Joaquin Israel Naranjo Barrera

Expediente 1270/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1270/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Joaquin Israel Naranjo Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca, Hidalgo, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Joaquín Israel Naranjo Barrera, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca, Hidalgo, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Joaquín Israel Naranjo Barrera, por su propio derecho, promovida en contra de los actos del Juez Primero de lo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, tercer párrafo, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Igualmente, el artículo 107 fracción IV, tercer párrafo de la Ley de la Materia establece: "El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicios o después de concluido. (.) si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimientos respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento (.) en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva orden el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir: "La sentencia interlocutoria de nueve de octubre de 2017, que se me notificó en fecha 10 de octubre de 2017, con el que se me desecha mi recurso de revocación plateado contra el acuerdo de fecha 15 de agosto de 2017, que admite un avalúo ilegal, con el que se aprueba el remate de mi propiedad, en el expediente mercantil número 933/2011 del Juzgado Primero de lo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo Hidalgo; lo que es inconstitucional ya que viola mis garantías consagradas en los artículos 1,14, 16 y 17 de la Constitución Federa, y el artículo 189 de la Ley de Amparo (.)". De lo anterior se deduce que cuando se trate del procedimiento de remate, el juicio de amparo en la vía indirecta procederá contra la resolución que ordena de forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de ahí que, para dilucidar en qué vía se podrá reclamar una violación cometida en el curso del procedimiento de ejecución de sentencia, habrá que distinguirse si ésta constituye o no, la que ordena de forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los viene rematados. Antes del estudio de la causa de improcedencia en cita se hace una narrativa de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, expone la parte quejosa, que en lo que aquí resalta son los siguientes: "1.- EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2011, se dictó un AUTO DE EXEQUEDUM POR EL CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, EN EL EXPEDIENTE 933/2011 EN EL QUE ORDENA AL ACTUARIO QUE SE CONSTITUYA EN MI DOMICILIO Y LE EMBARGE BIENES SUFICIENTES PARA GARANTIZAR UNA DEUDA, LO CUAL DICHA AUTORIDAD NO LLEVA ACABO SI NO HASTA, EL 18 DE ENERO DEL 2012, ES DECIR 6 MESES DESPUES, TAL Y COMO CONSTA EN LA FOJA 6 DEL EXPEDIENTE MERCANTIL. 2.- EL CIUDADANO ACTUARIO LLEVO ACABO UNA DILIGENCIA, INCONSTITUCIONAL POR QUE YA HABÍA TRASCURRIDO EL TIEMPO QUE TENIA PARA LLEVARLA ACABO, ASI MISMO EMBARGO BIENES QUE SON DEL SUSCRITO, Y QUE ADEMAS EL ARTICULO 75 DE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE EL ESTADO DE HIDALGO, PROHIBE, YA QUE NO FUERON ESPECIFICOS EN LA DILIGENCIA DE EMBARGO, SI NO QUE EMBARGARON DE FORMA GENERAL SIN ESPECIFICAR LA FRACCION O PORCION DE EL BIEN INMUEBLE QUE SE EMBARGO, TAL Y COMO CONSTA EN LA FOJA 13 DEL EXPEDIENTE MERCANTIL. 3.- EN FECHA 7 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE EL CIUDADANO REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEAD Y DEL COMERCIO, EMITIO UN ACUERDO EN EL QUE LE CONTESTA AL CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO QUE NO HA LUGAR INSCRIBIR LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2012 DEL EXPEDIENTE 933/2011, YA QUE ESTA AMPARA LA PROPIEDAD DE EL SUSCRITO Y DE OTRA PERSONA, DILIGENCIA DE EMBARGO QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, NO SE PODIA INSCRIBIR POR NO SER ESPECIFICA SOBRE QUE FRACCION, DEL PREDIO SE TENIA QUE INSCRIBIR. 