Job Hernández Díaz

Expediente 53/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
53/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2016

Partes del expediente

  • Job Hernández Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término que establece el diverso artículo décimo primero del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de enero del año en curso, precisa que el acto que reclama en el presente juicio es: "a).-Reclamo concretamente en contra la Resolución de fecha dos de diciembre del dos mil quince, y notificado el siete de enero del dos mil dieciséis, en el que resuelve que se desecha mi Recurso de Revisión, de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, en el que interpuse recurso de revisión en el que manifesté que no soy la persona proveedora, del que no existe prueba alguna. b).- Reclamo concretamente en contra la resolución de fecha señalada, por emisión de todo acto, de molestia de Imposición de sanciones y multas impuestas por la responsable en contra el suscrito." Ahora bien, se desecha la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano la demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que los actos materia de análisis del presente asunto, consisten en: La resolución de dos de diciembre del dos mil quince, emitida en autos del expediente administrativo PFC.TLX.B3/000326-2015, del índice de la responsable mediante el cual resuelve el recurso de revisión, de veintidós de septiembre del dos mil quince. Una vez precisado lo anterior, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno a los actos materia de análisis del presente asunto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, como a continuación se expone. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceda contra del acto reclamado, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: a) Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. b) Si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese contexto, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones antes previstas, por lo que contra del acto reclamado consistente en la resolución de dos de diciembre del dos mil quince, emitida en autos del expediente administrativo PFC.TLX.B3/000326-2015, del índice de la responsable mediante el cual resuelve el recurso de revisión, de veintidós de septiembre del dos mil quince, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía. La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada Aunado a lo anterior, se precisa que aun cuando el acto reclamado es un acto administrativo, el cual se encuentra regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dichos ordenamientos no exigen mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). En efecto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente, en su artículo 28, En ese orden de ideas, al no ubicarse el quejoso en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligado en agotar, el juicio de nulidad, razón por la cual resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por Job Hernández Díaz, contra actos de la Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor del Estado de Tlaxcala.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Job Hernández Díaz, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de diecinueve de enero del año en curso, y al efecto precisa que hace consistir el acto reclamado en: "...la emisión de todo acto de molestias de imposición de sanciones y multas, que trata de imponer la autoridad responsable en contra del suscrito, tratando de hacerme parecer con el carácter de proveedor responsable, sin serlo..." Atento a su contenido, se provee: No ha lugar a tener por cumplido el requerimiento de diecinueve del mes y año en curso, lo anterior en virtud de que no precisa de manera clara dichos actos, sólo reitera los expuestos en su escrito inicial de demanda; por tanto, se requiere al quejoso para que precise en sí cuál es el acto que por esta vía reclama. En ese sentido, resulta procedente ordenar la interrupción del término concedido hasta en tanto se notifique el presente proveído y, una vez que surta efectos la notificación, reanudarlo con el objeto de evitar violaciones procesales y, el quejoso se encuentre en posibilidad de desahogar en sus términos el requerimiento de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en la inteligencia de que continúa subsistiendo el apercibimiento ahí decretado. Cabe aclarar que a la fecha en que se actúa han transcurrido tres días de los cinco concedidos en el citado proveído de diecinueve de enero pasado, toda vez que el mismo le fue notificado mediante lista de acuerdos de veinte de enero de dos mil dieciséis, surtiendo sus efectos el veintiuno siguiente; por tanto los cinco días correrían a partir del veintidós al veintiocho de enero del año que transcurre; sin embargo, como el mismo se interrumpió por el escrito que se provee recibido el veintiséis de enero pasado, es decir a la fecha en que se actúa, sólo han transcurrido tres días; reanudando dicho término a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, los días restantes para dar cumplimiento al requerimiento de diecinueve de enero pasado, serían los días dos y tres de febrero del año en curso.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Job Hernández Díaz, contra actos del Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 53/2016-C. Ahora bien, previamente a acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión de la presente demanda, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días siguientes a la legal notificación del presente proveído, desahogue los siguientes requerimientos: Precise cual es el acto que reclama a las autoridades que señala como responsables Jefe del Departamento de Servicios y Conciliador Personal, ambos de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor de Tlaxcala En consecuencia, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de solicitar el informe justificado correspondiente al Jefe del Departamento de Servicios y Conciliador Personal, ambos de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor de Tlaxcala, es necesario precisar con exactitud cuál es el acto que en esencia les reclama el quejoso. Lo anterior, toda vez que resulta necesario, para que este Juzgador Federal esté en aptitud de proveer sobre la tramitación del presente asunto. En la inteligencia de que deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Se apercibe al quejoso que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos que se le formulan se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Por otra parte, téngase por autorizadas a las personas que refiere.

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