Joaquín Manuel Becerra Andrade
Expediente 239/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Joaquín Manuel Becerra Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto, remite copias certificadas de las constancias de notificación a las partes del acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés dictada en el expediente laboral 302/2020 de su índice. Ahora, sin que pase inadvertido para este juzgador, que de la revisión de la cédula de notificación realizada a la parte actora -aquí quejosa-, por la actuaria adscrita a la autoridad laboral, se advierta que al momento de notificar a la persona de nombre Christian Vianey Guzmán Falconi, haya plasmado lo siguiente: "QUIEN MANFIESTA SER APODERADO LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA". Lo que evidencia que se trata de un error de formato, toda vez que la citada compareciente resulta ser apoderada legal pero de la parte actora, ello, según se advierte de los otros datos que obran en la referida constancia, tales como que el actor en la contienda laboral 302/2020, resulta ser Joaquín Manuel Becerra Andrade, el domicilio señalado en autos del citado juicio laboral para citas y notificaciones es el mismo que señaló en esta instancia. Además de autos se advierte que la citada apoderada legal compareció ante la referida autoridad laboral por la parte actora a la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN QUEDANDO EN USO DE LA VOZ LAS EMPRESAS DEMANDADAS; máxime que en el presente juicio de amparo se le tiene como autorizada en los términos que lo solicitó el quejoso. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, por medio del cual, remite el diverso signado por el Presidente de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, aduce dar cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, y remite copia certificada del acuerdo de admisión de pruebas de doce de junio del presente año, dictado en autos del juicio laboral 302/2020 de su índice; sin que se advierta la constancia de notificación realizada a las partes, tal y como fue ordenado en sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, que causó ejecutoria el ocho de mayo siguiente. Requerimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Jorge Méndez González. Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Carlos Arturo González Pérez. Representante Obrero de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. José Vicente Morales Ovando Representante Patronal de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, remitan copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de doce de junio de dos mil veintitrés, relativo al juicio laboral 302/2020, de su índice. Apercibimiento. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
- Principal
Villahermosa, Tabasco; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia dictada en autos en la se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, realice las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, misma que se concedió para los efectos siguientes: De inmediato levante la reserva decretada y emita un proveído que corresponda respecto de la admisión y el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 302/2020 de su índice. Hecho que sea lo anterior, remitan copia certificada de las constancias relativas que así lo acrediten. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Joaquin Manuel Becerra Andrade, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando quinto, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.
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