Joaquín Ramírez Ortiz

Expediente 541/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
541/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Joaquín Ramírez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    En razón de que feneció el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de junio de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo intentada; con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución causó estado. Orden de archivo y valoración En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda presentada por ********************, por propio derecho; en contra de actos del juez Civil y de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato y otra autoridad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 541/********************0********************3-6. Integración del expediente En términos del artículo ********************5********************, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial «A» adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Bajo ese panorama y de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa pretender reclamar los actos que, preliminarmente, consisten en: Autoridad responsable: Acto reclamado: a) Juez Civil y de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato. b) Actuarios adscritos a dicho juzgado. "1.- De la autoridad responsable, la orden de desalojo del inmueble cuya posesión detento desde hace más de veinte años, mismo que se ubica en calle ******************** número ********************, zona centro, de Yuriria, Guanajuato, y que consta precisamente de dos fracciones de ese inmueble, una en la planta baja y otra en la planta alta. ********************.- De la autoridad ejecutora, la ejecución de la orden de desalojo del inmueble cuya posesión detento desde hace más de veinte años, mismo que se ubica en calle ******************** número ********************, zona centro, de Yuriria, Guanajuato, y que consta precisamente de dos fracciones de ese inmueble, una en la planta baja y otra en la planta alta". Desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que debe examinarse el escrito de demanda y, en caso de advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo anterior, dado que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes que crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de ********************004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso numeral 5º, fracción I y 6°, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En concordancia con lo anterior, es oportuno mencionar, que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de agravio personal y directo, según se desprende del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". En relación con el principio anotado, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material y apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 135, Volumen 199-********************04, Primera Parte, con registro digital: ********************3********************19********************, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4 de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal o sujeto al actuar de la parte quejosa o alguna circunstancia que lo actualice, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se insta en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5, fracción I y 6, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades y posibles circunstancias o acontecimientos que podrían generarlos; por tanto, al revestirles la naturaleza de inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. En la especie, del análisis de la demanda de amparo se advierte, como se anunció, que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de desalojo del inmueble cuya posesión detento desde hace más de veinte años, mismo que se ubica en calle ******************** número ********************, zona centro, de Yuriria, Guanajuato, y que consta precisamente de dos fracciones de ese inmueble, una en la planta baja y otra en la planta alta. A mayor detalle, la parte actora constitucional manifestó bajo protesta de decir verdad que: 1. El veintitrés de junio del año en curso, se enteró por el dicho de una persona, que ésta a su vez escuchó que iban a sacar de su casa al quejoso. ********************. Que hasta la fecha no ha recibido por parte de alguna autoridad judicial alguna notificación de emplazamiento, demanda o resolución. Tales consideraciones permiten estimar que la materia de reclamo hasta este momento es futuro e incierto pues no existe un acto formal por parte de la autoridad judicial en contra del bien inmueble que defiende el quejoso en esta vía. Lo anterior, permite inferir que la ejecución que reclama al ser un acto futuro e incierto, es contrario al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que exige como condición que la afectación que sufra el quejoso en su esfera jurídica sea actual y real. Máxime que cualquier requerimiento, previo a hacerlo efectivo, debe seguir un orden de prelación, en la eventualidad que se le afecte a parte quejosa; de ahí que finalidad de la demanda de amparo y su fallo es obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que no se le desposea del goce de su derecho fundamental violado y no instar para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. En ese orden de ideas, el acto reclamado no contiene una afectación actual y real de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se trata una ejecución de naturaleza futura e incierta que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido. De manera que sólo ante las acciones que despliegue la parte quejosa respecto el acto impugnado de la autoridad responsable, y dependiendo de en qué consista, en ese momento se producirá eventualmente una afectación la que también podrá o no actualizar violación a sus derechos fundamentales; sin embargo, se encontrara en posibilidades de instar lo que considere conveniente. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas o condicionada al actuar del quejoso u otras circunstancias que variarían la consecuencia de la materia de reclamo y no en contra de actos concretos o de realización inminente. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." En ese sentido, se estima que el acto que combate es futuro de realización incierta, respecto del cual no se tiene certeza, pues hasta el momento de la presentación de demanda, no le ocasiona el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5 y 6, ambos de la Ley de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Por solicitud expresa del quejoso, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo ********************7, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria y 306 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 1******************** de la Ley de Amparo a ********************, en virtud que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y la restante autorización, en términos restringidos de dicho numeral, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral ********************1, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Finalmente, con apego en el artículo ********************63, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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