Joaquín López García

Expediente 969/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
969/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Joaquín López García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, con el cual se le tiene remitiendo el escrito suscrito por el tercero interesado Miguel Ángel Arias Montejo, con el que solicita copias simples de todo lo actuado en el presente juicio. En ese contexto, como lo solicita el tercero interesado Miguel Ángel Arias Montejo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias simples de las constancias que solicita, previa constancia de recibido que se otorgue. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le expedirán dichas copias. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Joaquín López García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, el disco versátil digital (DVD) de audio y video que contiene las audiencias de ocho de julio de dos mil diecinueve, seis y once de febrero de dos mil veinte, efectuadas en la causa penal 256/2019 de su índice, y a la Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, la copia cotejada de la carpeta de investigación CI-CU_I- 493/2018, de su índice, la cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  3. Incidental

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las diez horas con veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo indirecto 969/2020-3, promovido por Joaquín López García. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que acompañó la autoridad responsable juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, consistente en las actas mínimas de las audiencias de ocho de julio de dos mil diecinueve, seis y once de febrero de dos mil veinte, efectuadas en la causa penal 256/2019 de su índice, así como un disco versátil digital (DVD) de audio y video que contiene las audiencias mencionadas (fojas 18 a 20); así como la documental que acompañó la tercero interesada Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, consistente en copia cotejada de la carpeta de investigación CI-CU_I-493/2018, la cual obra por cuerda separada en la secretaría de este juzgado. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado (fojas 21 a 26 de autos), sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 969/2020-3, promovido por Joaquín López García, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco en esa misma fecha, Joaquín López García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 ".el auto de vinculación a proceso, que resulta deficientemente fundado y deficientemente motivado, violatorio de derechos fundamentales y humanos que fue dictado en fecha once de febrero de dos mil veinte dentro de la carpeta y/o causa número 256/2019 que se me instruye por la posible comisión del delito de daños culposos y lesiones culposas supuestamente cometido en agravio de los aquí señalados como terceros perjudicados." AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 430/2020-IV; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO SE DECLARA INCOMPETENTE. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, el juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, estimó que se actualizaba el supuesto para el turno de asuntos relacionados, contenido en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, y remitió los autos a este Juzgado Federal. CUARTO. ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Mediante auto de seis de noviembre de dos mil veinte, este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, tuvo por recibido el oficio 16617/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, al que anexó el original del expediente 430/2020-IV de su índice y un disco versátil digital (DVD) de audio y video; este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, se admitió la demanda en sus términos, no se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista a las partes, asimismo, se dio la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y. QUINTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal." En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signado por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. SEXTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de once de febrero de dos mil veinte, dictado en la causa penal 256/2019, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco (foja 18), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, adjuntó copias certificadas de las actas mínimas de las audiencias de ocho de julio de dos mil diecinueve, seis y once de febrero de dos mil veinte, efectuadas en la causa penal 256/2019 de su índice, así como un disco versátil digital (DVD) que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No obstante, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por el quejoso Joaquín López García, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Los conceptos de violación formulados por el quejoso Joaquín López García, esencialmente son los siguientes: Que con la resolución de seis de febrero de dos mil veinte, se violentó su derecho de defensa adecuada y debido proceso. Establece que la fiscal tenía la obligación de establecer con claridad y precisión, para que se acreditara plenamente la culpa en los delitos, debió señalar cuales fueron los deberes objetivos de cuidado, que el activo bajo sus circunstancias concretas podía y debía haber observado y que omitió hacerlo. Que, además debió establecer cuál era la hipótesis normativa (fundamento jurídico) que contiene ese deber objetivo de cuidado. Además, que al momento de vincularle a proceso la juez de Control actuó en forma extralimitada en sus funciones, atendiendo y supliendo las deficiencias de la fiscalía Los conceptos de violación que hace valer el quejoso devienen infundados sin que exista queja que amerite ser suplida en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, dado que la resolución que por esta vía se combate no es violatoria de los derechos fundamentales que alega. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 constitucional]). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo, como se establece en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativa del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1940, Materia Penal, Décima Época, Registro 160331, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de once de febrero de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco, en la causa penal 256/2019, en contra de Joaquín López García, por su probable participación en la comisión de los delitos de: Lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo. Daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delitos de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el impetrante fue presentado ante la juez responsable, el seis de febrero de dos mil veinte, fecha en la que solicitó la duplicidad del término (144 horas) para resolver su situación jurídica y la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el once de febrero de dos mil veinte. 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que al quejoso se le formuló imputación en la audiencia de seis de febrero de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra la Fiscal del Ministerio Público Fabiola Rodríguez Cortés formuló imputación en contra del hoy quejoso Joaquín López García, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de seis de febrero de dos mil veinte, al imputado quien manifestó que no deseaba declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por la fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. ".este órgano judicial concierta se encuentran satisfechos los requisitos de los artículos 313 segundo párrafo 316 del código Nacional de Procedimientos Penales, además de que se cumplen con esas exigencias y condiciones que establecen este caso el artículo 19 de la constitución política los Estados Unidos Mexicanos, y procede entonces esta juzgadora a resolver la situación jurídica de Joaquín López García en los siguientes términos: Dado que en principio contar o también a lo sostenido por la defensa en efecto en la audiencia inicial que ya he mencionado la fecha anteriormente se ha formulado imputación en contra de Joaquín López García se le dio también en la inicial oportunidad de poder declarar o escribir sus argumentos o manifestar en relación a los hechos, sin embargo él de mutuo propio y por supuesto, previa consulta que realizó con su defensor, él decidió no ejercer ese derecho de poder declarar, igual manera la fiscalía en la audiencia inicial nos expuso ya los datos o antecedentes de la investigación motivando de este modo la solicitud de vinculación a proceso de lo que en este caso para mí se desprenden datos de prueba que en términos del artículo 265 del código Nacional de Procedimientos Penales, se consideran como indicios razonables, de una valoración lógica y en este caso, armónica, integral y conjunta de todos esos datos de investigación, otra de las virtudes también que tiene este nuevo sistema de Justicia penal contrario al sistema de Justicia tradicional es decir teníamos como pues la obligación de tener que eslabonar elementos por elementos de lo configurada en ese caso el delito. En este caso señores, tenemos que revestir únicamente lo tendiente al núcleo del tipo, es decir, ya no elemento por elemento y sobre todo es la probabilidad de que fue en este caso Joaquín López García quién cometió los hechos que revisten la característica en este caso de lesiones culposas y daños culposos, como lo justificare enseguida, en este caso precisamente esos hechos qué consisten sobre todo en que el día 16 de junio del 2018, aproximadamente a las 6:30 de la tarde cuando conducía en este caso el imputado Joaquín López García la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina con placas de circulación WM- 89 389 del estado de Tabasco, sobre la calle Centenario Instituto Juárez con dirección al norte de esta ciudad de Cunduacán, Tabasco, sin extremar sus precauciones debidas al frente de su circulación y sin hacer su alto total, tal como lo indicaba el señalamiento en este caso restrictivo de tránsito que existe precisamente en esas calles que conforman este crucero, y qué consiste en un octágono de alto, lo que originó que al llegar precisamente a la altura de ese crucero que forma la calle Antonio Suárez atraviesa y corta la circulación de los demás vehículos que en este caso, que iban circulando contrario a la calle antes mencionada y originó precisamente que por su falta de precaución y pericia al conducir impactará con su parte frontal de la camioneta con el lateral izquierdo de otro vehículo que circulaba en este caso y qué consiste en la motocicleta marca Italika tipo F 110 color negra con rojo modelo 2016 y que circulaba sobre la calle Antonio Salas con dirección al oeste y que conducía en este caso la primera víctima Miguel Ángel Arias Montejo y que resultó posteriormente propiedad en ese caso de la parte ofendida Raquel Sánchez Custodio, después de ese impacto él sale huyendo del lugar pero queda una placa de circulación de la camioneta antes mencionada, él incluso da reversa, solamente se retira del lugar dejando en ese lugar también a la persona lesionada, y como repito, deja tirada la placa de circulación de la camioneta Ford doble cabina color blanca, ocasionando de esta manera las alteraciones somáticas, primero en Miguel Ángel Arias Montejo, y ese detrimento económico precisamente por el deterioro de un bien en este caso mueble qué consiste precisamente en la motocicleta antes citada y que resulta propiedad en este caso de Raquel Sánchez Custodio, de esta manera se advierte ese actuar imprudencial al momento de la realización del hecho, en este caso por infringir ese deber objetivo de cuidado, que bajó la circunstancia concreta podría o pudo en este caso haber observado, y produce varios resultados, esto es, lesionar dos bienes jurídicos cómo es: Uno, el patrimonio y otro, la salud personal por lo tanto existen, repito nueva cuenta indicios