Joaquín Torres Aguilar
Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Joaquín Torres Aguilar
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Joaquín Torres Aguilar, por propio derecho, contra actos del Titular de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 513/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Torres Aguilar, por propio derecho; contra actos del Titular de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridades; por considerarlos violatorios de garantías; consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En efecto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, consistente en la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada mediante resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, NO SE TRATA DE ACTO DE AUTORIDAD, para efecto de la procedencia del juicio de garantías. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación literal, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de garantías, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se estima que se reclama un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que, según se verá a continuación, la omisión atribuida a las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de cumplir con el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, no es un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. En primer término, se considera conveniente transcribir los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, relativos a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia son del siguiente tenor: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." De los anteriores preceptos, así como del diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como quedó de manifiesto en el caso concreto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la suspensión por parte de las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de pagar la pensión por cesantía en edad avanzada. De este modo, cabe precisar que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, está desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actuarán en un mismo plano, de lo que resulta evidente que se otorga el carácter de particular al mencionado instituto y por ello, es obvio que no podría sujetársele al juicio de garantías. Así lo aseveró, nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 129/2011 que dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.134/2011, en la que afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Bajo este orden de ideas, puede inferirse que son dos las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige, y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Lo anterior, encuentra apoyo en el precedente aislado, sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil quinientos ochenta, tomo XCIII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTUA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARACTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal." En esas condiciones, se advierte que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consisten en una función que éstas realizan con el carácter de ente asegurador. Por lo que el acto aquí reclamado, se trata de una relación entre asegurador y asegurado, lo que lleva a deducir, como se aprecia anteriormente, que las responsables no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en el caso éstas no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa. De ahí, que contra la suspensión de pagar la pensión por cesantía en edad avanzada, por parte de las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, no proceda el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que las referidas responsables no están investidas de imperio. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.134/2011, a la que se hizo alusión con anterioridad, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil quinientos once, del Tomo XXXIV, del mes de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Como consecuencia de lo expuesto, en la jurisprudencia acabada de citar, puede afirmarse que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación, esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el referido recurso de inconformidad, en ése supuesto -interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley-, no tienen el carácter de acto de autoridad. De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que si el Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, no es autoridad para efectos del amparo, menos aún lo es por mayoría de razón, cuando como en el caso concreto se le reclama la suspensión del pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, por lo que es obvio que no podría sujetársele al juicio de garantías por dicha circunstancia. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.211/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos tres, del Tomo XXX, del mes de diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." Asimismo, tiene aplicación jurisprudencia VIII-2°.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la página dos mil treinta y dos, del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto del año dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." Finalmente, es aplicable la jurisprudencia IV.3o.J/5 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, VIII, Octubre de mil novecientos noventa y uno, página ciento dieciséis, de rubro y texto siguientes: "SOLICITUD DE PENSIÓN NO DERIVADA DE RIESGO PROFESIONAL. OMISIÓN DE LA, CUANDO EL ACTO ES UNA ACTIVIDAD PRIVADA DEL ORGANISMO. NO PUEDE RECLAMARSE POR MEDIO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si el agraviado en su carácter de derechohabiente en el régimen de seguridad social reclama a través del juicio indirecto de garantías la falta de respuesta a su solicitud de pensión no derivada de riesgo profesional, es claro advertir que tal omisión no se refiere a los supuestos de excepción (facultades económico-coactivas) y por ende es imposible de considerarse como violatoria de garantías, por emanar tal acto de una actividad privada de un organismo descentralizado de la administración pública federal que no actúa en ese caso como autoridad, sino como un ente de derecho privado". Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, en razón de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Consulta del expediente electrónico Ahora bien, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y en términos de los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base al usuario "lic-hinojosa", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a la parte promovente para que proporcione un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Luis Daniel Domínguez López, Secretario que autoriza y da fe.
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CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Titular de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 513/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho; contra actos del Titular de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridades; por considerarlos violatorios de garantías; consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En efecto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, consistente en la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada mediante resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, NO SE TRATA DE ACTO DE AUTORIDAD, para efecto de la procedencia del juicio de garantías. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación literal, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de garantías, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se estima que se reclama un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que, según se verá a continuación, la omisión atribuida a las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de cumplir con el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, no es un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. En primer término, se considera conveniente transcribir los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, relativos a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia son del siguiente tenor: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." De los anteriores preceptos, así como del diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como quedó de manifiesto en el caso concreto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la suspensión por parte de las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de pagar la pensión por cesantía en edad avanzada. De este modo, cabe precisar que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, está desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actuarán en un mismo plano, de lo que resulta evidente que se otorga el carácter de particular al mencionado instituto y por ello, es obvio que no podría sujetársele al juicio de garantías. Así lo aseveró, nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 129/2011 que dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.134/2011, en la que afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Bajo este orden de ideas, puede inferirse que son dos las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige, y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Lo anterior, encuentra apoyo en el precedente aislado, sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil quinientos ochenta, tomo XCIII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTUA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARACTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal." En esas condiciones, se advierte que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consisten en una función que éstas realizan con el carácter de ente asegurador. Por lo que el acto aquí reclamado, se trata de una relación entre asegurador y asegurado, lo que lleva a deducir, como se aprecia anteriormente, que las responsables no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en el caso éstas no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa. De ahí, que contra la suspensión de pagar la pensión por cesantía en edad avanzada, por parte de las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, no proceda el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que las referidas responsables no están investidas de imperio. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.134/2011, a la que se hizo alusión con anterioridad, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil quinientos once, del Tomo XXXIV, del mes de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Como consecuencia de lo expuesto, en la jurisprudencia acabada de citar, puede afirmarse que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación, esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el referido recurso de inconformidad, en ése supuesto -interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley-, no tienen el carácter de acto de autoridad. De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que si el Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, no es autoridad para efectos del amparo, menos aún lo es por mayoría de razón, cuando como en el caso concreto se le reclama la suspensión del pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, por lo que es obvio que no podría sujetársele al juicio de garantías por dicha circunstancia. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.211/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos tres, del Tomo XXX, del mes de diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." Asimismo, tiene aplicación jurisprudencia VIII-2°.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la página dos mil treinta y dos, del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto del año dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." Finalmente, es aplicable la jurisprudencia IV.3o.J/5 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, VIII, Octubre de mil novecientos noventa y uno, página ciento dieciséis, de rubro y texto siguientes: "SOLICITUD DE PENSIÓN NO DERIVADA DE RIESGO PROFESIONAL. OMISIÓN DE LA, CUANDO EL ACTO ES UNA ACTIVIDAD PRIVADA DEL ORGANISMO. NO PUEDE RECLAMARSE POR MEDIO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si el agraviado en su carácter de derechohabiente en el régimen de seguridad social reclama a través del juicio indirecto de garantías la falta de respuesta a su solicitud de pensión no derivada de riesgo profesional, es claro advertir que tal omisión no se refiere a los supuestos de excepción (facultades económico-coactivas) y por ende es imposible de considerarse como violatoria de garantías, por emanar tal acto de una actividad privada de un organismo descentralizado de la administración pública federal que no actúa en ese caso como autoridad, sino como un ente de derecho privado". Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, en razón de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Consulta del expediente electrónico Ahora bien, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y en términos de los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base al usuario "*****", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a la parte promovente para que proporcione un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.
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