Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo

Expediente 489/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
489/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el cual acusa de recibo el oficio 4056/2018 de veintiocho de febrero del año en curso, así como un tomo de prueba que le fue devuelto consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 188/2011 de su índice, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, en virtud que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, en su oportunidad devuélvase al archivo.

  2. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa [quien sería la única legitimada], interponga recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta y uno de enero pasado, en el que, por un lado, se sobreseyó y, por otro, se negó el amparo en el presente juicio, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Luego, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 489/2017, de la estadística de este juzgado, promovido por Joaquín Gabriel Carrillo Carillo contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residentes en Chetumal, el diecinueve de julio de dos mil dieciséis [fojas 2 a 14], remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito en la misma fecha, Joaquín Gabriel Carrillo Carillo promovió demanda de amparo contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los artículos 5, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "Del H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: La aprobación y expedición del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: La promulgación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así como la promulgación del artículo 14 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: La publicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así como la promulgación del artículo 14 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO la aplicación en mi perjuicio del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así como de la aplicación en mi perjuicio del artículo 14 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se reclama de esta autoridad también la omisión de cumplimentar la orden judicial de la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo que ordenaba descontar el treinta por ciento sobre el excedente de la pensión jubilatoria que percibe el C. FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL NOVELO." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete [fojas 21 a 23], este Juzgado admitió a trámite la demanda, registrándolo con el número 489/2017; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desarrolló en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado no tiene ejecución material, por lo que es competente este órgano de control constitucional en donde fue presentada la demanda. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley. La negativa de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de aplicar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente de la pensión que percibe Francisco Javier Esquivel Novelo. La negativa de aplicar una medida de apremio por incumplimiento, requerir y ordenar a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de su omisión de aplicar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente de la pensión que percibe Francisco Javier Esquivel Novelo. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Una vez establecidos los actos reclamados sobre los que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Director del Diario Oficial de la Federación, todos con residencia en la ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados [fojas 35 y 36, 40 y 41, 75, 61 a 75], respecto a la expedición, promulgación y publicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley. Además la certeza no sólo estriba en que lo hayan admitido expresamente, sino además, porque los actos reclamados recaen en una disposición general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba y que es presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgador, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de lo dispuesto en su numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado [foja 32], así lo manifestó expresamente, esto es, que no aplicó el embargo del treinta por ciento ordenado sobre el excedente de la pensión jubilatoria que goza el pensionado Francisco Javier Esquivel Novelo, en atención a que al artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley, establece que son inembargables. Del mismo modo, también es cierto el acto que el quejoso atribuyó al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, ya que así se desprende de su informe justificado [foja 98], es decir, que no dio trámite a la solicitud del quejoso de aplicar una medida de apremio a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, toda vez que justificó su impedimento legal para hacer efectivo el embargo de la pensión y aplicar el descuento. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, respecto al acto reclamado al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, el suscrito juzgador advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia de la acción de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, en relación con los diversos ordinales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la propia legislación de la materia, este último numeral interpretado a contrario sensu, que literalmente establecen: De la Constitución Federal. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Lo anterior, porque el controvertido acto que atañe a la negativa de aplicar una medida de apremio por incumplimiento, requerir y ordenar a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpla con el embargo de la pensión que percibe el demandado en el juicio natural Francisco Javier Esquivel Novelo, no reviste la característica de ser acto de imposible reparación para la quejosa, dado que no le impide el ejercicio de otro derecho, esto es, que el Juez no haya accedido a su petición dado los argumentos allí expuestos, no implica que cause un gravamen irreparable en su esfera, porque no es la única vía por la cual, pueda garantizarse el crédito a su favor en términos del artículo 1395 del Código de Comercio. Para un mejor entendimiento, debemos tener en cuenta que las últimas reformas constitucionales, medularmente la del año dos mil once, generó en nuestro sistema jurídico una transformación substancial en materia procesal, y referente al juicio de amparo, configuró por sí un cambio de fondo sobre la concepción tradicional, de manera que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, la acción de control de constitucionalidad quedo sujeta bajo la condición a que se contrae el numeral 107 fracción III, inciso b), de la Carta Magna, esto es, se instituyó para reclamar únicamente actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Desde esa perspectiva, y conforme con el numeral citado, en relación con el diverso 103, de la Carta Magna, se dispuso como condición especial para la procedencia del juicio de amparo contra aquellos actos cuya ejecución sean de imposible reparación, es decir, aquellos que sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material y real a derechos sustantivos, entendida como los que guardan relación con los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc; y además, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Bajo tales supuestos, y para efectos de declarar la procedencia del juicio de amparo, necesariamente debe partirse de que el acto que se pretende someter a control constitucional, son de aquellos que afectan de manera significativa derechos sustantivos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. En colación al acto que nos ocupa, cuya pretensión de la quejosa es someter a control constitucional, como ya se definió, no son de aquellos que producen una afectación inminente y real a derechos sustantivos, sino únicamente traen consecuencias adjetivas o procesales, esto, en atención a que la sustancia de la determinación que aduce le irroga perjuicio es el hecho que el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felpe Carrillo Puerto, por una parte, no accedió a su petición de imponerle una medida de apremio a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por no haber aplicado el embargo sobre la pensión jubilatoria que percibe el demandado en el juicio natural Francisco Javier Esquivel Novelo, y por otra, que no haya requerido y ordenado nuevamente a dicha autoridad a cumplir con el mandado de embargo. Se dice que la determinación de no acceder a las peticiones del aquí quejoso, no causan un perjuicio a derechos sustantivos, porque esa decisión no afecta en realidad ningún derecho que haya adquirido con motivo del crédito a su favor, sino, sólo una expectativa de garantizar mediante el embargo, bienes propiedad de su deudor, pero en ningún modo sobre uno en concreto como el caso -la pensión-, ahí que no puede hablarse de una afectación a sus derechos tal y como lo sostiene, justamente porque la negativa de la responsable no recae por sí, sobre su derecho de embargo, sino el objeto de éste. Dicho de otro modo, el derecho que con motivo del crédito ha adquirido, es el embargo sobre bienes propiedad de su deudor, pero no sobre un bien identificado e identificable, ya que de acuerdo al numeral 1395 consultado, refleja una gama de posibilidades del que puede hacer efectivo el derecho de embargo. Por consiguiente, que el Juez no haya accedido a sus peticiones, no hace nugatorio su derecho a embargo, pues solo hace referencia por cuanto a su objeto, esto es, la pensión jubilatoria que percibe el deudor sobre el que recayó dicho gravamen, y queda en posibilidad de hacer válido ese derecho sobre otros bienes del haber patrimonial del aquí tercero, máxime que conforme con los argumentos expuestos en el auto que por esta vía se combate, existe para la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, un impediente legal, esto es, que el artículo 51 de la ley de dicho Instituto, y 14 del reglamento para el otorgamiento de pensiones protege de los embargos a las pensiones jubilatorias. Así, queda patente que las pretensiones del quejoso en esta instancia, resultan notoriamente improcedentes, porque el requisito esencial es que se trate de un hecho real y de ejecución inminente, que impida el ejercicio de un derecho, y el hecho de que el Juez no haya aplicado alguna medida de apremio a la Jefa Departamento citado, y requerido nuevamente que aplique el embargo sobre la pensión jubilatoria del sentenciado, no le afecta ningún derecho real, ya que el propio Código de Comercio, lo posibilita a tener una amplia gama de oportunidades para solicitar el embargo sobre otros haberes de su deudor. Bajo tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, en relación con los diversos ordinales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la propia legislación de la materia, procede sobreseer en el presente juicio, respecto a la negativa del Juez de aplicar una medida de apremio por incumplimiento, requerir y ordenar a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de su omisión de aplicar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente de la pensión que percibe Francisco Javier Esquivel Novelo. Ante ese tenor, no se abordará el análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos por la quejosa con respecto a dicho acto, en atención a que el sobreseimiento impide analizar las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, según lo establecido por la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En otro tenor, la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su representante Director General de Amparos contra Leyes, señaló que por lo que hace a los actos [ inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley] que el quejoso le atribuyó se actualizan diversas causales de improcedencia, a saber: La prevista en la fracción IV, artículo 63, de la Ley de Amparo, esto es, que no es cierto el acto que se le reclama. Esta causal, deviene infundada, toda vez que conforme con el considerando tercero de este fallo, quedó establecida la certeza de los actos que la parte aquí quejoso le atribuyó, ya que así se desprende de su informe justificado. La prevista en la fracción IV, artículo 63, en relación con fracción XII, del diverso numeral 61, la de la Ley de Amparo, que lo hace consistir en que el quejoso no acredita el acto de aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También deviene infundada, pues de la narrativa de los hechos de la demanda, manifestó que mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, solicitó al Juez Civil de Primera Instancia de Felipe Carrillo Puerto, girara oficio a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, a fin de que rindiera informe de las percepciones del demandado, aquí tercero interesado, así como para que hiciera efectivo el embargo sobre el treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo sobre la pensión jubilatoria que percibe, petición que afirma, fue atendido el veintitrés del propio mes. Que en atención a ello, mediante oficio No.023.302/DPSH/1047/2017, de trece de junio de dos mil diecisiete, la Jefa de Departamento de referencia, comunicó su imposibilidad legal para aplicar el embargo y realizar el descuento ordenado, pues el artículo 51 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el diverso 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio que expide la ley de mencionado Instituto, establecen una protección especial a las pensiones de los embargos. Datos que se acreditan con las constancias que el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto adjuntó a su informe justificado, de las que se advierte el oficio No.023.302/DPSH/1047/2017, de trece de junio de dos mil diecisiete, signado por Martha Verónica Morales Vargas, Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad [foja 117 a 120 tomo de pruebas], que en lo conducente comunicó: "Al respecto, comunico a Usted la imposibilidad legal que tiene el Instituto para realizar el descuento ordenado, con fundamento en lo siguiente: El artículo 51 de la Ley del ISSSTE vigente señala que las pensiones devengadas o futuras son inembargables, y sólo pueden ser afectadas para hacer efectiva la obligación de suministrar alimentos por mandato judicial y para exigir el pago con cl ISSSTE,." Allí que se sostiene lo infundado de la causal objeto de estudio, ya que el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional por el aquí peticionario lo constituye el oficio de mérito. La prevista en la fracción V, artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XII, la de la Ley de Amparo, consistente en que el quejoso no acreditó un interés jurídico. Esta causal, es infundada bajo las razones que enseguida se exponen. Relativo al tema, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, el numeral 5°, fracción l, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.].". De lo vertido es preciso puntualizar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico" al tratarse de un asunto en el que se dice es titular de un derecho jurídicamente protegido. Así, el interés jurídico requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el cual provenga de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por consiguiente, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que aduzca el quejoso producen en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible acreditar el "interés jurídico" o simplemente demostrar un interés legítimo. Es importante mencionar que al acudir al juicio de amparo, el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, al derivar el acto de una resolución en que la Jefa de Departamento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó la aplicación del embargo decretado a favor del quejoso, en el aduce ser titular de un derecho jurídicamente protegido, únicamente se puede alegar un interés jurídico. Así, de lo señalado hasta aquí, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: a) La titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. b) EI resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Entonces, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de la materia toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Atento a lo que antecede, se advierte: 1. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; 2. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; 3. No es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario de amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora, en cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, resolvió categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Vertido los lineamientos trazados en párrafos que anteceden, se colige que la causal de improcedencia invocada por la responsable no se actualiza en el caso; porque, contrario a lo que aduce la autoridad, la parte quejosa tiene interés jurídico para acudir al juicio biistancial. Ello es así, en principio porque la autoridad responsable parte de una premisa incorrecta al afirmar que la parte quejosa no acredita su interés jurídico porque no demuestra cuál es la afectación real a su esfera jurídica, esto es, una afectación personal, individual, cualificado, actual y real. Sin embargo, el caso que nos ocupa, de las constancias exhibidas por la diversa responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, cuyo valor probatorio ha sido asignado con antelación, se advierte que el embargo decretado en favor del aquí quejoso a cargo de la pensión por jubilación que percibe el demandado Francisco Javier Esquivel Novelo, no pudo hacerse efectiva en virtud de la protección que goza de los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones, máxime que al rendir su informe justificado la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, admitió la existencia del acto reclamado consistente en el primer acto de aplicación de los artículo 51 y 14 consultados. De ahí se advierte que la negativa de aplicar y hacer efectivo el embargo decretado en favor del quejoso, sí causa un perjuicio en su esfera, en atención a que se le niega el acceso al instrumento con que cuenta para hacer efectivo su crédito -embargo-, cuyo derecho nace a partir de que resultó vencedor en el juicio. Por lo cual, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el promovente del amparo sí tiene interés jurídico, pues es titular de un derecho jurídicamente protegido -derecho de embargo-, de ahí que deba declararse infundada la causal de improcedencia analizada. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XII, Agosto de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, así como del diverso 107 fracción II, párrafo primero de la Carta Magna, que lo hace consistir en la falta de un procedimiento que establezca la posibilidad de que un particular, en su calidad de acreedor, pudiera exigir el pago de adeudos de carácter civil, embargando la pensión del deudor, porque la reparación constitucional implicaría la creación de una norma de carácter general abstracta y permanente que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la disposición creada. Dicho parecer, deviene infundado pues parte de una premisa falsa, ya que como se precisó en el considerando tercero de esta resolución, el acto que reclama el quejoso, lo hace consistir en la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley, con motivo de su primer acto de aplicación, basada en la negativa de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de aplicar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente de la pensión que percibe Francisco Javier Esquivel Novelo. No menos cierto que en sus conceptos de violación alega que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es restrictivo porque no previó la posibilidad de que un particular, como el aquí quejoso pueda embargar la pensión para hacer efectivo su crédito, sin embargo, esa postura, en realidad, sirve de argumento en conjunto con los perjuicios que aduce le irroga la norma que tilda de inconstitucional, esto es, la discriminación e igualdad ante la ley, y no precisamente como un acto destacado, como pretende la responsable, tema que tratan las hipótesis contempladas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, no obstante, tales alegatos, serán materia de estudio en el apartado correspondiente al abordar el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. En conclusión, al haberse desestimado las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable y determinando la procedencia del amparo, lo siguiente es examinar la constitucionalidad o no de los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tienen por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal acto. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la constitucionalidad de la norma general controvertida. El solicitante del amparo combate el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos el régimen del artículo décimo transitorio por el que se expide la Ley de dicho Instituto, con motivo de su primer acto de aplicación, basada en la negativa de la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de aplicar y hacer efectivo el embargo sobre el treinta por ciento del salario mínimo de la pensión jubilatoria que percibe el aquí tercero interesado Francisco Javier Esquivel Novelo, bajo los argumentos siguientes: Que viola su derecho humano de acceso a la justicia e igualdad ante la ley, contemplados en los artículos 13 y 17 Constitucionales, ya que al establecer que las pensiones sólo pueden ser afectadas por cuestiones de alimentos y adeudos con el ISSSTE, genera un trato desigual e inequitativo, porque hacen patente que el Instituto goza de un derecho que a los particulares ha sido restringido, esto, porque si el pensionado tuviera adeudo con el ISSSTE, podría afectar la pensión por jubilación para cobrarse; en tato que si el adeudo fuera con un particular, ya no podría afectarse esa pensión. Que no existe ninguna justificación para que el Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado goce de un mejor derecho frente a un particular, como el quejoso. Que el legislador omitió contemplar el supuesto de deudas contraídas con particular, para que de igual forma pueda afectar la pensión y así poder cobrarse el adeudo. Que la jubilación se origina como un derecho humano de índole laboral, por lo tanto, puede entenderse que se asimila al salario o sueldo de trabajador, porque comparte el mismo objeto, esto es, la satisfacción de las necesidades de la persona, de ahí que lo correcto y en un plano de igualdad ante la ley, es permitir que la pensión por jubilación sea objeto de embargo, pero sólo en proporción, a modo de que se garantice el sustento del pensionado. Previo al análisis de los motivos de disenso, el suscrito juzgado estima hacer hincapié en lo siguiente: Como premisa y a efecto de dilucidar si existe un derecho a la inembargabilidad de la pensión jubilatoria, resulta necesario acudir a diversas fuentes del parámetro de regularidad constitucional: Artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: [.] VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento [.]" Artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "Artículo 9 Derecho a la Seguridad Social 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto". A primera vista, al observar exclusivamente lo dispuesto por el texto constitucional, podría considerarse que