Joaquín Garibay López Negrete

Expediente 730/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 42 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
730/2019
Año
2019
Actuaciones
42
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Joaquín Garibay López Negrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, del estado procesal de autos y la certificación, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de veintiséis de octubre del año pasado, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; el quejoso hizo manifestaciones respecto al acatamiento a la sentencia protectora no así la tercera interesada. Ahora, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en sentencia autorizada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó que para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debía realizar lo siguiente: 1. Dejará insubsistente las resoluciones de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, emitidas en los tocas de apelación ************. En su lugar dictará otras, en las que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y, sobre esa base, -con libertad de jurisdicción-resolverá los recursos de apelación interpuestos en contra de los proveídos de ocho de mayo de dos mil diecinueve, pronunciados por la Juez Trigésimo Primero de lo Familiar de esta entidad federativa, en el expediente **** de su registro. La concesión de que se trata se hace extensiva al acto reclamado a la autoridad ejecutora, titular del Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar de esta ciudad, al no haberse cuestionado por vicios propios. En la ejecutoria de amparo se determinó -en forma medular- lo siguiente: El tribunal de apelación, al sostener que el descuento de pensión alimenticia correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) debe realizarse sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el deudor alimentario, transgrede las consideraciones expuestas en el expediente ***** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, motivo por el cual, los actos reclamados, vulneran el subprincipio de congruencia que en toda resolución judicial debe prevalecer. En efecto, en el expediente referido el tribunal colegiado estableció que la sala responsable actuó correctamente al reducir la pensión alimenticia fijada originalmente en favor de los menores hijos, toda vez las circunstancias económicas del deudor cambiaron al justificarse la existencia de nuevos acreedores alimentarios. Asimismo, destacó que aun y cuando la sala responsable tomó en consideración tanto los ingresos ordinarios como extraordinarios que percibe el deudor alimentario, la pensión alimenticia la fijó únicamente con base en los primeros; empero, -afirmó el órgano colegiado- no resultaba procedente modificar la pensión alimenticia con base también en los ingresos extraordinarios que percibe el deudor alimentario, porque de ser así, dicha pensión sería superior a la que ya venía otorgando y que fue fijada de común acuerdo por las partes al momento de suscribir el convenio de divorcio. En ese sentido, contrario a lo referido por el tribunal de apelación en los actos cuestionados en el presente asunto, en la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el expediente R.C. 140/2015, dicho cuerpo colegiado estableció claramente que el descuento al demandado por concepto de pensión alimenticia, correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) únicamente debía realizarse por los ingresos ordinarios, no así por los extraordinarios. Por ende, la sala responsable de manera ilegal, realizó afirmaciones que no encuentran sustento en las actuaciones del juicio natural, pues adujo que la autoridad federal calculó el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo mensual neto del inconforme, pero en ninguna parte dispuso que solamente fuera de sus ingresos ordinarios y no así de sus extraordinarios, cuando ambos conceptos revisten el carácter de ingresos del demandado y el tribunal colegiado dispuso "el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo mensual neto del inconforme"; lo cual no es acertado e inclusive se aparta de las consideraciones expuestas por el propio órgano colegiado. No se soslaya que en la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el incidente de vía de apremio la juzgadora natural estableció que en atención al interés superior de los menores, *********. todos de apellidos **** y para garantizar su derecho humano a alimentos, ordenó girar oficio a la empresa **** para que de inmediato descontara de los ingresos ordinarios y "extraordinarios" de ******************** fuera depositada en la cuenta de cheques, cuyo titular es ***********************. Sin embargo, con independencia de que dicha determinación no se hubiera impugnado en el momento procesal oportuno, ello no conlleva a dejar de observar el subprincipio de congruencia, esto es, las actuaciones de las cuales se aprecia la manera en que se debe sufragar los alimentos. En ese sentido, la manera de garantizar los alimentos de los menores, ***** todos de apellidos ***** debió realizarse a través del descuento del 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos ordinarios que percibe el demandado, no así por los extraordinarios, cuenta habida que en relación con éstos -se itera- el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 140/2015 estableció que no debían considerarse en el cálculo del haber alimentario. La sentencia de amparo causó ejecutoria en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Así, en oficio con número de registro 10513, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente las resoluciones de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, emitidas en los tocas de apelación ************. Posteriormente, por comunicaciones registradas con los arábigos 13857 y 14771, la sala responsable remitió copia certificada de las resoluciones de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitidas en los tocas de apelación ************, a través de las cuales -en acatamiento a la sentencia protectora- estableció -entre otras cuestiones- que el descuento de pensión alimenticia correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) debe realizarse sobre las percepciones ordinarias que percibe el deudor alimentario, no así por los ingresos extraordinarios, lo anterior, con base en las directrices establecidas en el expediente **** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por su parte, a través de los oficios con número de registro 13528 y 15437, la Juez Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- remitió copia certificada del proveído que dictó el once de octubre del año pasado, del que se aprecia que ordenó girar oficio a la empresa ****** para que procediera a realizar únicamente el descuento del 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos ordinarios no así de los extraordinarios que percibe ******* por concepto de pensión alimenticia y la cantidad fuera depositada en la cuenta de cheques, cuyo titular es *******. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que las autoridades responsables acataron la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que las mismas no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente las resoluciones de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, emitidas en los tocas de apelación ************, asimismo, remitió copia certificada de las resoluciones de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, a través de las cuales -en acatamiento a la sentencia protectora- estableció -entre otras cuestiones- que el descuento de pensión alimenticia correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) debe realizarse sobre las percepciones ordinarias que percibe el deudor alimentario, no así por los ingresos extraordinarios, lo anterior, con base en las directrices establecidas en el expediente 140/2015 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por su parte, la Juez Trigésimo Primero de lo Familiar de esta ciudad, remitió copia certificada del proveído que dictó el once de octubre del año pasado, del que se aprecia que ordenó girar oficio a la empresa ***** para que procediera a realizar únicamente el descuento del 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos ordinarios no así de los extraordinarios que percibe ***** por concepto de pensión alimenticia y la cantidad fuera depositada en la cuenta de cheques, cuyo titular es *******. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada. En otro aspecto, al tomar en consideración que en proveído de ocho de noviembre de la anualidad pasada, se ordenó reservar el escrito registrado con el arábigo 14783, en tal sentido, se procede a acordar lo que en derecho procede: Visto el escrito signado por el quejoso, ***********, por medio del cual, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, pues -a su decir- la institución bancaria donde laboró: "[.] sigue reteniendo 2731 unidades de la compensación extraordinaria y no han sido liberadas hacia el suscrito. Al respecto, indíquese al ocursante que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite o informa al órgano judicial que conoció de la instancia de amparo, que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento, así una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Bien, para determinar si la autoridad responsable incurre en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es necesario distinguir entre dos diferentes tipos de actos que pueden darse en la ejecución de una sentencia protectora: Actos vinculados, que son aquéllos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos. Actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. En la especie, a la sala responsable se le otorgó libertad de jurisdicción, pues en el fallo protector se indicó claramente que debía: (i) dejar insubsistente las resoluciones de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, emitidas en los tocas de apelación ************; (ii) en su lugar dictar otras, en las que: a) observará las consideraciones expuestas en la ejecutoria de amparo y, sobre esa base, b) -con libertad de jurisdicción- resolviera los recursos de apelación interpuestos en contra de los proveídos de ocho de mayo de dos mil diecinueve, pronunciados por la Juez Trigésimo Primero de lo Familiar de esta entidad federativa, en el expediente ********** de su registro; lo cual realizó el tribunal de apelación como quedó evidenciado en acápites anteriores. En ese sentido, contrario a lo referido por el peticionario del amparo, los efectos de la protección constitucional no se constriñeron a obligar a las responsables a ordenar la devolución y/o entrega de las 2731 unidades de la compensación extraordinaria que no han sido liberadas al quejoso. Motivo por el cual, los argumentos expuestos por el ocursante son infundados. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Por otra parte, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos del numeral 21, inciso c) del Acuerdo General en cita, toda vez que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General mencionado. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio "5671" signado por la Juez Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de diversas constancias emitidas en el juicio natural. En atención a su contenido, toda vez que en auto de veintiséis de octubre anterior, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; consecuentemente, intégrese al sumario el oficio de mérito sin mayor acuerdo sustancial. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio "1025" signado por la secretaria de auxiliar de acuerdos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en alcance al diverso oficio "927", remite copia certificada de las resoluciones de cuatro de octubre del año en curso, emitidas en los tocas *******. En atención a su contenido, toda vez que en auto de veintiséis de octubre anterior, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; consecuentemente, intégrese al sumario el oficio de mérito sin mayor acuerdo sustancial. En diverso aspecto, glósese al sumario el escrito signado por el quejoso, *********, a través del cual: (i) señala autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y (ii) desahoga la vista otorgada en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, por lo que realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. En ese sentido, se faculta en términos amplios del arábigo 12 de la ley de la materia a *********, toda vez que tiene inscrita su cédula profesional -**********- en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a **********, por no tener registrada su cédula en el mencionado sistema, no obstante, se le autoriza para oír y recibir notificaciones. Finalmente, se tienen por hechas las alegaciones formuladas en el ocurso de mérito, por lo que una vez que fenezca el término otorgado a la tercera interesada en el auto de veintiséis de octubre del año en curso, se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA EL AUTO DE 26 DE OCTUBRE DE 2021

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