JoaquìN MagallòN Ordaz

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • JoaquìN MagallòN Ordaz
  • 1. Juez Civil de Primera Instancia, Con Sede En Jiquilpan, MichoacàN de Ocampo.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En tres de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario certifica: -Que el plazo de diez días de que disponían las partes, para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa del diecisiete al veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dado que fue notificada por medio de lista el trece de abril de este año; y, para la parte tercera interesada del once al veinticuatro de abril pasado, al haber quedado notificado por lista el cuatro del mismo mes y año; sin contar los días inhábiles; - Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior, se da cuenta al juez y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de mayo de dos mil veintitrés. 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes depúrese el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Devolución de constancias. Dado que a la fecha resulta innecesaria la permanencia en autos de la copia certificada del juicio sumarísimo civil ********************/2022, que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, tres de abril de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 794/2022, promovido por Joaquín Magallón Ordaz, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Jiquilpan, Michoacán, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en ésta ciudad, el que fue turnado a éste órgano jurisdiccional, Joaquín Magallón Ordaz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como Ordenadoras a las siguientes: A).- Al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE JIQUILPAN, MICHOACÁN, en su carácter de Ordenador. Y como ejecutoras: B).- Al C. Secretario de Juzgado Civil de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán. C).- La C. Notificadora del Juzgado Civil de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en el defectuoso emplazamiento que se hizo de mi persona por conducto de mi abuelo de nombre FRANCISCO ORDAZ FLORES, realizado dentro del expediente número 645/2022, así como el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 654 del Enjuiciamiento Civil del Estado, así como la fijación de una fianza ridícula al actor para suspender la obra, cuando los daños causados con tal suspensión son mayores, amén de que dentro de la inspección y el perito examinado no se contempló la interrogante de qué modificación podría hacerse para que en caso de que la actora fuera realmente molestada o perturbada, ello suponiendo sin conceder que existiese tal perturbación o daño del que se duele, conforme al criterio jurisprudencial o antecedente judicial que la propia actora cita en su demanda. Bajo la voz de INTERDICTO DE OBRA NUEVA, SU PROCEDENCIA NO ESTA CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE DAÑOS MATERIALES NI A QUE SE ACREDITE ALGUNA SERVIDUMBRE EN PARTICULAR, DADO QUE EN ESTE CUESTIONA SI LA CONSTRUCCIÓN QUE SE ESTA EDIFICANDO POR UN TERCERO PERJUDICA O NO A LAS POSESIONES DEL ACCIONANTE. (LEJISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)". El promovente del amparo expone que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercera interesada a Ana Maritza Crisantos Pantoja; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós fojas ?13 a 16?, la Secretaria encargada del despacho de este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de expediente 794/2022 y previno al quejoso para que, dentro del plazo de cinco días, refiriera bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guardaba el expediente de origen 645/2022, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán, lo anterior con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda. A través del escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós ?fojas 18 y 19?, el quejoso desahogó la prevención formulada. En acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós ?fojas 20 a 22?, la Secretaria encargada del despacho de este órgano jurisdiccional, requirió al impetrante para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quedara notificado de tal proveído, ratificara su escrito aclaratorio, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentado y se acordaría lo que en derecho correspondiera. Una vez que el quejoso ratificó su escrito aclaratorio, por auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós ?fojas 24 a 26?, la Secretaria encargada del despacho de este Juzgado Federal, admitió a trámite la demanda de amparo; pidió el informe justificado de las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó a proveer respecto del carácter de la parte tercero interesada, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsable; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés -fojas 45 a 47-, el Juez de Distrito reconoció con el carácter de la tercera interesada a Ana Maritza Crisantos Pantoja, por lo que ordenó su emplazamiento. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las diez horas con cuatro minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés ?fojas 72 y 73?, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que hizo constar que únicamente el Agente del Ministerio Público los formuló, con lo que cerró dicho periodo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclaman actos en juicio dictados por un Tribunal Judicial por quien se ostenta persona tercera extraña y cuya ejecución tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: De la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Jiquilpan, Michoacán: - La diligencia de emplazamiento llevada a cabo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio civil de interdicto sobre suspensión de obra nueva con número de expediente 645/2022, promovido por Ana Maritza Crisantos Pantoja contra Joaquín Magallón Ordaz y Francisco Ordaz Flores. Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en Jiquilpan: - El auto de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido dentro del referido juicio sumario, a través del cual como medida provisional se ordenó suspender la obra que se estaba construyendo en el domicilio ubicado en el lado norte de la casa habitación situada en la calle Privada Diego José Abad, número 7, de Jiquilpan, Michoacán, que es propiedad de la tercera interesada. De la Secretaria de Acuerdos y de la Actuaria, ambas adscritas ha dicho Juzgado: - La ejecución de la orden anterior. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN. La Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en Jiquilpan, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye -foja 42-, consistente en la ejecución del auto de once de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio sumario de origen 645/2022, mediante el cual se ordenó suspender la obra en construcción, motivo del interdicto. Empero, no es cierto el acto que se le atribuye, ya que el mismo resulta cierto respecto de diversa autoridad, (Actuaria del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán) como se expondrá en su oportunidad. En esas condiciones, al resultar inexistente el acto reclamado de la Secretaria referida, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario de origen 645/2022 -foja 44-. Asimismo, la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, al rendir su informe de ley aceptó la existencia de los actos de ejecución reclamados -foja 43-. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el asunto de origen, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de documentales públicas, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". QUINTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez Federal, a efecto de dar claridad al asunto, procede reseñar sus constancias más relevantes. a) Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil con sede en Jiquilpan, Michoacán, Arturo Damián Santillán Múgica, en representación de Ana Maritza Crisantos Pantoja, promovió en la vía sumaria civil juicio sobre interdicto de obra nueva, contra Joaquín Magallón Ordaz y Francisco Ordaz Flores, de quienes reclamó, entre otras prestaciones, la demolición de la obra nueva que se estaba construyendo en el lado norte de la propiedad de la actora, situada sobre la calle Privada Diego José Abad, número 7, de Jiquilpan, Michoacán, toda vez que bloqueaba el acceso al sótano, la puerta de acceso al registro de agua y gas, y una parte de la fachada de su casa -fojas 1 a 10 del tomo de pruebas-. b) Por proveído de veintidós de septiembre del mismo año -foja 42 del tomo de pruebas-, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, registró la demanda con el número de expediente 645/2022, y reservó proveer respecto a la admisión de la misma, hasta en tanto se desahogará la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. c) Una vez que se desahogó la prueba testimonial aludida, por auto de tres de octubre de dicho año -fojas 53 y 54 del tomo de pruebas-, el Juez de origen admitió a trámite la demanda en la vía sumaria civil; señaló las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintidós, para que tuviera verificado la inspección judicial a que se refería el artículo 652 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que ordenó requerir a la parte actora para que compareciera al juzgado en la hora y día indicados para trasladar al personal actuante al lugar del desahogo de la diligencia aludida; y, ordenó a la Actuaria de su adscripción que llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada, mismo que debía realizar hasta en tanto se resolviera lo concerniente a la medida provisional. d) El diez de octubre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la inspección judicial, en el inmueble marcado con el número 7 del diverso 125 en la calle Diego José Abad en Jiquilpan, Michoacán, mediante la cual se dio fe de que al frente de dicho inmueble, se encontraba una barda en etapa de construcción -fojas 65 a 67 del tomo de pruebas-. e) Mediante dictamen pericial de trece de octubre de dos mil veintidós, el perito designado por la parte actora concluyó, entre otras cosas, que la fracción del predio reclamada se encontraba al interior de una vía pública conocida como Privada Diego José Abad, la cual obstruía el predio propiedad de la parte actora, también se podía observar que el polígono de la fracción ocupada por la parte demandada se encontraba en la vía pública afectando el paso de los servicios públicos municipales y privados -fojas 77 a 83 del tomo de pruebas-. f) Por auto de once de noviembre de dos mil veintidós -fojas 97 a 100-, el Juez natural advirtió del dictamen aludido que la obra nueva obstruía la vía pública, por lo que sostuvo que en el caso existía litisconsorcio, de ahí que, ordenó a la Actuaria adscrita que se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento de Jiquilpan y por conducto del Síndico Municipal, le corriera traslado y la emplazara a juicio; dictó como medida provisional la suspensión de la obra nueva; ordenó requerir a la parte actora para que, en el término de tres días, otorgara la garantía de tres mil cuatrocientos pesos; y, una vez que se otorgara dicha garantía, se llevaran a cabo los emplazamientos ordenados. g) En diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita al juzgado de origen, hizo constar que emplazó al demandado Francisco Ordaz Flores, quien manifestó que quedaba enterado de la demanda y de los documentos anexos -fojas 111 y 112 del tomo de pruebas-. h) En diversa diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Actuaria responsable hizo constar que el demandado Francisco Ordaz Flores, le indicó que él era el encargado de la obra, por lo que una vez que se constituyeron en la calle Privada número 7, del diverso 125, Diego José Abad, la Actuaria le hizo saber que la obra en construcción en ese domicilio debía suspenderse, y dicho demandado le manifestó que por el momento suspendería la misma, quedando a sus órdenes, hasta que el juicio se resolviera -fojas 113 y 114 del tomo de pruebas-. i) A través de la razón de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Actuaria responsable hizo constar la imposibilidad para realizar el emplazamiento del codemandado Joaquín Magallón Ordaz, pues al constituirse en el domicilio ordenado para ese efecto, Francisco Ordaz Flores, le manifestó que sí conocía a la persona buscada ya que era su sobrino, pero que no se encontraba, toda vez que radicaba en Estados Unidos y desconocía cuando