Joaquín Israel Orea García

Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
799/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Joaquín Israel Orea García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el once de julio pasado, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los diversos 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara firme dicho proveído; por tanto, archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por la que, por una parte, se sobreseyó el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección constitucional a Nakomsa Komfort Ambiental, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien..., requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral expediente J.2/595/2014, promovido por Ernesto Rivera Fuentes, a partir del emplazamiento a juicio efectuado a la demandada Nakomsa Komfort Ambiental, sociedad anónima de capital variable, incluido el laudo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y su respectiva ejecución consistente en el acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho, en que se ordenó el aseguramiento de la cuenta bancaria 5035979, abierta a nombre de la quejosa en Banco Nacional de México, integrante de Grupo Financiero Banamex y su ejecución. Se apercibe a la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, como lo dispone el numeral 238 de la Ley de Amparo; y, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante autoridad competente.

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por ..., por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, regístrese bajo el número 799/2022-B-5. Desechamiento. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la vigente Ley de Amparo, se establece la obligación a cargo de este órgano de control constitucional de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En esa tesitura, del análisis íntegro del escrito de demanda se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos y fracciones antes señalados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, estos es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese contexto, la parte quejosa reclama del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 967/2021, en el que negó la solicitud del quejoso de regularizar el procedimiento en dicho sumario, y se señaló que debería estarse a lo ordenado en auto de ocho de dicho mes y año; este último proveído en que la autoridad responsable revocó el diverso proveído de tres de junio del año actual, y dejó sin efectos el emplazamiento de la demandada "Intermarqueting CFG Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable", así como el turno a sentencia del expediente laboral 967/2021, toda vez que el nombre de la demandada resultaba erróneo, siendo el correcto "Intermarketing CFG Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable", lo cual no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la parte afectada obtiene sentencia favorable y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal impugnable en los términos de los artículos 171 y 172 de la ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. En este sentido, el acto reclamado, consistente en el auto de quince de junio de dos mil veintidós, no constituye uno cuya ejecución sea de imposible reparación, pues del mismo, no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tal decisión y de él no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conllevan la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque las afectaciones o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, el auto de quince de junio de dos mil veintidós, resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable; es decir, el perjuicio formal que hubieran podido originar el acto reclamado desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime que el acto reclamado señalado por la parte quejosa, es un auto (quince de junio de dos mil veintidós) que por sí mismo no le causa perjuicio; lo anterior, ya que en aquel se acordó estarse a lo ordenado en diverso proveído (ocho de dicho mes y año), siendo este último el que, en su caso, pudo causarle un perjuicio, ya que la autoridad responsable revocó el diverso de tres de junio del año actual, y dejó sin efectos el emplazamiento aludido, pues el acuerdo señalado en primer término, por su propia naturaleza, puede no estar fundado y motivado al hacer referencia a diverso auto. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. III/2006, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 848, Tomo XXIII (febrero 2006), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: Domicilio. De conformidad con lo señalado en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su proemio de demanda. Autorizados. Respecto de las personas que autoriza, ténganse por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que, se encuentran facultados en términos amplios del citado ordenamiento legal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "En Línea". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · 8,254 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano