Joaquina Martínez Ortiz
Expediente 265/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquina Martínez Ortiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, como en el presente expediente la quejosa Joaquina Martínez Ortiz, exhibió en este expediente documentos considerados como originales por el punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que es insustituible por otro, consistentes en: 1. Aviso-recibo, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de Joaquina Martínez Ortiz, de fecha veintitrés de julio de dos mil cuatro, con número de servicio 684 030 710 548. 2. Historial de consumo de energía eléctrica, de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la cuenta 23DK11F290151140, número de servicio 684030710548, medidor 388J9B, emitida por el cajero #0K6, de la Comisión Federal de Electricidad. 3. Formato falla o error de medición, de fecha veintiséis de enero de dos mil, expedido por la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, notifíquese personalmente a la quejosa Joaquina Martínez Ortiz, como se encuentra ordenado en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 24-26), que se deja a su disposición las documentales relacionadas con anterioridad, para que dentro del plazo de noventa días y por escrito, solicite su entrega y devolución; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado plazo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve Joaquina Martínez Ortiz, contra actos del Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad División Sureste, sucursal San Pedro Pochutla, Oaxaca, y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, la aquí quejosa reclama de las autoridades responsables Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad División Sureste sucursal San Pedro Pochutla, Oaxaca; Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Sureste Zona DK11-Huatulco, con sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, así como de las autoridades ejecutoras Verificador adscrito a la Agencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad División Sureste Sucursal San Pedro Pochutla, Oaxaca; Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad División Sureste Sucursal San Pedro Pochutla, Oaxaca, y Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Sureste zona DK11-Huatulco, con sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, los siguientes actos: ".IV.- ACTO RECLAMADO:- Señalo como tal el oficio sin número, con número de ajuste 49/2016, de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, el cual me fue NOTIFICADO EL DÍA ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, oficio mismo que anexo a la presente demanda de garantías para todos los efectos legales de ley, cual carece de nombre de la persona de que supuestamente suscribe y firma. Respecto al citado acto reclamado, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, relacionado con los diversos 1, fracción I, y 5 fracción II del mismo ordenamiento. De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser su fuente de naturaleza pública, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hechas las precisiones anotadas, a juicio de este juzgador, con relación a los actos reclamados por la quejosa consistente en el oficio sin número con número de ajuste 49/2016, de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, el cual le fue notificado el once de mayo del año en curso, se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo, ya que éste, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional ni uno que se le pueda equiparar, por lo que en su caso, deben impugnarse ante la potestad judicial ordinaria. Es conveniente establecer, que si bien las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, e incluso los fideicomisos públicos (verbigracia, la Comisión Federal de Electricidad), que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad; por lo que en la actualidad, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que emite un servidor público o un particular de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sin embargo, la circunstancia de que la Comisión Federal de Electricidad, realice el ajuste correspondiente por consumo de energía y requiera el pago que adeude la aquí quejosa, realice el cobro por los conceptos contenidos del aviso-recibo, y haga efectiva las sanciones que deriven del incumplimiento del convenio de prestación de servicios; no es razón suficiente para que tal proceder deba considerarse un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, o uno de particular que se le equipare, por derivar precisamente del contrato de prestación de servicios correlativo, el cual tiene naturaleza mercantil. Ello, toda vez que las obligaciones derivadas de la contratación, como lo relativo a facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, periodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica; y los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías de duración de contrato, fecha límite de pago, horario de suministro, casos de suspensión, requisitos para la reanudación del servicio, responsabilidades del suministrador por interrupción del servicio, causas de modificación o terminación del contrato, la autorización expresa del usuario para que se realicen revisiones y verificaciones del ajuste por consumo de energía, constituyen condiciones del contrato que derivan. Asimismo, de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, tales cuestiones derivadas del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, como acontece en el caso, el ajuste por consumo de energía, debe decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), que constituye el último criterio de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación relativo al mes de junio de dos mil quince, con relación a si los actos derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, deben considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, y en la que se determinó que tienen naturaleza comercial, y en consecuencia deben decidirse en la vía ordinaria mercantil.. Luego, es posible advertir que el acto reclamado es consecuencia de una relación contractual mercantil, en donde la empresa oficial no actúa con carácter de autoridad, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que debe hacer valer sus prerrogativas respecto del contrato de suministro de energía eléctrica, y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva. Por tanto, no obstante que se trata de un ente público no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, la parte quejosa esta en aptitud legal de acudir ante los Tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del contrato comercial con ellos celebrado en su calidad de consumidor; lo que permite vislumbrar, de manera notoria, manifiesta e indudable que los reclamados no constituyen actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, porque en esos términos lo autoriza.
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