regresaba -foja 115 del tomo de pruebas-. j) Mediante ocurso presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós -fojas 116 a 120 del tomo de pruebas-, Francisco Ordaz Flores, dio contestación a la demanda instaurada en su contra y en representación de Joaquín Magallón Ordaz; asimismo, promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. k) Por acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés -fojas 166 y 167 del tomo de pruebas-, el Juez de origen por una parte admitió el incidente de nulidad promovido por Francisco Ordaz Flores, con el cual ordenó dar vista a su contraria para que, dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a sus intereses conviniera; y, por otra, determinó que no había lugar a tener al ocursante promoviendo la incidencia en cuanto apoderado jurídico de Joaquín Magallón Ordaz, por no haber acreditado tener tal calidad, aunado a que dicho codemandado aún no había sido emplazado. Hasta aquí los antecedentes más importantes del caso. SEXTO. ESTUDIO SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juez Constitucional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado materia de este considerando, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Por su parte, los artículos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Los preceptos anteriores, en lo que interesa, engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, mas no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegados. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, del tomo XXVII, enero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita cobra aplicación al caso por la identidad jurídica sustancial existente entre el artículo 4 de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, en lo conducente y 6 de la Ley de Amparo vigente, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal, en términos del artículo "SEXTO" transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En conclusión, uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, siendo inconcuso que, para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que ese perjuicio o agravio ya exista de manera actual, al momento de promoverse la demanda de amparo correspondiente, pues, es esa situación presente, la que le está causando un perjuicio al interés jurídico del quejoso. Establecido lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama de la Actuaria del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio sumario civil de interdicto sobre suspensión de obra nueva con número de expediente 645/2022, promovido por Ana Maritza Crisantos Pantoja contra el quejoso y Francisco Ordaz Flores. Sin embargo, la referida diligencia no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, ya que como se advierte de las constancias a través de la misma la Actuaria responsable, emplazó al codemandado Francisco Ordaz Flores. En ese sentido, el emplazamiento practicado al codemandado Francisco Ordaz Flores, no puede ocasionarle perjuicio al quejoso, al no ir dirigido en su contra, por lo cual carece de interés jurídico para cuestionarlo. En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia en estudio y, por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo en relación con dicho acto, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SÉPTIMO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son inoperantes. Se acota que la síntesis de los disensos se realizará conforme a la cuestión efectivamente planteada, en términos del numeral 76 de la ley de la materia. En sus conceptos de violación la parte quejosa, arguye que le causa molestia la suspensión de la obra que se estaba realizando sobre una servidumbre de paso común, lo cual lo dejaba en ínfimas condiciones sin agua y sin posibilidad de bañarse con agua caliente. Continúa diciendo, que le causaba perjuicio el hecho de que se había pactado la obra a tiempo y precio determinado y al suspenderse, los albañiles se podían ir a otra obra para no estar desocupados y perderá el dinero entregado a los mismos para la conclusión de la obra, causándole un daño irreparable. Señala, que el lugar donde se pusieron los materiales y se realiza la obra es una servidumbre común, por lo que resultaba necesario demandar a todos los que aparecieran conforme a la escritura donde se constituía tal servidumbre, sin que se hubiera hecho. Manifiesta, que respecto al interrogatorio formulado al perito, en ningún momento se le cuestionó respecto de qué posibilidad había de modificación de la obra para que no afectara a la actora del interdicto, aun cuando la demandante citó el criterio jurisprudencial en el que se contemplaba esa posibilidad. Expone, que lo dejaba en estado de indefensión el hecho de que en el sumario no se determinara la extensión superficial del inmueble de la actora. Dichos argumentos, como se anticipó, resultan inoperantes. El motivo de la inoperancia deriva del hecho de que, el impetrante se limita a realizar meras expresiones genéricas y abstractas sin sustento ni fundamento. Es así, pues solo señaló que el juez responsable pretendía violar sus garantías individuales mediante el acto reclamado, pero sin precisar de qué forma la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado materia de este considerando contravino sus garantías individuales, al dejarlo sin agua y sin posibilidad de bañarse con agua caliente. Dice, que los albañiles podían irse a otra obra para no estar desocupados, por lo que perdería dinero que les había entregado para la conclusión de la obra. Aduce, que al perito no se le cuestionó sobre la posibilidad de modificación de la obra. Y, lo dejaba en estado de indefensión el hecho de que no se precisara la extensión superficial del inmueble de la actora. Pero sin señalar los preceptos legales que sustentaban sus argumentos; esto es, no dijo cuál era el numeral que obligaba a la responsable a precisar la superficie del inmueble de la actora, ni el criterio jurisprudencial que establecía la posibilidad de una modificación de la obra. No se soslaya el hecho de que para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que se exprese la causa de pedir, pero ello en manera alguna implica que el peticionario del amparo se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, del