Joaquín Medrano Bonilla

Expediente 26/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
26/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Joaquín Medrano Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 3499/2018, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y que dicho Tribunal asumió el conocimiento de dicho juicio. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el quince de enero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otra parte, como quedó establecido en el citado auto de quince de enero de dos mil dieciocho, se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Joaquín Medrano Bonilla, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, así como los anexos correspondientes (tomos I y II, remitidos por las autoridades responsables), al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia fotostática certificada de todo lo actuado en este juicio.

  3. Principal

    Visto, el oficio 425/2018, por medio del cual la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Zacatecas, remite los autos del juicio de amparo directo civil 1174/2017, en que obra el auto de uno de los cursantes y testimonio de la ejecutoria de cinco de los cursantes, emitido por el citado cuerpo Colegiado de este Circuito, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Joaquín Medrano Bonilla, por su propio derecho; y, en cumplimiento al mismo, remite los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 26/2014, en un tomo y el incidente de liquidación de capital, intereses e impuesto al valor agregado, derivado de dicho juicio, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 425/2018, de once de enero en curso. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 26/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; a su vez, el artículo 113, de la ley en cita establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que de acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, en la ejecutoria que se recibe, de cinco de enero de dos mil dieciocho, la parte quejosa señala como actos reclamados: La sentencia definitiva condenatoria de primera instancia, de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2017, promovido por Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Civil, de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Antelma Longoria Castañeda, en su carácter de deudora principal, así como de Joaquín Medrano Bonilla y otros, en su calidad de deudores solidarios. La falta de notificación de la sentencia precisada en el inciso anterior; y, El auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en que se determina requerir al ahora quejoso, Joaquín Medrano Bonilla, para que dentro del término de cinco días, hiciera entrega voluntaria del inmueble adjudicado a la parte actora material del juicio. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende, respecto de los actos reclamados reseñados en los incisos b) y c). En efecto respecto del diverso acto reclamado reseñado en el inciso b), los preceptos legales relativos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 26/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de la capital, se desprenden que el promovente del amparo fue demandado como deudor solidario por el pago de pesos, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil, dictándose sentencia definitiva, que según se advierte de autos, le fue notificada mediante cédula fijada en los estrados del juzgado de origen (en virtud que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones); por ende, el quejoso estima que no le ha sido notificada dicha sentencia y acude a la presente instancia, doliéndose de la falta de notificación de dicha sentencia. Ahora bien, los artículos 319, 320 y 321, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 1054 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTICULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. ARTICULO 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique." De lo anterior, se advierte que la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, de acuerdo a los preceptos transcritos, o bien, que se omitió realizar, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. La finalidad del incidente de nulidad de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado, a efecto de remediarlo. En tales circunstancias, resulta incuestionable que si el ahora quejoso tiene el carácter de demandado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 26/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de la capital, previamente a la interposición del juicio de garantías, debió agotar el medio de defensa que concede en el caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, como ha quedado destacado con antelación, y al no haberlo hecho así, es inconcuso que se actualiza la invocada causa de improcedencia. Resulta aplicable al respecto y en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2006, publicada en la página ciento once, del tomo XXV, enero de dos mil siete, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 173621, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad.". Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), publicada en la página cuatrocientos sesenta y uno, Libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005791, cuyo texto es: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Consecuentemente, el acto reclamado debió haberse impugnado en su oportunidad, mediante el medio ordinario que el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054 concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el incidente de nulidad y, con ello, nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado, a efecto de remediarlo; situación que al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo lo antes considerado, en la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, tomo XIII, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtúandose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Ahora bien, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en que se determina requerir al ahora quejoso, Joaquín Medrano Bonilla, para que dentro del término de cinco días, hiciera entrega voluntaria del inmueble adjudicado a la parte actora material del juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, de modo que procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Quedó precisado que tanto de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 26/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de la capital, se desprenden que el promovente del amparo fue demandado como deudor solidario por el pago de pesos, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil, dictándose sentencia definitiva el veintiséis de mayo de dos mil quince, la que causó ejecutoria por auto de cinco de agosto siguiente. Posteriormente, a petición de la parte actora y vencedora en el juicio de origen, el diez de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, ordenó requerir al ahora quejoso Joaquín Medrano Bonilla, para que en el término de cinco días, haga entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a la parte actora material, apercibiéndolo que de no hacerlo, se haría uso en su contra de los medios de apremio previstos por la ley. Acto reclamado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2014, en que la hoy parte quejosa, es parte vencida, condenada al pago de lo reclamado; asimismo, se advierte que dichos actos no son la última resolución dentro de dicho procedimiento, entendiéndose por esta, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo. Así, la parte quejosa estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada en los autos del juicio de origen; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". En esas condiciones, una vez acreditado que se actualizan las causales de improcedencia destacadas y, al ser manifiestas e indudables, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Joaquín Medrano Bonilla, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, respecto al diverso acto que el quejoso hace consistir en: La sentencia definitiva condenatoria de primera instancia, de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2017, promovido por Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Civil, de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Antelma Longoria Castañeda, en su carácter de deudora principal, así como de Joaquín Medrano Bonilla y otros, en su calidad de deudores solidarios. Conforme a lo ya analizado y a los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, debe decirse que, este Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. Se afirma que contra dicha resolución, es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2017, de su índice, se advierte que se trata de una determinación que pone fin al citado juicio mercantil, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta seis, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 185437, del tenor: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado en estudio es una determinación que pone fin al juicio ejecutivo mercantil que no admite recurso alguno, por lo que se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en estudio. En esa tesitura, como se indicó, y una vez que se declare la firmeza del presente auto respecto a los actos analizados en primer término (incisos b) y c)), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo promovido por Joaquín Medrano Bonilla, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes. Con los anexos que se acompañan al oficio de cuenta, fórmense dos tomos por separado, para su fácil manejo. Se tienen por autorizados del quejoso únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones, más no para promover, a Oscar Antonio Venegas Flores, Mayra Alejandra Olvera Fraire, Jesús de Nazareth Venegas Flores y Francisco Adrián Reyes Trejo, toda vez que no se proporcionaron los datos de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o de Abogados, tal como exige la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en Avenida Insurgentes número ciento veintiuno, interior seis altos, zona centro, en Zacatecas, capital.

