Joaquín Jasso Olvera

Expediente 313/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
313/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Joaquín Jasso Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, y como se desprende de la misma que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto en que se desechó la demanda, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese como asunto concluido, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Jasso Olvera, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 313/2018 y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Pues bien, en relación con el acto reclamado que se hizo consistir en la omisión del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, de responder la petición contenida en el escrito de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente SD1003/2016, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario.Los normas invocadas, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De ellas se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos originados dentro de juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable.Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó.Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Es necesario subrayar en este punto, que en la actualidad, las excepciones establecidas en antaño para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial, relativas a violaciones procesales que causan una afectación de grado predominante o superior, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto.En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito (107, fracción V) ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, dada la nueva connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, ya no es aplicable el criterio que se desprendía de la jurisprudencia P.J. 4/2001 que admitía la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos procesales por violaciones de grado predominante o superior, ya que la interpretación referida se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, como es el caso, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la referida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Esa interpretación hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan los actos irreparables es la afectación que producen a "derecho sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que es antagónica con el concepto de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había calificado en la novena época. Pues bien, en el presente caso, el quejoso impugna a través de la vía de amparo indirecto la omisión por parte del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, de dar contestación a la solicitud que formuló en la promoción fechada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente de ejecución SD 1003/2016. Dicho acto, que el amparista considera violatorio del artículo 8º de la Constitución Federal, no se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata exclusivamente de reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no lo deja sin defensa ni puede verse de forma autónoma, por lo que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo y, consecuentemente, no tiene una ejecución de imposible reparación.Consecuentemente, de la demanda se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio, por cuanto hace al acto que aquí se estudia.Por otra parte, en relación con el acto reclamado del Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, consistente en la omisión de responder la petición contenida en la solicitud fechada el nueve de enero de dos mil dieciocho; se actualiza en forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Las normas invocadas disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.De la interpretación sistemática de los anteriores numerales, armonizados con la fracción I del artículo 103 Constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.En el citado precepto no se define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional; sin embargo, tampoco éste definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (aplicable al presente juicio), modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, al establecer que los particulares pueden tener esa calidad, cuando realicen actos establecidos en una norma. En consecuencia, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, se tratan de actos de autoridad (ya sea realizados por una autoridad o por un particular), debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el peticionario tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se advierte, como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ello se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5º de la actual Ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio. Así, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.Además, tales actos equivalentes deben vulnerar derechos fundamentales contemplados en la norma constitucional y las funciones que autorizan la emisión de los precitados actos equiparables, deben encontrarse determinadas en una norma general. Dicho lo que precede, tenemos que el amparista reclama la falta de respuesta a la solicitud que formuló el nueve de enero de dos mil dieciocho, al Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. Pues bien, como quedó precisado previamente, para que un acto pueda considerarse como de autoridad para efectos del amparo, es requisito sine qua non que la relación que entable el ente de hecho o de derecho con el particular que se dice afectado, tenga su nacimiento en la ley, de forma tal que dicho ente se encuentre dotado de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Dicha característica está ausente en el acto que se precisó anteriormente, ya que la actuación del Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en relación con el quejoso, dentro del expediente de ejecución SD 1003/2016, no tiene su nacimiento en la ley, sino en el nombramiento hecho por la autoridad jurisdiccional, frente a la falta de designación, por parte del interesado, de un defensor particular, por lo que no puede considerarse que aquél estuviera dotado de una facultad administrativa cuyo ejercicio era irrenunciable. En esta tesitura, es claro que el acto reclamado que ahora se analiza no tiene su nacimiento en la ley, sino en la designación hecha por el juzgador que conoce del expediente que vincula al defensor con el quejoso. Además, que el citado defensor no emite actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Por lo anterior, el acto reclamado al que se refiere este apartado carece de las notas características de aquellos que se consideran como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que el procedimiento constitucional que en su contra se intenta resulta notoriamente improcedente, al operar el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo.En mérito de lo expuesto, ante la actualización de manera manifiesta e indudable de las causas de improcedencia analizadas, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida la demanda; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano.

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