Joaquin Martínez Rodríguez
Expediente 354/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Joaquin Martínez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Se dejan documentales a disposición, hágase entrega a profesionistas designados previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
Xalapa, Veracruz, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del ********; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 354/2019 que le corresponde. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ahora, del escrito de demanda se advierten como actos reclamados los siguientes: 1. De la autoridad responsable ********, la falta de notificación del oficio ********. 2. De la autoridad responsable ********, reclama el oficio ********, a través del cual se emite el dictamen de baja definitiva y que se deja sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza y se informa la terminación del nombramiento de Oficial en Prevención Penitenciaria. De lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados por su particularidad deben ser estudiados de manera autónoma. Por lo anterior, en términos de los artículos 71, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de s numeral 2, aplicado a contrario sensu, procede la separación de juicios de amparo. En consecuencia, este Juzgado, continuara con la secuela procesal, respecto del acto reclamado, consistente en el oficio ********, emitido por el ********, a través del cual se formula el dictamen de baja definitiva, que se deja sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza y se informa la terminación del nombramiento de Oficial en Prevención Penitenciaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P.J. 7697, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo VI, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197671, de rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Y por lo que respecta al acto reclamado por el aquí quejoso consistente en la falta de notificación del oficio ********emitido por el ********, para el efecto de la separación material de autos, obténgase copias certificadas de las constancias necesarias, para que se estudie por separado en diverso juicio de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197669 bajo el rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." En ese tenor, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que asigne el número de ingreso al asunto que fue motivo de esta separación de juicios, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESECHAMIENTO ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, I.6.C. J19 , de la Novena Época, registrada bajo el número 193379, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo X, Septiembre de 1999, página 730, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el caso, contra el acto reclamado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que previo a instar la acción constitucional el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.como se explica a continuación. De acuerdo con la disposición referida, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los solicitantes de la protección constitucional deben agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia marcada con el número I.6.C. J37, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XV mayo de 2002, página 902, cuyo rubro dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho ya que el ********, a quien designa como autoridad responsable, no forman parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, sino que se trata de autoridades cuyas funciones son eminentemente administrativas; de ahí que se colme el primer requisito en comento. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. El primer párrafo del artículo 1, el artículo 2 y el último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecen lo siguiente: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo "Artículo 1.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. (.)" "Artículo 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. (.) Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio." Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." De la interpretación de éstas normas, se deduce la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para conocer del juicio contencioso administrativo contra las resoluciones de separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio de los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales. Así, se estima que el oficio ********, en el se emite el dictamen de baja definitiva y que se deja sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza y se informa la terminación del nombramiento de Oficial en Prevención Penitenciaria, es un acto que debe ser impugnado en la jurisdicción ordinaria previamente a la vía constitucional de amparo, esto es, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con la Jurisprudencia número 2a. CLXI98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refieren: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN." Del criterio jurisprudencial y el precepto citado, se deduce que el Máximo Tribunal del país ha determinado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de los conflictos que se susciten por la prestación de los servicios de los agentes de la policía judicial federal adscritos a la Procuraduría General de la República ya que la relación que guardan con la institución es meramente administrativa, por lo que dicho tribunal cuenta con atribuciones para resolver controversias administrativas, entre las que se encuentra la derivada de la conclusión del servicio por separación. En este sentido, si la parte quejosa impugna la resolución de conclusión del servicio por separación, es claro que, previamente a instar la vía constitucional, debió agotar la vía ordinaria. Así, se estima que el acto reclamado (oficio ********) es impugnable a través del juicio de nulidad contemplado en el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 3 fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior se estima así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79 2002, del que derivó la tesis 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de febrero de 2003, página 336, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL", estableció que el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede contra