lo conducente es adoptar una postura interpretativa en sentido contrario atendiendo a la literalidad de la norma, lo que implicaría estimar que como la fracción VIII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo indica expresamente que el salario mínimo no puede ser objeto de embargo, descuento o compensación, entonces las remuneraciones de diferente naturaleza como lo es la pensión, no gozan de la aludida protección constitucional. Sin embargo, al acudir a las diversas fuentes del parámetro de regularidad constitucional en acatamiento al principio pro persona, a juicio de este tribunal debe adoptarse una postura interpretativa distinta que lleva a sostener que existe un derecho fundamental a la inembargabilidad de la pensión, como un derecho derivado del derecho al mínimo vital, como se explicará a continuación. Al realizar una interpretación teleológica de la fracción VIII, apartado A, del artículo 123 de la Carta Magna, es posible constatar que la intención del Constituyente de mil novecientos diecisiete fue la de proteger a los trabajadores para que, entre otras cuestiones, tuvieran una remuneración digna y, sobre todo, satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. En efecto, la dignidad del trabajador, su subsistencia y la de su familia es uno de los ejes más importantes que inspiró las disposiciones laborales de la Constitución de mil novecientos diecisiete y sus subsecuentes reformas. Además, desde un punto de vista agregado, existe un derecho para que todas las personas tengan un mínimo que les garantice una subsistencia digna y autónoma. Dicho núcleo mínimo es indispensable para que una persona tenga como punto de partida, condiciones materiales que le permitan definirse como persona y ejercer su libertad positiva para desarrollar un plan de vida autónomo, que facilitará su participación en la vida democrática. Este derecho se ha catalogado en nuestro sistema jurídico como el derecho al "mínimo vital". Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. XCVII/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean". Hasta este punto, es posible afirmar que la protección constitucional al salario mínimo, que se presenta con el carácter de regla en la fracción VIII del apartado A, del artículo 123 de dicha ley suprema, es una manifestación del derecho al mínimo vital del que puede desprenderse que son necesarias ciertas condiciones básicas y prestaciones sociales para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Siguiendo esa línea argumentativa, si el derecho al mínimo vital implica que son imprescindibles ciertos recursos materiales para tener una existencia digna, y conforme a nuestra realidad social, la pensión en la mayoría de los casos constituye el único ingreso de un grupo que se erige como vulnerable, por ser en extremo difícil o en ciertas ocasiones imposible conseguir otras fuentes de ingreso por las discapacidades físicas, psicológicas y demás particularidades adversas que caracterizan a la senectud, es factible considerar -en una primera aproximación a la cuestión- que existen razones suficientes para estimar que, aunque no se establezca de manera expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconstitucional el embargo de una pensión en tanto esa circunstancia transgrede el derecho al mínimo vital del pensionado. Desde un punto de vista formal, y contrario a la postura del quejoso no es posible equiparar las figuras de "salario" y de "pensión por jubilación", ya que tienen un origen distinto (la primera está prevista en la ley y es la retribución que se paga al trabajador por su labor; la segunda tiene un origen contractual -es decir, extralegal- y se genera con motivo de la terminación de la relación de trabajo, para premiar el cumplimiento de varios años de servicio). Sin embargo, tienen una característica en común fundamental: ambas son imprescindibles para la supervivencia del trabajador y de su familia. En un caso, es mientras dure la relación de trabajo; en el otro, posteriormente a su terminación. Así pues, si bien la pensión jubilatoria no equivale a un salario, sí es similar a éste en cuanto que lo reemplaza como fuente de sustento económico del ahora ex trabajador. De esta forma, es posible concluir que el otorgamiento de la pensión se encuentra estrechamente ligado al goce efectivo del derecho al mínimo vital, de manera similar al salario, pero ello no la desampara frente al embargo, porque no participan del mismo origen, púes ésta última, es parte de la Seguridad Social que percibe el pensionado con motivo de su término de vida laboral, razón suficiente para estimar como inembargable ya que consagrada y pretende conservar el derecho humano al mínimo vital del jubilado. Inclusive, se considera que existen mayores razones para proteger a la pensión contra el embargo, compensación o descuento que al salario, desde una perspectiva social, pues como ya se dijo, desde un punto de vista formal, trabajador en activo y pensionado se encuentran en una situación similar ya que para ambos el salario y la pensión constituyen sus principales fuentes de sustento económico, respectivamente. Sin embargo, como ya se adelantó, los pensionados por su edad, vejez, discapacidades, discapacidades físicas y mentales, tienen una mayor dificultad -que a veces se traduce en una verdadera imposibilidad- para hacerse de otras fuentes de ingreso, y por ende, de allegarse los recursos necesarios para tener una existencia digna. En cambio, los trabajadores en activo -generalmente- se encuentran en una etapa donde por su edad, cuentan con ciertas capacidades que les permiten tener al menos un menor grado de dificultad que los pensionados para conseguir otras fuentes de ingreso. Además, debe señalarse que el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, prevé de manera expresa que toda persona tiene un derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Lo cual llega a reforzar la postura que aquí se expone, en razón de que admitir que no es posible sostener que la pensión jubilatoria no está protegida desde el punto de vista constitucional contra el embargo, implicaría admitir que en ciertos casos puede hacerse nugatorio el derecho fundamental a la seguridad social previsto en el referido tratado internacional, puesto que permitir el embargo de la pensión al ser ésta en la mayoría de los casos la única fuente de ingreso, implicaría dejar al gobernado sin esa protección contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que lo imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Por ello, se estima que desde una interpretación teleológica-extensiva, de la fracción VIII, apartado A, del artículo 123 constitucional artículo 123, la pensión encuentra protección, pues si la finalidad de la prohibición de embargo, compensación o descuento al salario mínimo fue la de tutelar el derecho al mínimo vital, entonces existen mayores razones para estimar que la pensión jubilatoria también goza de la aludida protección constitucional, puesto que resulta innegable que ésta es la única manera en que se podrá garantizar un mínimo de subsistencia digna y autónoma para el trabajador jubilado, en tanto estos sujetos se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales para garantizar esa subsistencia. Desde esa perspectiva y los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, son infundados. Al efecto, el peticionario hace valer medularmente la inconstitucionalidad de las normas 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado y 14 del Reglamento para el otorgamiento de Pensión de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del referido instituto, pues aduce que al establecer que las pensiones sólo pueden ser afectadas por cuestiones de alimentos y adeudos con el ISSSTE, genera un trato desigual e inequitativo ante la ley, ya que restringe el