4.- EN FECHA 9 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE EL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO EMITIO UN OFICIO EN DONDE ORDENABA DE NUEVA CUENTA, QUE SE REALIZARA LA INSCRIPCION SOBRE EL 50% DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 7 DE FEBRERO NUMERO 22 ESQUINA CON EMILIANO ZAPATA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, LO QUE VIOLA EN MI PERJUICIO LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CARTA MNAGNA, ADEMAS EL JUZGADOR PRESUPONE QUE EL SUSCRITO SOLO ES DUEÑO DEL 50% SIN FUNDAR NI MOTIVAR SU AUTO, VIOLANDO ASI MIS DERECHOS PUBLICOS SUBJETIVOS, TAL Y COMO CONSTA EN LA FOJA 23 DEL EXPEDIENTE MERCANTIL. 5.- EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE EL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO EMITIO UNA SENTENCIA QUE ES VIOLATORIA DE GARANTIAS YA QUE EXISTIERON MUCHAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, Y EL ACTOR NO SEÑALO EL ORIGEN DE LA DEUDA DESDE EL INICIO DE SU DEMANDA. TAL Y COMO CONSTA EN LAS FOIAS 29 A LA 31 DEL EXPEDIENTE MERCANTIL DEL QUE HOY ME QUEJO. 6.- "EL SUSCRITO TUVO CONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS DESDE EL DÍA 6 DEL MES DE JULIO DEL 2015, QUE FUE EL DÍA QUE EL ARQUITECTO MARIO VEGA PAREDES DE MI PROPIEDAD SIN ESPECIFICAR SOBRE QUE PARTE DE LA PROPIEDAD EN MENCIÓN IBA A REALIZAR EL AVALUÓ", y FUE QUE FUI A VER A UN ABOGADO QUIEN ME HIZO UNA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, QUE FUE PRESENTADA EN EL JUZGADO EN FECHA 8 DE JULIO DEL 2015, PERO EL JUEZ LA RECHAZO ARGUMENTANDO QUE NO ACOMPAÑE EL DOCUMENTO CON EL QUE A JUICIO DE LA RESPONSABLE NO SE ACREDITABA MI MEJOR DERECHO, LO QUE SE ME NOTIFICO EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2015. 7.- POSTERIOR MENTE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2015 VOLVÍ A PRESENTAR LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO PERO AHORA YA CON LA COPIA CERTIFICADA DE MI ESCRITURA, Y FUE A LO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ME VOLVIÓ A NEGAR EL DERECHO A DEFENDER MI PROPIEDAD, LO QUE SE ME NOTIFICO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ARGUMENTANDO LO SIGUIENTE: I.- NO SE DA TRÁMITE A LA SOLICITUD PLANTEADA, TODA VEZ QUE DEL ESTUDIO DEL ESCRITO DE CUENTA, ASÍ COMO DE LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE EL PROMOVENTE NO TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER AL JUICIO QUE NOS OCUPA, NO OBSTANTE QUE CON FECHA ANTERIOR HAYA PROMOVIDO TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, YA QUE ESTA FUE DESECHADA. II. POR ÚNICA OCASIÓN NOTIFÍQUESE AL PROMOVENTE EN EL DOMICILIO QUE INDICO EN EL DE CUENTA. 8.- EL JUEZ ADMITIO MI TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO, Y LA DEJO, DE IGUAL MANERA ARGUMENTANDO QUE EL SUSCRITO, TENIA LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR, QUE ERA DUEÑO DEL 45% POR CIENTO DE LA PROPIEDAD QUE DICE SE LE AFECTA CON EL EMBARGO, Y AUNADO A ESTO EN FECHA DE AGOSTO DEL 2017, ARGUMENTE MEDIANTE ESCRITO DE REVOCACION QUE EL AVALUO QUE PRACTICA EL PERITO QUE NOMBRA EL JUEZ EN REVELDIA A LA PARTE DEMANDADA, LO HACE DE FORMA ILEGAL YA QUE NO ESPECIFICA QUE MITAD ES LA QUE VALUA, NI TAMPOCO QUE TOMO DE REFERENCIA, PARA HACER DICHO AVALUO, YA QUE AL NO SABER QUE FRACCION ES LA DEL SUSCRITO SE LIMITA A VALUAR MI PROPIEDAD, LA CUAL ESTA FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, YA QUE EL JUEZ ARGUMENTA QUE EL DEUDOR ES DUEÑO DEL 50% Y EL SUSCRITO SOLO ES DUEÑO DEL OTRO 50%, SIN FUNDAR NI MOTIVAR SUS ACTUACIONES, ME INTENTAN DESPOJAR DE MI 45% RESTANTE, SE ME ESTA MOLESTANDO EN MI DOMICILIO, Y SE PRETENDE REMATAR MI PROPIEDAD, POR TAL MOTIVO ES QUE SOLICITO EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. 9.