Joaquina Adriana Mucio Gómez
Expediente 1221/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2023
Partes del expediente
- Joaquina Adriana Mucio Gómez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NE**********Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con sustento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificado rendido por la autoridad responsable, asimismo, anexa copia certificada del laudo emitido el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************. En razón de lo anterior, se provee: ACTO RECLAMADO En el caso concreto, es dable recordar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de emitir laudo en el juicio laboral J4/709/2019. En el caso, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del gobernado se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora de las constancias que adjuntó la responsable con su informe justificado, se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó el laudo en el juicio laboral de rigen ********************. En ese sentido, debe decirse que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, la junta responsable dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral ********************, el cual adquirió certeza jurídica al momento de presentarse ante la oficialía de partes de este juzgado, lo que pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado; por ello, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, el cual se le notificó de manera personal el cuatro de septiembre siguiente. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que hoy se encuentra prevista la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado en proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que rinda su informe justificado a la autoridad responsable. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da feL´ vos
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Agréguese el oficio de la Subadministradora Desconcentrada adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2" con sede en México, a través del cual comunica las gestiones realizadas para el cobro de la multa impuesta al perito Héctor Martínez Martínez; de lo anterior se toma conocimiento.
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