operación Sanitaria todos adscritos a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: La orden de verificación sanitaria de fecha veintidós de enero de dos mil veinte y acta de verificación, esta última identificada con número 20-AF-3315-00180-CD, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte. El procedimiento de ejecución "suspensión temporal, total de trabajos o servicios", así como, la colocación de los sellos Número (s) 762, con folio de autorización 20MSF00008 y los sellos Numero (s) 5060 con folio de autorización 20MSF00009A. Del Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitario. El oficio número COS/DEDS/20-AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, por virtud del cual ratificó la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal de trabajos y servicios del establecimiento de la quejosa, y a su vez se ordenó la remisión del expediente al área de resoluciones y sanciones. TERCERO. Las autoridades responsables que enseguida se precisan, al momento de rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, Comisionado de Operación Sanitaria adscrito a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que la quejosa probará lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con los informes justificados, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables. Por tanto, si los actos reclamados son hechos positivos, era obligación de la peticionaria probarlo, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia que comprobar. En consecuencia, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer en este juicio respecto de los actos precisados en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia por identidad de razón, con número de registro 214416, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Noviembre de 1993, Octava Época, Página 365, e rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Presidente de la Diputación Permanente de la "LX" Legislatura del Estado de México. 2. Gobernador Constitucional del Estado de México. 3. Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria adscrito a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 4. Verificadora Sanitaria Damaris Marlen Flores Bustamante, adscrita a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 5. Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Pues así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe con justificación, por lo que se tiene plenamente probada su existencia, en el ámbito de competencia que cada uno tiene. Asimismo, las afirmaciones hechas por las autoridades legislativas se sostienen considerando que la existencia de los actos de naturaleza legislativa no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos públicos y notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por similitud de razón, con la tesis V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Además, dicha certeza también se corrobora con las copias certificadas del expediente administrativo abierto con motivo de la orden de verificación sanitaria número 20-AF-3315- 00180-CD, que remitieron como complemento de su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°. QUINTO. Improcedencia del juicio. Causal de improcedencia fundada. Previo al estudio de fondo del juicio de amparo, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes; o que de oficio advierta este Juzgado Federal, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, conforme al artículo 625 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado a las autoridades legislativas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo 6, de donde se advierten las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que ésta haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que la norma materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo indirecto una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Así, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su segunda hipótesis normativa, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas heteroaplicativas cuando no se acredite el primer acto de aplicación. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 4/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, página 103, cuyo tenor es el siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". Así, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone la parte agraviada para ejercer la acción constitucional. De lo precisado, se desprende que lo que permite efectuar la distinción de las normas para efectos de su impugnación, es el concepto de individualización, ya que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o condicionada. Así, cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: 1. Son consustanciales a la disposición legal desde que entran en vigor. 2. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. 3. Nacen con ella misma. 4. No se requiere de la actualización de alguna condición. 5 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". 6 Los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.] En el otro supuesto, de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: 1. Requieren la realización de algún acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser de la autoridad o del particular, para situarlo en la hipótesis legal (condición). 2. No surgen de manera automática con la sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. 3. Se hallan sometidos a la realización o aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Página: 5 de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". De los artículos ya citados, disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa, es decir, aquellos que no producen una afectación real y actual en su esfera normativa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación ante el ordenamiento legal. Ahora bien, una interpretación realizada en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado por la norma jurídica, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga a la persona que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que el derecho protegido por la ley, no le sea violado o para que le sea reparado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Página: 225 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.", estableció que para la procedencia del juicio constitucional, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio real y actual a la persona física o moral que se estime afectada; además, indicó que tales transgresiones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto que se combate es lo que determina tal agravio, sin que pueda hablarse entonces de perjuicio, cuando los daños que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De lo anterior, se desprende la existencia del denominado principio de agravio personal y directo que rige el juicio de amparo, el cual establece que la persona que solicite la protección constitucional tiene que haber resentido una afectación real y actual en su esfera jurídica, derivada del acto que reclama, lo cual significa, que dicho perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por un ordenamiento legal objetivo, mismo que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar que los efectos de esa afectación cesen y así restituirle en el goce de sus prerrogativas fundamentales vulneradas. En sentido inverso, los preceptos legales de referencia, indican que cuando el juicio se promueve por quien no sufre una afectación directa, real y actual, el procedimiento se torna improcedente, por no existir un agravio en la esfera jurídica de quien insta la acción constitucional. Por tanto, resulta imprescindible que la parte quejosa acredite fehacientemente que el acto de autoridad que reclama vulnera de forma real, actual o inminente, algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, para tener por acreditado el interés jurídico suficiente para accionar el juicio amparo, pues el procedimiento constitucional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, se encuentra únicamente reservado a quien resiente ese tipo de perjuicio con motivo de un acto de autoridad, con la finalidad de ser restituido en el pleno goce de su prerrogativa infringida. En ese sentido, el artículo 82 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que en concreto se impugna, establece: "Artículo 82.