Joaquín Díaz Rosas

Expediente 936/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
936/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Joaquín Díaz Rosas

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el acto del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, consistente en la sentencia de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario laboral ********************.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, por medio del cual acusa recibo del amparo indirecto *** del índice de este tribunal y del expediente *** y un acuse, asimismo, informa que acepta la competencia planteada; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, agréguense para los efectos legales conducentes; y, dado que no obran documentos originales exhibidos por las partes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, previa certificación de la debida integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como de su coincidencia con el físico, que obre en autos. En cumplimiento al "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", se ordena se mantenga el asunto en el archivo de este tribunal para su resguardo; y, en el momento oportuno procédase a su transferencia siguiendo el procedimiento correspondiente, tomando en cuenta que acorde a lo dispuesto en el artículo 20 del propio acuerdo, el presente asunto se califica como susceptible de destrucción. Finalmente, hágase constar lo anterior en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, así como en la carátula del expediente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se le notifica por lista el auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: INCOMPETENCIA Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en especial del expediente laboral ***, se advierte que quien debe conocer del presente asunto es un Juez de Distrito, en virtud que el acto que reclama la parte quejosa fue emitido después de concluido el juicio, pues resulta evidente que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México emitió laudo correspondiente (fojas 39 a 42 del expediente laboral). Ahora bien, tratándose del juicio de amparo directo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en las fracciones V y VI de su artículo 107, lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine a ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. (.) VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia para dictar sus respectivas resoluciones..." Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previene en su artículo 170 lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo directo procede, de manera taxativa, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. En el mismo sentido el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:. d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales o locales.". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo directo competencia del Tribunal Colegiado de Circuito procede en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por las primeras aquéllas que deciden el juicio en lo principal y las segundas aquéllas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, teniendo en común que en su contra las leyes ordinarias no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en el expediente J.5/4/2023, el cual no reúne las características necesarias para ser reclamado a través de la vía del juicio de amparo directo, en virtud de que no se trata de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, toda vez que se trata un acto dictado después de concluido el juicio, pues se aprecia del expediente laboral que se emitió el laudo en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno. De lo expuesto se sigue que, en todo caso el asunto pudiera ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En este orden de ideas, si en contra del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, no procede la vía del juicio de amparo directo, es inconcuso que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, puesto que dicho acto no se ubica en las hipótesis a que se refieren los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la tesis 42, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 130 del Tomo V, Materia Laboral del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, actualización 2002, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO, CONTRA ACTOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DICTADOS CON POSTERIORIDAD AL LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO. El artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo establece que las resoluciones de las Juntas no admiten recurso alguno y que éstas no pueden revocar sus resoluciones, de lo que emerge que la interlocutoria dictada por la Junta responsable en que declara la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones planteado por la actora por defectos en la notificación del auto que dio por concluido el juicio, no puede tener el efecto de producir la firmeza del mismo y, por tanto, declarar su conclusión, pues sería tanto como sostener que sí existe recurso en contra de las resoluciones dictadas por las Juntas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 848 de la ley de la materia. En esas condiciones, y al no quedar comprendida la interlocutoria en mención en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 158 de la Ley de Amparo, por no tratarse de sentencia definitiva ni de aquellas que ponen fin al juicio, sino que constituye un acto dictado después de que éste se encontraba concluido, encuadra en los supuestos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, determinándose de esa manera la procedencia del juicio de amparo indirecto de la competencia de un Juez de Distrito". En mérito de lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por medio de su apoderado ***, contra el auto dictado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en el expediente ***; por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia de la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se ordena remitirla con sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, previa obtención de copias certificadas de los documentos necesarios para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante publicación por lista de lo aquí acordado. DOMICILIO PROCESAL DE LAS PARTES Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en el proemio de su demanda; y se tienen por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y no se permita el acceso al actuario judicial, o bien, no pueda ingresar por alguna otra circunstancia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) del ordenamiento en cita, se ordenará