Joaquín Ramos Ramos

Expediente 368/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
368/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Joaquín Ramos Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    LLEGADA DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en los autos de la queja penal 66/2017. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior al tenor del punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el reo quejoso *********, contra del auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el juicio de amparo 368/2017." En vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al presente cuaderno algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se hace constar que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se remitió informe justificado sobre el recurso de queja, un legajo de copias del juicio en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios con motivo de la queja aludida, e informa que se admitió dicho recurso, el que quedó registrado con el consecutivo que le corresponda. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que si bien cuenta con las facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de acuerdo con lo establecido por el párrafo primero de dicho numeral, estas facultades no pueden ser delegadas a un tercero, siendo esto únicamente prerrogativa en el presente asunto del directamente quejoso. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado del Secretario de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro; a través del cual, da cumplimiento al requerimiento decretado en autos, emitiendo la declaratoria a la que fue conminada en el fallo protector dictado en el presente juicio, esto es, que se abstendrá de aplicar al quejoso, los artículos declarados inconstitucionales en esta instancia, siempre y cuando no sean objeto de reforma; de igual modo, hace del conocimiento que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que en las oficinas de dicha dependencia se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque por concepto del reintegro del monto materia de la concesión del amparo, circunstancia que acreditó con copia simple de la orden de pago que ampara la cantidad que la parte quejosa erogó a razón del impuesto combatido, esto es, $6,254.85 (seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 moneda nacional). En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista ******************** con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contados a partir de día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Asimismo, requiérase ********************, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en Avenida Juárez, número 36 Pte., Centro, San Juan del Río, Querétaro con la finalidad de que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector. Notifíquese personalmente ********************.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a xxxxx por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro y de otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 368/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados la resolución de trece de febrero de la presenta anualidad, en la cual el juez responsable declara procedente la solicitud de sobreseimiento presentada por el Fiscal General del Estado de Querétaro, a favor de Francisco Javier Valverde Pereira, en la carpeta de judicial 85/2016, relacionado con la carpeta de investigación número CI/6695/2016. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, de conformidad con el los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la propia ley. Este último precepto estipula: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. Lo anterior, puesto que el acto que se reclama, se trata de una decisión intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio del promovente, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa, se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Segundo y Cuarto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para este juzgador federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que el acto que reclama el promovente, es la resolución de trece de febrero de la presenta anualidad, en la cual el juez responsable declara procedente la solicitud de sobreseimiento presentada por el Fiscal General del Estado de Querétaro, a favor de Francisco Javier Valverde Pereira, en la carpeta de judicial 85/2016, relacionado con la carpeta de investigación número CI/6695/2016, es inconcuso que ésta no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, impacta en derechos adjetivos de la hoy quejosa, por lo que si bien es cierto se ven afectadas las defensas de la misma, no menos cierto resulta que dicha determinación dictada por el Juez de Control, en su caso trasciende al resultado del fallo, por lo que su estudio procedería en el juicio de amparo directo. Lo anterior es así, en la medida que las consecuencias derivadas del acto reclamado sólo producen efectos procesales, que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del promovente, pues las consecuencias de tal actuación no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; ya que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados, no tengan reparación alguna para el gobernado en un momento que se dicte la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Se estima que la falta de audiencia que atribuye a la emisión de dicha determinación, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte promovente ni produce una lesión jurídica sobre derechos, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de dicho acto quedarían sin efectos, dejando intacta sus esfera jurídica y, de no ser así, el justiciable podría impugnar las posibles violaciones que se hubiere cometido, a través del juicio de amparo directo, que en su caso, promueva, contra sentencia definitiva que se pronuncie en el procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En síntesis, de la determinación constitutivas del acto reclamado no se desprende una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales, toda vez que en el caso en particular, no constituye un acto de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales de la quejosa, dado que en el procedimiento de origen se encuentra pendiente el dictado de la sentencia, por lo que en este momento la determinación del Juez no tiene el carácter de irreparable. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio de donde deriva el acto reclamado, la hoy solicitante de amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 170 y 171 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Joaquín Ramos Ramos. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a xxxxx, y en términos del numeral 24 de la invocada ley, a las diversas personas que refiere, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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