Joaquín Peral Patrón

Expediente 125/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
125/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Joaquín Peral Patrón
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, que sobreseyó y negó el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee y niega el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se sobreseyó y negó la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad (un legajo de pruebas); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada en doce de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2643/2021, que actúa ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las doce horas con veinte minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Peralta Patrón, por propio derecho; en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con César Hernández Serrano, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. El Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demanda 2 a 15 2 Auto admisorio 23 a 25 3 Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación 26 4 Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero 34 Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Foja Sentido del Informe 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero 36 cierto El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Periodo probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas Fojas 1 Quejoso Documentales 16 a 22 2 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero Documentales Legajo de pruebas El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas, que se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. El Secretario certifica: que no quedan pruebas pendientes por desahogar y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para emitir sentencia. El Juez acuerda: vista la certificación y al no quedar pruebas pendientes que desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el periodo de alegatos el Secretario hace relación del alegato ministerial 77/2020, presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo hace constar que las demás partes no realizaron manifestaciones. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato del representante social adscrito, sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de dictar sentencia; y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Se cierra el periodo de alegatos; al tener en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito, para emitir la resolución que en derecho proceda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 125/2020, promovido por Joaquín Peral Patrón, por propio derecho; contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitida el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Joaquín Peral Patrón, por propio derecho; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "El auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, a través del cual la responsable omite regularizar su conducta sistemática y reiterada en la aplicación de la ejecución forzosa del laudo emitido en contra del ahora tercero interesado, no obstante solicitárselo en la promoción que recayó al proveído antes señalado, y que se particulariza en los siguientes casos: a).- Omite aplicar medidas de apremio de manera ordenada, congruente y de manera progresiva lo que origina dilación en la ejecución del laudo. b).- Otorgar plazos extremadamente extensos al demandado con el fin que dentro de los mismos cumpla con el laudo." SEGUNDO. Admisión y trámite. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama: Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: El auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 899/2006. Al fijar el acto reclamado no se desatiende que el quejoso pretende el análisis directo de la omisión aplicar las medidas de apremio de manera progresiva durante todo el procedimiento por incumplimiento del laudo por parte de la demandada; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. En ese sentido, para que la autoridad responsable continúe con la siguiente etapa del juicio de origen y pueda ser de análisis mediante el juicio de amparo, es necesario conocer, primero, la respuesta dada por la autoridad laboral sobre la medida solicitada por el quejoso para así estar en condiciones de analizar si existe o no la omisión relativa a tal medida. Por tanto, de obtener una hipotética concesión de la protección de la Justicia Federal, ésta solo podría abarcar el acto reclamado como fue señalado. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Encargada del Despacho, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuye. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Tribunal de Conciliación junto con su informe justificado, de las que se advierte que obra el proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, copias certificadas del juicio laboral 899/2006, actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Octava, que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al efecto la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de la Presidenta Encargada del Despacho, alude que en el presente juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo; sin embargo, toda vez que no vierte argumentos que justifiquen dicha afirmación, y sin que este órgano jurisdiccional advierta su obvia y objetiva constatación, en consecuencia, se encuentra imposibilitado para analizar el sobreseimiento solicitado por la autoridad responsable. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos siguientes: "Época: Novena Época Registro: 174086 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2006 Página: 365 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Sin embargo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la parte relativa a que no aplica la medida de apremio con que se apercibió a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por no dar cumplimiento a la reinstalación de la parte actora, quien esto resuelve advierte de oficio, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando, a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surte efecto o materia alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, para acreditar la causal de improcedencia que se analiza, conviene transcribir el artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su fracción XXII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" Del precepto transcrito, se advierte que para que se actualice la citada causa de improcedencia, se deben satisfacer los requisitos siguientes: Que el acto reclamado subsista. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto de la materia del mismo. Así las cosas, uno de los objetos o materia del acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la medida de apremio con que se apercibió a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por no dar cumplimiento a la reinstalación de la parte actora en el juicio laboral 899/2006. No obstante, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, llevó a cabo la reinstalación de Joaquín Peral Patrón en su fuente laboral (fojas 326 a 328 del legajo de pruebas). Por tanto, es dable concluir que ha desaparecido el objeto del acto reclamado, en la parte relativa en que es omisa en aplicar la medida de apremio con que se apercibió a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por no dar cumplimiento a la reinstalación de la parte actora, debido a que el veintiséis de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo la reinstalación de Joaquín Peral Patrón en su fuente de trabajo, consecuentemente, el acto reclamado no puede surtir efecto alguno al haber desaparecido el objeto materia del amparo. Sirve de sustento a lo expuesto, por no contraponerse a la Ley de Amparo vigente, en lo conducente la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en página 146, misma que este juzgador comparte y que es del rubro texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR HABER DEJADO DE EXISTIR EL OBJETO DEL ACTO RECLAMADO. Cuando se demanda del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que regulaba las relaciones obrero- patronales de una empresa, cuyas relaciones individuales y colectivas se dieron por terminadas a causa de la declaración legal de quiebra de la misma, es evidente que se dan los supuestos de fracción XVII del artículo 73, de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando subsista el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto del mismo." Así como la tesis jurisprudencial número 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, del tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 173858, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De esa manera, de entrar al fondo del asunto y concluirse que el acto reclamado es inconstitucional respecto de la omisión de aplicar la medida de apremio con que se apercibió a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por no dar cumplimiento a la reinstalación de la parte actora en el juicio laboral, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en la garantía que estima violada, dado que se modificó el entorno del acto reclamado, pues el objeto o materia del amparo en el presente juicio, desapareció en el momento en que se llevó a cabo la reinstalación de la parte actora. En consecuencia, al resultar manifiesta la actualización de la causal de improcedencia previstas en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de amparo, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en la omisión de aplicar la medida de apremio con que se apercibió a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por no dar cumplimiento a la reinstalación de la parte actora en el juicio laboral. Al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza diverso motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, por lo que respecto del acto reclamado consistente en el auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por el promovente se tienen por reproducidos, en aras de economía procesal, aunado a que en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos. En esencia, el quejoso manifiesta que la autoridad responsable trasgrede el contenido de los artículos 14, 16 y 17, en atención que para la ejecución del laudo ha mostrado una conducta arbitraria a las disposiciones legales que rigen la ejecución forzosa del mismo, propiciando la afectación a su derecho humano protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que señala plazos extremadamente largos sin mediar justificación alguna y en la aplicación de multas lo hace sin orden alguno ni un sistema lógico progresivo. Además, de que con su omisión el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, trae como consecuencia una dilación en el procedimiento. Sus argumentos resultan infundados. En principio se analizarán los motivos de agravio consistentes en que la autoridad responsable señala plazos extremadamente largos sin mediar justificación alguna y en la aplicación de multas lo hace sin orden alguno ni un sistema lógico progresivo, mismos que resultan infundados como se verá a continuación. Es necesario precisar a manera de antecedentes, que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, emitió un acuerdo el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 899/2006, el cual en la parte relevante y que interesa en el presente asunto, es del tenor siguiente: "[.] Ahora bien, en cumplimiento a lo solicitado por la Autoridad Federal en los oficios de mérito, este Tribunal se pronuncia en relación a los escritos presentados por la parte actora con fechas trece de septiembre y cuatro de octubre del dos mil dieciocho, por lo que tomando en cuenta dichos escritos, así la diligencia de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, se desprende que no fue posible llevar a cabo la reinstalación del C. JOAQUÍN PERAL PATRÓN, asimismo, tomando en cuenta lo manifestado por el apoderado legal de la Secretaría demandada, dígasele que dichas manifestaciones no son excusa para darse impedido a dar cumplimiento a la reinstalación del actor, además que dicho laudo ostenta el carácter de COSA JUZGADA, por lo que su cumplimiento es de ORDEN PÚBLICO y consecuentemente OBLIGATORIO, de modo, que no puede admitirse excusa alguna para incumplir con la condena establecida en el laudo, aunado a ello que es obligación del demandado cumplir con el laudo, no obstante a ello y tomando en cuenta que de autos se desprende que no se ha llevado a cabo la reinstalación del C. Joaquín Peral Patrón, razón por la cual y con la finalidad de no dilatar más el presente juicio se procede a señalar las DOCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la reinstalación en comento, en los mismos términos y apercibimientos señalados en autos, por lo que se comisiona al actuario de este Tribunal para que en compañía del actor se constituyan en el domicilio del demandado mismo que está señalado en autos y de fe de la reinstalación del actor, con el apercibimiento para el actor que de no comparecer el día y hora antes señalada se dejará de correr los salarios caídos a partir de esta fecha esto de conformidad con el artículo 948 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, asimismo se le requiere a