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran. A criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal o a petición de parte, se levantarán planos o se sacarán imágenes del lugar o bienes inspeccionados, que se agregarán al acta, para los efectos legales que procedan." La ley reclamada tiene por objeto establecer los lineamientos relativos a la diligencia de inspección. De esa manera, se llega a la conclusión que los preceptos legales que integran la legislación reclamada son de naturaleza heteroaplicativa, pues a fin de que puedan alterar la esfera jurídica del gobernado, es necesario que se apliquen mediante un acto posterior (individualización condicionada). Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que no existe acto de aplicación en relación al artículo que la parte quejosa combate, esto es, de las documentales anteriores, cuyo valor y alcance probatorio ya se determinó en el considerando cuarto de esta sentencia, en especial del expediente administrativo abierto con motivo de la orden de verificación sanitaria número 20-AF-3315-00180-CD, no se evidencia que el numeral en comento se haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa, dentro de ese procedimiento. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página: 229 de contenido: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés.". En consecuencia, el numeral que se tacha de inconstitucional no le fue aplicado, y por tanto, no le causa un agravio real, actual y directo, para considerar la procedencia de este juicio de amparo. Por ende, al estar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, acorde a lo previsto en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Causales de improcedencia infundadas Ahora bien, la totalidad de autoridades dependientes de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, señalaron que los actos reclamados son actos intraprocesales que forman parte de un procedimiento que se sigue en forma de juicio, por lo tanto, no ponen fin a un procedimiento, una instancia o resuelven un expediente, por lo que no constituyen una resolución definitiva. La causa de improcedencia es infundada, por los motivos que se indican a continuación. En principio debe señalarse que las responsables indican que la causa de improcedencia es la derivada del artículo 61, fracciones X y XX, de la Ley de Amparo; sin embargo, su causa de pedir se identifica con la diversa causa contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual ésta será la que sea analizada. Así, se transcribe el contenido de los dispositivos legales en cita, que son del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . III.- Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Del análisis sistemático de los artículos transcritos es dable concluir que, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, o bien, trascendieran al resultado del fallo, con excepción de aquellos actos que sean de imposible reparación. Ciertamente, aquí conviene indicar que de la lectura del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, se desprende una hipótesis abierta de improcedencia, que remite a aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna otra disposición de la misma de la Constitución Federal, de los Tratados Internacionales, o de la Ley de Amparo, ya sea porque se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia expresamente previstas, o bien, porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de garantías. En lo tocante al segundo precepto legal citado, donde se establece que el juicio de amparo es procedente contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, indicándose como hipótesis de procedencia que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo podrá promoverse únicamente contra la resolución definitiva que en el mismo se dicte, o bien, contra actos dentro del juicio que afecten derechos sustantivos. Destacándose así, que la Ley de Amparo prevé que en tratándose de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual deben reclamarse tanto violaciones de fondo, como del procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Por tanto, al establecer el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiéndose aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, también en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Desde esta perspectiva, se toma en cuenta que el acto reclamado en estudio lo constituye la práctica de la visita de verificación identificada con número 20-AF-3315-00180- CD, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, donde se aplicaron medidas de aseguramiento preventivo y suspensión de actividades en el establecimiento de la quejosa. En consecuencia, como primera conclusión se tiene que en la especie nos encontramos ante un procedimiento seguido en forma de juicio que, en su momento, culminará con la resolución definitiva que resuelva ese procedimiento de verificación sanitaria y será sólo contra ésta que pueda válidamente intentar la quejosa el medio de defensa legalmente previsto y en su caso y momento, el juicio de amparo en la vía indirecta. Las consideraciones antes vertidas encuentran apoyo, por analogía, en el criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Novena Época, con número de registro: 184435, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página: 196, cuya transcripción es la siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." En atención a lo anteriormente vertido, se puede concluir que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento y como excepción, procede el amparo, aun cuando no se haya dictado la resolución que ponga fin al procedimiento cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación. En este punto, se debe entender como actos cuya ejecución es de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Se cita en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Octava Época, con número de registro: 205651, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, Página: 11, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En la jurisprudencia anterior se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por lo que, en estos casos puede acudirse al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo. Todo lo anterior, deriva de la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 107, fracción III, incisos a) y b) de la Constitución Federal; 107, fracción III, 170 y 171, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable e ilustrativa, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Octava Época con número de registro: 207332, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989., Página: 280, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Sobre esta base y tomando en consideración que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituye la práctica de la orden de verificación sanitaria de fecha veintidós de enero de dos mil veinte y acta de verificación, esta última identificada con número 20-AF 3315-00180-CD, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, donde se aplicó a la moral quejosa una medida de seguridad sanitaria, consistente en "suspensión temporal, total de trabajos o servicios" y el aseguramiento de diversos medicamentos. Esto es, lo constituye la suspensión total temporal de la actividad de la impetrante, así como el aseguramiento de diversos productos de su propiedad. Entonces, es de concluirse que se trata de actos de imposible reparación; ello porque se afectan los derechos sustantivos de la peticionaria como lo es que se suspenda parcialmente la actividad comercial que realiza, con las implicaciones que tiene sobre su patrimonio, esto aunado a que esa privación no es susceptible de repararse aún y cuando se obtenga una sentencia favorable, precisamente porque no se podrá devolver al quejoso los productos que dejo de producir, ni el numerario que dejo de percibir por tal actividad. Además, aun cuando la órdenes de visita del procedimiento administrativo de verificación sanitaria no constituyen la última resolución, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a) y b), ambos de la Ley de Amparo, porque las órdenes de visita domiciliaria constituyen un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo, como ya se dijo, puede infringir de manera continua derechos fundamentales del visitado durante su práctica, por ende, las órdenes de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al citado artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio; de ahí que sea infundada la causal invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro: 2010933, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página: 2414, de rubro y texto: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO DE SU DICTADO DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, SIN QUE SEA VÁLIDO HACERLO CON POSTERIORIDAD CON MOTIVO DE ACTOS POSTERIORES, COMO POR EJEMPLO, POR LA EMISIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2012 (10a.)]