Joaquín Medina Medina

Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
554/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Joaquín Medina Medina

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de quince de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: El expediente principal es destruible. Notifíquese por lista al promovente.

  2. Principal

    Desechamiento por notoria improcedencia. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de quince de julio de dos mil veintidós: Ahora bien, como quedo establecido en párrafos precedentes, la parte quejosa se duele de la falta de notificación realizada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Partido Judicial con residencia en Calvillo, Aguascalientes, respecto de la resolución incidental de liquidación dictada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como todo lo actuado con posterioridad, dentro del expediente . del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, los artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicables al caso en concreto, disponen:. Luego, si la parte quejosa se duele de la falta de notificación de la sentencia interlocutoria antes precisada, lo que derivó en la ejecución de la condena ahí impuesta en su contra, entonces, conforme a los numerales citados, debió reclamar la nulidad de la actuación omitida que reclama, en la actuación subsecuente en la que interviniera, mediante la interposición de un incidente de nulidad, pues de no hacerlo, se revalidan de pleno derecho la citada actuación. Lo anterior resulta relevante, pues la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que si la ley ordinaria prevé algún recurso o medio de defensa legal capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa línea de ideas, de acuerdo al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la promoción del juicio constitucional, el quejoso, al ser parte en el juicio de origen, está constreñido a agotar el correspondiente procedimiento ordinario de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) a fin de cumplir con el aludido requisito, pues éste principio es uno de los pilares en que se sustenta el juicio de amparo, premisa que se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado. En conclusión, si la parte quejosa al ser parte demandada en el juicio de origen tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar la actuación que tilda de inconstitucional, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio, puesto que del contenido del propio ocurso constitucional, se desprende que el disconforme es parte en el juicio de origen, además de que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que el quejoso, estaba obligado agotar el multicitado principio de definitividad. Y sin que obste a lo así expuesto, el hecho de que la notificación cuya omisión se pretende controvertir en esta vía, acontezca dentro del procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, pues ello no modifica la exigencia derivada del principio en examen, para agotar el medio de defensa ordinario legalmente dispuesto para ese efecto. Luego, si como quedó evidenciado, en contra de la falta de notificación de la sentencia interlocutoria relacionada con antelación, no se agotó el medio de defensa ordinario procedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente, al no haberse observado el principio de definitividad, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo.

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