Joaquín Gúzman Cárdenas
Expediente 131/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2023
Partes del expediente
- Joaquín Gúzman Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Coordinador Área Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de junio del año en curso, y al efecto, informa que nombró a Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García y Octavio Daniel Sifuentes Arzate para que funjan como asesores jurídicos del peticionario de amparo Joaquín Guzmán Cárdenas, en el presente juicio de derechos fundamentales; por tanto, se les tiene como autorizados del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a quien menciona; asimismo, se le tiene señalando domicilio para tal efecto. En ese sentido, se instruye al Actuario de este Juzgado para que notifique a los asesores jurídicos en cita el presente proveído, así como el de siete de febrero del presente año, en el que se desechó el presente juicio de amparo; así como para que las subsecuentes notificaciones le sean practicadas al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra interno y a los referidos profesionistas. Notifíquese; personalmente al quejoso en su centro de reclusión y a sus asesores jurídicos. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/JLCG
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, LOS AUTOS DE SIETE DE FEBRERO Y SIETE DE JULIO, TODOS DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta presentada por Joaquín Guzmán Cárdenas, por su propio derecho, contra actos del Director de Centros de Reinserción Social y Adolescentes en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 131/2023-l . Por tanto, del análisis integral de la demanda este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el principio de definitividad, como a continuación se veráDel precepto transcrito se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; ello, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha señalado que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, ha sostenido que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Bajo esas premisas, es dable destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, toda vez que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, dicho numeral establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. En ese tenor, la Primera Sala concluyó que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a laautoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto y, ante tales circunstancias, si el inconforme decide acudir a la instancia de amparo, previo a ello, tendrá que agotar los referidos medios de defensa. Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.)traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana a uno diverso. Por tanto, conforme a lo antes explicado, es evidente que, previo a instar en esta vía constitucional, el quejoso debe agotar la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión que hasta este momento procesal, del contenido del escrito de demanda, no pueda advertirse, en forma fehaciente, si -en su caso- las ordenes de traslado reclamados constan -o no- en una resolución emitida por escrito, pues tal circunstancia en modo alguno desvirtúa la naturaleza de las actuaciones reclamadas, esto es, al margen de la forma en que se hayan emitido, lo cierto es que dichas instrucciones puede ser modificadas o revocadas a través de la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el Semanario Judicial de laSin embargo, como lo refiere la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y del estudio integral de la demanda se desprende que el acto aquí reclamado consiste en la orden de traslado que a la fecha no ha acontecido; por lo que, como se dijo en los párrafos que anteceden el quejoso previo a instar en la vía del amparo indirecto, debe agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley de la materia, como bien tuvo a informar en su escrito de demanda lo hizoen contra de las diversas dos órdenes de traslado que aduce combatió ante el Juez de Ejecución, así como ante el Juez Penal. Entonces, si el quejoso Joaquín Guzmán Cárdenas, acudió directamente a la vía constitucional para reclamar la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentra recluido, sin haber agotado previamente el medio ordinario de defensa antes descrito, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Joaquín Guzmán Cárdenas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal. En otro contexto, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en el que se encuentra interno; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este juicio, se realicen en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Además, toda vez que del escrito inicial no se advierte que se haya autorizado a alguna persona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, requiérasele a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días hábiles, designe a un asesor jurídico de su preferencia, esto es, para realizar cualquier acto que resulte conveniente para la defensa de sus derechos; apercibido que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional, en su caso, se solicitará a la institución correspondiente que se le designe un asesor jurídico que les brinde la atención técnicanecesaria durante este procedimiento judicial; en atención a lo previsto en los artículos 17 Constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevén el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Coordinador Área Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de junio del año en curso, y al efecto, informa que nombró a Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García y Octavio Daniel Sifuentes Arzate para que funjan como asesores jurídicos del peticionario de amparo Joaquín Guzmán Cárdenas, en el presente juicio de derechos fundamentales; por tanto, se les tiene como autorizados del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a quien menciona; asimismo, se le tiene señalando domicilio para tal efecto. En ese sentido, se instruye al Actuario de este Juzgado para que notifique a los asesores jurídicos en cita el presente proveído, así como el de siete de febrero del presente año, en el que se desechó el presente juicio de amparo; así como para que las subsecuentes notificaciones le sean practicadas al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra interno y a los referidos profesionistas. Notifíquese; personalmente al quejoso en su centro de reclusión y a sus asesores jurídicos. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/JLCG
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se requirió al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, para que designe un asesor jurídico a fin de que represente al aquí quejoso, sin que hasta este momento haya dado cumplimiento. Por tanto, requiérase nuevamente al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente al quejoso, en virtud de que - como se indicó- éste se encuentra privado de su libertad, y por ende, en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, máxime que son dichos profesionales quienes cuentan con los conocimientos y capacidades técnicas para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para sus patrocinados, para otorgar una efectiva y real asistencia legal, pues conocen a razón de sus funciones, la legislación estatal. Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión en que se encuentra interno.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, a la fecha, transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa Joaquín Guzmán Cárdenas, en proveído de siete de febrero pasado a fin de que designara un asesor jurídico de su preferencia. Por tanto, requiérase al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente al quejoso, en virtud de que - como se indicó- éste se encuentra privado de su libertad, y por ende, en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, máxime que son dichos profesionales quienes cuentan con los conocimientos y capacidades técnicas para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para sus patrocinados, para otorgar una efectiva y real asistencia legal, pues conocen a razón de sus funciones, la legislación estatal. Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión en que se encuentra interno.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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