Joaquín González Ramírez

Expediente 93/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
93/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Joaquín González Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la resolución que concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 93/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, y turnado al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Joaquín González Ramírez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) Congreso del Estado de Guerrero. 2) Gobernador del Estado de Guerrero. 3) Secretario General de Gobierno. 4) Secretario de Finanzas y Administración. Con sede en Chilpancingo, Guerrero. 5) Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 6) Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 7) Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 8) Superintendente General Zona de Distribución Zihuatanejo de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Con sede en Zihuatanejo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "1.- H. Congreso del Estado: Se reclama la expedición y aprobación de la LEY 436 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, específicamente en la sección SECCION CUARTA SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. Artículo 23, El Ayuntamiento percibirá ingresos mensuales por el derecho de la operación y mantenimiento de la red de alumbrado público (DOMAP), entendiéndose como aquella función que tiene a cargo el Municipio y que forma parte de la seguridad pública, para salvaguardar la integridad de las personas y que se proporciona a través de lámparas ubicadas en las calles, avenidas, callejones, andadores, plazas, semáforos y en todos los lugares de uso común. [.] 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con domicilio conocido en Chilpancingo, Guerrero. Se reclama la promulgación y orden de LEY 436 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, en la sección SECCION CUARTA SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. Artículo 23, El Ayuntamiento percibirá ingresos mensuales por el derecho de la operación y mantenimiento de la red de alumbrado público (DOMAP), entendiéndose como aquella función que tiene a cargo el Municipio y que forma parte de la seguridad pública, para salvaguardar la integridad de las personas y que se proporciona a través de lámparas ubicadas en las calles, avenidas, callejones, andadores, plazas, semáforos y en todos los lugares de uso común, ley que entro en vigor el 1 de enero del presente año. [.] 5.- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, ESTADO DE GUERRERO, C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, ESTADO DE GUERRERO, C. TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, ESTADO DE GUERRERO; Se reclama LA APLICACIÓN, de la disposición RECLAMADA EN LINEAS PRECEDENTES, así como la emisión de liquidaciones a cargo de la quejosa que Pretendan hacer efectivos los derechos establecidos en el precepto reclamado." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por auto seis de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo bajo el número 93/2020; se desechó respecto de los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Guerrero, así como por lo que ve al Superintendente General Zona de Distribución Zihuatanejo de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad y se admitió a trámite respecto de las restantes autoridades, a las que se solicitó rindieran su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que manifestara su deseo de señalar como acto reclamado la Ley Número 171 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecinueve, específicamente su artículo 22 que regula el derecho de alumbrado público, ya que al rendir su informe justificado, las autoridades municipales responsables informaron que del contenido del aviso recibo relativo al número de servicio 326040400411 adjunto a la demanda de amparo se advertía que en realidad se le había aplicado la aludida legislación, porque el periodo de facturación que comprende dicho documento abarca del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve; mientras que en proveído de tres de mayo pasado se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, al no haberse desahogado la vista otorgada para ese efecto por el directo quejoso, señalándose además fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su primer acto de aplicación por autoridades municipales que se encuentran en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que el quejoso reclama por esta instancia la expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación y aplicación de la Ley número 436 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, que crea el Derecho de Alumbrado Público (D.A.P.), en su artículo 23, que contiene el derecho de alumbrado público, con motivo del que aduce es su primer acto de aplicación materializado en el aviso de recibo con número de servicio 326 040 400 411. TERCERO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados al Congreso del Estado de Guerrero y al Gobernador del Estado, residentes en Chilpancingo, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, y orden de publicación de la Ley número 436 de Ingresos para el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados, por conducto de los funcionarios públicos que los representan. Asimismo, tal convicción de certeza obedece además a que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que la parte quejosa atribuye a dichas autoridades, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus atribuciones, participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 260, tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, el Presidente Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, Primer Síndica y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de José Azueta, al rendir su informe justificado conjuntamente, negaron la existencia del acto atribuido por la parte quejosa; sin embargo, lo procedente es tener por cierta la participación que se les atribuye en la aplicación del precepto legal reclamado, en virtud de que, conforme al texto legal reclamado, las autoridades municipales se encuentran indirectamente vinculadas con el acto concreto de aplicación combatido, porque éstas son las encargadas de vigilar que se cumpla la norma relativa, así como de recibir la contribución, y en su caso, devolverlo a los gobernados en cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Esta apreciación encuentra apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 353 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PUBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991)". CUARTO.- Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aludida porción normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, si la parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 23 de la Ley número 436 de Ingresos del Municipio de José Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que crea el Derecho de Alumbrado Público, puede afirmarse que no logró demostrar la aplicación en su perjuicio de dicho ordinal. Ello es así, porque la documental que exhibió la parte quejosa para demostrar el extremo en cuestión, relativa al aviso-recibo relacionado al servicio número 326 040 400 411, comprende como periodo de facturación del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, de modo que no es factible considerar su entero como el primer acto de aplicación de la legislación vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte, sino en todo caso, de la legislación vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, respecto de la cual no amplió su demanda no obstante la vista otorgada para ello. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada a pie de página en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 93/2020, promovido por Joaquín González Ramírez, por derecho propio, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en el último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal por el plazo comprendido del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y por ello el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19; por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Por su parte, por diversa circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer las diversas medidas especiales aprobadas por la referida Comisión Especial que deberán adoptarse dada la modificación de la situación de contagios por Covid-19 en el país en relación con los circuitos de Guanajuato y de esta entidad, entre ellas la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, conforme al esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y aplicación de este para la operación de los órganos jurisdiccionales de dichos circuitos, a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las QUINCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; para ello, se hace saber a las partes que si es su deseo comparecer a la misma, lo podrán hacer mediante escrito que podrán presentar física o electrónicamente, o bien, solicitarlo conforme a las disposiciones que para tal efecto establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020 y 37/2020. Por lo que, de elegir comparecer de forma virtual a la citada audiencia constitucional, se autoriza el uso de la aplicación digital CISCO WEBEX, para el desahogo de la audiencia constitucional, en términos del acuerdo general 12/2020 y del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la regulación del uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, respectivamente, en cuyo caso, será necesario que proporcionen oportunamente su correo electrónico y número de teléfono para la autorización del ingreso al evento en la aplicación señalada; en el entendido que de no hacerlo, se celebrará la citada audiencia de manera remota sin el uso de la referida herramienta tecnológica. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a quejosa en proveído de trece de noviembre del dos mil veinte, a fin de que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo, y señalar como acto reclamado la Ley Número 171 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecinueve, específicamente su artículo 22 que regula el aludido derecho de alumbrado público, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y al efecto se continúa el presente juicio con los mismos actos reclamados señalados en su escrito de demanda. Finalmente, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de personas justiciables y del personal jurisdiccional; y, ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicarán por lista, salvo aquéllas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a once de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para este día la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo señalar como nuevo acto reclamado la Ley Número 171 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecinueve, específicamente su artículo 22 que regula el aludido derecho de alumbrado público; asimismo, que en proveído de siete de diciembre actual, se interrumpió dicho termino debido a que el autorizado de la parte quejosa pretendió desahogar dicha prevención; por lo que, para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito se difiere y se fijan las QUINCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano