Joaquín Garibay Solorio

Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Joaquín Garibay Solorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión dentro del término legal contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto la parte quejosa, ya que fue ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Hágase las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 y 7.5 en sus numerales 2 y 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el inciso c), artículo 21 del aludido acuerdo, es destruible dado que en la especie se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva al peticionario de amparo; y, destruible su duplicado, virtud a lo expuesto en el inciso a), fracción II, del diverso 20 del citado cuerpo normativo. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán acompañó a su informe de ley copia certificada del juicio subyacente, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Se informa nuevo titular de este órgano jurisdiccional Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión dentro del término legal contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto la parte quejosa, ya que fue ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Hágase las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 y 7.5 en sus numerales 2 y 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el inciso c), artículo 21 del aludido acuerdo, es destruible dado que en la especie se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva al peticionario de amparo; y, destruible su duplicado, virtud a lo expuesto en el inciso a), fracción II, del diverso 20 del citado cuerpo normativo. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán acompañó a su informe de ley copia certificada del juicio subyacente, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Se informa nuevo titular de este órgano jurisdiccional Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-589/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial, recibido el día hábil siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Joaquín Garibay Solorio, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso señaló, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este juzgado, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda, la admitió a trámite y registró con el expediente III-589/2020; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; ordenó el emplazamiento del tercero interesado Cristóbal Hurtado Vega, quien compareció a juicio mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la que se verificó en términos del acta que antecede, por lo que es oportuno dictar la sentencia que en derecho corresponde. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo así como de los datos que se desprenden del resto de las actuaciones se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: Todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, superficie y colindancias, número 289/2020, promovidas por Cristóbal Hurtado Vega. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, ya que al rendir el informe justificado admitió haber substanciado y resuelto el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 289/2020 que constituye el acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales públicas que acompañó a dicho informe, las que tienen valor pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio dela Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una institución que impide que los tribunales de la federación, en su función de jueces constitucionales, resuelvan la controversia ante ellos planteada por actualizarse alguna de las causales previstas en la Ley de Amparo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que tienen por objeto que se cumplan con los principios fundamentales en los que descansa el juicio de control de regularidad constitucional, de manera que, cuando se alega por partes o se advierte, de oficio, por el juez, una vez verificada su actualización procederá sobreseer en el juicio sin analizar los conceptos de violación. IV.1. En el caso, el tercero interesado adujo que el juicio de amparo es improcedente, porque la parte quejosa carece de interés jurídico para la promoción del juicio porque no es colindante ni tiene la posesión de algún predio que colinde con el que fue objeto de la rectificación de la superficie dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Lo anterior es fundado. En efecto, uno de los avances más importantes al juicio de control de regularidad constitucional, se verificó con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, promulgado por decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en particular en lo que se refiere a dos de los principios que han sido pilares de este medio de control, desde que se incorporó al sistema jurídico mexicano en la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete. Esos principios son: (1) el de instancia de parte y (2) el del agravio personal. Por virtud de la reforma de que se habla, el segundo principio se vio modificado substancialmente ya que antes de ella, para promover el juicio de amparo era necesario además de la existencia de un agravio personal, que este violara de manera directa algún derecho público subjetivo. A esta forma de legitimación se le denominó "interés jurídico". Con motivo de la reforma, el Poder Reformador introdujo como forma de legitimación para la promoción del juicio de amparo, un interés que, aunque se funda en el principio del agravio personal, para ciertos actos de autoridad es suficiente con que esa afectación se produzca de manera indirecta, a lo que se denominó "interés legítimo". Ambos tipos de interés son coincidentes en que el agravio que produce un acto de autoridad determinado, debe ser personal, ya sea porque se es titular del derecho que se ve afectado, o porque, por la especial situación que el quejoso guarda frente al orden jurídico el acto reclamado le causa un perjuicio respecto de algún derecho que disfruta de manera conjunta con una colectividad, esto es, de manera difusa, empero se diferencian en la forma en que materialmente se produce esa afectación. Conforme a la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos constitutivos del interés jurídico son: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte. En cambio, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: La exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Que el promovente pertenezca a esa colectividad. La Sala del Alto Tribunal explica que lo anterior es así, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo, y que tales elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Criterio que fue expresado en la tesis de jurisprudencia 51/2019 (10a.) que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisados las diferencias entre el interés jurídico y el legítimo como forma de legitimación para ejercer la acción de amparo, corresponde ahora precisar que no en todos los casos es admisible el interés legítimo como forma de legitimar a la parte quejosa para acudir a demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ya que el artículo 107, fracción I, constitucional establece como requisito para promover el juicio contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, un interés jurídico. Al respecto la porción normativa constitucional señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". Así, aunque las diligencias de jurisdicción voluntaria, materialmente hablando, no resuelven un controversia entre partes mediante la aplicación de la ley al caso concreto, y no genera -por tanto- la calidad de cosa juzgada, lo cierto es que desde el punto de vista formal sí las diligencias apuntadas sí son un acto proveniente de un tribunal judicial, ya que quien conoce de ellas es un juez, en quien, con base en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se deposita el Poder Judicial del Estado. El precepto invocado señala: "Artículo 67. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales". Siendo esto así, el interés jurídico que debe deducirse en el este juicio es el jurídico, de ahí que, para que el juicio de amparo resulte procedente es necesario que el quejoso demuestre de manera fehaciente que es titular del derecho subjetivo que se dice vulnerado. En el caso concreto, para tal efecto (de acreditar el interés jurídico), el quejoso acompañó a la demanda el contrato privado de compraventa de derechos hereditarios ad-corpus, celebrado entre la señora María Guadalupe Hernández Garibay en cuanto vendedora y Joaquín Garibay Solorio en cuanto comprador, aquí quejoso. Contrato de cuyo se advierte que la primera vendió al segundo los derechos hereditarios sobre los predios rústicos que se describen en el antecedente segundo. Lo anterior revelaría, a lo sumo, que el objeto del contrato con el que la parte quejosa pretendió acreditar el interés jurídico, es insuficiente porque con él no se es factible acreditar que sea propietario ni poseedor legal de los bienes inmuebles en cuestión, ya que lo en realidad le fue transmitido fueron los derechos hereditarios que probablemente pudiera deducir la vendedora. Y lo anterior puede identificarse con facilidad porque en la declaración segunda del contrato en comento se asentó lo siguiente: "2. Sigue declarando la señora MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GARIBAY, bajo protesta de decir verdad, que es presunta heredera de su finado padre señor LEOBARDO HERNANDEZ GARIBAY, y dentro de los bienes inmuebles que en vida pertenecieron a su finado padre se encuentran los siguientes: a).- Predio rústico denominado "LOS CRESTONES", ubicado en la población de Huapamacato, perteneciente al Municipio de Churintzio, Michoacán, mismo que cuenta con una extensión superficial de [.] b). Predio rústico denominado "LOS CRESTONES", ubicado en la población de Huapamacato, perteneciente al Municipio de Churintzio, Michoacán, mismo que cuenta con una extensión superficial de [.]" Lo anterior pone de relieve, que la parte vendedora al momento de celebrar en contrato no era la propietaria de los bienes inmuebles, sino que tenía una expectativa derecho, en cuanto presunta heredera de Leobardo Hernández Garibay, en todo caso, quien podría haber enajenado los citados bienes, previa autorización de un juez, era la sucesión del finado Hernández Garibay, ya que la propiedad de los bienes del autor de la sucesión se produce hasta que se aprueba el proyecto de partición y se procede a la adjudicación de los bienes en favor de los herederos reconocidos en el juicio respectivo. Así pues, el contrato de compraventa que exhibió la parte quejosa no tiene por objeto la trasmisión del dominio de los bienes ahí descritos, sino los derechos hereditarios de la Señora Guadalupe Hernández Garibay, los que, en cuanto presunta heredera sólo tiene una expectativa derecho, y si bien puede consolidarse ello será hasta que por sentencia pronunciada en la cuarta sección del juicio sucesorio se le adjudiquen los bienes, lo que en el caso no está demostrado y por tanto, carece de interés jurídico para la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Lo anterior, al margen de que si bien el precitado contrato privado fue aportado con firmas originales tanto de los contratantes como de los testigos de asistencia, también lo es que carece de fecha cierta, ya que no fue pasado por fedatario público, ni se demostró el fallecimiento de alguno de los contratantes o testigos, por lo que tampoco reúne los requisitos de un documento de fecha cierta, como lo establece el derecho jurisprudencial; de ahí que ni siquiera tenga certidumbre jurídica su contenido. En virtud de lo anterior, al resultar improcedente el juicio de amparo con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere. Por lo expuesto, se RESUELVE ÙNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joaquín Garibay Solorio, en contra de los actos que reclamó al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, consistente en las diligencias de jurisdicción voluntaria 289/2020 de su índice.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-589/2020, promovido por *****por propio derecho; contra actos de: AUTORIDADACTO RECLAMADOJuez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán.Todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, superficie y colindancias, número **** promovidas por *** El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública , con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la presencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 - respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda; Auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, que admitió la demanda de amparo; Constancia de emplazamiento del tercero interesado ***** y, Auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte en el que el tercero interesado **** formula alegatos; Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán. 19 de octubre de 2020 Cierto. Todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, superficie y colindancias, número **** promovidas por ***** Así como el auto que lo tuvo por recibido. Asimismo, el secretario hace constar: Que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló alegatos. Al respecto el juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que únicamente la autoridad responsable ofreció medios de convicción, los cuales adjuntó al rendir su informe justificado con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas. A lo que el juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que el tercero interesado ***** los formuló. A lo anterior el juez: Se tiene al citado tercero interesado expresando los que a su parte corresponden y a las demás partes por perdido su derecho en alegar. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, queda en estado de dictarse la sentencia cuando las labores del juzgado lo permitan. Doy fe.

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