Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista
Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 27759/2021, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que contiene el acuerdo dictado el uno de diciembre del año curso, en el juicio de amparo 739/2021, de su índice, del que se advierte acusa recibo de la misiva con la que se remitió la demanda de amparo promovida por ***, al no aceptar este órgano jurisdiccional la competencia declinada, por lo que informa que se avoco al conocimiento de la misma. Anotaciones Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, dado que es un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos seis meses, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. DATOS DE LA DEMANDA ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 607/2021. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Analizadas las razones que sustenta el juez oficiante para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: Bajo esa premisa, se considera que la resolución reclamada carece de ejecución material, pues sólo produce efectos declarativos, ya que se limita estrictamente a establecer la confirmación de la resolución recurrida, emitida por Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, quien determinó desechar de plano la solicitud de modificación de prisión preventiva por el de prisión domiciliaria. Esto es así, pues si bien, en su momento se determina alguna modificación respecto de la prisión preventiva del ahora quejoso, la misma es incierta, y por tanto mediata al acto aquí reclamado, dado que éste no implica el estudio de la modificación de aquella, sino el análisis de la procedencia o no de la solicitud planteada por el quejoso, dado su desechamiento de plano; por tanto aun cuando dicho acto pueden tener una ejecución mediata, como se trata de actos futuros, la competencia no puede corresponder al juez del lugar donde dicha ejecución puede realizarse, mediatez e incertidumbre que se evidencia con lo manifestado por el propio órgano jurisdiccional declinante al aludir literalmente que ".todos lo actos relacionados con el expediente 67/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, como los efectos se materializan en San Pedro Pochutla, Oaxaca .", lo cual es ambiguo y fortuito. Por lo que, contrario a lo argumentado, en específico del acto reclamado, no trascienden al mundo fáctico, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior en el sentido de que no se reunieron los requisitos necesarios para dar trámite a la solicitud planteada por el hoy quejoso ante el juez de ejecución. En otras palabras, la resolución reclamada, no conlleva la realización de la obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran; ni de una actuación posterior que los complemente por eso carece de ejecución material. Es aplicable al caso la tesis aislada sin número sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Registro: 338565, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Página: 36, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DECLARATIVOS.- Cuando los actos declarativos no se traducen ni pueden traducirse en actos inmediatos de ejecución, la competencia para conocer del amparo relativo, corresponde al Juez de Distrito del lugar en donde se hizo la declaración; y aun cuando dichos actos pudieran tener una ejecución mediata, como se trata de actos futuros, la competencia no puede corresponder al juez del lugar en donde dicha ejecución puede realizarse." De ahí que, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida contra la resolución emitida por la citada Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, en el toca penal JOTP/130/2020, corresponda al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la misma. Por lo tanto, si la autoridad jurisdiccional declinante admitió la demanda de amparo, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, a él le compete conocer de la demanda de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible a página 500, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Similares consideraciones sustento el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito al resolver el conflicto competencial 14/2019 de su índice el diez de octubre de dos mil decinueve. Cabe señalar que los criterios invocados resultan aplicables al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo anterior, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante el juicio de amparo 739/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, contra actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, así como el toca penal JOTP/130/2020, lo anterior, previa copia certificada que de la demanda de amparo y boleta de turno, se deje en este expediente. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Cúmplase.
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