. De la citada tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.", se advierte que al ser la orden de visita domiciliaria uno de los medios con que cuenta el fisco federal para ingresar al domicilio de los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones hacendarias, cuya actuación puede vulnerar la inviolabilidad del domicilio y transgredir otros derechos sustantivos como los relativos a la privacidad y a la intimidad, se justifica que dicha orden pueda impugnarse de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio; sin embargo, lo anterior no significa que el juicio de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo mientras no cese dicha violación ni que, si al emitirse las actas parciales continúa la intromisión en el domicilio del quejoso, sea procedente el amparo en su contra, pues es necesario que la demanda se presente dentro del plazo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo (que inicia a partir de que el quejoso tenga conocimiento de la emisión de la orden de visita) y que no hayan cesado los efectos de la vulneración a la inviolabilidad del domicilio, pues como la propia jurisprudencia lo indica, la visita domiciliaria puede agotarse en una sola diligencia, con lo que cesa el estado de violación a los aludidos derechos del quejoso." De igual manera, las referidas responsables señalaron que se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, pues dicen que tanto la orden de verificación sanitaria, como la propia ejecución de la misma, se trata de actos consumados, al haberse ya realizado de modo que de ninguna manera pueden retrotraerse los efectos de misma. No obstante, al ser la orden de verificación sanitaria es un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra. Consideraciones que derivan y tienen sustento en el criterio de la Jurisprudencia P./J. 2/2012 de la Décima Época, con número de Registro: 2000611, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, abril de 2012, Tomo 1, página: 61 de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo." Al no advertirse diversa causal que deba analizarse, por tanto, procede al estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa señala como conceptos de violación los precisados en su escrito de demanda, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 58/2010, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Apuntado lo anterior, en primer término, se establece que los conceptos de violación se estudiaran en su conjunto puesto que los mismos se encuentra en caminados en que: Las órdenes de visita, orden de inspección, y/o verificación sanitaria con número 20-AF-33-15-00180-CD, de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, no se encuentran de fundadas y motivadas. Que la autoridad que la emitió carece de competencia, así como, que el servidor público que realizó la orden de visita fue diverso al autorizado en la orden de verificación de referencia. Que el procedimiento de ejecución "suspensión temporal, total de trabajos o servicios" así como los sellos números 762 con folio de autorización 20MSF00008 y los sellos números 5060, con folio de autorización 20MSF00009A, se fundaron en una suspensión temporal por bebidas alcohólicas, siendo que el giro de la moral quejosa corresponde a un consultorio de podología, de ahí que infiere no se encuentra debidamente motivada. Que el Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, carecía de competencia para emitir el oficio número COS/DEDS/20-AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, por virtud del cual ratificó la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal de trabajos y servicios del establecimiento de la quejosa, y a su vez se ordenó la remisión del expediente al área de resoluciones y sanciones, que el mismo no se encuentra fundado y motivado y omitió notificarlo. El marco por el que se estudian los argumentos planteados se encuentra inmerso en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." Tal precepto constitucional consagra la garantía de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando de dicho precepto tres condiciones esenciales a las que deben ajustarse los actos que realizan, a saber: 1. Que se exprese por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente y, 3. Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. El primero de los requisitos en cuestión, indudablemente es la positivización del principio de legalidad que rige dentro de nuestro sistema jurídico, donde las facultades de las autoridades deben reconocerse por la ley, por lo que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Por su parte, el requisito formal de debida fundamentación y motivación, implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por último, la exigencia que la conducta de la autoridad sea por escrito, asegura que quede constancia de ella, siendo así factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar así su legalidad, y consecuente constitucionalidad. Los requisitos precisados, constituyen un derecho fundamental de los gobernados, con la finalidad de que dispongan de los elementos necesarios para su oportuna defensa. De lo anterior, se concluye que todo acto de autoridad debe obrar por escrito, en un documento dirigido al agraviado, señalándose de quién proviene, cuál es la medida que se impone, las razones o circunstancias que la provocan (motivación), así como el ordenamiento legal en que se basa la autoridad para actuar en ese sentido, incluyendo los artículos, fracciones, incisos, párrafos de la ley invocada, y que sean aplicables al caso concreto (fundamentación). Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238924, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Ahora, en el caso por el Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria adscrito a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante la orden número 20-AF-3315-00180-CD, de veintidós de enero de dos mil veinte, ordenó la visita de verificación sanitaria a la moral quejosa, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, 14, 16 y 73, fracción XVI, regla tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 inciso C, fracción X y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I, incisos a y s, fracción X, 4, fracción II, inciso d, 11, fracciones XI, XIV y XVIII, 15, fracciones IV, V y XI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios, 1, 3, 5, 10, fracciones I y III, 18, 21, 56, 58, 59, fracciones I, II y III, 233, 236, 237 y 240 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, 1 de la Ley General de Salud, 2,3, fracciones I, II y XXVIII, 4, fracciones III, 13 inciso A, fracciones II, IX, y X, 17 bis, fracciones II y X, 17 bis2 , 194 primer párrafo, 393, 395, 396 fracción I, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 y 431 de la Ley General de Salud, que regula el derecho a la protección de la salud. Se precisó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, además de los preceptos referidos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía administrativa, técnica y operativa, que ejerce atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud, que ordenó la visita de verificación sanitaría para ser practicada en el establecimiento por la verificadora adscrita a la Comisión y que hace referencia en el documento. La visita tuvo como objeto y alcance el solicitar y anexar copia de la documentación legal y técnica que ampare el funcionamiento del establecimiento; verificar la acreditación académica del personal profesional y técnico que ahí labora; describir las actividades que realizan, solicitar y anexar manuales de