tomo XVI, diciembre de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". De ahí que resulten inoperantes los argumentos analizados. En otra parte de sus conceptos de violación, el quejoso refiere que la orden de suspensión de la obra emitida por el Juez responsable no se encuentra debidamente fundada ni motivada. El argumento anterior es inoperante debido a que no cumple con expresar la causa de pedir. En principio, es necesario precisar la diferencia entre la falta e indebida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. La primera ocurre cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esta norma jurídica. En cambio, la segunda entraña la presencia del dispositivo normativo aplicable al caso y a las razones por las cuales se estima de esa manera, pero con un desajuste en la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Por tanto, cuando la fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo expresado para explicar por qué la aplicación de los preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta e insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1694, del tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". En efecto, la causa de pedir se integra al señalar con claridad cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto reclamado, así como los motivos que originaron ese agravio, lo que se sostuvo en la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, en el argumento en estudio el quejoso se limita a afirmar que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, sin expresar las razones sustento de tal afirmación. Es decir, no se expresaron los razonamientos que pusieran en evidencia que la fundamentación y motivación contenida en el acto reclamado es incorrecta. Lo anterior es relevante, en virtud de que la cuestión planteada es la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado. De ahí que, como se expuso, era menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo expresados, para explicar por qué la invocación de determinados preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación fue incorrecta o insuficiente; y no meramente afirmar tal cuestión sin sustento o fundamento. Por tanto, al no cumplir con la causa de pedir y, por consiguiente, no combatir las consideraciones sustento del acto reclamado, el concepto de violación en análisis resulta inoperante. En consecuencia, al resultar los conceptos de violación inoperantes, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Dicha negativa se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado de la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Jiquilpan, Michoacán, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia del auto combatido. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del tomo I, primera parte-1, enero a junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joaquín Magallón Ordaz, contra el acto reclamado de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, consistente en la ejecución del auto de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio civil de interdicto sobre suspensión de obra nueva con número de expediente 645/2022, lo anterior por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Asimismo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joaquín Magallón Ordaz, contra el acto reclamado de la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, consistente en la diligencia de emplazamiento de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de origen 645/2022, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Joaquín Magallón Ordaz, contra el acto reclamado del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, consistente en el auto de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio de origen 645/2022, a través del cual ordenó suspender la obra que se estaba construyendo en el domicilio ubicado en el lado norte de la casa habitación situada en la calle Privada Diego José Abad, número 7, de Jiquilpan, Michoacán, lo anterior por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando penúltimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con cuatro minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 794/2022, sin la asistencia de las partes. Así mismo, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e, Informes justificados. Emplazamiento de la tercera interesada Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como, la que la autoridad responsable anexó a su informe a la suspensión de plano. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional formulo alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por realizada la anterior constancia y téngase a dicha parte ejerciendo su derecho a formular sus alegaciones. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar. En consecuencia, se declara el cierre de esta etapa y se procede a dictar la resolución. El JUEZ RENÉ CASTRO LARA EL SECRETARIO ERNESTO ADAME RUÍZ

  4. Principal

    En nueve de febrero de dos mil veintitrés, el secretario certifica: que el término de tres días que disponía la tercera interesada Ana Maritza Crisantos Pantoja, para comparecer a señalar domicilio en esta ciudad, transcurrió del dos al seis de febrero de este año, descontando los días inhábiles, en razón de que fue notificada personalmente por conducto de su autorizada el treinta y uno de enero pasado, como se advierte de las constancias que el Juez auxiliar anexo (fojas 55 y 66), sin que lo hubiere hecho. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En la misma fecha se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 1818, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Sin mayor acuerdo. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo proveniente del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo; lo anterior, en razón de que en proveído de tres de febrero de este año, se acordó en cuanto a su contenido. Se ordenan notificaciones por lista. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que, a la fecha, la tercera interesada no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena la práctica de las notificaciones que a su parte corresponden, por medio de lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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