Joaquín Escorcia Pérez

Expediente 544/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Joaquín Escorcia Pérez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese el oficio de cuenta, del Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención al mismo, téngasele acusando recibo de lo que refiere, consistente en los autos originales del amparo directo 544/2022, promovido por el quejoso Joaquín Escorcia Pérez y anexos que se acompañaron. Finalmente, al haberse tenido por consentida el treinta de mayo de dos mil veintidós, la resolución de diecisiete de mayo del año actual, por la cual esta potestad federal se declaró incompetente para conocer del presente asunto, promovido por el quejoso Joaquín Escorcia Pérez; y, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21 inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticinco al veintisiete de los corrientes, sin que el quejoso haya impugnado la resolución de diecisiete de mayo del año actual, por la cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Joaquín Escorcia Pérez, en contra de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, en el expediente 209/2016-14; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, previa copia certificada que se obtenga, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, el presente asunto y anexos, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, requiérase al juez de distrito que corresponda conocer de la citada demanda, informe la radicación de dicho asunto a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio TUA-UAJ/1044/2022, del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, registrado en la oficialía de partes bajo el número 2570/2022, mediante el cual remite demanda original con copia promovida por el quejoso Joaquín Escorcia Pérez; constancias de emplazamiento; escrito signado por Paulina Sánchez Jiménez; y, los autos del expediente agrario 209/2016-14; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el quejoso Joaquín Escorcia Pérez, señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tiene tal carácter el siguiente: AUTORIDAD ORDENADORA: A) El Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce (.).- "IV.- ACTO RECLAMADO.- A) Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce; lo constituye: La resolución definitiva de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, dentro del expediente número 209/2016-14 (.).- Luego, de la demanda de garantías que se provee tomada como un todo, se advierte que el quejoso Joaquín Escorcia Pérez, también intenta combatir el ilegal emplazamiento que le fuera realizado por la actuaria judicial adscrita al tribunal unitario responsable el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Así y de las constancias que forman el expediente 209/2017-14, mismas que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se resolvió la controversia agraria, promovida la actora aquí tercera interesada Paulina Sánchez Jiménez. Inconforme con dicha resolución el quejoso Joaquín Escorcia Pérez, promueve juicio constitucional en la vía directa cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado, y como ya se mencionó que de la lectura integral de la demanda de amparo vista como un todo, se advierte que el ahora amparista esencialmente reclama el ilegal emplazamiento que le fuera realizado por la actuaria judicial adscrita al tribunal unitario responsable el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En ese tenor, tomando en consideración que el promovente del amparo hace consistir esencialmente el acto reclamado en el ilegal emplazamiento que le fuera realizado por la actuaria judicial adscrita al tribunal unitario responsable el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, lo que da a entender que no se estableció la relación procesal, entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que el quejoso en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable y, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada, y por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo: Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento". Por lo tanto, si el acto que hoy se intenta combatir no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, previa copia certificada de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma."

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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