la demandada para que el día y hora antes señalada autorice personal para que reinstale al actor, apercibido que de no hacerlo se le aplicará una medida de apremio señalada en la Ley de la Materia consistente en QUINCE veces el salario mínimo, por conducto de su titular, ello con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley 248 del Estado. - - - Dicho esto y para dar continuidad al procedimiento laboral que nos ocupa requiérasele nuevamente a la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que realice el pago de la cantidad de $608,498.99 (SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), lo que deberá hacer dentro del término de VEINTE días hábiles (término que se le otorga para dar margen a los trámites que deba realizar para la liberación del pago requerido, esto con fundamento en el artículo 127 de la Ley 248 del Estado), con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a las medidas de apremio que se encuentran señaladas en los artículos 125, 126, 127 y 138 de la LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 248." De lo transcrito se advierte que la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, debía llevar a cabo dos acciones para cumplir con la ejecución del laudo condenatorio, 1) la reinstalación del actor en el juicio laboral de origen y 2) el pago de la cantidad por concepto de salarios caídos. Ahora, respecto de la reinstalación de la parte actora, como se acreditó en el considerando que antecede, esta se llevó a cabo el veintiséis de febrero de dos mil veinte. En el otro aspecto a cumplir por parte de la demandada, consistente en el pago de la cantidad por concepto de salarios caídos, el Tribunal de Conciliación requirió a dicha Secretaría de Salud, para que dentro del término de veinte días hábiles (término otorgado para que llevara los trámites tendentes a lograr la liberación del pago requerido, con fundamento en el artículo 127 de la Ley 248 del Estado de Guerrero), realizara el pago de la cantidad de $608,498.99 (seiscientos ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 moneda nacional), con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicaría una de las medidas de apremio que se encuentran señaladas en los artículos 125, 126, 127 y 138 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. Luego, la autoridad responsable emitió el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que en su parte relevante es del contenido siguiente: "[.] Ahora bien, en cumplimiento a lo solicitado por la Autoridad Federal en el oficio de mérito, este Tribunal se pronuncia en relación al escrito presentado por la parte actora con fechas cinco de junio del año dos mil diecinueve, por lo que tomando en cuenta dicho escrito, así como la diligencia de cuatro de junio del año en curso, se desprende que no fue posible llevar a cabo la reinstalación del C. JOAQUÍN PERAL PATRÓN, asimismo tomando en cuenta lo manifestado por el apoderado legal de la Secretaría demandada, dígasele que dichas manifestaciones no son excusa para darse impedido a dar cumplimiento a la reinstalación del actor, además que dicho laudo ostenta el carácter de COSA JUZGADA, por lo que su cumplimiento es de ORDEN PÚBLICO y consecuentemente OBLIGATORIO, de modo, que, no puede admitirse excusa alguna para incumplir con la condena establecida en el laudo, aunado a ello que es obligación del demandado cumplir con el laudo, no obstante a ello y tomando en cuenta que de autos se desprende que no se ha llevado a cabo la reinstalación del C. Joaquín Peral Patrón, razón por la cual y con la finalidad de no dilatar más el presente juicio se procede a señalar las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la reinstalación en comento, en los mismos términos y apercibimientos señalados en autos, por lo que se comisiona al actuario de este Tribunal para que en compañía del actor se constituyan en el domicilio del demandado mismo que está señalado en autos y de fe de la reinstalación del actor, con el apercibimiento para el actor que de no comparecer el día y hora antes señalada se dejará de correr los salarios caídos a partir de esta fecha esto de conformidad con el artículo 948 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, asimismo se le requiere a la demandada para que el día y hora antes señalada autorice personal para que reinstale al actor, apercibido que de no hacerlo se le aplicará una medida de apremio señalada en la Ley de la Materia consistente en DIECISÉIS veces el salario mínimo, por conducto de su titular, ello con fundamento en el artículo 138 fracción I de la Ley 248 del Estado... - - - Por otra parte, en atención al escrito de fecha dieciséis de agosto del presente año y tomando en cuenta que la Secretaría demandada no ha dado cumplimiento al laudo, se le hace efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha catorce de mayo del año dos mil diecinueve, es decir, se hace acreedor a una multa de DIEZ veces el salario mínimo, por conducto de su titular en términos de lo establecido por los artículos 125, 126 127 y 138 Fracción I, de la Ley 248 del Estado, para ello gírese el oficio correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, para que haga efectiva la multa al demandado; Dicho esto y para dar continuidad al procedimiento laboral que nos ocupa, requiérase nuevamente a la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que realice el pago de la cantidad de $608,498.99 (SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), lo que deberá hacer dentro del término de VEINTE días hábiles (término que se le otorga para dar margen a los trámites que deba realizar para la liberación del pago requerido, esto con fundamento en el artículo 127 de la Ley 248 del Estado), con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa de DOCE veces el salario mínimo." Así, lo antes transcrito permite advertir que la autoridad responsable en proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, requirió a la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que realizara el pago de la cantidad de $608,498.99 (seiscientos ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 moneda nacional), lo que debería hacer dentro del término de veinte días hábiles (término que se le otorgó para dar margen a los trámites que debía realizar para la liberación del pago requerido, ello con fundamento en el artículo 127 de la Ley 248 del Estado de Guerrero), con el apercibimiento que de no hacerlo así, se haría acreedor a las medidas de apremio que se encuentran señaladas en los artículos 125, 126, 127 y 138 