- YA QUE EL JUICIO EJECUTVO MERCANTIL DEL QUE ME QUEJO NO ADMITE EL RECURSO DE APELACION EN RAZON DE LA CUANTIA, Y TODA VEZ QUE EL SUSCRITO YA HAGOTO LA INSTANCIA DE PARTE, ES QUE SOLICITO EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL.". Así las cosas, el acto reclamado deriva de un expediente mercantil 933/2011, que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, sin embargo, para efectos de su procedencia en esta vía, es necesario que el acto reclamado los constituya la última resolución siendo aquélla que en forma definitiva orden el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por tanto, de los antecedentes que precisa el quejoso, se advierte que el acto solamente produce efectos intraprocesales en etapa de ejecución de sentencia, que se traducen en una reserva al aquí quejoso, para pronunciarse al respecto en que se ordene de forma definitiva la escritura de adjudicación y entrega de los bienes; sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado Por otro lado, es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, el acto reclamado en el presente juicio consiste en: "La sentencia interlocutoria de nueve de octubre de 2017, que se me notificó en fecha 10 de octubre de 2017, con el que se me desecha mi recurso de revocación plateado contra el acuerdo de fecha 15 de agosto de 2017, que admite un avalúo ilegal, con el que se aprueba el remate de mi propiedad, en el expediente mercantil número 933/2011 del Juzgado Primero de lo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo Hidalgo; lo que es inconstitucional ya que viola mis garantías consagradas en los artículos 1,14, 16 y 17 de la Constitución Federa, y el artículo 189 de la Ley de Amparo (.)". Ahora bien, se advierte que las quejosas se duelen del auto de La sentencia interlocutoria de nueve de octubre de 2017, que se me notificó en fecha 10 de octubre de 2017, en el que el Juez Primero de lo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, determinó desechar el recurso de revocación planteado con el acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, que admitió el avalúo ilegal, con el que se aprueba el remate, que dice ser de su propiedad, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 933/2011 (misma que se encuentra en procedimiento de ejecución de sentencia), no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, dado que no es la última resolución que indica el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, para su procedencia, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto. Máxime, que el hecho de que se desechó el recurso de revocación planteado contra el acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete que admitió a trámite un avalúo con el que se aprueba el remate que dice, es de su propiedad, no implica que le sea afectación de imposible reparación, aunado a que como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso no es persona extraña al juicio, debido a que como lo manifestó bajo protesta de decir verdad, promovió dos tercerías excluyentes de dominio en el juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado, de las cuales, en la primera no se le dio trámite por falta de legitimación del tercerista y en la segunda no demostró ser propietario del 45% del inmueble que aduce. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción IV aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primer Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, pagina 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Época: Décima Época, Registro: 2011474, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Rubén Pérez Aila y Janni Iris Copalcua Hernández, y únicamente para los efectos precisado en primer término a Francisco Juárez Cuevas, a las demás personas que indica por así haberlo manifestado expresamente Notifíquese personalmente.

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