razonables para que puedan este caso vincularse a proceso a Joaquín López García, en primer término, esos hechos y tal como lo ha verbalizado ya la fiscalía en la audiencia inicial se encuentra a través robustecida de datos de prueba como son precisamente y lógicamente la querella de Raquel Sánchez Custodio quien precisamente compareció ante la fiscalía del Ministerio Público el 19 de junio del 2018, interpuso querella si bien tal en contrario a lo que ha sostenido la defensa respecto a las querellas si bien fue precisamente inicialmente a su nombre dónde contrario a lo sostenido por la defensa si acredita a través independientemente que haya nombrado un asesor jurídico y haya presentado precisamente la factura a 175 de fecha 11 de abril 2016 si acredita la propiedad efectivamente del bien en este caso mueble qué consiste la motocicleta color roja con negro y qué precisamente fue expedido en este caso por la tienda Elektra y sucursal 71 53 de este municipio de Cunduacán Tabasco, y que aparece a nombre de la querellante; así también, si bien entonces recordemos que a través de las lesiones que fueron inferidas en esa colisión a Don Miguel Ángel Arias Montejo se encontraba en el Hospital Regional de esta ciudad razón por la cual la señora puso la querella inicialmente, sin embargo ésa querella fue robustecida posteriormente también ante comparecencia ante la fiscalía del Ministerio Público por el señor Miguel Ángel Arias Montejo, querella que facultó de esta manera el órgano acusador para este caso excitar al ejercicio de la acción penal, eso le faculta pero también para que él pueda de esta manera obtener datos de investigación que pudieran ir eslabonando esos datos ya mencionados y sobretodo indicios que robustecieron en este caso esos hechos que revisten la característica en este caso del delito de lesiones culposas y daños culposos. Existen además, dado a eso nos verbalizó la fiscalía las fijaciones fotográficas donde precisamente de la placa de circulación que antes mencionada de la camioneta blanca doble cabina que la camioneta Ford, perdón de doble cabina que en este caso que eran tiradas en el lugar de los hechos y que corresponden en este caso a la unidad que resultó posteriormente ser propiedad en este caso de la fiscalía general del estado, con que se eslabona precisamente con esos datos de investigación nos verbalizo la fiscalía; también recordemos el oficio que tiene terminación 231/2018 del 28 de junio del 2018, en este caso fue expedido por el receptor de rentas efectivamente ya se mencionaba que es Guadalupe Hernández Hernández de este municipio de Cunduacán, Tabasco, donde informó a nombre de quién se encontraba la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina y con placas de circulación WM 89 389 del estado de Tabasco, en sí, en este caso argumentaba la defensa que si bien en este caso la fiscalía general del estado quien compareció por supuesto hacer un ente público a través de una persona moral y un ente público pues por supuesto a través de otra persona que en este caso al ser su poderdante a través de un poder general para que él pudiera una acreditar su personalidad como representante de la fiscalía general estado, pero también resultaría muy ilógico el hecho de que tuviera que comparecer para acreditar si no era en este caso una camioneta o un bien material que perteneciera a esta institución pública, además que lo acreditó con una factura electrónica a través de Tabasco automovilística que se encontraba en efecto expedida a nombre de la fiscalía general del estado con domicilio en Villahermosa Tabasco en paseo Usumacinta. Por lo tanto, de esta forma en relación a los hechos de igual manera obra como más elementos probatorios todavía relevantes de esos mismos antecedentes y contrario también a lo sostenido también por la defensa, sin embargo, sin conceder que no hubieran esos datos que acrediten que medianamente y probablemente Joaquín López García no era el conductor, recordemos que en la entrevista que hizo ante el fiscal precisamente la fiscalía del Ministerio Público el acepta efectivamente que el 16 de junio del 2018, aproximadamente a las siete de la noche era quien conducía esta camioneta Ford Blanca F150 doble cabina, da las placas de circulación lo que medianamente yo veo aquí en esta entrevista, es que el señor trata por supuesto de convocar o invocar a su entrevista alguna atenuante excluyente de responsabilidad, es decir si conducía la camioneta ya multicitadas veces ya mencionada pero él, no alcanza a ver la moto, él si hace un alto total, y sin embargo se baja, tampoco ve a nadie el señor y sigue su camino, esa es una atenuante; sin embargo, se ubica a través no solamente de que esté dicho de don Joaquín López García se encuentra aislado, existe también, el testimonio en este caso a través de las entrevistas correspondientes también en la fiscalía del Ministerio Público de Abraham Quique Sánchez y en este caso Claudia Cecilia Valencia Suárez, uno el primero antes mencionado se encontraba en el taller en este caso los negros sobre la calle Antonio Suárez cuando el precisamente ve y observa que sale una camioneta blanca con las características ya mencionadas de la calle Centenario y no hace ese alto total contrario a lo que mencionaba en su entrevista Joaquín López García y ve la manera incluso esta persona es la que se da a la persecución sin embargo el agarra su camino hacia la isla y de ahí ya lo pierde no pero sí menciona al igual que doña Cecilia Valencia Suárez Claudia Cecilia Valencia Suárez precisamente que si queda una placa de circulación tirada en el lugar de los hechos esto lo invita a Don Joaquín López García en las circunstancias de tiempo modo y lugar, sí independientemente de la forma en que se hayan dado tanto las alteraciones somáticas cómo es en detrimento económico por el daño causado la motocicleta, lo ubican en esas circunstancias. Por lo tanto, contrario a lo que ha referido la defensa, se considera de igual manera que se acredita esa probabilidad de que fue Joaquín López García quién provocó en este caso las lesiones y los daños, por otra parte también menos importante resulta porque resulta relevante que lo que mencionaba al principio de esta resolución Don Miguel Ángel Arias Montejo el 20 de junio 2018, es cuando se querella si bien en efecto y dado obviamente las alteraciones somáticas que sufrió en la colisión de ese día pues él recobra el conocimiento posteriormente ya cuando se encontraba en el Hospital Regional de esta ciudad de Cunduacán Tabasco sin embargo, establece que el 16 de junio 2018, aproximadamente a la 6:30 de la tarde el salía en su motocicleta a cargar gasolina cuando de repente y de manera intempestiva le sale precisamente la camioneta blanca logrando establecer es esa circunstancia también de tiempo y sobre todo menciona las características de la camioneta que como ya mencioné resulta ser un indicio razonable que de una valoración libre y lógica y en términos precisa 265 del código Nacional de Procedimientos Penales, resulta relevante estableciéndose también esas alteraciones somáticas y la manera en que nosotros podemos ubicar y encuadrar esos hechos de lesiones en este caso culposas, por qué existen certificados médicos expedidos también por los peritos oficiales en el primero del 20 junio 2018 Únicamente se establecen o se advierten heridas y excoriaciones diversas el segundo precisamente ya más reciente del 22 de enero del 2019 el médico legista establece ya y ubica atendiendo a las características de esas lesiones inferidas precisamente el día de los hechos ocurrido el 16 de junio 2018 que si son lesiones que ponen en peligro la vida tardaron en sanar más de 15 hasta 60 días y secuelas pues hasta su total sanidad sin embargo esos peritos oficiales a través precisamente de esos métodos y técnicas que como verbalizo en este caso la fiscalía y a su especialidad que tiene que ver con la medicina humana establecieron las condiciones en que en ese momento quedó Miguel Ángel Arias Montejo al momento de la realización del hecho. Por otro lado, también existe el oficio y esto más que nada tiene que ver precisamente a adecuar al hecho de daños culposos sobre dependiendo el costo comercial dinámica y avalúo precisamente de esos daños respecto a la motocicleta marca Italika color negro con rojo modelo 2016 a través de los diversos daños que advierten esté bien mueble que es la motocicleta el este, en este caso el perito terminó concluyendo como pérdida total y establece un costo comercial de $9000 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) lo cual permite encuadrar perfectamente en lo que tiene que ver con el delito de daños y precisamente estableciéndose en este caso referente precisamente en cuanto tiene que ver a las lesiones al artículo 116 fracción II y VII, en relación con el 61 y 62 del Código Penal en vigor, esto cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo tal y como ya lo estableció y la calificación jurídica la fiscal del Ministerio Público. De igual manera, tenemos un informe también de la policía de investigación en este caso Isidro León Juárez quién se constituyó al lugar de los hechos estableciendo de esta manera únicamente precisamente el punto de intersección que se establece entre la calle Antonio Juárez y el cruce que forma la calle Centenario o instituto Juárez da las características y lugar que se doble circulación que sin raya divisoria pero lo más importante que si existe ese disco preventivo precisamente en el entronque de Antonio Suárez y calle Centenario que fue precisamente que se establece qué probablemente fue Joaquín López García quien no respeto precisamente ese octagonal de alto y provocó de este modo precisamente a través de su actuar imprudencial los delitos de lesiones y daños culposos ante tales circunstancias queda plenamente especificado el lugar a través de esta este dictamen el lugar y sus características y por último tenemos también el dictamen de causa probable también establecido a través de un perito oficial el 29 de noviembre 2018 y que de esto se desprende el actuar culposo del imputado Joaquín López García porque sin lugar a dudas en este caso el conductor de la camioneta marca Ford Blanca tipo pick up al conducir al norte sin extremar sus precauciones debidas al frente de su circulación y no hacer el alto que ya se ha mencionado en varias ocasiones que le marcaba precisamente el señalamiento y el crucero que ya hemos mencionado sobre esas dos calles fue la causa que originó que se impactará precisamente con la motocicleta que conducía el día de los hechos Miguel Ángel Arias Montejo así como nos establece también diversas fijaciones fotográficas De dónde se desprende lo antes mencionado de este modo teniendo en este caso dijo también verbalizo la fiscalía a título de autor material directo una conducta tal es en este caso instantánea y resulta ser culposa puesto que al momento de la realización del hecho infringió como dije anteriormente un deber objetivo de cuidado quien bajo las circunstancias en este caso abierto concretas podía o pudo en este caso haber observado actualizándose así los resultados típicos de lesiones culposas y daños culposos en este sentido de la misma información que nos ha traído en este caso la fiscalía o el órgano acusador se desprende que existe esa probabilidad de que fue Joaquín López García quién cometió esos hechos que revisen la características de los delitos y esto se acredita por supuesto con las querellas de las dos víctimas Miguel Ángel Arias Montejo y Raquel Sánchez Custodio, así como también, con los testimonios que ya sé mencionaron y aras de no ser repetitiva al respecto de Abraham Quique Sánchez y de en este caso doña Cecilia Valencia Suárez quién es la persona que vive también cercana al lugar donde sucedieron los hechos y ella en este caso lo observaba a través de su ventana y no olvidemos por supuesto la entrevista que también dio ante la fiscalía general del estado en este caso Joaquín López García sobre que el día de los hechos en efecto el maniobraba o circulaba en la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina que pertenece o tiene placas de circulación en este caso el Estado de Tabasco, pertenece la Fiscalía General del estado, de este modo como mencionaba al inicio de esta audiencia, resulta suficiente bajo el nuevo sistema integral de este sistema acusatorio penal, perdón la referencia al hecho ilícito qué tiene que ver con el núcleo del tipo, en este caso lesiones culposas y daños culposos, así como la probabilidad de que el imputado en este caso Joaquín López García los ha cometido, no así todos los elementos del delito que deban ya por obligación acreditarse cómo se hace anteriormente, en esta fase inicial debe evitarse la formulación de tantos datos de prueba para no contaminar o anticipar un juicio de valor que tiene que ver tanto con el delito como en este caso con el autor del mismo por lo que un juez de control debe en este caso y por lo común resolver sólo con datos mínimos. Por otra parte, y por último no advierto tampoco ni de parte de la defensa ni de parte de la fiscalía del Ministerio Público que se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito por lo tanto en este caso siendo las 11 horas con cuarenta minutos del día 11 de febrero del presente año se dicta auto de vinculación a proceso a Joaquín López García cómo puedo hablarte material del delito de lesiones culposas previsión sancionado por el artículo 116 fracción II y 7 en relación con el 61 y 62 del Código Penal en vigor en el estado y cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, así también, se dicta auto de vinculación a proceso como probable autor material directo del delito de daños culposos previsión sancionado por el artículo 200 en relación con el 175 fracción II en relación con el 61 y 62 del Código Penal vigor en vigor en el estado y cometido en este caso en agravio de Raquel Sánchez Custodio en las circunstancias de tiempo modo y lugar narrados ya por la fiscalía del ministerio público en este caso se les hace saber a todas las partes intervinientes quedan debidamente notificados y enterados del término de tres días que tienen para apelar a la presente resolución a quién le resulte inconforme con esta resolución.." 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, se especificó que los hechos materia de la carpeta de investigación se suscitaron el día dieciséis de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos, cuando el quejoso Joaquín López García conducía una camioneta Ford blanca F150 doble cabina, con placas de circulación WM 89-389 del estado de Tabasco, sobre la calle Centenario Instituto Juárez con dirección al Norte de la ciudad de Cunduacán, Tabasco, sin extremar precauciones debidas al frente de su circulación y sin hacer alto total, como lo indicaba el señalamiento restrictivo de tránsito que existe en las calles citadas que conforman un crucero, que consiste en un octágono de alto, lo que originó que al llegar a la altura del crucero que forman la calle Antonio Suárez, atraviesa y corta la circulación de los demás vehículos que en este caso iban circulando contrario a la calle antes mencionada, y que debido a su falta de precaución y pericia, se impactara con su parte frontal de la camioneta con el lateral izquierdo de la motocicleta marca Italika tipo F 110, color negra con rojo, modelo 2016, y que circulaba sobre la calle Antonio Salas con dirección al Oeste, y que conducía la víctima Miguel Angel Arias Montejo, y que es propiedad de la ofendida Raquel Sánchez Custodio. Que después del impacto, el imputado sale huyendo del lugar, pero quedó una placa de circulación de la camioneta que conducía, que incluso dio reversa y se retiró del lugar, dejando en ese lugar a la persona lesionada, ocasionando de esa manera alteraciones somáticas, primero en Miguel Angel Arias Montejo, y un detrimento económico por el deterioro del bien mueble que consiste en la motocicleta a Raquel Sánchez Custodio. Ese actuar imprudencial al momento de la realización del hecho por infringir el deber objetivo de cuidado que bajo la circunstancia concreta podía o pudo haber observado, y al no haberlo hecho lesionó dos bienes jurídicos como lo es la salud personal y el patrimonio. Lo que llevó a la Juez responsable a emitir la resolución de once de febrero de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Joaquín López García, por los delitos de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por la juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por la fiscal, son suficientes para tener por demostrado los delitos de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio, tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional, y que se hace consistir en que en el hecho que la ley señala como delitos de lesiones culposas y daños culposos. Lo anterior en razón de que obran, los siguientes datos de prueba verbalizados por la fiscalía: Querella de Raquel Sánchez Custodio quien compareció ante la fiscalía del Ministerio Público el diecinueve de junio de dos mil dieciocho. La factura a 175 de once de abril de dos mil dieciséis, con la que se acredita la propiedad del bien, en este caso mueble qué consiste en la motocicleta color roja con negro y qué fue expedida por la tienda Elektra, sucursal 71 53 del municipio de Cunduacán, Tabasco. Testimonio de Miguel Ángel Arias Montejo. Fijaciones fotográficas, donde la placa de circulación WM- 89 389 del estado de Tabasco, de la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina, que en este caso eran tiradas en el lugar de los hechos y que corresponden en este caso a la unidad que resultó ser propiedad de la fiscalía General del estado de Tabasco. El oficio terminación 231/2018 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, expedido por el receptor de rentas Guadalupe Hernández Hernández del municipio de Cunduacán Tabasco, donde informó a nombre de quién se encontraba la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina y con placas de circulación WM 89-389 del Estado de Tabasco. Factura electrónica a través de Tabasco automovilística, expedida a nombre de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en Paseo Usumacinta, en Villahermosa Tabasco. Entrevista de Joaquín López García ante el Fiscal de la fiscalía del Ministerio Público, en donde éste acepta que el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las siete de la noche, era quien conducía esa camioneta Ford Blanca F150 doble cabina, con placas de circulación WM 89-389 del Estado de Tabasco. Querella de Miguel Ángel Arias Montejo, de veinte de junio de dos mil dieciocho, establece que el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos salía en su motocicleta a cargar gasolina cuando de repente y de manera intempestiva le salió la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina, con placas de circulación WM 89-389 del Estado de Tabasco. Testimonio de Abraham Quique Sánchez, quien se encontraba el día de los hechos en el taller "Los Negros", que se ubica sobre la calle Antonio Suárez, cuando ve que sale una camioneta blanca con las características de la camioneta Ford Blanca F150 doble cabina, con placas de circulación WM 89-389 del Estado de Tabasco, de la calle Centenario, y no hace el alto total; y que es éste el testigo que se dedica a perseguir al imputado Joaquín López García, pero que éste tomó el camino hacia la Isla municipio de Cárdenas, Tabasco, y es ahí donde lo pierde, Testimonio de Claudia Cecilia Valencia Suárez, quien presenció los mismos hechos que el testigo anterior, y además manifiesta que queda una placa de circulación tirada en el lugar de los hechos. Certificados médicos expedidos por los peritos oficiales, en el primero de veinte de junio de dos mil dieciocho, se advierten heridas y excoriaciones diversas; el segundo, de veintidós de enero de dos mil diecinueve, el médico legista establece atendiendo a las características de esas lesiones inferidas el día de los hechos ocurridos el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, que son lesiones que ponen en peligro la vida, tardaron en sanar más de quince hasta sesenta días, y secuelas pues hasta su total sanidad. Avaluó de daños respecto de la motocicleta marca Italika, color negro con rojo, modelo dos mil dieciséis, en donde el perito determinó que era pérdida total y que establecía un costo comercial de $9,000 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). Informe del policía de investigación Isidro León Juárez quien se constituyó al lugar de los hechos, estableciendo el punto de intersección, así como las características del lugar, así mismo da fe que existe el disco preventivo octagonal de alto en el entronque de las calles Antonio Suárez y Centenario o Instituto Juárez. Dictamen de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desprende el actuar culposo del imputado Joaquín López García, en el que se establece que el conductor de la camioneta Ford blanca, tipo pick up, al conducir al norte sin extremar precauciones debidas al frente de su circulación. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; Ahora bien, en cuanto al tema de que ese hecho la ley lo señale como delito, correctamente consideró la Juez responsable que hay datos suficientes hasta ese momento para tener por acreditado así el delito que se le imputa de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio, ello tomando en consideración que dichos datos de prueba hacen patente que se llevó a cabo, tomando en consideración que el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos, Joaquín López García conducía una camioneta Ford blanca tipo pick up doble cabina, con placas de circulación WM 89-389 del estado de Tabasco, cuando se encontraba circulando sobre la calle Centenario o instituto Juárez con dirección al norte de la ciudad de Cunduacán, Tabasco y el cruce que forma la calle Antonio Juárez de dicho municipio, sin extremar precauciones debidas al frente de su circulación y sin hacer su alto total obligatorio, tal como lo indicaba el señalamiento restrictivo de tránsito que existe en esa calle que es un octágono de alto, que al llegar al crucero que conforman la calle Antonio Juárez atraviesa el paso y corta la libre circulación de los vehículos de la calle contraria, lo que originó que su falta de precaución y pericia, se impactara la parte frontal de la camioneta con el lateral izquierdo de la motocicleta Italika tipo AX110, negro con rojo, la cual circulaba sobre la calle Antonio Suárez con dirección al oeste de Cunduacán, Tabasco, la cual era conducida por la víctima Miguel Ángel Arias Montejo, quien al recibir el impacto de la camioneta sale volando, y la motocicleta queda ligeramente debajo de la camioneta Ford que conducía el imputado, quien únicamente echó reversa y huyó del lugar. Que, con su conducta, el imputado provocó alteraciones en la salud de la víctima Miguel Angel Arias Montejo, y un detrimento económico en el deterioro de un bien mueble, consistente en la motocicleta Italika, la cual es propiedad de Raquel Sánchez Custodio. Así entonces el hecho verbalizado por la fiscal, tanto en la formulación de la imputación como en la vinculación a proceso tiene apariencia de delito porque encuentra sustento, respecto de las lesiones culposas en el artículo 116 fracción II y VII en relación con el 61 y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco; y respecto al delito de daños culposos, en el artículo 200, en relación con el 175 fracción II, en relación con el 61 y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delitos en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Respecto a la probabilidad de que Joaquín López García haya participado en estos hechos que la ley señala como delitos de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 116 fracción II y VII, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños culposos, previsto y sancionado por los artículos 200, en relación al 175 fracciones II, relacionados con el 61 y 62 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Raquel Sánchez Custodio. Ello, tomando en consideración que derivan las entrevistas que obran en la carpeta de investigación y que fueron verbalizadas por el fiscal del Ministerio Público, como lo son la entrevista de los querellantes Miguel Ángel Arias Montejo y Raquel Sánchez Custodio, quienes resintieron una afectación, el primero en su salud, y la segunda en su patrimonio económico, ya que acreditó ser la propietaria de la motocicleta Italika tipo F 110 color negra con rojo modelo 2016. Además de que existe la entrevista del testigo Abraham Quique Sánchez, quien es la persona que se encontraba en un taller sobre la calle Antonio Suárez de Cunduacán, Tabasco, cuando vio que salió una camioneta Ford blanca tipo pick up doble cabina, de la calle Centenario y no hace el alto total, y que se dedicó a perseguir a Joaquín López García, pero que este agarró hacia la isla y es ahí en donde lo pierde. También, existe el testimonio de Claudia Cecilia Valencia Suárez, quien es la persona que vive cerca del lugar donde sucedieron los hechos, y ella observó a través de su ventana como sucedieron los hechos, además de que se percató que quedó tirada una placa de circulación WM- 89 389 del estado de Tabasco, tirada en el lugar de los hechos. Entrevista realizada al imputado Joaquín López García, ante el fiscal del Ministerio Público, en la que aceptó que el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las siete de la noche, era quien conducía la camioneta Ford blanca tipo pick up doble cabina, con placas de circulación WM- 89 389 del estado de Tabasco. Placas fotográficas del lugar, y peritaje de avalúo de la motocicleta Italika color negro con rojo modelo 2016, en la cual el perito concluyó como pérdida total y establece un costo comercial de $9000 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). Y, los certificados médicos expedidos por los peritos oficiales, en el primero de veinte de junio de dos mil dieciocho, en el que se advierten heridas y excoriaciones diversas; el segundo, de veintidós de enero de dos mil diecinueve, el médico legista establece atendiendo a las características de esas lesiones inferidas el día de los hechos ocurridos el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, que son lesiones que ponen en peligro la vida, tardaron en sanar más de quince hasta sesenta días, y secuelas pues hasta su total sanidad, respecto de la víctima Miguel Ángel Arias Montejo. Por lo anterior, es posible inferir la participación del aquí quejoso Joaquín López García, en los delitos de lesiones culposas y daños culposos, por existir los testimonios de los referidos testigos, lo que hace presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 256/2019, que el impetrante del amparo participó en la comisión de los hechos delictivos investigados. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por el quejoso Joaquín López García, estos resultan infundados por los motivos que a continuación se exponen: Respecto al concepto de violación señalado con el inciso 1), este es infundado tomando en consideración que en párrafos precedentes se realizó un estudio de los requisitos que debe establecer un auto de vinculación a proceso de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a su contenido: el delito imputado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió; es decir, para que el juzgador emita un auto de vinculación necesariamente tiene que tomar en cuenta los términos en que la representación social formuló la imputación, y contrastarla con los datos de prueba que, para el efecto mencione el órgano acusador, a fin de verificar que existan elementos suficientes para sujetar al inculpado a una investigación. En ese tenor, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de las audiencias de seis y once de febrero de dos mil veinte, se advierte que el quejoso Joaquín López García contó con defensor particular, licenciado Roberto Jiménez Domínguez, quien se identificó con cédula profesional previo al inicio de la audiencia, además se constató en la administración del juzgado de control responsable que el abogado había presentado cédula oficial autentica que lo acreditaba como licenciado en derecho. Por lo que se desprende que no se transgredieron los derechos fundamentales del imputado, específicamente el derecho de defensa técnica adecuada. También, resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso 2), en el que establece que la fiscal tenía la obligación de establecer con claridad y precisión, para que se acreditara plenamente la culpa en los delitos, debió señalar cuales fueron los deberes objetivos de cuidado, que el activo bajo sus circunstancias concretas podía y debía haber observado y que omitió hacerlo. Que, además debió establecer cuál era la hipótesis normativa (fundamento jurídico) que contiene ese deber objetivo de cuidado. Además, que al momento de vincularle a proceso la juez de Control actuó en forma extralimitada en sus funciones, atendiendo y supliendo las deficiencias de la fiscalía En el presente asunto es aplicable, entre otros, los artículos 9 y 10 del Código Penal para el Estado de Tabasco; para mejor comprensión es necesario transcribir los preceptos aludidos: "Artículo 9.- El delito puede ser realizado por acción o por omisión. Quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo sólo si: de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, era garante del bien jurídico y su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Es garante del bien jurídico el que: a) aceptó efectivamente su custodia; b) voluntariamente formaba parte de una concreta comunidad que afronta peligros de la naturaleza; c) con una culposa o fortuita actividad precedente generó el peligro para el bien jurídico; o d) se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia. "Artículo 10.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere o acepta su realización. Actúa culposamente quien al momento de la realización de un hecho infringe un deber objetivo de cuidado que, bajo sus circunstancias concretas, podía y debía haber observado, actualizándose así el resultado antijurídico. La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí misma, la responsabilidad penal." De lo que se aprecia, lo esencial en el delito culposo, no es la simple causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción, esto es, quién actuaba diligentemente y quién no. La observación del deber objetivo de cuidado; la diligencia debida, constituye, por tanto, el punto de referencia obligado del delito culposo. El concepto de cuidado, es objetivo y normativo; es objetivo, por cuanto no interesa para establecerlo cuál es el cuidado que en el caso concreto ha aplicado o podía aplicar el autor, sino cuál es el cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la realización de una conducta determinada. Ello supone además un juicio normativo que surge de la comparación entre la conducta que hubiera seguido un hombre razonable y prudente en la situación del autor y la observada por el autor realmente. También en la culpa hay un tipo subjetivo que atiende a la capacidad individual, al nivel de conocimientos, previsibilidad y experiencia del sujeto. Las reglas y principio de la experiencia son abstracciones y generalizaciones que deben aplicarse a un caso concreto, para valorar si hubo o no imprudencia. La inobservancia de esas reglas es ya un indicio, pero nunca una prueba irrefutable de que se actuó imprudentemente. Además, junto a la lesión del cuidado objetivamente requerido, hay que tener en cuenta también la capacidad, rol específico y conocimientos especiales del sujeto que actúa, tanto para fundamentar la imprudencia, como graduar su gravedad, pues debe distinguirse entre culpa grave y leve. El resultado para que sea imputado al autor de la acción culposa, debe estar en una determinada relación con ésta y ser la consecuencia lógica del peligro inherente creado o incrementado ilícitamente por la acción misma. Por ello, se puede decir que la acción objetivamente culposa (es decir, la realizada sin la diligencia debida, que crea o incrementa de forma ilegítima el peligro de que un resultado se produzca) es, junto con la relación de causalidad, la base y fundamento de la imputación objetiva del resultado, que pertenece, por tanto, a la propia esencia de la imprudencia. En consecuencia, se considera adecuada una acción, para provocar un resultado, cuando era previsible objetivamente que lo iba a provocar y el autor actuó sin la diligencia debida. Estos dos componentes, previsibilidad objetiva y diligencia debida, son al mismo tiempo, los elementos que se emplean para determinar cuándo una acción es culposa. Atento a ello, en términos del numeral 10, párrafo tercero, del Código Penal para el Estado de Tabasco, la juez de Control responsable de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, estableció lo siguiente: "en este caso dijo también verbalizo la fiscalía a título de autor material directo una conducta tal es en este caso instantánea y resulta ser culposa puesto que al momento de la realización del hecho infringió como dije anteriormente un deber objetivo de cuidado quien bajo las circunstancias en este caso abierto concretas podía o pudo en este caso haber observado actualizándose así los resultados típicos de lesiones culposas y daños culposos en este sentido de la misma..." Así entonces, se puede advertir que la autoridad responsable describió en qué consistía el deber objetivo de cuidado, pues fundó y motivó su determinación, pues estableció la conducta que objetivamente tenía que observar el sujeto activo ex ante, esto es, previo a seguir circulando en donde había un crucero y existía un alto total, que en el caso no atendió como se estableció en la resolución de vinculación reclamada, y que generó alteraciones en la salud de Miguel Ángel Arias Montejo, y daños materiales a Raquel Sánchez Custodio, En ese contexto, resultan infundados los motivos de discenso, pues el quejoso no debe perder de vista que nos encontramos ante el nuevo sistema de justicia penal, en donde únicamente es suficiente que exista un indicio y no que queden plenamente demostrados los elementos del tipo penal, pues hasta ese momento procesal quedó acreditado la probable responsabilidad del inculpado, su participación, la comisión culposa del mismo. Además, de que el juez de la causa no se extralimitó en sus funciones, pues por el contrario motivó su determinación explicando al imputado en qué consistía su deber de cuidado, pues el caso concreto pudo haber observado si en ese preciso instante venía otro vehículo y no lo hizo, pues se trataba de un crucero, en donde sabía que existía el peligro inminente de que circulaban vehículos; pues la juez de Control dictó vinculación a proceso por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación, y está facultada a otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público si así lo considerara. Por todo lo anterior, se puede concluir que la resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada en la causa penal 256/2019, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la juez responsable expuso los motivos y fundamentos para llegar a esa determinación. Ilustra el sentido de lo expuesto, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Segunda Parte, Materia Común, foja 56, siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate." En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por el quejoso, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a los terceros interesados Raquel Sánchez Custodio y Miguel; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la celebración de la presente audiencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, la celebración de la presente audiencia no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:" TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Joaquín López García, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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