Joaquín Humberto Tamayo Coutiño
Expediente 423/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Joaquín Humberto Tamayo Coutiño
Actuaciones
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- Principal
MESA IV Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó en audiencia; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, a las diez horas con veinte minutos, del veintitrés de julio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, en auto de veintiocho de junio del año en curso (foja 49), María del María del Rosario Licona Valentín, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida del Secretario Luis Fernando Lozano Soriano, quien da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Acto seguido, se abre el periodo probatorio: En la etapa de referencia, el Secretario hace constar que las autoridades responsables remitieron en apoyo a su informe justificado diversas constancias. Hecho lo anterior, la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: En virtud de que los citados medios de prueba no requieren preparación alguna, se tienen por desahogados dada su propia naturaleza, los cuales serán ponderados al momento de dictarse la resolución correspondiente. A continuación, la Secretaria Encargada del Despacho declara cerrado el periodo probatorio y ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual el Secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita y la parte quejosa hicieron uso de este derecho (fojas 44 a 48 y 54 a 65) Enseguida, la Secretaria Encargada del Despacho declara el cierre del periodo anterior y procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 423/2018-IV; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Joaquín Humberto Tamayo Coutiño, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos especificados en la demanda inicial de amparo. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en el artículo 8 Constitucional. TERCERO. Trámite seguido en el juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite bajo el registro 423/2018-IV, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional (fojas 8 a 10), la cual, previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Cabe señalar que mediante proveído de quince de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, manifestara si señalaba como diverso acto reclamado, el acuerdo de treinta de abril del año en curso, dictado en la averiguación previa FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017; sin embargo, dicho plazo transcurrió sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado constituye una omisión atribuida a una autoridad ministerial con residencia en esta Ciudad de México, donde este Juzgado ejerce jurisdiccional y previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso reclama: Del Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República y Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República: La omisión de dar respuesta al escrito de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el cual solicitó la liberación de las cuentas bancarias. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambos de la Procuraduría General de la República, al rendir informe justificado negaron el acto reclamado, pues señalaron que fue recepcionado por la oficialía de partes de esa Subprocuraduría la petición del quejoso, la cual fue canalizada con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, con número de volante 19434 a la oficialía de partes de la unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, quien una vez que lo recibió, con el mismo volante y folio 3080, lo returnó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (fojas 30 a 35 y 36 a 41). La parte quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables; en tal virtud, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, al rendir informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su certeza, ya que si bien refirió que mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, contestó la petición del quejoso, e incluso giró cédula de notificación a fin de hacerle del conocimiento el contenido de dicho acuerdo, cierto es que se notificó al quejoso el citado proveído posterior a la presentación de la demanda, esto es, el treinta de mayo de la presente anualidad. Lo cual acreditó con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2. De ahí que, el acto reclamado se tenga por cierto, dado que si bien la autoridad ministerial responsable emitió una respuesta, ésta fue notificada a la parte quejosa posterior a la presentación de la demanda. QUINTO. Causales de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional está imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De igual forma, la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." De las tesis que anteceden, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, al ya no estar surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no haber dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, en el caso se actualiza la citada causal en razón de lo siguiente: Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (la cual fue remitida al Ministerio Público responsable para su análisis y respuesta), el quejoso en su carácter de imputado solicitó la devolución de cuentas bancarias e instrumentos de inversión y de crédito, asegurados, en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017. Mediante acuerdo de treinta de abril del año en curso, la autoridad ministerial responsable emitió el acuerdo respectivo. c) Determinación que fue notificada al ahora quejoso durante el trámite del juicio por la autoridad responsable, el treinta de mayo de dos mil dieciocho. Luego entonces, resulta indudable que los efectos del acto reclamado han cesado, dado que el quejoso fue enterado, de la respuesta dada a su petición de devolución de las cuentas bancarias aseguradas en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017, por lo cual es innegable que se actualiza la causal de improcedencia en comento, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado, pues incluso esta autoridad federal le dio vista con la repuesta; sin embargo, transcurrió el plazo concedido sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 180, fracción III, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, que determinan el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, se ordena a la secretaria supervise que la analista jurídico encargada del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio promovido por Joaquín Humberto Tamayo Coutiño, en términos de los Considerandos Tercero y Quinto de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena a la Secretaria supervisar la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos.
- Principal
MESA IV. Agréguese a los autos el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos. En ese tenor, tomando en consideración que la Representante Social hace valer causales de sobreseimiento, hágasele saber que sus manifestaciones serán ponderadas en la sentencia que en su caso se dicte en este juicio. En términos del numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su momento expídasele copia de la sentencia que se dicte en este juicio, la cual podrá obtener y recoger en su oportunidad, en cualquier día y hora hábil, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia.
- Principal
MESA IV. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que el plazo de quince días concedido a la parte quejosa por acuerdo de quince de junio pasado (fojas 28 y 29), para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa ***, atribuido al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializad en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; transcurrió del veintidós de junio al doce de julio del año en curso; sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que el presente juicio se resolverá conforme a los actos señalados en el escrito inicial de demanda. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en atención a su contenido; con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se le autoriza para consultar en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario "martha.arguello".
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