Joaquín Pinacho Ramírez
Expediente 307/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquín Pinacho Ramírez
- Joaquín Pinacho Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que solicita se le informe si se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, promovida por ******; al efecto, infórmesele que este juicio de amparo fue promovido por ******, y no por ********, así también, que por auto de treinta y uno de marzo de dos mil quince, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.
- Principal
MESA II A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 56 a 61), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año pasado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire al Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, devuélvasele la copia certificada de la causa penal 90/2012 de su índice, con la que en proveído de veintiséis de marzo de dos mil quince, se ordenó formar los anexos I, II, III (foja 27).
- Incidental
MESA II A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil quince (fojas 58 a 60), se declaró sin materia la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintisiete de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse declarado sin materia la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Agréguese a los auto el oficio 1834 signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de marzo de este año (foja 27), remite copia certificada de la demanda de amparo e informes justificados relativos al juicio de amparo 278/2015 de su registro, e informa que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del veintiuno de abril de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el aquí quejoso Joaquín Pinacho Ramírez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Coordinador y Comandante del Grupo de Aprehensiones, ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en la orden de reaprehensión librada en su contra en la causa penal 90/2012 del registro de la primera citada, y la ejecución material de la misma, por parte de las restantes. Asimismo, que la Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado por el quejoso (foja 16); sin embargo, al rectificar el mismo convino en su existencia, y agregó que ello es así toda vez que en la causa penal 90/2012 de su registro, el seis de febrero de dos mil quince, libró orden de reaprehensión contra el quejoso Joaquín Pinacho Ramírez, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, en agravio de Víctor Manuel Gómez Ángeles (foja 21). Certeza que se corrobora, en virtud de que resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la referida juez al rendir su informe previo en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, agregó al mismo copia certificada de la referida determinación; documental de la cual se ordena deducir copia certificada para ser agregada a los autos, para los efectos legales correspondientes (fojas 52 a 55). Asimismo, la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones por orden del Coordinador General, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto de ejecución que le atribuye el quejoso (foja 12). Por su parte, el Comandante del Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama (foja 14); sin embargo, toda vez que la existencia de la orden de captura quedó acreditada en términos de los párrafos que anteceden, y conforme a lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, a la citada autoridad corresponde ejecutar dicho mandamiento, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Precisado lo anterior, y previo análisis de las constancias anexas al oficio que se agrega en este acuerdo, el suscrito juzgador estima que en la especie contra los actos que reclama el quejoso a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...). El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en que existen las coincidencias mencionadas, el que se encuentra pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad en los elementos del litigio planteados en ambos, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. Ahora bien, para demostrar la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, debe decirse que de las constancias remitidas con el oficio de cuenta se conoce que el referido quejoso Joaquín Pinacho Ramírez, el veintiséis de febrero de dos mil quince, con anterioridad al presente juicio de amparo (iniciado el cuatro de marzo del año en curso), promovió el diverso juicio 278/2015 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 35 a 39), contra actos, entre otros, de la Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, de quien la orden de aprehensión librada en su contra. También, que al rendir su informe justificado en dicho juicio la Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, convino en la existencia del acto que se le reclama, y agregó que ello es así toda vez que en la causa penal 90/2012 de su registro, el seis de febrero de dos mil quince, libró orden de reaprehensión contra el quejoso Joaquín Pinacho Ramírez, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones, en agravio de Víctor Manuel Gómez Ángeles (foja 51). Asimismo, que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del veintiuno de abril de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en dicho expediente (foja 35). Por tanto, el acto aquí reclamado debe estimarse materia del diverso juicio de amparo pendiente de resolución 278/2015, sin que trascienda al respecto el hecho de que el quejoso en la demanda que previno lo haya señalado como: "orden de aprehensión", ya que del informe justificado ahí rendido se advierte la existencia de una orden de reaprehensión emitida en contra del impetrante, y ello no es obstáculo para que en el primer juicio constitucional no se examine esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta en el libelo inicial, en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal; y el Juez de Distrito tendrá que concatenar la información con la que cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 6/1996, por contradicción de tesis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 287, Tomo XIV, julio de 2001, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías. En tales condiciones, toda vez que se advierte que el quejoso, la autoridad responsable ordenadora, y los actos aquí reclamados, son los mismos a los que se refiere el diverso juicio de amparo 278/2015 del registro del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; además, que el citado juicio de amparo, aún se encuentra en trámite, resulta claro que existe esa identidad y, como consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a página 260, Tomo XV, enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto del precisado acto reclamado a la citada autoridad responsable. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido al Coordinador y Comandante del Grupo de Aprehensiones, ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 31). Cabe agregar que no pasa inadvertido al suscrito juzgador que no se encuentra emplazado al presente juicio de amparo el tercero interesado Víctor Manuel Gómez Ángeles, toda vez que con base en lo determinado (sobreseimiento), a nada práctico conduciría esperar a emplazarlo, pues esta resolución no le depara ningún perjuicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Notifíquese personalmente.
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