resoluciones definitivas, entendiéndose éstas como las que ponen fin a un procedimiento, y contra actos que configuren una manifestación aislada de autoridad que no requiere de un procedimiento para reflejar la voluntad de la autoridad. Por ende, la determinación de conclusión del servicio es susceptible de impugnación en la vía ordinaria, por ubicarse en los supuestos establecidos en el criterio citado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obsta considerar que, atento a la gravedad de los perjuicios que generan los actos reclamados, es viable someterlos al control jurisdiccional inmediato. Sin embargo, el hecho de que la ejecución de la conclusión del servicio por separación pueda tener consecuencias de imposible reparación, dado que, por mandato constitucional, el quejoso no puede ser reinstalado en el cargo que ocupaba, pues así lo establece el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no exime a la impetrante para que previamente a la interposición del juicio de amparo agote el principio de definitividad que lo rige. Pues los efectos de la resolución que decreta la citada conclusión pueden ser suspendidos, de conformidad con el precepto 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha determinado que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en la Ley de Amparo. Circunstancia prevista en la jurisprudencia 2a.J. 27/2016 10., de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1194, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Ante este escenario, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con el oficio ********, puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el juicio contencioso administrativo en el que podrá solicitar la suspensión de tales actos y en su caso, a través de la vía uniinstancial. Así como la tesis VI.1.A.6 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la 4603, Libro VI, Enero de 2012, Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente: "RESOLUCIONES IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN VIGOR A LOS NOVENTA DÍAS DE SU PUBLICACIÓN (10 DE MARZO DE 2011), ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO RELATIVO ANTE EL MENCIONADO ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO PREVERSE MAYORES REQUISITOS QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Por cuanto hace a las demás excepciones contenidas en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, tampoco se configuran, porque la determinación de conclusión del servicio no carece de fundamentación y motivación, ya que de los actos reclamados se advierte que se fundamentó en los artículos 18 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y 76, fracción VIII, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y señaló los motivos por los que se determinó la baja definitiva de la quejosa. En la demanda no se hacen valer violaciones directas a la Constitución, ya que, aunque el quejoso aduzca que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formuló diversos argumentos en el sentido que no se siguieron las reglas del procedimiento y que carecen de la debida fundamentación; por lo que, para analizar su constitucionalidad sería necesario acudir a la legislación que rigen los actos reclamados, de ahí que se estime que no se hacen valer únicamente violaciones directas a la constitución, sino cuestiones de legalidad. En lo que respecta a la excepción relativa al carácter con el que se acude al juicio, tampoco se actualiza, en razón de que la parte quejosa no se ostenta como tercero extraño al procedimiento de origen ni le asiste ese carácter, ya que de la copia certificada de la continuación de acta administrativa (fojas 94 a 98), se advierte que compareció al procedimiento del que derivan los actos reclamados. Además, el medio de defensa propuesto se encuentra previsto en una ley formal, por lo que no se actualiza la excepción a que se refiere la parte final del segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así las cosas, se concluye que contra el oficio ********, a través del cual se emite el dictamen de baja definitiva y que se deja sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza y se informa la terminación del nombramiento de Oficial en Prevención Penitenciaria, previo a instar la acción constitucional de amparo debió agotarse ese medio de defensa, lo cual patentiza de forma notoria e indudable la causa de improcedencia que se invoca. Orienta la convicción anterior, por afinidad, la tesis I.8.A.59 A del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, tomo 2, julio de 2013, consultable en su página mil ciento cuarenta y siete, cuya sinopsis es fiel a la voz: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." Robustece a lo anterior la tesis 117/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 897, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2012722, de rubro siguiente: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS." Sin que pase desapercibida la jurisprudencia que invoca el quejoso para la procedencia del juicio de amparo de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO". Sin embargo, considerado a lo manifestado por el quejoso a consideración del suscrito no es aplicable en el caso concreto, ya que el acto reclamado no se trata de la notificación del inicio de procedimiento si no como se advierte de las constancias del acto reclamado a la autoridad responsable, que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo a las cuales se les otorgan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser documentos expedidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que reclama la resolución de dictamen de baja definitiva que deja sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza y se informa la terminación del nombramiento de Oficial en Prevención Penitenciaria, que ostentaba el quejoso. Por lo tanto procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61 fracción XX del de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, como autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a ********, por no contar con cedula registrada en el referido sistema. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. ENTREGA DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo, que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable.
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