Joaquin Romano Nava
Expediente 776/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Joaquin Romano Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio de la Titular de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO PRIMERO).- De la autoridad señalada como responsable reclamo la infundada, inmotivada, ilegal e inconstitucional OMISIÓN DE RESOLUCIÓN a la INCONFORMIDAD que interpuse en tiempo Y forma legal hace casi un mes, el día veintinueve de marzo del año en curso (29/3/2023), mismo que debió admitirse o desecharse dentro de los máximo seis días siguientes de acuerdo a la ley vigente y aplicable. SEGUNDO). De la autoridad señalada como responsable reclamo el inconstitucional OCULTAMIENTO DE DATOS al no notificarme absolutamente nada con respecto de mi INCONFORMIDAD interpuesta, no me ha permitido el acceso a mi denuncia ni a dato alguno de la misma." Se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el tres de abril de dos mil veintitrés, se emitió el oficio ******************** en el que se proveyó respecto al recurso de inconformidad presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, ante el titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla, presentado por la parte quejosa. Asimismo, de autos se advierte que por auto de veintinueve de mayo del año en curso, la parte quejosa hizo del conocimiento la actualización de una causa de improcedencia, ya que la autoridad responsable le notificó sobre el recurso de inconformidad interpuesto. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de proveer sobre el recurso de inconformidad presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas del dos de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa -con el oficio y anexo de cuenta-.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad responsable no ofrece pruebas. Perito oficial acepta y protesta el cargo. Autoridad responsable proporciona constancias. Se remiten constancias y se requiere dictamen. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido para la autoridad responsable el plazo de tres días que le fue conferido en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés a fin de que 1) ofreciera las pruebas que estimare pertinentes, con motivo de la apertura oficiosa del incidente innominado de liquidación de sentencia para cuantificar las cantidades que debe recibir el quejoso en cumplimiento a los efectos a) y b) de la ejecutoria de amparo; 2) proporcionara el nombre de un profesional para que actuara como perito en materia de contabilidad; y 3) manifestara los puntos sobre los cuales versará la prueba en comento. Por lo tanto, se le tiene por perdido su derecho de ofrecer pruebas, así como de indicar los puntos sobre los cuales versará la prueba pericial en materia de contabilidad; y del mismo modo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ocho de mayo pasado, por lo que se le tiene por conforme con el dictamen que rinda para tal efecto el perito oficial. Perito oficial acepta y protesta el cargo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexos recibidos vía correo electrónico registrados bajo el número de promoción 11553, de la perita Litzara Basilio Hernández adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el cual acepta y protesta el cargo de perito en materia de contabilidad conferido en el presente juicio de amparo. Datos generales. Litzara Basilio Hernández perita en materia de contabilidad adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, manifestó llamarse como ha quedado asentado, tener veintiocho años de edad, estado civil concubinato, originaria de Cuautlancingo, Puebla, con domicilio en Boulevard Héroes del 5 de mayo y 31 Oriente, Colonia la Ladrillera de Benítez, de ocupación perita en contabilidad. En virtud de lo anterior, se tiene a la perita Litzara Basilio Hernández aceptando y protestando el cargo conferido, por lo que se hace de su conocimiento las penas que el artículo 247 bis del Código Penal Federal establece para los peritos que se ubican en la descripción típica del citado precepto, y se le protesta para que se conduzca con verdad en cuanto a su participación como perito en el presente juicio de amparo. Autoridad proporciona constancias. En otro aspecto, vistos los oficios 11750 y 11817 del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla; y del Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, respectivamente, se tiene que en cumplimiento a los requerimientos efectuados en autos, realizan lo siguiente: Desglosan las prestaciones que percibía *** con motivo del puesto que desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Pública de referencia. Informan que el uno de agosto de dos mil doce ingreso y/o fue dado alta el quejoso en la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el rango de oficial de operaciones "B". Informan que el quince de noviembre de dos mil veintiuno el quejoso causó baja del cargo con el que se desempeñaba. Remiten constancias certificadas de los comprobantes de pago del quejoso correspondientes a octubre y noviembre, ambos de dos mil veintiuno. Se remiten constancias, se requiere dictamen. En ese orden de ideas, remítanse a la perita oficial copias a) de los oficios de cuenta registrados bajo los folios 11750 y 11817; así como b) del testimonio del recurso de revisión 315/2022 pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; y c) del cuestionario presentado por la parte quejosa; a fin de que este en posibilidad de emitir su experticia Consecuentemente, se requiere a *** perita oficial designada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, exhiba el dictamen correspondiente. Se apercibe a ****, perita oficial designado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que de ser omisa en remitir el dictamen respectivo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Luego, agréguese a los autos el oficio registrado bajo el número de promoción 11679, a través del que la perita oficial solicita diversa documentación a fin de rendir el dictamen de que se trata; lo que únicamente se agrega a los autos, debiendo estarse al pronunciamiento realizado con antelación, toda vez ya se cuenta con la información y documentación requerida a la autoridad responsable, con la que se observa que se puede emitir el dictamen de que se trata. Y por último, agréguese a los autos el diverso oficio registrado bajo el folio 11819, del Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, quien en atención requerimiento efectuado en auto de dieciséis de mayo pasado, que le fue comunicado a través del oficio 24008/2023, remite constancias de un oficio a través del que fue comunicada la baja de una persona ajena al presente procedimiento; sin embargo, por ya contarse con las constancias necesarias a fin de que sea emitido el dictamen pericial en materia de contabilidad ordenado en autos, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado procesal que guardan los autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Devolución de constancias. Luego, dado que la Sindica Municipal de Tepeaca, Puebla, remitió cuatro legajos de pruebas a este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se ordena su devolución. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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