Joaquín Cuauhtemoc Martin Salazar Bautista

Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1005/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Joaquín Cuauhtemoc Martin Salazar Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por el secretario de acuerdos encargado del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 627/2018, por el que se ordenó notificar al quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, el auto de dieciséis de octubre del año en curso; en consecuencia, téngase a dicha autoridad, dando cumplimiento con lo solicitado en el citado acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja en el libro correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 31417/2018, con el cual le fue enviada la demanda de amparo promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, así como seis copias de la misma, toda vez que por auto de veinticuatro de octubre del año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, asimismo, téngasele informando que aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del asunto. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Asimismo, se hace constar que en el presente cuaderno no existen documentos originales. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del cuaderno de antecedentes y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, contra actos reclamados al Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 1005/2018 y regístrese en los libros correspondientes. En el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Los artículos transcritos, con claridad, disponen que el Juez competente para conocer de un amparo será, entre otros supuestos, el del lugar en que se esté ejecutando el acto reclamado. En el caso, el acto reclamado por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, es el auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 12/2011, que se instruye en su contra, por el que el juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, se niega a dar trámite al incidente de sobreseimiento que promovió. Luego, resulta competente para conocer de este asunto, el juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el municipio de San Pedro Mixtepec, al que corresponde el lugar de residencia del juez que conoce del proceso de primera instancia. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito, reformado mediante el diverso Acuerdo General 45/2016, que establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Esto, toda vez que la resolución que se reclama en esta instancia constitucional (negativa a tramitar incidente de sobreseimiento) trae como consecuencia que el procesado continúe sujeto a proceso y recluido en prisión preventiva. De ahí que, al permanecer el procesado a disposición del juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, la ejecución material del auto reclamado será en el lugar de residencia de éste y, en consecuencia, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra el auto que desechó el incidente de sobreseimiento, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Sin que obste que la jurisprudencia invocada interprete el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues contiene el mismo supuesto que el numeral 37 de la ley vigente. En consecuencia, es incuestionable que la competencia para continuar con el conocimiento del presente asunto, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por tanto, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la presente demanda de amparo y sus anexos, al Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Toda vez que el promovente Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración el acuerdo 1/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia en turno, del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro de Reinserción Social número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y notifique al quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martin Salazar, el presente proveído, y hecho que sea, devuelva a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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