procedimientos, verificar condiciones físico sanitarias, así como, la infraestructura, equipamiento y mantenimientos, revisar aleatoriamente expedientes clínicos y anexar copia de dos de ellos, verificar que los medicamentos e insumos que se encuentren en el establecimiento cumplan con la normatividad sanitaria vigente, tomar evidencia fotográfica y videográfica. Lo anterior, con fundamento en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios en Atención Médica Infraestructura y Equipamiento de Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada, la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, la norma especial mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención medica de pacientes ambulatorios y la norma oficial mexicana NOM -044-SSA3-2012 del expediente clínico. Además de consignar las anomalías con fundamento en los artículos 402, 404, 411, 412 y 414 de la Ley General de Salud y aplicar las medidas de seguridad que en su caso correspondan. En cumplimiento a la orden anterior, se levantó el acta de verificación sanitaria, el veintitrés de enero de dos mil veinte, en el que se identificaron los rubros a revisar antes mencionados. Al respecto, se advierte lo siguiente: "(.) SOLICITAR Y ANEXAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA QUE AMPARE EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. No presenta Aviso de funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario. SOLICITAR Y ANEXAR COPIA DE LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE AHÍ LABORA, al momento de la visita no presenta acreditación académica de la C. Leticia Villa Camilo la cual al momento de la visita se encuentra dando servicios de podología no presentan acreditación académica de Wendy Tapia Vargas que refiere también brinda servicios de podología, no presentan acreditación de la persona que brinda consultas gratis en Ortopedia. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. Al momento de la visita y como se observa en la facha del establecimiento como Podología y Ortopedia, a decir de la interesada tienen a la venta productos ortopédicos y spray para pies y brindan servicios de podología. Cabe mencionar que durante la visita se observa una hoja que refiere consultas gratis e imágenes con tipos de pies (se anexa hoja). VERIFICAR CONDICIONES FÍSICO SANTARIAS, ASÍ COMO, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTOS. se trata de un establecimiento el cual cuenta con una sala de espera, también se observan exhibidas muletas, andaderas y más productos ortopédicos los cuales se encuentran a la venta del público, un área de recepción e información, en seguida se encuentra un área donde realizan los servicios de podología cuentan con dos cubículos los cuales se encuentran separados por una media pared, cada cubículo cuenta con un sillón para podología y un mueble movible con insumos para los servicios de podología, cuentan con un espacio en el que se encuentra un equipo de esterilizador y un mueble con insumos, al fondo se observa un sanitario y cajas con zapatos Ortopédicos. REVISAR ALEATORIAMENTE EXPEDIENTES CLÍNICOS Y ANEXAR COPIA DE ELLOS, al momento de la visita no cuentan con expedientes clínicos. VERIFICAR QUE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ESTABLECIMIENTO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE. Al momento de la vista se encontraron diez Jeringas y 4 cartuchos de anestesia estos últimos no se observa la fecha de caducidad ni registro sanitario. (.)" Finalmente, se consignaron las anomalías que la verificadora identificó en términos de los artículos 402, 404 fracción VII, 411, 412 y 414 de la Ley General de Salud y aplicar las medidas de seguridad que en su caso correspondan en los siguientes términos: "Debido a las anomalías identificadas por no presentar Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsabilidad Sanitario de la consulta de Podóloga y de la venta de productos ortopédicos, además por no presentar acreditación académica de las podólogas de la C. Wendy Tapia Vargas y de la C. Leticia Villa Camilo con fundamento en los Artículos 402, 404 Fracción VII, 411 y 412 de la Ley General de Salud de conformidad con los preceptos de la misma, por considerar que se pone en peligro la salud de las personas y para proteger la salud de la población, se aplica la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal, total de trabajos o servicios sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan. Colocándose los sellos Número (s) 762 con folio de autorización 20MSF00008." Ahora, en la Ley General de Salud, se establece dentro del título décimo séptimo relativo a la vigilancia sanitaria, el cual se lleva de conformidad a las disposiciones siguientes: "TITULO DECIMO SEPTIMO VIGILANCIA SANITARIA CAPITULO UNICO Artículo 393. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella. La participación de las autoridades municipales y de las autoridades de las comunidades indígenas, estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales. Artículo 394. Las demás dependencias y entidades públicas coadyuvarán a la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias y, cuando encontraren irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las mismas, lo harán del conocimiento de las autoridades sanitarias competentes. Artículo 395. El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley y a las disposiciones que de ella emanen, podrá ser objeto de orientación y educación de los infractores con independencia de que se apliquen, si procedieren, las medidas de seguridad y las sanciones correspondientes en esos casos. Artículo 396. La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de las siguientes diligencias: I. Visitas de verificación a cargo del personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria competente para llevar a cabo la verificación física del cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables, y II. Tratándose de publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley, a través de las visitas a que se refiere la fracción anterior o de informes de verificación que reúnan los requisitos señalados por el artículo siguiente. Artículo 396 Bis. Cuando la autoridad sanitaria detecte alguna publicidad que no reúna los requisitos exigidos por esta Ley y demás disposiciones generales aplicables en materia de salud, elaborará un informe detallado donde se exprese lo siguiente: I. El lugar, fecha y hora de la verificación; II. El medio de comunicación social que se haya verificado; III. El texto de la publicidad anómala de ser material escrito o bien su descripción, en cualquier otro caso, y IV. Las irregularidades sanitarias detectadas y las violaciones a esta Ley y demás disposiciones generales aplicables en materia de salud, en que se hubiere incurrido. En el supuesto de que el medio de comunicación social verificado sea la prensa u otra publicación, el informe de verificación deberá integrarse invariablemente con una copia de la parte relativa que contenga la publicidad anómala, donde se aprecie, además, del texto o mensaje publicitario, la denominación del periódico o publicación y su fecha. Artículo 397. Las autoridades sanitarias podrán encomendar a sus verificadores, además, actividades de orientación, educación y aplicación, en su caso, de las medidas de seguridad a que se refieren las fracciones VII y X del artículo 404 de esta ley. Artículo 398. Las verificaciones podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo. Para los efectos de esta Ley, tratándose de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, se considerarán horas hábiles las de su funcionamiento habitual. Artículo 399. Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de órdenes escritas, con firma autógrafa expedidas por las autoridades sanitarias competentes, en las que se deberá precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que debe tener y las disposiciones legales que la fundamenten. Artículo 400. Los verificadores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio y, en general a todos los lugares a que hace referencia esta ley. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los transportes objeto de verificación, estarán obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. Artículo 401. En la diligencia de verificación sanitaria se deberán observar las siguientes reglas: I. Al iniciar la visita el verificador deberá exhibir la credencial vigente, expedida por la Autoridad sanitaria competente, que lo acredite legalmente para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a que se refiere el artículo 399 de esta ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. Esta circunstancia se deberá anotar en el acta correspondiente; II. Al inicio de la visita, se deberá requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, o conductor del transporte, que proponga a dos testigos que deberán permanecer durante el desarrollo de la visita. Ante la negativa o ausencia del visitado, los designará la autoridad que practique la verificación. Estas circunstancias, el nombre, domicilio y firma de los testigos, se hará constar en el acta; III. En el acta que se levante con motivo de la verificación, se harán constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías sanitarias observadas, el número y tipo de muestras tomadas o en su caso las medidas de seguridad que se ejecuten, y IV. Al concluir la verificación, se dará oportunidad al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento o conductor del transporte, de manifestar lo que a su derecho convenga, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el propio documento, del que se le entregará una copia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no afectará su validez, ni la de la diligencia practicada. Artículo 401 Bis. La recolección de muestras se efectuará con sujeción a las siguientes reglas: I. Se observarán las formalidades y requisitos exigidos para las visitas de verificación; II. La toma de muestras podrá realizarse en cualquiera de las etapas del proceso, pero deberán tomarse del mismo lote, producción o recipiente, procediéndose a identificar las muestras en envases que puedan ser cerrados y sellados; III. Se obtendrán tres muestras del producto. Una de ellas se dejará en poder de la persona con quien se entienda la diligencia para su análisis particular; otra muestra quedará en poder de la misma persona a disposición de la autoridad sanitaria y tendrá el carácter de muestra testigo; la última será enviada por la autoridad sanitaria al laboratorio autorizado y habilitado por ésta, para su análisis oficial; IV. El resultado del análisis oficial se notificará al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, telefax, o por cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los mismos, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras; V. En caso de desacuerdo con el resultado que se haya notificado, el interesado lo podrá impugnar dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del análisis oficial. Transcurrido este plazo sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme y la autoridad sanitaria procederá conforme a la fracción VII de este artículo, según corresponda; VI. Con la impugnación a que se refiere la fracción anterior, el interesado deberá acompañar el original del análisis particular que se hubiere practicado a la muestra que haya sido dejada en poder de la persona con quien se entendió la diligencia de muestreo, así como, en su caso, la muestra testigo. Sin el cumplimiento de este requisito no se dará trámite a la impugnación y el resultado del análisis oficial quedará firme; VII. La impugnación presentada en los términos de las fracciones anteriores dará lugar a que el interesado, a su cuenta y cargo, solicite a la autoridad sanitaria, el análisis de la muestra testigo en un laboratorio que la misma señale; en el caso de insumos médicos el análisis se deberá realizar en un laboratorio autorizado como laboratorio de control analítico auxiliar de la regulación sanitaria. El resultado del análisis de la muestra testigo será el que en definitiva acredite si el producto en cuestión reúne o no los requisitos y especificaciones sanitarios exigidos, y VIII. El resultado de los análisis de la muestra testigo, se notificará al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, telefax, o por cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los mismos y, en caso de que el producto reúna los requisitos y especificaciones requeridos, la autoridad sanitaria procederá a otorgar la autorización que se haya solicitado, o a ordenar el levantamiento de la medida de seguridad que se hubiera ejecutado, según corresponda. Si el resultado a que se refiere la fracción anterior comprueba que el producto no satisface los requisitos y especificaciones sanitarios, la autoridad sanitaria procederá a dictar y ejecutar las medidas de seguridad sanitarias que procedan o a confirmar las que se hubieren ejecutado, a imponer las sanciones que correspondan y a negar o revocar, en su caso, la autorización de que se trate. Si la diligencia se practica en un establecimiento que no sea donde se fabrica o produce el producto o no sea el establecimiento del titular del registro, el verificado está obligado a enviar, en condiciones adecuadas de conservación, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la toma de muestras, copia del acta de verificación que consigne el muestreo realizado, así como las muestras que quedaron en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, a efecto de que tenga la oportunidad de realizar los análisis particulares y, en su caso, impugnar el resultado del análisis oficial, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de resultados. En este caso, el titular podrá inconformarse, solicitando sea realizado el análisis de la muestra testigo. El depositario de la muestra testigo será responsable solidario con el titular, si no conserva la muestra citada. El procedimiento de muestreo no impide que la Secretaría dicte y ejecute las medidas de seguridad sanitarias que procedan, en cuyo caso se asentará en el acta de verificación las que se hubieren ejecutado y los productos que comprenda. Artículo 401 Bis 1. En el caso de toma de muestras de productos perecederos deberá conservarse en condiciones óptimas para evitar su descomposición, su análisis deberá iniciarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la hora en que se recogieron. El resultado del análisis se notificará en forma personal al interesado dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hizo la verificación. El particular podrá impugnar el resultado del análisis en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, en cuyo caso se procederá en los términos de las fracciones VI y VII del artículo anterior. Transcurrido este plazo, sin que se haya impugnado el resultado del análisis oficial, éste quedará firme." "Artículo 401 Bis 2. En el caso de los productos recogidos en procedimientos de muestreo o verificación, sólo los laboratorios autorizados o habilitados por la Secretaría para tal efecto podrán determinar por medio de los análisis practicados, si tales productos reúnen o no sus especificaciones." De la transcripción anterior se desprende, en lo que interesa que corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella. Que los actos u omisiones contrarios a los preceptos de la ley y a las disposiciones que de ella emanen, pueden ser objeto de orientación y educación de los infractores con independencia de que se apliquen, las medidas de seguridad y las sanciones correspondientes en esos casos. Que los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de órdenes escritas, con firma autógrafa expedidas por las autoridades sanitarias competentes, en las que se deberá precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que debe tener y las disposiciones legales que la fundamenten Además, se prevé las reglas de la diligencia de verificación sanitaria, la cual se realiza de la siguiente manera: v. Al iniciar la visita el verificador deberá exhibir la credencial vigente, expedida por la Autoridad sanitaria competente, que lo acredite legalmente para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a que se refiere el artículo 399 de la ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. Esta circunstancia se deberá anotar en el acta correspondiente; vi. Al inicio de la visita, se deberá requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, que proponga a dos testigos que deberán permanecer durante el desarrollo de la visita. Ante la negativa o ausencia del visitado, los designará la autoridad que practique la verificación. Estas circunstancias, el nombre, domicilio y firma de los testigos, se hará constar en el acta; vii. En el acta que se levante con motivo de la verificación, se harán constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías sanitarias observadas, el número y tipo de muestras tomadas o en su caso las medidas de seguridad que se ejecuten, y viii. Al concluir la verificación, se dará oportunidad al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, de manifestar lo que a su derecho convenga, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el propio documento, del que se le entregará una copia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no afectará su validez, ni la de la diligencia practicada. Por su parte, en el título décimo octavo, de la Ley General de Salud, se prevén las medidas de seguridad, sanciones y delitos, dentro de los que destacan los siguientes numerales: "Artículo 402. Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren." "Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: I. El aislamiento; II. La cuarentena; III. La observación personal; IV. La vacunación de personas; V. La vacunación de animales; VI. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva; VII. La suspensión de trabajos o servicios; VIII. La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud; IX. La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud; X. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias; XI. La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio; XII. La prohibición de actos de uso, y XIII. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo." "Artículo 411. Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas." Artículo 412. La suspensión de trabajos o servicios será temporal. Podrá ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspensión. Esta será levantada a instancias del interesado o por la propia autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la cual fue decretada. Durante la suspensión se podrá permitir el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que la motivaron." "Artículo 415. La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio, se ordenará, previa la observancia de la garantía de audiencia y de dictamen pericial, cuando, a juicio de las autoridades sanitarias competentes, se considere que es indispensable para evitar un daño grave a la salud o la vida de las personas." Al respecto, las medidas de seguridad son las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de la ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población. Dentro de las medidas se encuentra la suspensión de trabajos o servicios. La anterior medida se decretará por las autoridades sanitarias cuando, de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas. Tal suspensión será temporal, pudiendo ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas., asimismo, será levantada a instancias del interesado o por la propia autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la cual fue decretada. Ahora, conviene recordar que dentro del objeto de la verificación en materia sanitaria se revisaría la infraestructura, equipamiento, mobiliario y mantenimientos de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Dicha Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todos los establecimientos hospitalarios de los sectores público, social y privado, cualquiera que sea su denominación, que tengan como finalidad la atención de pacientes que se internen para su diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico o rehabilitación; así como para los consultorios de atención médica especializada de los sectores mencionados, de acuerdo con el punto 2 de la referida norma7 , así como del artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica8 . Dejado apuntado lo anterior, corresponde analizar los argumentos planteados. En sus conceptos violación plantea, en esencia, que la medida suspensional carece de fundamentación y motivación, en relación a su competencia, que el servidor público que realizó la orden de visita fue diverso al autorizado en la orden de verificación de referencia, y el procedimiento de ejecución "suspensión temporal, total de trabajos o servicios" así como los sellos números 762 con folio de autorización 20MSF00008 y los sellos números 5060, con folio de autorización 20MSF00009A, se fundó en una suspensión temporal por bebidas alcohólicas, siendo que el giro de la moral quejosa corresponde a un consultorio de podología, de ahí que infiere no se encuentra debidamente motivada. Que el Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, carecía de competencia para emitir el oficio número COS/DEDS/20-AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, por virtud del cual ratificó la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal de trabajos y servicios del establecimiento de la quejosa, y a su vez se ordenó la remisión del expediente al área de resoluciones y sanciones, que el mismo no se encuentra fundado y motivado y omitió notificarlo . 72. Campo de aplicación Esta norma es de observancia obligatoria para todos los establecimientos hospitalarios de los sectores público, social y privado, cualquiera que sea su denominación, que tengan como finalidad la atención de pacientes que se internen para su diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico o rehabilitación; así como para los consultorios de atención médica especializada de los sectores mencionados. 8 "ARTICULO 4. Corresponde a la Secretaría emitir las Normas Técnicas a que se ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación de los servicios de salud en materia de atención médica, las que se publicarán en la Gaceta Sanitaria para su debida observancia." Tales argumentos resultan infundados. Lo anterior, puesto que la orden de visita de verificación, el acta de verificación sanitaria y el oficio por el cual se ratificó la medida de seguridad, reclamados no pueden desvincularse o analizarse de manera aislada. La primera, estableció el marco normativo y alcances de la visita, en la segunda, se precisaron los pormenores y resultado de la verificación realizada y en el tercero se ratificaron las medidas de seguridad que fueron consecuencia de la referida verificación. Así, el fundamento de la orden de visita se encuentra plasmado en ese documento de veintidós de enero de dos mil veinte, donde se citaron, entre otros, los artículos 4, párrafo cuarto, 14, 16 y 73, fracción XVI, regla tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 inciso C, fracción X y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I, incisos a y s, fracción X, 4, fracción II, inciso d, 11, fracciones XI, XIV y XVIII, 15, fracciones IV, V y XI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios, 1, 3, 5, 10, fracciones I y III, 18, 21, 56, 58, 59, fracciones I, II y III, 233, 236, 237 y 240 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, 1 de la Ley General de Salud, 2,3, fracciones I, II y XXVIII, 4, fracciones III, 13 inciso A, fracciones II, IX, y X, 17 bis, fracciones II y X, 17 bis2 , 194 primer párrafo, 393, 395, 396 fracción I, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 y 431 de la Ley General de Salud, que regula el derecho a la protección de la salud. De ahí que, contrario a lo alegado por la parte quejosa la orden de visita se encuentra fundada y motivada, aunado a que fue emitida por autoridad competente para ello, pues previamente ya han quedado transcritos los artículos que facultan a la autoridad emisora para ello. Ahora bien, es importante puntualizar que el artículo 393 de la Ley General de Salud establece que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella, de igual manera el numeral 4 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios, establece que los Titulares de las Unidades Administrativas de la Cofrepris, podrán ejercer sus atribuciones a través de los servidores subalternos conforme a las facultades que les sean delegadas, mediante la publicación del Acuerdo respectivo en el Diario Oficial de la Federación, al respecto el Acuerdo por el que se delegan las facultades que señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, publicado el siete de abril de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, en