  4. Principal

    SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto, el oficio 425/2018, por medio del cual la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Zacatecas, remite los autos del juicio de amparo directo civil 1174/2017, en que obra el auto de uno de los cursantes y testimonio de la ejecutoria de cinco de los cursantes, emitido por el citado cuerpo Colegiado de este Circuito, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Joaquín Medrano Bonilla, por su propio derecho; y, en cumplimiento al mismo, remite los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 26/2014, en un tomo y el incidente de liquidación de capital, intereses e impuesto al valor agregado, derivado de dicho juicio, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 425/2018, de once de enero en curso. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 26/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; a su vez, el artículo 113, de la ley en cita establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que de acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, en la ejecutoria que se recibe, de cinco de enero de dos mil dieciocho, la parte quejosa señala como actos reclamados: La sentencia definitiva condenatoria de primera instancia, de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2017, promovido por Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Civil, de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Antelma Longoria Castañeda, en su carácter de deudora principal, así como de Joaquín Medrano Bonilla y otros, en su calidad de deudores solidarios. La falta de notificación de la sentencia precisada en el inciso anterior; y, El auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en que se determina requerir al ahora quejoso, Joaquín Medrano Bonilla, para que dentro del término de cinco días, hiciera entrega voluntaria del inmueble adjudicado a la parte actora material del juicio. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende, respecto de los actos reclamados reseñados en los incisos b) y c). En efecto respecto del diverso acto reclamado reseñado en el inciso b), los preceptos legales relativos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 26/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de la capital, se desprenden que el promovente del amparo fue demandado como deudor solidario por el pago de pesos, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil, dictándose sentencia definitiva, que según se advierte de autos, le fue notificada mediante cédula fijada en los estrados del juzgado de origen (en virtud que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones); por ende, el quejoso estima que no le ha sido notificada dicha sentencia y acude a la presente instancia, doliéndose de la falta de notificación de dicha sentencia. Ahora bien, los artículos 319, 320 y 321, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 1054 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTICULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. ARTICULO 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique." De lo anterior, se advierte que la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, de acuerdo a los preceptos transcritos, o bien, que se omitió realizar, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. La finalidad del incidente de nulidad de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado, a efecto de remediarlo. En tales circunstancias, resulta incuestionable que si el ahora quejoso tiene el carácter de demandado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 26/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de la capital, previamente a la interposición del juicio de garantías, debió agotar el medio de defensa que concede en el caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, como ha quedado destacado con antelación, y al no haberlo hecho así, es inconcuso que se actualiza la invocada causa de improcedencia. Resulta aplicable al respecto y en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2006, publicada en la página ciento once, del tomo XXV, enero de dos mil siete, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 173621, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad.". Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), publicada en la página cuatrocientos sesenta y uno, Libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005791, cuyo texto es: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Consecuentemente, el acto reclamado debió haberse impugnado en su oportunidad, mediante el medio ordinario que el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054 concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el incidente de nulidad y, con ello, nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado, a efecto de remediarlo; situación que al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo lo antes considerado, en la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, tomo XIII, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtúandose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Ahora bien, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en que se determina requerir al ahora quejoso, Joaquín Medrano Bonilla, para que dentro del término de cinco días, hiciera entrega voluntaria del inmueble adjudicado a la parte actora material del juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, de modo que procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Quedó precisado que tanto de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 26/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de la capital, se desprenden que el promovente del amparo fue demandado como deudor solidario por el pago de pesos, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil, dictándose sentencia definitiva el veintiséis de mayo de dos mil quince, la que causó ejecutoria por auto de cinco de agosto siguiente. Posteriormente, a petición de la parte actora y vencedora en el juicio de origen, el diez de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, ordenó requerir al ahora quejoso Joaquín Medrano Bonilla, para que en el término de cinco días, haga entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a la parte actora material, apercibiéndolo que de no hacerlo, se haría uso en su contra de los medios de apremio previstos por la ley. Acto reclamado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2014, en que la hoy parte quejosa, es parte vencida, condenada al pago de lo reclamado; asimismo, se advierte que dichos actos no son la última resolución dentro de dicho procedimiento, entendiéndose por esta, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo. Así, la parte quejosa estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada en los autos del juicio de origen; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". En esas condiciones, una vez acreditado que se actualizan las causales de improcedencia destacadas y, al ser manifiestas e indudables, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Joaquín Medrano Bonilla, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, respecto al diverso acto que el quejoso hace consistir en: La sentencia definitiva condenatoria de primera instancia, de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2017, promovido por Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Civil, de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Antelma Longoria Castañeda, en su carácter de deudora principal, así como de Joaquín Medrano Bonilla y otros, en su calidad de deudores solidarios. Conforme a lo ya analizado y a los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, debe decirse que, este Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. Se afirma que contra dicha resolución, es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2017, de su índice, se advierte que se trata de una determinación que pone fin al citado juicio mercantil, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta seis, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 185437, del tenor: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado en estudio es una determinación que pone fin al juicio ejecutivo mercantil que no admite recurso alguno, por lo que se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en estudio. En esa tesitura, como se indicó, y una vez que se declare la firmeza del presente auto respecto a los actos analizados en primer término (incisos b) y c)), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo promovido por Joaquín Medrano Bonilla, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes. Con los anexos que se acompañan al oficio de cuenta, fórmense dos tomos por separado, para su fácil manejo. Se tienen por autorizados del quejoso únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones, más no para promover, a Oscar Antonio Venegas Flores, Mayra Alejandra Olvera Fraire, Jesús de Nazareth Venegas Flores y Francisco Adrián Reyes Trejo, toda vez que no se proporcionaron los datos de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o de Abogados, tal como exige la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en Avenida Insurgentes número ciento veintiuno, interior seis altos, zona centro, en Zacatecas, capital.

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