Joaquín Flores del Ángel

Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
662/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Joaquín Flores del Ángel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 662/2022, promovido por ****************, contra la omisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable no ha procedido a resolver respecto al beneficio de libertad anticipada que fue solicitada. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec -vía postal- el nueve de junio de dos mil veintidós. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 662/2022; se admitió a trámite el diez de junio del actual; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de una omisión y el impetrante se encuentra interno en un centro de reclusión dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD La demanda de amparo es oportuna, toda vez que se recibió el nueve de junio del actual y al reclamarse una omisión puede presentarse en cualquier tiempo. LEGITIMACIÓN Joaquín Flores Del Ángel está legitimado para promover el presente juicio de amparo en términos del precepto 6 de la Ley de Amparo, por ser quién solicitó el beneficio de la libertad anticipada en la causa penal que se instruye en su contra. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Autoridad responsable: Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz Omisión reclamada: Falta de pronunciamiento en el beneficio de libertad anticipada que solicitó a la autoridad responsable. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO No son ciertos los actos reclamados al juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, pues así lo manifestó en su informe justificado. Además, dicha responsable indicó que mediante oficio de quince de febrero de dos mil diecinueve, remitió los autos originales de la causa penal 38/2001 instruida en contra del aquí quejoso, así como el cuadernillo administrativo 23/2019 al juez Ejecutor de Sentencias del Juzgado de Proceso y de Procedimiento Penal Oral de Tantoyuca, Veracruz. Circunstancia que fue corroborada por el juez Ejecutor de Sentencias adscrito al Tercer Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, del Poder Judicial del Estado de Veracruz -en acato al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional- quien informó que cuenta con los expedientes: a) Causa penal **/**** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca, Veracruz. b) Incidente de Ejecución I.E. **/**** de su estadística y/o ***/**** del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este contexto, aunque el impetrante del amparo tuvo conocimiento del informe con justificación de la responsable con la debida anticipación, no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de ésta, con relación a la existencia del acto que de ella reclama. Por consiguiente, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, como se indicó en el apartado que antecede, la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, el juez Ejecutor de Sentencias adscrito al Tercer Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al dar cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional además de indicar que cuenta con los expedientes señalados en el apartado que antecede, manifestó que aún no se encuentra resuelto la solicitud de beneficio preliberacional de libertad anticipada. En ese sentido, se tiene como existente la omisión reclamada en esta instancia. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Ahora, en el caso particular, a juicio de este órgano de control constitucional, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] [Lo resaltado es propio] Como se advierte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo será igualmente improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo, por lo que, si el artículo 108, fracción III, del mismo ordenamiento, impone el deber de señalar como autoridades responsables a las que se hayan emitido o ejecutado el acto reclamado, se tiene entonces que el juicio de amparo será improcedente en el supuesto de que no se satisfaga dicho requisito. En el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele esencialmente de la omisión para pronunciarse en relación a su solicitud del beneficio preliberacional de libertad anticipada, en la causa penal instruida en su contra. Empero, de las constancias que obran en este asunto, no se advierte que el promovente del amparo haya señalado como autoridad responsable al juez Ejecutor de Sentencias adscrito al Tercer Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no obstante que en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se le requirió para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al citado juez, quien es el que ha sido omiso en resolver respecto a la solicitud del beneficio preliberacional de libertad anticipada del quejoso, pese a estar debidamente notificado. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a la anteriormente mencionada, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de amparo. En efecto, pues la omisión reclamada en esta instancia, le es atribuible al juez Ejecutor de Sentencias adscrito al Tercer Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de manera que si el impetrante no lo designó como autoridad responsable en este juicio, no es posible analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, pues el hecho de que el quejoso no haya señalado como autoridad responsable al aludido juez quien no ha resuelto la solicitud de beneficio preliberacional de libertad anticipada, impide su análisis en este juicio de amparo, ya que no se le otorgó la oportunidad de defender la constitucionalidad de su omisión. Es aplicable la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 67, Tomo 74, Febrero de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 213345, que a la letra dice: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. En estas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracciones V, del mismo ordenamiento. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. DECISIÓN Consecuentemente, al no acreditar la parte quejosa la existencia de la omisión reclamada y actualizarse la causal de improcedencia antes señalada, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********************, en los términos precisados en los apartados VII y IX de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para los efectos legales consiguiente, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, debido a que en determinación emitida el pasado once de noviembre con la información que previamente proporcionó el juez Ejecutor de Sentencias adscrito al Tercer Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en determinación emitida el pasado once de noviembre, para que la parte quejosa amplíe su demanda de amparo En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Rodrigo Rodríguez Ibarra, con quien actúa y da fe.

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