Joaquin Domínguez Lagunez
Expediente 1/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Joaquin Domínguez Lagunez
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto de cinco de enero de dos mil quince ha causado estado.
- Principal
Notifiquese personalmenten.
- Principal
Agréguese el escrito de demanda de amparo promovida por Joaquín Domínguez Lagunez, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz y otra autoridad. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1/2015-II. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo en comento, este órgano de control tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; congruente con ello, la que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de derechos humanos es improcedente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Acorde a lo anterior, el juicio de derechos humanos es improcedente cuando se cumplan en su cabalidad los siguientes requisitos: 1.- Exista un medio de defensa o juicio en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 2.- Que la ley que establece ese medio de defensa o juicio brinde la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo. 3.- Que esa ley no exija mayores requisitos que la ley de la materia para la suspensión definitiva. En ese tenor, la parte quejosa señala en su demanda como actos reclamados: ".los resolutivos segundos y terceros de la resolución dictada por el PRESIDENTE MUNICIPAL DE BOCA DEL RÍO, VER., al resolver un recurso de revocación, por actos o situaciones que no tienen nada que ver con dichos resolutivos." ".de la autoridad señalada con el número dos, el cumplimiento que hace de la resolución antes citada, en el punto anterior, y el envió de oficios al registro público de la propiedad y al notario público número 7 de la ciudad de Veracruz, ver., ..." Ahora, de los conceptos de violación y de los antecedentes de la demanda analizada, se aprecia que de lo que se duele es la determinación dictada el quince de diciembre de dos mil catorce, por el Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz, en la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por los señalados como terceros interesados en contra del oficio DCAT/537/2014 de veintiuno de octubre del año pasado emitido por el Director de Catastro Municipal de esta ciudad, por la doble inscripción de un solo inmueble. En efecto, para tener por demostrada la causal de improcedencia invocada, conviene reproducir el contenido textual el artículo 277 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que a la letra establece: "Artículo 277. Contra la resolución que recaiga al recurso de revocación procede el juicio contencioso ante el Tribunal." El precepto antes transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales concede la Ley algún recurso, por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando no lo hubiese hecho valer oportunamente la parte agraviada. En ese orden de ideas, es evidente que el acto aquí reclamado se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 277 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, pues éste establece en forma específica la procedencia del juicio contencioso administrativo, contra la determinación que recaiga al recurso de revocación, debe ser agotado el citado juicio, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Máxime, que en contra de las resoluciones dictadas en el juicio contencioso administrativo proceden otros recursos que agotar según sea el caso, previo a la interposición del juicio sumario, tal y como lo establece el artículo 336 del referido código que dispone lo siguiente: "Artículo 336. En contra de las resoluciones dictadas en el juicio contencioso administrativo podrán interponerse los siguientes recursos: I. Reclamación; II. Queja; y III. Revisión." Por lo que, cabe concluir que el promovente no agotó el medio de impugnación ordinario y por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del cardinal 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe desecharse la demanda al surtirse la hipótesis que contempla el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página quinientos cinco, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de su intención el indicado en el escrito de cuenta, ello con fundamento en el numeral 27 de la ley reglamentaria. AUTORIZADOS. Como lo solicita el impetrante, y con vista en la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nelida Cosme Valenzuela y, a Rigoberto Olivares Acevedo con las restricciones previstas en la última parte del segundo párrafo de dicho numeral. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. Asimismo, con apoyo en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
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