Job Zermeño Juárez

Expediente 1088/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1088/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Job Zermeño Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformara con la sentencia de tres de julio del año en curso en la que se sobreseyó en el presente, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Job Zermeño Juárez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "III) AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hacen consistir en lo siguiente: EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio en Calle Magisterio #1115, Colonia Observatorio de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. IV) ACTO RECLAMADO. Reclamo de la autoridad señalada como responsable, la ilegal violación del legítimo derecho y garantía individual que me corresponde en mi carácter de gobernado, consistente en la exigencia para el Estado a través de sus funcionarios y servidores públicos, de respetar mi derecho de petición, consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunque el suscrito me dirigí mediante escrito, de manera pacífica y respetuosa ante el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a realizar mi petición donde sin restricción alguna debí recibir respuesta a mi pretensión, pues como el Organismo Público Descentralizado que es, dicho Instituto tiene la obligación de dar respuesta en breve término, por tanto, al haber transcurrido el referido plazo con que cuentan nuestras autoridades y funcionarios públicos para atender y responder fundada y motivadamente las peticiones que les formulemos los gobernados, como en el caso del suscrito a la autoridad hoy Responsable, SIN QUE HAYA RECIBIDO FORMAL RESPUESTA O COMUNICADO DE NINGUNA ESPECIE SOBRE LO PETICIONADO, resulta seriamente lesiva tal conducta misiva a mis garantías individuales contenidas en el artículo 8° de nuestra Carta Magna, por lo anterior me veo en la imperiosa necesidad de presentar la presente demanda de amparo Indirecto a y SOLICITAR A ESTE H. JUZGADO FEDERAL REQUIERA A LA RESPONSABLE PARA QUE EN FORMA INMEDIATA PRODUZCA FORMAL RESPUESTA A MI PETICIÓN ELEVADA A SU CONSIDERACIÓN SIN RESTRICCIONES DE INFORMACIÓN, DESDE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018". (Transcripción literal) Acto que estimó violatorio del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 6 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 1088/2019; se solicitó informe justificado a la responsable; dada la naturaleza del acto reclamado, se estimó que era innecesario la designación de terceros interesados; se le dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado . Debido a que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos que pertenecen a la materia administrativa, pues se trata de la omisión de una autoridad administrativa de dar respuesta al escrito de petición de la parte quejosa. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La presentación de la demanda de amparo es oportuna, ya que el acto reclamado es de naturaleza omisiva; lo cual crea una situación permanente mientras se subsana, que puede reclamarse en cualquier tiempo, por lo que no se puede hablar de consentimiento expreso ni tácito, en términos del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, lo que implica que el juicio de amparo se puede promover en cualquier tiempo, de ahí, que, como se adelantó, resulta pertinente la presentación de la demanda. Orienta la consideración precedente, la tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS" TERCERO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La omisión de proveer el escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, ante la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. CUARTO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo . El Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al rendir informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado (fojas 15 a 17). Sin embargo, de las manifestaciones que realiza y de la documental que allegó a su informe, a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por su artículo 2°, al tratarse de una documental pública expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, sí existía el acto reclamado. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo . Sobe el particular, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente debido a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , al haber cesado los efectos del acto reclamado. Sobre esta causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible a página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho violado. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, ya que la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso, como si se hubiera concedido el amparo. En este orden de ideas, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de un derecho y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo, como si se hubiera concedido la protección constitucional. 3) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Precisado lo anterior, en el caso, como quedó especificado en el considerando tercero de este fallo, el acto reclamado en el escrito inicial de demanda, se hace consistir en la omisión de dar respuesta al escrito presentado por el peticionario del amparo el once de junio de dos mil dieciocho, ante la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por medio del cual, solicitó se le informara respecto a la temporalidad de las cotizaciones desde el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y dos (folio 5); circunstancia que se traduce, en esencia, en una violación al derecho de petición contemplado en el artículo 8º constitucional, mismo que dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto constitucional transcrito impone a las autoridades la obligación de dar contestación por escrito a los gobernados, de cualquier petición que se les haya formulado, siempre y cuando ésta se haya realizado por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que la respuesta que la autoridad emita con motivo de la petición que le formuló el gobernado deberá de dictarla por escrito, en breve término y hacerla del conocimiento de éste, es decir, notificársela. Ahora, la autoridad responsable, remitió copia certificada del oficio JAV/490/18, de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, a través del cual el Director de Prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, emitió respuesta a la petición del quejoso, que enseguida se digitaliza (folio 17). De lo expuesto se concluye que los efectos del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, por cuanto hace a la omisión de dar respuesta al escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, han cesado, en virtud de que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el Director General de ese Instituto emitió contestación a su solicitud. Cabe mencionar que respecto del oficio en mención y la autoridad que lo emitió este juzgado ordenó su notificación de manera personal, lo cual se realizó mediante actuación de veinte de junio de dos mil diecinueve (foja 21), a efecto de que tuviera conocimiento de la omisión reclamada. En este sentido, es que la autoridad constituyó una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio que ahora se resuelve, respecto de la omisión reclamada consistente en no dar respuesta a su petición de once de junio de dos mil dieciocho, y con lo cual repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. De esta forma, se vuelve ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, que es precisamente lo que justifica la razón de la improcedencia, y que no existe por ende violación alguna que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal respecto del acto omisivo reclamado inicialmente. Es decir, la autoridad responsable en el transcurso de la substanciación del juicio de amparo demostró que el acto omisivo reclamado ha quedado insubsistente en esta instancia al haber emitido la contestación al escrito presentado ante ella por la parte quejosa, por lo que han desaparecido totalmente los efectos de la omisión de dar contestación señalada por la parte promovente, precisamente ante la respuesta dada por la responsable. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168189, cuyos rubro y texto disponen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Asimismo, el suscrito considera que en el caso, no procede la ampliación de la demanda de amparo en cuanto a la repuesta que dio la responsable al escrito que le fue formulado por la parte quejosa, en virtud que tratándose de las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, como en la especie acontece con lo solicitado por la parte quejosa, por lo que si el peticionario de garantías no es conforme con la respuesta que a su solicitud se dio, debe acudir a los tribunales ordinarios competentes a hacer valer sus derechos. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, visible en la página 1021, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." (Énfasis añadido). En atención a la anterior determinación, no resulta posible el estudio del concepto de violación planteado por la quejosa, toda vez que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación también a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 1028, visible en la página 708, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Job Zermeño Juárez, contra el acto que reclamó de la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo sentenció y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con el secretario Juan Alberto Ramírez Díaz, quien autoriza y da fe, conste. 18765

  3. Principal

    Visto el estado de autos, toda vez que mediante auto de once de junio del año en curso (folio 18), se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y es necesario notificar personalmente el contenido del mismo, por lo que, se ordena al actuario de la adscripción para que cumpla con lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notificación por lista a las partes. Asimismo de conformidad con el artículo 28 fracción I en relación con los diversos 29 30 y 31 de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaran a interponerse entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se consideren que deban notificarse en forma personal los que se les harán del conocimiento por medio de oficio. . Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa el auto de once de junio del año en curso.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de ***, autorizada en amplios términos de los terceros interesados ****(folio 88 vuelta), mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución engrosada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (folios 393 a 404); previo a acordar lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente en los términos contenidos en el presente acuerdo. Notifíquese y personalmente al tercero interesado ***.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano