Joaquín Pablo Sosa León
Expediente 140/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Joaquín Pablo Sosa León
- Juez de Control de Orizaba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 140/2020 promovido por . contra actos del 1. Fiscal Investigador Titular de la mesa primera Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, turnado a este Juzgado en esa data, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal Investigador Titular de la mesa primera Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, teniéndose como actos reclamados los siguientes: - Las órdenes de aprehensión, presentación, búsqueda, detención o cualquier otro privativo de libertad y su ejecución. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, previno a la parte quejosa para que señalara la denominación correcta de la autoridad señalada como Juez de Control de Orizaba, Veracruz, con el apercibimiento que de no hacerlo se admitiría la demanda de amparo únicamente por las autoridades responsables que no fueron objeto de prevención, sin que el quejoso desahogara dicho requerimiento; por tanto, el veintiuno de agosto del citado año, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo por las diversas autoridades señaladas como responsables, solicitó informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada como 4. Fiscal Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, Veracruz. Por tanto, resulta innecesario pronunciarse en la presente sentencia respecto de los actos que se le atribuyen, pues con tal declaratoria, no tuvo relación con este juicio; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 111/2008, emitida por la Primera Sala de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo XXIX, correspondiente al mes de marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que, de ser cierto, el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Fiscal Primera, 2. Fiscal Segunda, por sí y como encargada de cubrir vacaciones de la diversa Fiscal Quinta, quien a su vez está a cargo de la 3. Fiscalía Tercera, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, y 5. Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives, todos con residencia en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión, presentación, búsqueda, detención y cualquier otro privativo de libertad y su ejecución. El peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ., contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Fiscal Segunda, encargada de cubrir vacaciones de la diversa Fiscal Quinta, quien a su vez está a cargo de la 3. Fiscal Tercera, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y niños y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación de este proveído, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo
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