la notificación por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en los artículos 36 y 57 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el quejoso, se tiene por señalado el usuario "***", para el efecto de la consulta del expediente; toda vez que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se toma conocimiento del correo que señala como medio de comunicación no procesal Por cuanto hace a la parte tercero interesada, en virtud de que tiene conocimiento del presente juicio de amparo al haber sido emplazado por conducto de la autoridad responsable, practíquensele las notificaciones que deriven de este asunto por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Colegiado, inclusive las de carácter personal, hasta en tanto se apersone a juicio y señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Excepción hecha de las personas morales oficiales que tengan el carácter de terceras interesadas, ya que en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las autoridades no tienen obligación de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, en virtud de que cuentan con residencia oficial del conocimiento público y, por tal motivo, las comunicaciones procesales con dichos entes jurídico serán por medio de oficio. Asimismo, se invita a las partes para que, de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, desde este momento se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que, en caso de entablar alguna comunicación no procesal con las partes, registren dicho acontecimiento de manera oportuna y formulen la razón correspondiente, misma que deberá integrarse tanto al expediente físico como electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que los actuarios judiciales estén en posibilidad de practicar las notificaciones necesarias para la tramitación del presente asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS Atendiendo al derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde este momento se autoriza a las partes la utilización de medios electrónicos para imponerse del contenido del expediente físico; así como la reproducción de copias fotostáticas a su costa sin que medie petición escrita al respecto; en el entendido que deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción para su constancia legal. EMISIÓN DE OFICIOS Se precisa que las notificaciones por oficio que hayan de realizarse en este expediente, se efectuarán en términos de las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley de Amparo y, de ser necesario, por cualquier medio oficial de comunicación en términos de la fracción III, a través del oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica, de cuyo envío habrá de formularse la constancia respectiva. Se instruye al Secretario de Acuerdos y al Oficial Administrativo encargado del trámite de este expediente, para que vigilen la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como de la integración de los anexos respectivos que deriven de esa determinación judicial. De igual forma, se solicita a dichos funcionarios públicos para que agenden oportunamente los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan en tiempo y forma, para no afectar el principio constitucional a una pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se requiere a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, para que verifiquen que los oficios que deriven del presente sumario se entreguen de manera correcta a sus destinatarios, junto con los anexos que correspondan. También se instruye a los Actuarios Judiciales para que las notificaciones dirigidas a todas las autoridades integrantes del Poder Judicial de la Federación, se realicen exclusivamente a través de la herramienta de interconexión localizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, deberán escanear los documentos anexos, obtener el archivo a notificar a través del expediente electrónico respectivo, firmar el documento a notificar con firma electrónica vigente (FIREL), conseguir el acuse correspondiente y, finalmente, integrarlo tanto al expediente físico como electrónico. Se informa a la autoridad responsable que los oficios y anexos dirigidos a este Tribunal Colegiado con motivo de la tramitación del presente asunto, pueden ser rendidos de forma tradicional y presentados físicamente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; o bien, de manera electrónica vía fax al número 722-236-05-00, extensión 2838; y vía internet al correo electrónico oficial de este órgano de control de constitucional 2tc2ctol@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que deberá confirmarse su entrega llamando al número telefónico previamente indicado. Finalmente, se ordena comunicar a la autoridad responsable y diversas autoridades que tengan la calidad de terceras interesadas, que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de la lista que se publica en los estrados de este Tribunal Colegiado, salvo aquellas que, por su trascendencia, deban notificarse por oficio. JUICIO EN LÍNEA Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE EN FÍSICO Por otra parte, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación y hagan uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del expediente mediante el esquema de juicio en línea; es decir, para continuar con la tramitación del presente asunto vía electrónica. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del referido Acuerdo General 12/2020, podrán imponerse del contenido del presente juicio, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal <http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx>, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo y realicen las promociones correspondientes; además de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario que tienen registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente a este órgano jurisdiccional la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio. De igual forma, infórmese a las partes que están en posibilidad de consultar las determinaciones derivadas del presente asunto, a través de la página web del Consejo de la Judicatura Federal, en el rubro de "servicios y trámites", seleccionando la opción "lista de acuerdos", para lo cual se proporciona la liga electrónica siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm#Servicios. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del citado Acuerdo General, la autorización concedida surtirá efectos a partir de la notificación del presente proveído. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo del mismo Acuerdo General, genérese la bitácora correspondiente al expediente electrónico y agréguese el nombre de la persona autorizada.

