Job Castro Juárez
Expediente 155/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/03/2018
Partes del expediente
- Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla
- Job Castro Juárez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que el quejoso, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo es la interlocutoria de fecha TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil que fue radicado en el expediente número 51/2017 de los del Juzgado Mixto de lo Civil y de lo Penal de primera instancia de Tecamachalco, Puebla. Misma que fue notificada el día tres de enero del año en curso por el Diligenciario Non adscrito a dicho Juzgado, surtiendo sus efectos el día cuatro de enero y empezando a correr el cómputo para interponer este Juicio de Amparo el día cinco del mes y año referido". Esto es, el quejoso se duele esencialmente de la interlocutoria de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del recuro de revocación interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 51/2017, del Juzgado Mixto de lo Civil y de lo Penal de Primera Instancia de Tecamachalco, Puebla, en contra del auto de diez de marzo de dos mil diecisiete. Ahora, es menester precisar que, según las manifestaciones realizadas por el hoy quejoso bajo protesta de decir verdad, en el referido auto de diez de marzo del año pasado, la autoridad responsable acordó lo siguiente: "[..] PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 1077, 1978 y 1079 del Código de Comercio, téngase a ABELARDO JIMENEZ GAMEZ, por hechas sus manifestaciones, con lo que se da vita a la parte contraria, previo a determinar sobre la admisión o no de los medios de prueba que ofrece, por lo que túrnense los autos al C. Diligenciario non adscrito, para que notifique al demandado JOB CASTRO JUAREZ, en el domicilio señalado para notificaciones, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda con relación a lo manifestado por el actor. SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 1977, 1078 y 1079 del Código de Comercio, téngase a la C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, haciendo las manifestaciones que de su oficio se desprenden, con lo que se da vista a la parte actora por el término de tres días hábiles para que se imponga de su contenido. TERCERO.- Con fundamento en los artículos 1054, 1061, 1063, 1069, 1075, 1076, 1391, 1399 del Código de Comercio, téngase al demandado JOB CASTRO JUAREZ, dando contestación en tiempo y forma legal a la demanda instaurada en su contra en los términos de su escrito se desprenden, oponiendo excepciones y ofreciendo como pruebas, las que indican en su ocurso de cuenta, mismas que serán consideradas en su oportunidad, por lo que con el contenido de la misma, dese vista a la parte actora, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, y ofrezca las pruebas respectivas. CUARTO: Con fundamento en los artículos 1054, 1063, 1069 del Código de Comercio, téngase al ocursante, señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la casa marcada con el número mil ciento cuatro de la Avenida Vicente Guerrero, en Tecamachalco, Puebla, y autorizando en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, al licenciado JOSÉ CHAVEZ MATEOS, con cédula profesional número 3013721 y título profesional registrado bajo la partida 167 a fojas 42 vuelta, del tomo IX, del libro respectivo de fecha treinta de marzo de dos mil cinco. [.]" Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, se duele de la interlocutoria de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del recuro de revocación interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 51/2017, del Juzgado Mixto de lo Civil y de lo Penal de Primera Instancia de Tecamachalco, Puebla, en contra del auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual la autoridad responsable proveyó, entre otras cosas, respecto de dar vista a la parte demandada (hoy quejoso), con las pruebas ofrecidas por la parte actora (hoy tercero interesado), así como lo conducente a un oficio signado por la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio de Tecamachalco, Puebla, y lo respectivo al escrito de contestación de demanda presentado por el hoy impetrante. Precisado lo anterior, debe decirse que la interlocutoria reclamada no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga un fallo favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. Se sostiene lo anterior dado a que en el escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, el impetrante manifestó que el juicio de origen se encuentra pendiente de resolver en definitiva. En consecuencia, la referida interlocutoria de trece de noviembre de dos mil diecisiete, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.
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