derecho a un particular -como sucede con el quejoso- de afectar la pensión por embargo para poder cobrarse el adeudo que tiene con el pensionado, y por tanto, viola su derecho humano de acceso a la justicia e igualdad ante la ley, ya que evidencia un trato discriminatorio. Para arribar a ello, es preciso establecer los alcances del principio de acceso a la justicia y la no discriminación. El derecho humano de acceso a una justicia efectiva, es compatible desde el punto de vista formal con la garantía de tutela jurisdiccional, entendida ésta como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Dicho principio, en sí no es gratuito, ni está hecho a modo o conveniencia del justiciable, por ello las normas son abstractas e impersonales que implica que todo aquél que se ubique en el supuesto, debe ajustarse a ella y no la ley a él, puesto que las leyes cumplen un fin social y su existencia se justifica en ella, así como el derecho que protegen. Lo anterior, es perfectamente compatible con el artículo 17 Constitucional referido, que establece el principio de acceso a una justicia pronta y efectiva, que afirma el quejoso viola los artículos que tilda de inconstitucional, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: la admisibilidad de un escrito; la legitimación activa y pasiva de las partes; la representación; la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; la competencia del órgano ante el cual se promueve; la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de lo que se pretenda, pues son variadas las formas de ejercer un derecho y por tanto, para lograr la satisfacción de éste, depende de la naturaleza de la petición, en esencia, la procedencia de una pretensión, está íntimamente ligada con el cumplimiento de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha determinación. Para mayor claridad, el derecho humano de acceso una justicia pronta y efectiva, no debe entenderse como la satisfacción de todas las pretensiones del gobernado sin sujetarse a las reglas y condiciones que las leyes aplicables al caso prevén, sino que implica la obtención de la exigencia con arreglo a la ley y los procedimientos previamente establecidos, de modo que, no por el hecho de no obtener o quedar satisfecho con la determinación de una autoridad, implique una negativa de acceso a una justicia como aquí lo hace valer el peticionario, porque la complacencia de la solicitud está condicionada a que no existan impedimentos para ello. Conforme con las razones expuestas, y contrario a lo que sostiene el quejoso, queda de manifiesto que los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 14 de la Ley para el Otorgamiento de Pensiones de dicho Instituto, no contravienen el derecho humano de acceso a la justicia pronta y efectiva, prevista en el numeral 17 de la Constitución Política del Estado Mexicano, en razón que, como se apuntó en líneas anteriores, la pensión jubilatoria goza de una protección para ser afectada por embargo. Ello es así, porque el argumento de inconstitucionalidad que hace valer en esta instancia, estriba en que al impedir los citados arábigos el embargo de la pensión, le reprime el acceso a una justicia efectiva en términos del numeral 17 Constitucional, porque no puede cobrarse el adeudo con su acreedor a través de dicha percepción; sin embargo, ya se apuntó que, con el carácter de regla prevista en la fracción VIII del apartado A, del artículo 123 de dicha ley suprema, la pensión que una persona percibe cuando culmina su vida laboral o activa, constituye una manifestación del derecho humano al mínimo vital y del cual puede desprenderse que son necesarias ciertas condiciones básicas y prestaciones sociales para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna, lo que es acorde con lo que dispuso el legislador ordinario en el artículo 1º Constitucional Nacional, esto es, la obligación del Estado Mexicano de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicha Carta Magna, entre ellos, el de seguridad social y mínimo vital de que goza el pensionado. No pasa desapercibido para quien hoy resuelve que en la tesis intitulada "PENSIÓN JUBILATORIA. GOZA DE PROTECCIÓN CONTRA EMBARGO, COMPENSACIÓN O DESCUENTO HASTA POR EL MOMENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA"; emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previó la posibilidad de afectar la pensión mediante embargo, hasta por el monto establecido en el artículo 109 fracción III, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, el mismo no es llano, pues, los límites de esa decisión, se encuentran supeditados a la disposición del propio numeral invocado. La hipótesis prevista en dicho criterio y conforme con la nueva redacción de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se encuentra establecida en el artículo 93, que en lo conducente dice: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: [.] IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. [.]" Dicho arábigo, explica que por el excedente de quince veces el salario mínimo que percibe de pensión el jubilado, pagará impuesto y se deberá efectuar la retención en los términos establecidos en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta A su vez, el Poder Constituyente Federal, en el numeral 435 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estableció: "Artículo 435.- En los casos en que el secuestro recaiga sobre sueldos, salarios, comisiones o pensiones que no estén protegidos por disposición especial de la ley, sólo podrá embargarse la quinta parte del exceso sobre mil quinientos pesos anuales, hasta tres mil, y la cuarta del exceso sobre tres mil en adelante." Tal precepto, de igual forma, dispone que las pensiones, sólo puede embargarse la quinta parte del exceso sobre mil quinientos pesos anuales, hasta tres mil, y la cuarta parta del exceso sobre tres mil en adelante, siempre y cuando no tenga protección especial de la ley. Como puede notarse, la posibilidad de afectar una pensión, implica necesariamente contar con elementos que permitan advertir que el pensionado, percibe diariamente mayor a quince veces el salario mínimo general vigente, o bien, tres mil pesos anuales, para de esta forma, el excedente en ambos, pueda ser afectado en los términos que estipula dichos numerales. De modo que ante ese evento, y en el caso que nos ocupa, no se tienen por acreditados esos datos, por ende, tampoco se puede determinar que los numerales combatidos con motivo de su primer acto de aplicación; sean, como lo sostiene el quejoso, inconstitucionales, porque no se cuentan con los elementos que permitan determinar que en la percepción del jubilado, existe un excedente, ahí que, se sostiene, impera la protección de la pensión por jubilación en el caso concreto, salvo la excepción a que se contrae el numeral 10 de la Ley del Seguro Social. En otro aspecto, el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación que el peticionario de amparo, afirma conculcan los numerales de la de Ley de Instituto cuestionados, tampoco se actualizan. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido como método para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado, el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. Para ello, determinó que cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. En torno al tópico, el aquí quejoso manifestó que los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 14 de la Ley para el Otorgamiento de Pensiones de dicho Instituto, generan un trato desigual, porque fue hecha a modo y en beneficio del Instituto al declarar que las pensiones jubilatorias, sólo pueden afectarse por cuestiones de alimentos y por adeudos contraídos con el ISSSTE, e impedir que un particular -como el caso de quejoso- afecte por embargo dicha pensión a fin de poder cobrarse el adeudo que tiene con el pensionado, que además, la pensión se equipara al salario del pensionado y por ende, debe proceder su embargo. Para definir lo anterior, se debe partir del hecho que la discriminación cuya prohibición está contemplada en el artículo 1º Constitucional, puede generarse no solo por tratar a personas iguales en forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están en situaciones diferentes, sino que también puede ocurrir indirectamente cuando una disposición normativa, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo social o persona en clara desventaja. Desde este punto de vista, tenemos que en el caso que nos ocupa, no se dan los supuestos de desigualdad y discriminación que sostiene el quejoso como efectos de los numerales cuestionados, porque como se ha venido diciendo, cuando una porción normativa reviste de ese carácter, se distingue por colocar a una persona o grupo social en clara desventaja frente a otros. En el caso, el argumento de discriminación normativa toral del quejoso, estriba en que los artículos de la Ley de ISSSTE cuestionados, lo coloca en desventaja frente a éste, porque sólo permite grabar la pensión cuando se trate adeudos con el Instituto, y no así, cuando se trata de un particular. Por ello afirma, no existe ninguna justificación para que ISSSTE puede gozar de un mejor derecho. Para dar contestación a esta postulación, se hace necesario recalcar el tema de la pensión. Ya se dijo que la pensión, en la mayoría de los casos constituye el único ingreso de un grupo que se erige como vulnerable, por ser en extremo difícil o en ciertas ocasiones imposible conseguir otras fuentes de ingreso por las discapacidades físicas, psicológicas y demás particularidades adversas que caracterizan a la senectud, ahí que existen razones suficientes para estimar que, aunque no se establezca una protección de manera expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconstitucional el embargo de una pensión en tanto esa circunstancia transgrede el derecho al mínimo vital del pensionado. Esta precisión, hace evidente lo infundado de los alegatos del inconforme, pues, si bien es cierto los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones, impide que un particular puede embargar una pensión, ello obedece a que cumple una función social, como lo es la de proteger y garantizar los medios de subsistencia del pensionado, ya que en la mayoría de los casos, constituye el único fuente de ingreso que tiene para subsistir y de afectar ello, no sólo contravendría el principio que rige el seguro social, sino se conculcaría su derecho humano al mínimo vital. Luego, no debe perderse de vista que el ISSSTE, es de por si una institución social, que entre sus funciones, está la de administrar y otorgar las pensiones de aquellas personas que han concluido su vida laboral y por ende, se constituye como obligación de éste el de garantizar la subsistencia de todos los pensionados, como un seguro social, en términos del artículo 123 inciso C, fracción XI, de la Carta Magna, que establece que la seguridad social cubrirá entre otros, la jubilación. Ello porque debe considerarse que las pensiones por jubilación, son rentas ajenas a la naturaleza del salario. Esto resulta claro por cuanto una pensión no es más que un salario en diferido, destinado a satisfacer el rol del ingreso una vez que el trabajador se enfrenta a determinados avatares como la vejez, la enfermedad o la invalidez, entre otros, por ello, es justificado y apegado al dispositivo constitucional que frente a las pretensiones particulares, el instituto tenga ventaja para afectar la pensión cuando un pensionado contrae adeudos con él, porque es el único medio por el cual dicho instituto puede solventar su capacidad de garante del seguro social. Ahora, para efectos de mayor precisión, es necesario aclarar que el concepto de adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que aluden los numerales cuestionados, no debe interpretarse como aquella que se actualizan entre particulares, sino se refiere básicamente a los créditos que el pensionado adquiera con el instituto, verbigracia, los que refieren el artículo 157 de la Ley de citado instituto. Esto es, el instituto como garante de la seguridad social, entre cuyas funciones está la de que puede otorgar tanto a los trabajadores activos, como de los jubilados y que gozan de una pensión, créditos personales o hipotecarios. A partir de ello, surge la siguiente interrogante; ¿Cómo puede el Instituto recuperar los préstamos que otorga a sus derechohabientes? Para dar respuesta a dicha interrogante es necesario traer a colación lo que establece el artículo 33 del Reglamento para el Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores: Artículo 33. Los saldos de los préstamos personales serán recuperados mediante descuentos: I.- Que por nómina realicen las dependencias y entidades respectivas a los trabajadores, y II. Los descuentos a los pensionados bajo el régimen de reparto serán aplicadas por las áreas correspondientes del propio instituto; por el PENSIONISSSTE o la administradora, en al caso de quienes realicen retiros programados de su cuenta individual; o por la seguradora, en el caso de quienes contraten un seguro de pensión que les otorgue una renta vitalicia." De dicho precepto se tiene que cuando el derechohabiente que recibe el crédito es trabajador activo, la recuperación se hace a través del descuento vía nómina que las dependencias y entidades en que se encuentran adscritos los trabajadores realizan, y éstas a su vez, enterarlos al instituto. Ahora, cuando el acreditado se trate de un pensionado y se ubique bajo el régimen de reparto, los descuentos por vía de recuperación del crédito o préstamo serán aplicadas por las áreas correspondientes del propio instituto. De esta forma, queda palmario que el concepto de adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que refieren los numerales cuestionados de inconstitucional, aspecto que el quejoso atribuye como ventaja frente a un particular, no se trata en realidad de un adeudo derivado de una obligación civil o mercantil, como el supuesto en que se ubica el aquí quejoso, sino de préstamos que de forma voluntaria y mediante contrato se otorga al pensionado, y de esa misma forma, acepta y consiente que la recuperación de ese préstamo, sea mediante descuento a su pensión. Por lo que, se insiste la desigualdad normativa, así como la no discriminación que alega el peticionario, no se actualizan, pues como quedó anotado, el concepto que el poder constituyente ordinario incluyó en los textos de los numeral 51 y 14 precitados, se trata en realidad de los créditos que el pensionado tiene acceso ante el propio instituto de seguridad social, y es obvio que es estableciera de esa forma la recuperación -descuento vía nómina o por las áreas correspondientes del propio instituto-, pues el activo que se entrega en calidad de préstamo al derechohabiente activo o jubilado, deviene de la suma que el instituto administra para la subsistencia de todos los jubilados y pensionados. De otra manera, es decir, otorgar el préstamo y no establecer las vías de recuperación, no sólo generaría un detrimento económico con cargo al instituto, sino dejaría de cumplir su propósito social, contemplados en el artículo 2º de la Ley de Seguro Social. Con esto, queda patente que contrario a lo que sostiene el quejoso en el sentido que no existe ninguna justificación por la que Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pueda afectar la pensión, e impedir a un particular hacerlo, ya que como ha quedado delimitado la prevención de que el instituto pueda afectar la pensión para recuperar el crédito o préstamo que otorga a un jubilado, no puede considerarse como ventaja frente a un particular por el hecho de que se impida afectarlo por embargo, porque existe mayor peso de razón que el instituto como garante de la seguridad social en el Estado Mexicano, cumpla con su objeto y no la satisfacción de interés particular como el caso. Además, debe aclararse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana, entendida ésta, como aquella que da la sustancia y esencia a la persona y hace diferente uno de otro, y concluye que sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable", que en el particular no es el caso, se itera, la posibilidad que los preceptos analizados dotan al instituto para afectar la pensión jubilatoria, es únicamente para recuperar el crédito o préstamo que se otorga a un derechohabiente pensionado, y no se trata precisamente de un embargo, como erróneamente califica el quejoso, esto en razón de que su objeto social lo justifica y es razonable que se estatuyera esa prioridad de recuperación por vía de retención, nominal o por las áreas correspondientes del propio instituto, porque de no hacerlo, dejaría de cumplir su propósito, lo cual, es de orden público e interés social, pero además, es una obligación del Estado, ahí que frente al interés de un particular con el afán de recuperar un préstamo que tiene con el pensionado no puede hablarse de un tratamiento desigual. A mayor abundamiento, es menester precisar que el privilegio dotado al instituto por el constituyente ordinario para afectar la pensión y así poder recuperar los créditos o préstamos que otorga a sus derechohabientes, no precisa en una omisión del legislador como falsamente arguye el quejoso, sino la de garantizar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguro social, atendiendo a que el Instituto de Seguridad Social, es creada para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano y por lógica para su funcionalidad, deben protegerse sus intereses, es decir, no podría el legislador que con motivo de deudas civiles o mercantiles contraídos entre particulares, puedan afectar las pensiones jubilatorias para cobrarse, pues es interés público y obligación del Estado, que mediante el servicio de seguridad social, las personas que por su condición son jubiladas puedan gozar de una protección por parte del Estado, mediante la percepción de una pensión económica que permita su subsistencia con dignidad humana. Como ya se dijo, constitucionalmente está protegida la pensión contra embargos, justamente porque es parte de la seguridad social que deben gozar aquellas personas que han culminado su vida laboral y constituye además su fuente de subsistencia. Debe distinguirse que el embargo, se trata de una institución procesal creada por el legislador como garantía para el acreditante dentro de un proceso, cuya naturaleza jurídica propia, estriba en el desapoderamiento del bien del deudor y se convierte en una medida asegurativa para hacer efectiva la condena de cosas ciertas y determinadas así como la ejecución, derivada de la sentencia de remate o la vía de apremio. Lo que deja en claro que la afectación que el Instituto produce sobre la pensión del jubilado, no se trata en realidad de un embargo, ya que no la desapodera de un bien de su propiedad, más bien, de la seguridad social -obligación del Estado proporcionarlo- que recibe en su vida inactiva a través de la pensión, se ve reducida en su percepción con motivo de una retención por adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero de ningún modo puede apreciarse en la figura del embargo, porque ésta sirve de garantía para hacer efectivo un crédito, en tanto que la retención que el instituto hace sobre la pensión del jubilado, es la recuperación del préstamo que voluntariamente el pensionado adquiere y se obliga a cubrirlo en parcialidades mediante la retención a su pensión, y esto, todo con la finalidad de que el instituto de seguridad social, cumpla su objeto previsto en el numeral 123 de la Carta Magna, esto es, tutelar el derecho al mínimo vital del pensionado, puesto que resulta innegable que ésta es la única manera en que se podrá garantizar un mínimo de subsistencia digna y autónoma para el trabajador jubilado, en tanto estos sujetos se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales para garantizar esa subsistencia. Así, al no haber prosperado el concepto de violación planteado por el solicitante de amparo, se impone negar el amparo por lo que hace a las normas controvertidas. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto de aplicación. Al respecto es necesario precisar que es procedente el análisis del acto concreto de aplicación por vicios propios, debido a que si bien los aspectos de constitucionalidad y legalidad son cuestiones distintas, cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne al acto de aplicación, el cual es precisamente el que causa perjuicio. La estrecha vinculación entre la norma general y al acto concreto de aplicación, que impide examinar uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta al considerar 1) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende la ley o reglamento; 2) que la negativa del amparo contra la ley o reglamento debe abarcar al acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y 3) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. De donde se sigue que es procedente el análisis del acto de aplicación, si es combatido por vicios propios. Reiterada la procedencia del análisis constitucional del acto de aplicación, debe decirse que los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa contra la negativa de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son infundados. Al respecto, el peticionario afirma que la negativa de dicha autoridad viola en su perjuicio los artículos 16 y 17 Constitucionales, porque carece de fundamentación y motivación, y que viola su derecho de acceso a la justicia. Por razón de método deben analizarse en primer término las violaciones de forma del acto reclamado alegado por el peticionario, pues de resultar fundadas éstas, se haría innecesario el examen de aquellos motivos de inconformidad que se expresan en relación con el fondo de la cuestión planteada. Así, de la lectura integral del segundo concepto de violación que nos ocupa y bajo el análisis exhaustivo del acto de aplicación que por esta vía se combate, este órgano de control constitucional, estima que, no le asiste la razón a la quejosa en cuanto alude que la negativa de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, carece de fundamentación y motivación. Lo anterior, porque del contenido del oficio No.023/302/DPSH/1047/2017 de trece de junio de dos mil diecisiete [fojas 117], la referida responsable comunicó que tenía impedimento legal para hacer efectivo el embargo ordenado por el Juez Civil de origen, y citó como fundamento de su acto los artículo 51 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la citada ley, que disponen que las pensiones devengadas o futuras, serán inembargables. También invocó el diverso 435 del Código Federal de Procedimiento Civiles, que dispone que en los casos en que el secuestro recaiga sobre sueldos, salarios, comisiones o pensiones que no estén protegidos por disposición especial de la ley, sólo podrá embargase la quinta parta del exceso sobre mil quinientos pesos anuales, hasta tres mil, y la cuarta parta del exceso sobre tres mil en adelante. Y agregó que como dichos dispositivos prohíben el embargo de las pensiones se encuentra legalmente impedida a cumplir la determinación del Juez Civil de Primera Instancia. Razones que ponen en relieve la ineficacia de los argumentos vertidos por la quejosa, pues, como bien lo adujo la citada Jefa de Departamento, son las pensiones una institución social no susceptibles de ser afectados por embargo, y por ende, es sostenible que no aplicara el gravamen tal y como lo ordenó el Juez de la causa. A mayor abundamiento, cuando se asevera que un acto es legal, es porque respeta la norma fijada por el legislador, se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que se lleven a cabo por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus propias atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es el supremo derecho, y la efectividad de este derecho fundamental constituye la normalidad de un régimen jurídico. El derecho fundamental de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicho derecho fundamental. Así, la fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que los actos que originen la molestia a que se refiere el artículo 16 constitucional, deben apoyarse en una disposición normativa general, que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, esto es, que dentro del ámbito de normatividad del derecho positivo, exista un precepto legal contenido en una ley vigente que autorice y faculte a una autoridad para emitir el acto de molestia. Es decir, la fundamentación de cualquier acto de autoridad que cause al gobernado una molestia, ya en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, no es sino una consecuencia directa del derecho de legalidad que consiste en que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. La motivación en un acto de autoridad, por su parte, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o a surtir efecto. Así, motivar un acto es externar las consideraciones que se formuló la propia autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Esto es, la motivación que exige el aludido derecho fundamental consiste en la expresión de las razones de derecho y los motivos de hecho, que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales en todo caso deben ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por lo anterior, la formalidad de fundar y motivar el acto de molestia constituye un requisito esencial de éste, pues la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que los preceptos legales citados en el propio acto, establezcan la situación concreta para la cual sea procedente su realización y de que las razones expuestas sean aptas para concluir que el acto se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Entonces, para respetar el derecho fundamental de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución General de la República, resulta necesario que en el mandamiento escrito que contenga el acto de autoridad, se invoquen las normas legales que prevén el supuesto concreto para el cual sea procedente realizar el acto de autoridad y se expongan las razones tomadas en cuenta para dicho efecto, pues de no ser así el gobernado queda en estado de indefensión, porque se traduciría en que éste ignorara los dispositivos jurídicos y los motivos en que se apoyó la autoridad para dictar ese acto y, en consecuencia, si está o no conforme a derecho. Estimar lo contrario, pugnaría con el derecho fundamental de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución General de la República, lo cual resulta inadmisible desde cualquier perspectiva, porque tal derecho fundamental no tiene excepción alguna, pues toda autoridad debe, al dictar un acto de molestia, fundarlo y motivarlo, lo cual, se insiste, constituye las exigencias de tal artículo constitucional. De lo antes expuesto, debe señalarse que todo acto de molestia emitido por autoridades y que vaya dirigido a los gobernados, debe estar debidamente fundado y motivado, para con ello cumplir con el derecho fundamental de legalidad, que dispone el artículo 16 Constitucional. Siguiendo, acorde a lo preceptuado por el ordinal 16 de la Carta Magna, la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos está satisfecha desde el punto de vista formal, cuando expresan los fundamentos legales aplicables así como los hechos que hacen que el caso encuadre en las hipótesis normativas a través de un razonamiento sustancial estrictamente necesario, para que se comprenda el argumento expresado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto respectivo de autoridad. Lo que pone en evidencia que efectivamente, la responsable, atendió cabalmente las exigencias de fundamentación y motivación en su oficio que constituye el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucional, se itera, expuso de forma clara la causa por la que no podía aplicar el descuento a la pensión por embargo, y citó los fundamentos legales que prevén su impedimento, que a juicio de quien hoy resuelve, es acorde con la exigencia constitucional prevista en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, ya que expuso con meridiana claridad el impedimento legal que tiene para afectar la pensión del jubilado Francisco Javier Esquivel Novelo, además, agregó que de hacerlo no sólo contravendría derechos humanos, y además, sino relevaría la obligación del Estado Mexicano en materia de seguridad que lo ejerce a través del Instituto de Seguridad Social, y sería contrario al principio constitucional que rige la protección y garantiza los derechos humanos de los pensionados y jubilados. Consecuentemente el diverso concepto de la negativa de acceso a la justicia que sostiene el quejoso, también deviene infundado. Para dar sustento a esa afirmación se hace necesario reiterar que según se precisó en líneas anteriores, la pensión constituye el derecho humano al mínimo vital de las personas que han dejado de tener una vida activa, y en atención a la obligación del Estado Mexicano, en materia de seguridad social, de acuerdo con el numeral 123, apartado A, fracción VIII, Constitucional, estriba su inembargabilidad, por tanto, si constitucionalmente encuentra protección la pensión, no puede hablarse de una negativa de acceso a una justicia conforme lo establece el numeral 17 de la propia ley suprema, pues el propio legislador estableció condiciones al caso, y cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar de la autoridad, dentro de los cuales pueden establecerse la procedencia de la petición, máxime, ya se ha dicho que existen mayores razones que permiten proteger la pensión que el interés de un particular para afectarlo, dado que constituye el medio de subsistencia, y además, deviene del derecho humano al mínimo vital del pensionado. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal pretendida por el quejoso Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo, contra la negativa que atribuyó a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. OCTAVO. Publicación de la sentencia. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, en la presente sentencia deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXII, 63, 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo, contra los actos que reclamó del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, conforma con las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo, contra los actos que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley, así como la negativa de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de aplicar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente de la pensión que percibe Francisco Javier Esquivel Novelo, por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dos de febrero de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica la sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo, contra los actos que reclamó del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, conforma con las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Joaquín Gabriel Carrillo Carrillo, contra los actos que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide dicha ley, así como la negativa de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de aplicar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente de la pensión que percibe Francisco Javier Esquivel Novelo, por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

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