Joaquin Pech Toh
Expediente 508/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joaquin Pech Toh
Actuaciones
- Principal
MESA II. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintiuno de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II. Agréguense a estos autos los oficios signados por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y actuario adscrito, así como las constancias que acompañó al mismo, el Presidente de la Junta responsable, de las que se advierte que el diez de enero de dos mil diecinueve, se decretó la caducidad en el juicio laboral 491/2018. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Joaquín Pech Tuh, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la denegación de justicia, por falta de emplazamiento de los demandados en el juicio laboral de origen. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXII. Cuando subsista el acto recelamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; La causal de referencia prevé que aunque subsista el acto reclamado, en caso de que se modifique el entorno en el que fue emitido y deje de existir su objeto o materia, la esfera jurídica del quejoso ya no se vería afectada. Toda vez que, si ya no existe la materia a la que va dirigido el acto reclamado, el mismo no podría surtir efectos ?jurídica o materialmente?, independientemente de que se emita o no una sentencia de fondo en el juicio de amparo. Es decir, aun cuando subsista el acto reclamado, se tornaría intrascendente que se emita una sentencia concesoria, al no poder restituir al quejoso, el goce del derecho presuntamente vulnerado, pues carecería de efectos. Así, la hipótesis de improcedencia en estudio, toma en consideración la imposibilidad de realizar de manera efectiva la finalidad del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo . Es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre de 2006, de la Novena Época, que dispone ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Expuesto el marco normativo anterior, se reitera que en el presente juicio, el quejoso reclama la denegación de justicia, por falta de emplazamiento a los terceros demandados en el juicio laboral 491/2019. En su informe justificado, la responsable manifestó que se decretó la caducidad del juicio, ordenándose archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido, al carecer de materia. De lo expuesto, se concluye que aun y cuando subsiste la denegación reclamada; lo cierto es que su objeto o materia dejó de existir. Es así, porque el entorno en el que se emitió el acto reclamado en esta vía constitucional, ha sido modificado por la caducidad decretada, toda vez que con ello se concluyó la tramitación del juicio, ante la inactividad procesal. En la inteligencia de que, derivado de dicha determinación, ya no surte efecto alguno la denegación de justicia reclamada. Por lo que no tendría algún sentido que en el caso, se emita algún pronunciamiento sobre el acto reclamado, al no existir su objeto o materia. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados . En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados a CYRPSA DEL SURESTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que no hayan sido emplazados en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 284/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que manifiesta, solicita sobreseer el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por JOAQUIN PECH TOH, contra actos que reclama de la JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídanse informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, los que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en los cuales, las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas que de no rendir sus informes dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. De igual forma, con fundamento, resérvese acordar lo conducente por lo que ve a los terceros interesados Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señalo en su demanda de amparo; y como autorizados para tal efecto, a Lincoln José Palma Rodríguez, Wendy Fabiola Palma Barahona, Laura Emilia González Balam, Grisel Iveth Juárez Moguel, Jorge Ricardo Manzanilla Mex, Eloisa Ivanoa Méndez Rodríguez y Josué Ramón Briceño Ceballos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, la parte quejosa manifiesta que está anuente en que se publiquen sus datos personales en el momento que se dicte la sentencia en el presente juicio de garantías, incluyendo datos personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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