la parte que nos interesa dice: "VIGESIMO SEPTIMO. Se delegan en la Dirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal, las siguientes facultades: I. Ordenar y realizar visitas de verificación y supervisión de la actuación de terceros autorizados; II. Ordenar y realizar, según corresponda, las visitas de verificación para llevar a cabo la verificación física del cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables de conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente; III. Aplicar las medidas de seguridad, así como vigilar su cumplimiento de conformidad con lo previsto por la Ley General de Salud, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones aplicables; IV. Ejercer el control sanitario de los productos que pretendan ingresar o ingresen al territorio nacional, en los términos de la Ley, los instrumentos internacionales aplicables y demás disposiciones aplicables; V. Participar en el proceso de elaboración de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones de carácter general en las materias a que se refiere el presente artículo; VI. Formular informes, así como emitir opiniones relativas a las materias a que se refiere este artículo; VII. Comisionar a los servidores públicos subalternos, para que intervengan en los asuntos relacionados con la competencia de la Dirección Administrativa a su cargo; VIII. Analizar, revisar y en su caso emitir dictámenes y solicitudes de información de los trámites que le correspondan dentro de sus facultades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y IX. Suscribir los documentos que dentro de sus facultades les correspondan por suplencia, así como notificar las resoluciones o acuerdos emitidos por su superior jerárquico inmediato." En ese sentido, también es evidente que contrario a lo señalado por la parte quejosa, el Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria adscrito a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, sí contaba con las atribuciones en el ámbito de su competencia para emitir la orden de visita 20-AF-3315-00180-CD, en la cual señaló no solo los lineamientos que debían seguirse al momento de llevarse a cabo la diligencia, sino también autorizó y precisó que la servidor público que llevaría a cabo la misma sería la licenciada Damaris Marlen Flores Bustamante, lo que además así aconteció en la práctica, contrario a lo que manifiesta la quejosa en el sentido de que la ejecutora de la diligencia no estaba facultada para ello. Además, de manera específica, las Normas Oficiales Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establecen las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención medica de pacientes ambulatorios y NOM -044-SSA3-2012 del expediente clínico. Ello, con la finalidad, entre otras cuestiones, de verificar la infraestructura, equipamiento, mobiliario y mantenimientos del establecimiento de la quejosa. Por su parte, la Verificadora Sanitaria Damaris Marlen Flores Bustamante, adscrita a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, servidora pública designada en la orden de visita 20-AF-3315-00180-CD, desarrollo la diligencia conforme los lineamientos establecidos y plasmó que el establecimiento médico de la quejosa presentaba diversas anomalías de la siguiente manera: "por no presentar Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsabilidad Sanitario de la consulta de Podóloga y de la venta de productos ortopédicos, además por no presentar acreditación académica de las podólogas de la C. Wendy Tapia Vargas y de la C. Leticia Villa Camilo con fundamento en los Artículos 402, 404 Fracción VII, 411 y 412 de la Ley General de Salud de conformidad con los preceptos de la misma, por considerar que se pone en peligro la salud de las personas y para proteger la salud de la población, se aplica la medida de seguridad consistente en la suspensión, total de trabajos o servicios sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan. Colocándose los sellos Número (s) 762, con folio de autorización 20MSF00008. Debido a las anomalías identificadas al momento de la visita se encontraron 4 Cartuchos de anestesia los cuales no cuentan con registro sanitario ni con fecha de caducidad y 10 jeringas estas para evitar su uso. Con fundamento en el Artículo 402, 404 Fracción , 414 y 414 Bis de la Ley General de Salud de conformidad con los preceptos de la misma, por considerar que se pone en peligro la salud de las personas y para proteger la salud de la población, se aplica la medida de seguridad, consistente en el aseguramiento de insumos debido a que (es un riesgo para la salud de las personas o carece de los requisitos esenciales que se establece la Ley General de Salud), los cuales se dejan en depósito del interesado, pero a disposición de la autoridad sanitaria, hasta en tanto se determine cuál será su destino. Colocándose los sellos Número (s) 5060, con folio de autorización 20MSF00009A." De lo que se colige, como se dijo, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, la Verificadora Sanitaria Damaris Marlen Flores Bustamante, es la misma servidora pública autorizada para llevar a cabo la diligencia de verificación sanitaria, que dicha acta se encuentra debidamente fundada y motivada, e inverso a lo expuesto por la parte quejosa, los artículos que se emplearon para aplicar las medidas de seguridad y el aseguramiento de insumos se encuentran establecidos en la Ley General de Salud, y son aplicables al caso en concreto, lo cual es evidente de la lectura del acta reclamada. Sin que pase desapercibido el hecho de que, con la demanda de amparo la quejosa exhiba el Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o baja, en relación a su establecimiento de consultorio de podología "Orto Clinic", pues no obstante ello, como antes se indicó, además de dicha constancia en el momento de la diligencia no acreditó contar con diversa documentación requerida en relación a ese establecimiento. Tampoco se soslaya con lo anterior, que adjunto a la demanda de amparo, la parte quejosa haya exhibido copia del título de Técnico en Podología expedido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a favor de Magnolia Cerón Lira, quien a su decir, es la persona encargada de proporcionar los servicios de podología que se prestaban en su establecimiento; sin embargo, de la propia acta de verificación se observa que en el momento en que se practicó, quienes daban ese servicio eran personas diversas a la prenombrada, a saber Wendy Vargas y Leticia Villa Camilo, y éstas no presentaron acreditación académica para tal efecto, de ahí que la constancia de referencia, en nada cambia lo referido en cuanto a la legalidad de la ejecución de la visita de verificación. De igual forma, nada abona al presente asunto el hecho de que se haya exhibido el contrato de arrendamiento que celebró Gabriel Sidronio Santiago García, como arrendador y la aquí quejosa, como arrendatario, de uno de diciembre de dos mil diecinueve, en relación al inmueble en el que se encuentra el establecimiento denominado consultorio de podología "Orto Clinic", puesto que con dicha documental en modo alguno se advierte que el establecimiento cuente con las condiciones de salud para su funcionamiento, siendo que sólo puede advertirse del mismo una cuestión de posesión que detenta la aquí quejosa, lo cual no es materia del presente asunto, y por ende la misma no tiene el alcance de evidenciar lo contrario a lo indicado en la diligencia que levantó la servidora al momento de llevar a cabo el desahogo de la verificación. Igual consideración merece la impresión de la cédula de identificación fiscal que exhibió la quejosa, pues de está solo se infiera la situación fiscal que guarda con relación al Servicio de Administración Tributaria, no así que su establecimiento cumpla con todas las normas de salud y que fueron materia de inspección en la orden de visita reclamada a fin de que pudieran beneficiarle en diverso sentido en este momento. Ahora bien, por lo que respecta al concepto de violación que hace valer encaminado a que el Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, carecía de competencia para emitir el oficio número COS/DEDS/20- AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, por el que ratificó la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal de trabajos y servicios del establecimiento de la quejosa, y a su vez se ordenó la remisión del expediente al área de resoluciones y sanciones, que el mismo no se encuentra fundado y motivado, se establece lo siguiente: Como quedó señalado en párrafos precedentes los Titulares de las Unidades Administrativas de la Cofrepris, podrán ejercer sus atribuciones a través de los servidores subalternos conforme a las facultades que les sean delegadas, mediante la publicación del Acuerdo respectivo en el Diario Oficial de la Federación, al respecto el Acuerdo por el que se delegan las facultades que señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, publicado el siete de abril de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, en la parte que nos interesa dice: VIGESIMO NOVENO. Se delegan en la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal, las siguientes facultades: I. Emitir el dictamen correspondiente a las visitas de evaluación, verificación y supervisión de la actuación de terceros autorizados; requerir documentos, informes, y en su caso dictar medidas correctivas y otorgar plazos para su realización; II. Emitir el dictamen correspondiente a las evaluaciones, verificaciones y supervisiones sanitarias; requerir documentos, informes, y en su caso dictar medidas correctivas y otorgar plazos para su realización; III. Participar en el proceso de elaboración de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones de carácter general en las materias a que se refiere el presente artículo; IV. Formular dictámenes e informes, así como emitir opiniones relativas a las materias a que se refiere este artículo; V. Dictaminar, determinar y en su caso ratificar las medidas de seguridad que procedan en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables; VI. Analizar, revisar y en su caso emitir dictámenes y solicitudes de información de los trámites que le correspondan dentro de sus facultades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y VII. Suscribir los documentos que dentro de sus facultades les correspondan por suplencia, así como notificar las resoluciones o acuerdos emitidos por su superior jerárquico inmediato. De lo anterior, se advierte que el Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, cuanta con las facultades para ratificar la medida de seguridad, consistente en la suspensión temporal de trabajos y servicios del establecimiento de la quejosa, así como para remitir el expediente al área de resoluciones y sanciones. De igual manera, del oficio COS/DEDS/20-AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se desprende lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 4° párrafo cuarto, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 26, 39 fracciones XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2° inciso c), fracción X y 36 del reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1° y 3° fracción I y XIII, 4° fracción II inciso d), 11 fracciones VI, XI y XVIII, 15 fracciones IV, V y XI, Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; artículo 1°, 2°,3° I, II, IX, 4° Fracción III, 13 apartado A fracciones II, IX y X, 17 Bis, 2, 32,33, 45,47, 393, 395, 402, 403 y 430 de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; Artículo Vigésimo Noveno del Acuerdo por el que se le delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010.. Posteriormente, después de analizar las anomalías advertidas por la verificadora al realizar la visita de verificación sanitaria No. de Acta 20-AF-3315-00180-CD, de veintitrés de enero de dos mil veinte, determinó lo siguiente: "Derivado de lo anterior se RATIFICA la MEDIDA DE SEGURIDAD, consistente en SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL DE TRABAJOS Y SERVICIOS de conformidad a lo establecido con los artículos 402, 404 fracción VII, 411 y 412 de la Ley General de Salud, la medida permanecerá vigente, hasta en tanto cesen las causas que le dieron origen" De lo anterior, se advierte que el Director Ejecutivo de Dictamen Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, no solo contaba con las facultades para ratificar la medida de seguridad, consistente en suspensión total temporal de trabajos y servicios, sino también dicha determinación está debidamente fundada y motivada, pues se plasmó el fundamento al caso aplicable y se razonó porque en el caso era procedente continuar con la medida de suspensión temporal. De ahí que, resultan infundados los motivos de inconformidad del quejoso. Ahora bien, respecto al concepto de violación que hace valer la quejosa consistente a que el oficio COS/DEDS/20-AF-3315-00180/2020, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, no le fue notificado, el mismo resulta ser inoperante pues dicho acto no formó parte de la Litis en el presente juicio de amparo, puesto que el quejoso no lo destacó como acto reclamado a ninguna de las autoridades responsables ni en su demanda de amparo, tampoco en su ampliación de demanda, aunado al hecho de que las responsables señaladas en el sumario no cuentan con las facultades de notificadores. Finalmente, al no advertirse motivos para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por -------------, por propio derecho y como propietaria del consultorio "Orto Clinic", respecto a los actos autoridades señalados en los considerandos tercero y quinto de la presente determinación, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a -------------, por propio derecho y como propietaria del consultorio "Orto Clinic", contra las autoridades que quedaron precisadas en el cuarto considerando, por los motivos vertidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante la Circular SECNO/10/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, comunicó que mediante sesión extraordinaria de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adaptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" con vigencia del dieciséis al veintidós de febrero dos mil veintiuno. Así, con el fin de salvaguardar la salud de los justiciables y de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, dicha Comisión Especial determinó por cuanto hace al Estado de México (Segundo Circuito), entre otros puntos, que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia ha sido ampliada por los diversos 25/2020 y 37/2020. Ahora bien, en el referido Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "Relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19", estableció en su artículo 2, el levantamiento de la suspensión de los plazos en los juicios de amparo indirecto y que para tal efecto se deberá notificar a las partes de dicha circunstancia. En tales circunstancias, se reanuda la sustanciación del presente asunto y en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, hora y día disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presentes en la audiencia constitucional de manera virtual, con apoyo en el numeral 25 del citado acuerdo, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen además una dirección de correo electrónico para que personal de este Juzgado realice el enlace correspondiente; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación. Si las partes asisten al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. En caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia, ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia, de manera física o en línea. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, téngase por recibido y glósese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso en representación de las autoridades dependientes de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de seis de noviembre de dos mil veinte y al efecto remite copias certificadas del expediente administrativo abierto con motivo de la orden de visita aquí reclamada. En mérito de lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento formulado a la autoridad oficiante, y en en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Además, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las citadas probanzas documentales, las que serán valoradas al momento de resolver el juicio de amparo. Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la responsable. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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