Joaquin Vega Medina

Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1002/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Joaquin Vega Medina
  • Secretario de Salud del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de quince de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a la recurrente de amparo y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Valoración documental....

  2. Principal

    Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo

  3. Principal

    VII. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPAROV ista la demanda de amparo que promueve XXXXX, en representación de su menor hija de iniciales M.P.V.D. (diez años, cuatro meses de edad a la fecha), personalidad que acredita con el acta de nacimiento que anexa a la demanda, contra actos del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1002/2022-I. Protocolo de actuación. Cabe precisar que atendiendo a que en el presente juicio la quejosa es menor de edad, se observará puntualmente el contenido del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes. Así, deberá cuidarse la divulgación de información que permita identificar a la persona menor (página 26 del protocolo) por lo que al referirse a la misma siempre se hará bajo sus iniciales M.P.V.D. Desechamiento de demanda. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, en concordancia con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de título y subtítulo: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En este sentido, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el caso se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Y dijo que entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo.1 Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la 1 Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, p. 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Precisión del acto reclamado. En el caso de estudio y de una revisión integral a la demanda se advierte que la promovente reclama en esencia: - La omisión de aplicar la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2 en favor de la persona menor de edad de iniciales M.P.V.D. (diez años, cuatro meses de edad a la fecha). Ahora bien, en un primer momento debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARSCoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional.2 Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas.3 Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan.4 Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid- 19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada país para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de año y al setenta por ciento (70%) para junio de dos mil veintidós. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de título y subtítulo: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la Tercera Ola de contagio COVID, sin que se tuviera noticia de cuándo se 'aplanaría', esto es, de junio a agosto de dos mil veintiuno, el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues las variantes "Delta", "Omicron" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. Por otra parte, mediante publicación realizada en la página de internet , de tres de mazo de dos mil veintidós, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió la sección que contiene en listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, de las que se advierten las siguientes: De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech a menores de cinco años, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los cinco años de edad, no obstante, hace del conocimiento al País que la vacunación de ese grupo etario, tiene una dosis y una composición diferente al bilógico aprobado para mayores de doce años. En este sentido, de lo manifestado por la promovente, se observa que la persona menor de edad de iniciales M.P.V.D. (diez años, cuatro meses de edad a la fecha), se encuentra dentro del rango de edad a que hace referencia la sección que contiene en listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, en su caso Pfizer-BioNTech. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para la persona menor de edad de iniciales M.P.V.D. en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: ".En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: [.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.] En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [.] IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19) y aún más en esta Ola de contagio COVID, pues las variantes "Delta", "Omicron" y la falta de vacunación son factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro País, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte -en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad no constituyen un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En tal virtud, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el catorce de junio del año en curso, por el Subsecretario de Salud, XXXXXX, en el sentido de que a partir del jueves dieciséis de junio del dos mil veintidós se abrirá el registro para vacunar a niñas, niños de cinco años en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el País a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en la página oficial del Ejecutivo del País: donde se observa lo siguiente: Lo anterior demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas del grupo etario de cinco a once años de edad que deseen vacunarse, a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, por lo que, a partir de este jueves se encontrara activo un registro para ese grupo de menores de edad y posteriormente se irán abriendo las unidades de vacunación en todo el País para que reciban sus dosis. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que la persona menor de edad de iniciales M.P.V.D., a la presente fecha, cuenta con una edad de diez años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquella). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecerán en dicha página, a fin de realizar el trámite correspondiente; de igual forma deberá de estar informada de los comunicados que emitan las autoridades locales de la entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita el Instituto de Seguridad del Estado de México (ISEM) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que le sea aplicada la dosis del biológico que requiere. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), y que hasta este momento la quejosa no ha sido vacunada; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de cinco años en adelante, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a las niñas y niños de cinco años en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece la persona menor de edad peticionaria del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento a nombre M.P.V.D. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes, porque ya se ha incluido a las niñas y niños de cinco años en adelante en el esquema vacunación. Lo que en la especie acontecerá al hacerse pública que a partir del jueves dieciséis de junio del año en curso, se abrirá el pre- registro para vacunar a los infantes de cinco años en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el País a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Además, se estima que en este caso también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 del mismo ordenamiento. Tales preceptos establecen: "Artículo 61.

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