  4. Juicio de Amparo Directo

    INCOMPETENCIA Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en especial del expediente laboral ***, se advierte que quien debe conocer del presente asunto es un Juez de Distrito, en virtud que el acto que reclama la parte quejosa fue emitido después de concluido el juicio, pues resulta evidente que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México emitió laudo correspondiente (fojas 39 a 42 del expediente laboral). Ahora bien, tratándose del juicio de amparo directo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en las fracciones V y VI de su artículo 107, lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine a ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. (.) VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia para dictar sus respectivas resoluciones..." Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previene en su artículo 170 lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo directo procede, de manera taxativa, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. En el mismo sentido el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:. d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales o locales.". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo directo competencia del Tribunal Colegiado de Circuito procede en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por las primeras aquéllas que deciden el juicio en lo principal y las segundas aquéllas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, teniendo en común que en su contra las leyes ordinarias no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en el expediente J.5/4/2023, el cual no reúne las características necesarias para ser reclamado a través de la vía del juicio de amparo directo, en virtud de que no se trata de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, toda vez que se trata un acto dictado después de concluido el juicio, pues se aprecia del expediente laboral que se emitió el laudo en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno. De lo expuesto se sigue que, en todo caso el asunto pudiera ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En este orden de ideas, si en contra del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, no procede la vía del juicio de amparo directo, es inconcuso que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, puesto que dicho acto no se ubica en las hipótesis a que se refieren los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la tesis 42, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 130 del Tomo V, Materia Laboral del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, actualización 2002, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO, CONTRA ACTOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DICTADOS CON POSTERIORIDAD AL LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO. El artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo establece que las resoluciones de las Juntas no admiten recurso alguno y que éstas no pueden revocar sus resoluciones, de lo que emerge que la interlocutoria dictada por la Junta responsable en que declara la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones planteado por la actora por defectos en la notificación del auto que dio por concluido el juicio, no puede tener el efecto de producir la firmeza del mismo y, por tanto, declarar su conclusión, pues sería tanto como sostener que sí existe recurso en contra de las resoluciones dictadas por las Juntas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 848 de la ley de la materia. En esas condiciones, y al no quedar comprendida la interlocutoria en mención en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 158 de la Ley de Amparo, por no tratarse de sentencia definitiva ni de aquellas que ponen fin al juicio, sino que constituye un acto dictado después de que éste se encontraba concluido, encuadra en los supuestos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, determinándose de esa manera la procedencia del juicio de amparo indirecto de la competencia de un Juez de Distrito". En mérito de lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por medio de su apoderado ***, contra el auto dictado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en el expediente ***; por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia de la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se ordena remitirla con sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, previa obtención de copias certificadas de los documentos necesarios para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante publicación por lista de lo aquí acordado. DOMICILIO PROCESAL DE LAS PARTES Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en el proemio de su demanda; y se tienen por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y no se permita el acceso al actuario judicial, o bien, no pueda ingresar por alguna otra circunstancia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) del ordenamiento en cita, se ordenará la notificación por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en los artículos 36 y 57 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el quejoso, se tiene por señalado el usuario "***", para el efecto de la consulta del expediente; toda vez que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se toma conocimiento del correo que señala como medio de comunicación no procesal Por cuanto hace a la parte tercero interesada, en virtud de que tiene conocimiento del presente juicio de amparo al haber sido emplazado por conducto de la autoridad responsable, practíquensele las notificaciones que deriven de este asunto por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Colegiado, inclusive las de carácter personal, hasta en tanto se apersone a juicio y señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Excepción hecha de las personas morales oficiales que tengan el carácter de terceras interesadas, ya que