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. Posteriormente, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Conciliación hizo efectivo el apercibimiento decretado a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en la parte relativa a realizar el pago de la cantidad de $608,498.99 (seiscientos ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 moneda nacional); consecuentemente le aplicó una multa de diez días de salario mínimo vigente en la Entidad. Asimismo, para continuar con el procedimiento en su etapa de ejecución, el Tribunal Laboral determinó requerir de nueva cuenta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que realizara el pago de la cantidad correspondiente por concepto de salarios caídos, lo que debería hacer dentro del término de veinte días hábiles, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se haría acreedor a una multa de doce veces el salario mínimo. Como se dijo es infundado el motivo de inconformidad del quejoso en cuanto alude que la autoridad responsable en el acto reclamado señala plazos extremadamente largos sin mediar justificación alguna y en la aplicación de multas lo hace sin orden alguno ni un sistema lógico progresivo. Así se determina, toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al emitir el acto reclamado precisó que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, debía realizar a la parte actora, el pago de la cantidad correspondiente por concepto de salarios caídos, lo que debería hacer dentro del término de veinte días hábiles, término que le fue otorgado para dar margen a los trámites que debía realizar para la liberación del pago requerido, ello con fundamento en el artículo 127 de la Ley 248 del Estado. En tal virtud, del análisis del auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado, se advierte que al otorgar el término de veinte días para que la demandada realizara el pago de la cantidad correspondiente por concepto de salarios caídos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje fundamentó su determinación en el artículo 127 de la Ley 248 para el Estado de Guerrero, el cual es del contenido siguiente: "ARTÍCULO 127.- El Tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." De igual forma, al otorgar el término de veinte días para que la condenada realizara el pago requerido, lo motivó en que dicho plazo se otorgaba para dar margen a los trámites que debía realizar para la liberación de dicho pago. En consecuencia, contrario a lo referido por la parte quejosa, no se advierte que la autoridad responsable, en el auto que constituye el acto reclamado haya señalado plazos extremadamente largos sin mediar justificación alguna y que en la aplicación de multas lo haga sin orden alguno ni un sistema lógico progresivo. Por todo lo expuesto, contrario a lo que aduce el quejoso, en el proveído que se combate se vertieron los motivos y fundamentos para resolver en la forma en que lo hizo el Tribunal de Conciliación, en consecuencia, deben declararse infundados los conceptos de violación sujetos a análisis y lo que procede en el caso es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Joaquín Peral Patrón, en contra del acto reclamado, en la parte cuyos conceptos de violación se hacen consistir en que la autoridad responsable en el acto reclamado señala plazos extremadamente largos sin mediar justificación alguna y en la aplicación de multas lo hace sin orden alguno ni un sistema lógico progresivo. SEXTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Joaquín Peral Patrón, contra los actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones y fundamentos contenidos en el diverso considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Joaquín Peral Patrón, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el licenciado César Hernández Serrano. Doy fe. EL LICENCIADO CÉSAR HERNÁNDEZ SERRANO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CERTIFICA: QUE ESTA HOJA ES PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL JUICIO DE AMPARO 125/2020. DOY FE

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintiuno. Glósese a los autos las razones actuariales firmadas por el Actuario Judicial Adscrito a este órgano Jurisdiccional, de la que se advierte que, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de hacer entrega de los oficios descritos en las mismas, lugar donde lo atendió el oficial de partes, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse ********************y, al que le explicó el motivo de su presencia. Situación por la cual el oficial de partes, le manifestó que solo podía recibir diez oficios por autoridad los días miércoles de cada semana, ello, por instrucciones de la Presidenta del mencionado tribunal; motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado, le hizo saber al servidor público las consecuencias y alcances del artículo 28 fracción l, de la Ley de Amparo; no obstante, el mismo se negó a recibir los oficios de referencia, por lo que procedió a dejarlos fijados en la puerta de la autoridad responsable, dándola por notificada del contenido de los mismos; ello, con las facultades que le confiere el segundo párrafo del citado numeral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28 fracción, fracción l, de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las notificaciones de los oficios que señala el actuario en sus razones actuariales de cuenta y, por tanto, las mismas surten plenos efectos legales conforme al citado numeral. Lo anterior resulta acorde a la facultad garante de este juzgado de distrito, para salvaguardar la garantía a la tutela jurisdiccional de las partes en el presente juicio, prevista en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, partiendo de la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no pueden supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales; asimismo, atendiendo a que, el juicio de amparo es reconocido por la Corte Interamericana, por su naturaleza, en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que aún no obra la constancia de notificación a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de los oficios ordenados en proveídos de tres de agosto de dos mil veinte, dieciocho de enero y nueve de marzo, ambos de dos mil veintiuno, donde se reanuda el juicio de amparo en que se actúa. Se instruye al actuario judicial adscrito para que notifique a la brevedad posible los oficios que derivan de los referidos proveídos, así como el que se provee, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales. En tal virtud, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

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