en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las autoridades no tienen obligación de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, en virtud de que cuentan con residencia oficial del conocimiento público y, por tal motivo, las comunicaciones procesales con dichos entes jurídico serán por medio de oficio. Asimismo, se invita a las partes para que, de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, desde este momento se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que, en caso de entablar alguna comunicación no procesal con las partes, registren dicho acontecimiento de manera oportuna y formulen la razón correspondiente, misma que deberá integrarse tanto al expediente físico como electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que los actuarios judiciales estén en posibilidad de practicar las notificaciones necesarias para la tramitación del presente asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS Atendiendo al derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde este momento se autoriza a las partes la utilización de medios electrónicos para imponerse del contenido del expediente físico; así como la reproducción de copias fotostáticas a su costa sin que medie petición escrita al respecto; en el entendido que deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción para su constancia legal. EMISIÓN DE OFICIOS Se precisa que las notificaciones por oficio que hayan de realizarse en este expediente, se efectuarán en términos de las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley de Amparo y, de ser necesario, por cualquier medio oficial de comunicación en términos de la fracción III, a través del oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica, de cuyo envío habrá de formularse la constancia respectiva. Se instruye al Secretario de Acuerdos y al Oficial Administrativo encargado del trámite de este expediente, para que vigilen la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como de la integración de los anexos respectivos que deriven de esa determinación judicial. De igual forma, se solicita a dichos funcionarios públicos para que agenden oportunamente los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan en tiempo y forma, para no afectar el principio constitucional a una pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se requiere a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, para que verifiquen que los oficios que deriven del presente sumario se entreguen de manera correcta a sus destinatarios, junto con los anexos que correspondan. También se instruye a los Actuarios Judiciales para que las notificaciones dirigidas a todas las autoridades integrantes del Poder Judicial de la Federación, se realicen exclusivamente a través de la herramienta de interconexión localizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, deberán escanear los documentos anexos, obtener el archivo a notificar a través del expediente electrónico respectivo, firmar el documento a notificar con firma electrónica vigente (FIREL), conseguir el acuse correspondiente y, finalmente, integrarlo tanto al expediente físico como electrónico. Se informa a la autoridad responsable que los oficios y anexos dirigidos a este Tribunal Colegiado con motivo de la tramitación del presente asunto, pueden ser rendidos de forma tradicional y presentados físicamente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; o bien, de manera electrónica vía fax al número 722-236-05-00, extensión 2838; y vía internet al correo electrónico oficial de este órgano de control de constitucional 2tc2ctol@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que deberá confirmarse su entrega llamando al número telefónico previamente indicado. Finalmente, se ordena comunicar a la autoridad responsable y diversas autoridades que tengan la calidad de terceras interesadas, que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de la lista que se publica en los estrados de este Tribunal Colegiado, salvo aquellas que, por su trascendencia, deban notificarse por oficio. JUICIO EN LÍNEA Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE EN FÍSICO Por otra parte, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación y hagan uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del expediente mediante el esquema de juicio en línea; es decir, para continuar con la tramitación del presente asunto vía electrónica. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del referido Acuerdo General 12/2020, podrán imponerse del contenido del presente juicio, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal <http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx>, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo y realicen las promociones correspondientes; además de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario que tienen registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente a este órgano jurisdiccional la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio. De igual forma, infórmese a las partes que están en posibilidad de consultar las determinaciones derivadas del presente asunto, a través de la página web del Consejo de la Judicatura Federal, en el rubro de "servicios y trámites", seleccionando la opción "lista de acuerdos", para lo cual se proporciona la liga electrónica siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm#Servicios. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del citado Acuerdo General, la autorización concedida surtirá efectos a partir de la notificación del presente proveído. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo del mismo Acuerdo General, genérese la bitácora correspondiente al expediente electrónico y agréguese el nombre de la persona autorizada. INTEGRACIÓN EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos que superen las doscientas fojas útiles; ni las promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional.

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